Reincorporación Económica y Cooperativismo para la Paz: Experiencia de Economías Sociales del Común (ECOMÚN) en Colombia^[1]

Economic Reincorporation and Cooperativism for Peace: The Experience of Social Economies of the Commons (ECOMÚN) in Colombia

Azize Aslan^[2]

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-No hay restricciones adicionales 4.0 (CC BY-NC 4.0)

Resumen

El Acuerdo de Paz colombiano firmado en 2016 marca una diferencia fundamental al proponer la reincorporación económica de los excombatientes de FARC-EP como un colectivo basado en los principios de una economía social y solidaria, estableciendo la cooperativa de Economías Sociales del Común (ECOMÚN). El artículo examina el proceso de implementación del Acuerdo desde la dejación de las armas hasta las primeras fases de reincorporación, analizando cómo ECOMÚN ha transitado desde un proyecto institucional inicialmente concebido en el marco del Acuerdo hacia una iniciativa autónoma impulsada por los y las firmantes, quienes construyen tanto su economía como su nuevo proyecto político para permanecer movilizados en contraposición a la retórica de desmovilizados. A través de la investigación participativa y situada con un enfoque cualitativo de carácter etnográfico, se explora que ECOMÚN promueve la autogestión territorial y comunitaria, así como la práctica del cooperativismo para la paz con el fin de construir una autonomía que integra orgánicamente las dimensiones productiva-reproductiva, política y social en contextos de posconflicto. El análisis aborda tanto las transformaciones en las subjetividades individuales como colectivas, sin descuidar las persistentes tensiones entre su horizonte emancipatorio y las limitaciones estructurales del contexto de posconflicto.

Palabras claves: Paz, Reincorporación económica, ECOMÚN, Economía social y solidaria, Cooperativas 

Abstract

The Colombian Peace Agreement signed in 2016 marks a fundamental difference by proposing the economic reincorporation of FARC-EP ex-combatants as a collective based on the principles of social and solidarity economy, establishing the cooperative Economías Sociales del Común (ECOMÚN). The article examines the implementation process of the Agreement from the laying down of arms to the first phases of reincorporation, analyzing how ECOMÚN has transitioned from an institutional project initially conceived within the framework of the Agreement toward an autonomous initiative driven by the signatories, who build both their economy and their new political project to remain mobilized in opposition to the rhetoric of demobilization. Through participatory and situated research with a qualitative ethnographic approach, it explores that ECOMÚN promotes territorial and community self-management, as well as the practice of cooperativism for peace to build an autonomy that organically integrates the productive-reproductive, political, and social dimensions in post-conflict contexts. The analysis addresses both individual and collective subjectivity transformations, without neglecting the persistent tensions between its emancipatory horizon and the structural limitations of the post-conflict context.

Keywords: Peace, Reincorporation, ECOMÚN, Social and Solidarity Economy, Cooperatives

1. Introducción

Sesenta años después de la guerra interna en Colombia, las negociaciones finales entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), iniciadas en 2012, culminaron el 26 de septiembre de 2016 con la firma del Acuerdo de Paz en La Habana entre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC-EP, Rodrigo Londoño Echeverri, más conocido como Timochenko. Las Farc-EP, que nació oficialmente en 1964, tuvo presencia en diferentes zonas rurales del país con débil o poca presencia del Estado colombiano, funcionando como un cuasi-Estado que impartía justicia y sustituía a la fuerza pública (Revelo & Cruz, 2022). Después de muchos años de una guerra ocultada, el acuerdo fue un acontecimiento que resonó en todo el mundo y, principalmente, representó el fin del último movimiento guerrillero en América Latina que bajo la ideología comunista había mantenido una lucha armada para el socialismo desde el siglo pasado. Aunque inicialmente fue rechazado en el plebiscito popular de 2016, el acuerdo alcanzó su versión final en noviembre del mismo año, marcando el inicio de una transformación social y una reconfiguración del Estado colombiano. Definido por el Kroc Institute como el acuerdo “más completo” de los 34 acuerdos de paz firmados en el mundo desde finales de la Guerra Fría (Leongómez, 2017, p. 8), el Acuerdo de Paz colombiano se distingue por los logros alcanzados de los actores durante el proceso de negociación. Estos consensuaron innovaciones en materia de reincorporación de combatientes a la vida civil, especialmente en la reincorporación económica, aspectos que solían ser atípicos en otros escenarios de posconflicto (Mitchell, 2016; Mouly, 2022; Ramsbotham y otros, 2016).

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera se compone de seis puntos principales (Acuerdo Final, 2016).En este artículo se analiza la implementación del subapartado 3.2., la “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político– de acuerdo con sus intereses”, como complementario del proceso de cese de fuego y dejación de armas. A través de la investigación llevada a cabo en Colombia, en 2024, nos enfocamos específicamente en la creación y el funcionamiento de Economías Sociales del Común (ECOMÚN), la organización de economía social y solidaria establecida en el marco del proceso de paz por el Decreto Ley 899 del 3 de julio de 2017, con el propósito de facilitar la reincorporación económica y social en carácter colectivo de los firmantes del acuerdo junto con las comunidades.

Esta investigación, realizada entre abril y mayo de 2024 en diferentes territorios de Colombia, sustenta su diseño metodológico en los principios de la investigación participativa y situada con un enfoque cualitativo de carácter etnográfico. Este enfoque se fundamenta en la necesidad de comprender las experiencias vividas y los significados construidos por les asociades de ECOMÚN en torno a su proceso de reincorporación económica colectiva en los tiempos de paz.

Las entrevistas semiestructuradas en profundidad realizadas con les asociades de ECOMÚN permitieron analizar las experiencias individuales y colectivas, en los periodos previos y posteriores al Acuerdo, con el fin de obtener una comprensión integral sobre su propuesta de economías sociales. Asimismo, se recabaron sus perspectivas sobre el proceso, el alcance y la implementación de la reincorporación económica, con el fin de comprender de manera sistemática las dinámicas y los desafíos asociados a este proceso. También, se llevaron a cabo entrevistas con el representante de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) ^[3], entidad encargada de liderar el proceso de reincorporación ante el Estado colombiano, así como con representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) que, en nombre del Fondo Europeo para la Paz, brindan apoyo técnico y financiero a los firmantes para organizar su vida económica.

Durante el trabajo de campo, se pudo visitar las cooperativas agrupadas en ECOMÚN ubicadas en distintos departamentos del país, lo que permitió observar directamente su gestión comunitaria. Dentro de este marco, también se visitó las asociaciones de mujeres creadas por las excombatientes junto a otras mujeres de las comunidades, así como los espacios físicos que estas han establecido como lugares de encuentro y cuidado de sus organizaciones sociales. Además, con el permiso del Consejo Directivo de ECOMÚN se pudo participar como observadora en las asambleas y reuniones temáticas, para una comprensión integral de sus dinámicas, debates y desafíos. Los datos sintetizados se derivan tanto de entrevistas directas como de observaciones y análisis realizados en distintos tiempos y espacios durante el trabajo de campo.

Existen numerosos estudios e informes tanto académicos como políticos sobre el conflicto armado y la fase posterior al Acuerdo de Paz (Álvarez, 2021; Kroc Institue, 2020; CNR-COMUNES, 2023; Franco, 2020), en particular acerca de su implementación (Zuleta, 2021; Fernández-Osorio, 2019), sin embargo, la atención específica a ECOMÚN ha sido limitada. Los estudios disponibles se limitan a la fase fundacional de ECOMÚN, careciendo de trabajo etnográfico que analice su desarrollo reciente y perspectivas futuras (García & Álvarez, 2020; Sorzano Rodríguez & Botero Urquijo, 2022). Considero que existen tres razones principales para este fenómeno. En primer lugar, los proyectos iniciales de ECOMÚN colapsaron prematuramente debido a su inexperiencia, fragilidad estructural y recursos limitados. En segundo término, el gobierno de Iván Duque (2018-2022), sucesor al Acuerdo de Paz, implementó políticas activas que obstaculizaron el cumplimiento de los programas pactados (International Crisis Group, 2018). A estos factores se suma el impacto disruptivo de la pandemia COVID-19 sobre los movimientos sociales, particularmente sobre los firmantes que transitaban de estructuras armadas a nuevas formas de organización social.

De hecho, ECOMÚN se encontraba en pleno proceso de reencuentro y reorganización cuando fue realizada esta investigación. No obstante, cabe destacar que la misma organización genera de manera constante material documental escrito y audiovisual, en el que destacan los testimonios de sus miembros sobre su participación en el proyecto y el impacto transformador en sus vidas^[4].

En este contexto, el presente artículo ofrece un análisis profundo de la experiencia de ECOMÚN, examinando su papel, limitaciones y logros de las ESS en el proceso de construcción de paz en Colombia. Con esto, aspira a enriquecer el debate crítico sobre el potencial de las ESS para contribuir a la reorganización social postconflicto, los procesos de autodeterminación comunitaria, y el sostenimiento de formas de vida colectiva en escenarios de transición hacia la paz social.

2. Hacia la Reincorporación Económica

El Acuerdo de Paz denominado por la delegación de las FARC-EP, a través de Iván Márquez (2016), como "la más hermosa de todas las batallas", firmado el 24 de noviembre de 2016, después de 4 años de negociaciones, establece la reincorporación como un derecho fundamental de los firmantes y una obligación vinculante del Estado, marcando así una diferencia sustancial con procesos anteriores (García-Durán, 2009). Durante las negociaciones en La Habana, los excombatientes de las FARC-EP cuestionaron el enfoque tradicional de reintegración promovido por la ONU en sus programas de DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración), el cual prioriza la adaptación individual a la sociedad civil mediante formación laboral y empleo (UNDP, 2024). Las FARC-EP argumentaron que este modelo clásico de la ONU ignoraba las desigualdades estructurales de los países como Colombia, donde reintegrarse equivalía a aceptar un orden social injusto. Así se acordó reestructurar aún más el modelo de reintegración de exguerrilleros que se venía ejecutando en Colombia desde mediados de la década anterior (Valencia Agudelo & Chaverra Colorado, 2019). En lugar de reintegración, propusieron el concepto de “reincorporación”, que reconozca la agencia política de los y las firmantes y mantenga su lucha por la transformación social a través de medios civiles (Vargas Reina y otros, 2023).

El Acuerdo Final, mediante este enfoque de reincorporación establece explícitamente tres puntos que se entrelazan en la reincorporación: propone la reforma rural integral (Gobierno de Colombia, 2023); recoge el concepto de economía social y solidaria mediante formas asociativas rurales como cooperativas, asociaciones y juntas comunales como instrumento central; y acuerda la reincorporación en forma colectiva según los intereses de la comunidad fariana^[5] (Entrevista con Enrique Flores, ARN, 2024). Asimismo, estableció una fase preparatoria de transición, diseñada para generar las condiciones institucionales, legales, materiales y sociales que permitieran una reincorporación efectiva de los combatientes.

El proceso tuvo su primer paso con el acuerdo de Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD) y Dejación de Armas (DA), anunciado públicamente el 23 junio de 2016 que establecía un plazo máximo de 180 días desde el Día D (firma del Acuerdo Final) para implementar los protocolos de seguridad y legalidad necesarios para el cese al fuego, visitas y delimitaciones para establecer las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Puntos Transitorios de Normalización (PTN), con tres propósitos clave: garantizar el cese al fuego, facilitar la dejación de armas y preparar la reincorporación de los excombatientes para garantizar la no repetición (Acuerdo Final, 2016).

El plan contemplaba el desplazamiento más de 14,000 guerrilleros y milicianos desde sus zonas de operación militar y concentrarse en las 20 ZVTN y 7 PTN establecidos a nivel nacional. Para este despliegue se formó el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) tripartito que contaba con representantes del Gobierno (Fuerza Pública), delegados de las FARC-EP y un componente internacional de la ONU con observadores no armados, principalmente de países de la CELAC.

Sin embargo, el camino hacia la paz no fue lineal. Tras los resultados del plebiscito del 2 de octubre sobre si la población apoyaba el Acuerdo de Paz, donde triunfó el ‘No’, se pusieron en duda las garantías de seguridad y legalidad para los combatientes. El 10 de octubre se establecieron los Puntos de Preagrupamiento Temporal (PPT), donde las FARC-EP permanecieron aproximadamente dos meses, cumplieron un papel primordial como espacios transitorios previos a las Zonas Veredales, manteniendo ambas partes su compromiso con el cese al fuego (FIP OPINA, 2016).

Este proceso fue acompañado por una serie de ajustes institucionales y legales necesarios para implementar el acuerdo e incorporar las objeciones surgidas del plebiscito. Las Zonas Veredales (ZVTN y PTN) que fueron formalizadas legalmente el 7 de diciembre, conformaron el marco institucional y territorial requerido para la dejación de armas y la transición hacia la reincorporación. La constitución de estos territorios históricamente vinculados al conflicto armado como nuevos espacios de la vida representó el hito fundacional que permitió el tránsito a la legalidad de las FARC-EP y así marcó el inicio formal del proceso de reincorporación a la vida civil (Córdoba Martínez, 2018).

2.1. Zonas Veredales y Dejación de Armas

A finales de febrero de 2017, según los reportes oficiales del Gobierno Nacional, un total de 7,127 integrantes de las FARC-EP se encontraban concentrados en las diversas Zonas Veredales, cada una con capacidad estimada para albergar aproximadamente 300 personas (OACP, 2018). Según registros oficiales, 9,056 integrantes de las FARC-EP participaron en las jornadas de identificación y cedulación realizadas en los meses posteriores en estas zonas. A esta cifra debe sumarse un aproximado de 3,200 personas adicionales incluyendo miembros de milicias, menores vinculados al conflicto y población privada de la libertad (PPL) que ya contaban con documentos de identidad vigentes (tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía).

Estas jornadas facilitaron la certificación de la dejación de las armas por parte de la misión de la ONU en Colombia y la acreditación por parte del Alto Comisionado para la Paz (OACP, 2018). Según la hoja de ruta original del Acuerdo Final acordada entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, el proceso de dejación de armas establecía la recolección y almacenamiento secuencial del armamento individual en tres fases: un 30% para el día D+90, otro 30% para D+120, y el 40% restante para D+150, con plazo final el día D+180 para la extracción completa por parte de la ONU. Sin embargo, tras los retrasos acumulados, este cronograma reajustó al periodo entre el 5 y 20 de junio de 2017 (OACP, 2018, p. 554). La Misión de la ONU completó finalmente el proceso dentro de dos semanas, entre el 1 y 15 de agosto de ese año, retirando de las 26 Zonas Veredales un total de 8,112 fusiles, 1.3 millones de cartuchos, 22 toneladas de explosivos, 3,000 granadas y 1,000 minas terrestres (Palik, 2024).

Felipe, integrante de ECOMÚN, define la dejación de armas como "perder la mística de guerrilla" (Entrevista con Felipe, 2024) y Juan Camilo Londoño, el director ejecutivo de ECOMÚN, señala que el proceso desarme careció de transparencia porque se había hablado de 15 años para la entrega gradual de las armas, luego se pactó en el Acuerdo, sin consultar a la comunidad fariana, que se entregarían en 150 días, y finalmente “entregamos las armas en dos semanas” (Entrevista con Londoño, 2024).

En sintonía con Juan Camilo, la mayoría de les entrevistades coincidieron en señalar que el desarme fue priorizado como objetivo central por el Estado y los organismos internacionales y que la Secretaría de las FARC-EP no había socializado ni generado espacios de debate interno sobre esta decisión estratégica. Esto generó una fractura emocional con la dirigencia de las FARC-EP durante el proceso, lo que desencadenó una profunda crisis de legitimidad interna al interior de la organización. Sin embargo, en aquel momento les guerrilleres actuaron conforme a patrones de obediencia organizacional internalizados durante décadas de estructura jerárquica.

En paralelo de la entrega de armas, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) avanzó en el proceso de acreditación y transición a la legalidad de los excombatientes, así como en el acceso a los beneficios jurídicos, sociales, económicos y políticos del proceso de reincorporación. Una vez finalizado el proceso de extracción de armas el 15 de agosto de 2017, se activaron en todas las zonas veredales los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR)^[6].

Los ETCR como pequeños centros poblados eran planeados para capacitar a les firmantes para su reincorporación a la vida civil, preparar proyectos productivos y atender las necesidades de formación técnica de las comunidades aledañas, en un modelo de reincorporación comunitaria (OACP, 2018).En realidad, estos espacios, es decir, los mismos que transitaron del conflicto a la reincorporación, fueron escenarios clave donde se inició un proceso de interiorización de nuevas formas sociales. Estas dinámicas orientaron la resignificación de los roles farianos: de guerrilleros a exguerrilleros, de soldados a civiles, de insurgentes a ciudadanos (Revelo & Cruz, 2022).

A pesar de que la narrativa del desarme busca imponer una percepción de derrota -evidente en la denominación categórica de 'desmovilizados'-, farianas sin armas reafirman su identidad como actores políticos movilizados legalmente. Felipe considera que "el reto era mantener la mística guerrillera sin armas" (Entrevista con Felipe, 2024). No obstante, esta nueva colectividad fariana sin armas poseía un carácter distinto, ya que dejó de estar regida por el orden militar jerárquico. Las y los farianas enfrentaron el desafío de construir nuevas formas de iniciativa colectivas que, aunque se fundamentaban en sus principios históricos de solidaridad, reciprocidad y cuidado comunitario, requirieron transformar sus modos de organización. La disciplina impuesta por la obligación marxistaleninista dio paso a la acción voluntaria, así como el mando vertical fue sustituido por procesos de autogestión democrática.

Sin embargo, la transformación de estas subjetividades arraigadas desembocó en una creciente divergencia entre el Partido Comunes (como instrumento institucional para la participación política de los exintegrantes de las FARC-EP) y ECOMÚN (como apuesta por la reincorporación económica colectiva). Esta escisión refleja un dilema estructural entre la lógica partidista tradicional y los modelos de autogestión comunitaria (Aslan, 2022).

Fue en este escenario crítico de transición donde surgió ECOMÚN, como la cooperativa encargada de articular las iniciativas económicas de los ETCR con el objetivo de encarnar los principios de la economía solidaria fariana en la práctica de les firmantes.

2.2. El censo socioeconómico

Durante los primeros meses de asentamiento en las 26 Zonas Veredales, se llevaron a cabo múltiples censos para diagnosticar las condiciones de la población desde diversos ámbitos (ARN, 2017). El censo socioeconómico fue realizado entre junio y julio de 2017, y tenía como objetivo recopilar información clave para implementar la reincorporación económica y social de las FARC-EP, tanto en su dimensión colectiva como individual (Universidad Nacional de Colombia, 2017). El censo socioeconómico fue diseñado por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) y dos miembros de las FARC-EP y fue ejecutado por la Universidad Nacional de Colombia (UN).

Según el informe de la UN, el censo aplicado a 10,015 integrantes de las FARC-EP identificó la composición de 55% guerrilleros, 29% milicianos y 16% privados de la libertad para la reincorporación. En las encuestas recogieron variables clave como nivel educativo, trayectorias formativas, aspiraciones, identidad étnico-racial, origen geográfico, condiciones socioeconómicas y composición familiar (OACP, 2018).

El censo publicado reveló, entre sus múltiples hallazgos, dos aspectos fundamentales para el proceso de reincorporación económica.

En primer lugar, identificó necesidades prioritarias articuladas en siete dimensiones interdependientes: vivienda, hábitat y medio ambiente; alimentación y nutrición; capacitación, formación y educación; salud; cultura, recreación y deporte; trabajo y productividad; y convivencia social y democracia. Estas demandas formuladas explícitamente para implementarse mediante desarrollos colectivos, comunitarios, familiares e individuales evidenciaban una visión integral de la reincorporación (Universidad Nacional de Colombia, 2017).

En segundo lugar, el censo destacó el predominio de la perspectiva colectiva en las preferencias de reincorporación económica. “El 64% de les integrantes de las FARC-EP manifestó su voluntad de asociarse al Programa de Economía Solidaria y Cooperativa, a ECOMÚN para impulsar iniciativas productivas” (Universidad Nacional de Colombia, 2017, p. 141). Tanto el proceso de negociaciones como los resultados del censo evidenciaron que la comunidad fariana priorizaba modelos productivos colectivos de reincorporación frente a enfoques individuales de asistencialismo. Así que conformar una cooperativa para elles era y es “la forma de mantenerse como colectivo” (Entrevista con Londoño, 2024)

Esta preferencia por lo colectivo derivó en una recomendación explícita del equipo de investigadores de la UN que fue recogido en los siguientes meses por el Programa de Reincorporación Integral (PRI): fortalecer ECOMÚN con enfoque de género como eje estratégico del proceso de reincorporación (Universidad Nacional de Colombia, 2017).

Tanto para las iniciativas colectivas impulsadas a través de ECOMÚN como para cada integrante individual de las FARC-EP en proceso de reincorporación, se establecieron los siguientes apoyos económicos y sociales en el Plan Macro de Implementación (PMI) (Gobierno de Colombia-FARC-CSIVI, 2017, pp.89-90):

● Asignación de normalización: Pago único de $2.000.000 (dos millones de pesos) para gastos iniciales de reinserción;

● Subsidio para proyectos productivos: Un monto único de $8.000.000 (ocho millones de pesos) para financiar iniciativas productivas individuales o colectivas;

● Renta básica temporal: Equivalente al 90% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) durante 24 meses, condicionada a la ausencia de otros ingresos formales;

● Protección social: Afiliación al sistema de salud para quienes no tuvieran empleo formal durante los primeros dos años posteriores a la acreditación;

● Atención especializada: Financiamiento excepcional mediante cooperación internacional durante 36 meses para tratamientos de enfermedades catastróficas y rehabilitación de secuelas físicas derivadas del conflicto armado.

2.3.  La constitución de ECOMÚN

Juan Camilo describe cómo, en la fase inmediatamente posterior a la dejación de armas denominada por la ARN como 'reincorporación temprana' (ARN, 2017), el proceso de acreditación y obtención de documentos de identidad nacional permitió establecer la primera comunidad formal de ECOMÚN:

“[…] ese momento lo que hicimos fue reunirnos las direcciones de zonas, los equipos de dirección de cada lugar tenían que delegar a alguien, también de cierta manera yo pude incidir en esa posición porque yo era del equipo de dirección y los demás comandantes también me delegaron a mí para esta tarea. Y en cada una de las zonas se delegó a alguien. Y se nos delegó para conformar la cooperativa de ECOMÚN, 26 personas, una persona de cada zona de transición. Y conformamos la Cooperativa ECOMÚN. Y iniciamos los primeros meses y los primeros dos años tal vez a lo que se dedicó ECOMÚN fue a hacer como lo que tú llamas una casa de cooperativas, a fomentar la creación de cooperativas y acompañar la creación de cooperativas” (Entrevista con Londoño, 2024).

Este grupo pionero de 26 personas, que posteriormente conformarían la dirección de ECOMÚN, recibió una formación básica inicial sobre el marco legal colombiano para cooperativas y los mecanismos de financiamiento internacional disponibles, particularmente a través del Fondo Fiduciario de la Unión Europea para Colombia (UE, 2023), creado específicamente para apoyar a las organizaciones de productores, incluidas las cooperativas en el marco del proceso de reincorporación (Entrevista con Londoño, 2024).

Sin embargo, Enrique Flores, el asesor de Economía Solidaria de la ARN señaló que, si bien se habían establecido mecanismos de apoyo individual para los excombatientes, no se había diseñado una propuesta específica para financiar la estructura operativa de ECOMÚN:

A pesar de que el acuerdo le hace importancia a la economía solidaria, el instrumento para la implementación, el Plan Marco, que fija los indicadores, las metas y los presupuestos de implementación del Acuerdo, […] no tiene ningún indicador para la economía solidaria. Únicamente quedó un indicador que era la conformación de ECOMÚN, el acompañamiento de su formalización jurídica y no más. Del resto no había nada. Entonces por eso también no había recursos. Nunca hubo recursos para ECOMÚN de ese primer periodo y la conformación de ECOMÚN quedó a cargo de la cooperación internacional (Entrevista con Enrique Flores, ARN, 2024).

El Acuerdo Final y los documentos complementarios del proceso de paz contienen múltiples precisiones sobre la naturaleza y funciones de ECOMÚN, sin embargo, no especifica ni sus actividades concretas ni los recursos disponibles para impulsar el proceso de los proyectos productivos. Además, el Decreto 899 de 2017 conocido como "decreto de reincorporación", que habilitó la asesoría jurídica y técnica para la formalización de ECOMÚN y estableció un mecanismo ágil para su constitución, señalando que bastaba un documento privado suscrito en asamblea constitutiva, terminó definiendo a ECOMÚN como:

[…] una organización especial, con cobertura nacional y con seccionales territoriales, que podrá agrupar igualmente otras organizaciones de economía solidaria que existan o se organicen a nivel nacional o en los territorios y que, por consiguiente, tendrá capacidad de actuar para todos los efectos como organismo o agrupación de segundo o tercer grado, conforme a la legislación vigente en materia de economía solidaria (El Presidente de La República, 2017).

Según el asesor de la ARN, la definición de la “organización especial” también implicó otro problema, porque en la normativa colombiana no existen las organizaciones especiales de economía solidaria.

Entonces cuando se fueron a registrarse, la Cámara de Comercio, viendo que había un decreto, creó la categoría de Organizaciones Especiales de Economía Solidaria. Y les pusieron a ellos número 001, son la única organización especial de economía solidaria en el país, pero no se sabe qué quería decir eso (Entrevista con Enrique Flores, ARN, 2024).

Por lo tanto, esta situación dejo a ECOMÚN durante tres o cuatro años en un limbo que “era una cooperativa, multiactiva integrada por personas naturales. No era como hoy por personas jurídicas. Y con escasos recursos, la cooperación internacional fue la que mantuvo todo ese tiempo a ECOMÚN” (Entrevista con Enrique Flores, ARN, 2024).

La incertidumbre institucional y las limitaciones de la legalidad fueron acompañadas por el desinterés de la dirección del Partido FARC (Partido Comunes) para impulsar ECOMÚN como un proyecto para el sostenimiento de la vida de los excombatientes. Juan Camilo narra que, tras la creación del primer equipo de ECOMÚN, muchos excombatientes con la jerarquía obediente quedaron a la espera de instrucciones de la nueva dirección política de las FARC, es decir del partido para saber cómo actuar:

No nos dijeron nunca qué hacer, pues porque a ellos no les importaba qué hacer con ECOMÚN ni con nada, solo les importaba ver cómo legalizaban las riquezas que se robaron de las Farc. Entonces, nos quedamos esperando que nos dijeran qué hacer durante un mes, dos meses, tres meses, nada, nunca nos dijeron qué hacer. Y entonces, empezamos nosotros a bueno, ¿qué hacemos? Porque teníamos en algún momento un dilema de lo que teníamos que hacer. Vincular a cada una de las personas que quiera continuar pues como el proceso de reincorporación en colectivo a ECOMÚN y hacer una gran cooperativa nacional, una sola cooperativa, o la otra propuesta que era más mi propuesta que fue la que finalmente fuimos haciendo, es mejor conformar organizaciones con mucho más arraigo en las comunidades y que estas organizaciones se agrupen en ECOMÚN y que sea un modelo de verdad autogestionado, y no sea una gran cooperativa desde donde esperamos como tener cosas centralizadas y seguir dando línea, porque eso ya no funcionó. Entonces decidimos eso: Desde ECOMÚN no vamos a pretender dirigir nada, sino que vamos a fomentar la creación de cooperativas y luego esas cooperativas se irán desarrollando de manera particular. Y eso fue lo que hicimos (Entrevista con Londoño, 2024)

Gráfica 1: Línea del tiempo de ECOMÚN. Fuente: Archivo de ECOMÚN

A pesar de las dificultades iniciales, actualmente ECOMÚN constituye una federación de economía solidaria que agrupa aproximadamente a 6.182 firmantes del Acuerdo de Paz y 154 organizaciones (incluyendo cooperativas, asociaciones, corporaciones y fundaciones), con cobertura en 26 departamentos del país (Asamblea del Consejo Directivo, 2024). Su estructura se organiza en cinco federaciones regionales^[7] y una federación sectorial^[8], consolidándose como el principal referente de la reincorporación económica colectiva en Colombia. Y en su página oficial, ECOMUN se autodefine como:

El esfuerzo colectivo de exguerrilleras y exguerrilleros de las FARC-EP junto a comunidades, para construir paz con justicia social, reconciliación y buen vivir mediante iniciativas de economía social y solidaria (cooperativas y formas asociativas). Vamos más allá de la reincorporación individual, contribuyendo al fortalecimiento de la economía solidaria en Colombia (ECOMÚN, 2023)

Gráfica 2: Federaciones Regionales de ECOMÚN, desde el archivo de ECOMÚN

ECOMÚN, como un proyecto autogestión de postconflicto, también se consolida como un proyecto de “reincorporación integral” que trasciende la mera inserción económica para “construir un proceso sostenible de reincorporación a la vida civil de exguerrilleros/as de las FARC-EP y sus familias, fortaleciendo el tejido social y promover la reconciliación en los territorios” mediante iniciativas productivas regionales. Expresa su eje central como una “economía solidaria que prioriza al ser humano sobre el capital, fomentando el trabajo cooperativo, la inclusión laboral y la justicia social” (ECOMÚN, 2023).

Bajo el principio de “igualdad de género y participación”, aspira a garantizar “la equidad en la toma de decisiones, integrando activamente a mujeres, campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes en la construcción de una economía alternativa que responda a necesidades básicas insatisfechas y promueva el buen vivir en armonía con la naturaleza” (ECOMÚN, 2023). A través del “comercio justo”, la organización propone cooperar con “las y los productores de las comunidades aledañas y asegura dignidad y autonomía, representando su cultura y tradiciones, a través de precios justos” (ECOMÚN, 2023).

En línea con la “autosuficiencia y soberanía alimentaria”, propone impulsar “la agricultura como una práctica respetuosa con el medio ambiente, adaptada a cada territorio y con la diversidad histórica de las comunidades campesinas”. Promueve la producción de alimentos en las comunidades locales generando “economías de pequeña escala”. Esta visión se complementa con su compromiso por el “trabajo digno”, entendido como una actividad que dignifica a las personas mientras satisface las necesidades comunitarias y preserva el entorno (ECOMÚN, 2023).

Finalmente, con todos estos principios políticos nuevos para los exguerrilleros, plantea el modelo de "comunidades sostenibles" como horizonte político-transformador del proceso de reincorporación, donde la articulación equilibrada de cuatro dimensiones fundamentales (habitacional, económica, ambiental y social), posibilita la construcción de espacios de vida para los excombatientes y sus territorios (ECOMÚN, 2023).

A medida que consolida su estructura institucional como “federación de federaciones de economías sociales del común”, según lo discutido durante su Asamblea del Consejo Directivo, evento al que tuve acceso en calidad de observadora, ECOMÚN asume las siguientes funciones estratégicas:

Promover e impulsar actividades económicas mediante acompañamiento técnico, apalancamiento financiero y generación de valor.

Desarrollar un modelo de economía solidaria a nivel territorial.

Brindar fomento, capacitación y acompañamiento técnico a sus asociados.

Hacer gestión para la promoción asociativa, el encadenamiento productivo y la comercialización.

Incidencia en la Política Pública y las alianzas con agentes públicos, privados, nacionales e internacionales.

Consolidar a ECOMÚN como un movimiento de Economías Sociales, Solidarias, Populares y Comunitarias

(Asamblea del Consejo Directivo, 2024, Notas de campo).

Para implementar efectivamente estas estrategias, ECOMÚN enfrenta desafíos estructurales tanto internos (organizativos) como externos (políticos y económicos), identificados por múltiples actores del proceso de reincorporación. Pese a estas limitaciones, en un plazo notablemente breve, su modelo cooperativo ha logrado mantener a la mayor parte de los excombatientes en colectivo y movilizados en territorios. Esta trayectoria ininterrumpida desde la dejación de armas evidencia su capacidad como plataforma de reincorporación colectiva, aunque también coexiste con otra iniciativa paralela del Partido Comunes. En efecto, el Partido Comunes, que se retiró de la junta directiva de ECOMÚN, avanzó en la estructuración de la Coordinadora de Federaciones de Economía Social, Solidaria y Popular del Acuerdo de Paz. También se desarrollaron procesos de integración productiva como la Mesa Nacional del Café, la Red Nacional de Confecciones y la Mesa Nacional Ganadera (Echavarría Álvarez & et al., 2024).

El análisis posterior se centrará en la práctica autónoma de ECOMÚN para consolidar modelos económicos alternativos con impacto concreto en la vida de los excombatientes, y las tensiones estructurales generadas entre este proyecto autónomo y las limitaciones institucionales del proceso de paz.

3. Cooperativismo para la Paz

Economías Sociales del Común (ECOMÚN) surge como mecanismo para facilitar la transición de los excombatientes a la vida civil a través de proyectos productivos colectivos, adoptando el concepto de economía social y solidaria basado en las cooperativas y redefiniéndolo en el contexto del posconflicto colombiano. Valencia Agudelo & Chaverra Colorado (2019) mencionan que al revisar la literatura internacional no se encuentran muchos antecedentes bibliográficos de procesos de reinserción socioeconómica de exguerrilleros que se sustenten en modelos cooperativistas.

Sin embargo, desde la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale (Inglaterra, 1844) fundada por 28 tejedores como prototipo de cooperativa moderna, el modelo cooperativista ha sido discutido simultáneamente como un proyecto socioeconómico alternativo al capitalismo, una forma de organización política basada en la autogestión comunitaria, y un experimento social que tiene capacidad de reconfigurar las relaciones sociales (Uharte, 2019). Hoy, las cooperativas desde Medio Oriente hasta América Latina, Europa y Norteamérica desarrollan prácticas diversas según sus contextos y actores. Esta diversidad de experiencias cooperativas ha dado lugar a un rico debate conceptual en la literatura académica, donde se analizan como expresiones de economías alternativas al capitalismo. Autores como Andrea D. Cattani (2004) identifican múltiples enfoques teóricos que abordan tanto las prácticas institucionales concretas como sus dimensiones abstractas (valores, percepciones), trascendiendo así los marcos analíticos de la economía convencional.

El debate contemporáneo se alimenta de un mosaico de tradiciones teóricas, prácticas y redes: desde las raíces decimonónicas del marxismo y el anarquismo, hasta los desarrollos actuales de la Economía Social y Solidaria (ESS), articulados en redes globales como la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS). A estas se suman corrientes como el ecosocialismo, la ecofeminismo, y los paradigmas andinos del Sumak Kawsay (Buen Vivir) y el Vivir Bien, corrientes que, según Uharte (2019), “se alimentan de tradiciones emancipatorias heterogéneas” (p.12). Este pluralismo teórico-práctico ha obtenido un reconocimiento institucional formal, últimamente mediante el aval de la ONU, que ha consagrado retóricamente a las cooperativas de la ESS como agentes clave para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Naciones Unidas, 2023). Sin embargo, su posicionamiento como interlocutores legítimos en la gobernanza multinivel del desarrollo, desde la escala local a la mundial, e incluso como puentes entre la justicia social y la sostenibilidad económica, conlleva el riesgo de verse arrastrados más rápidamente hacia la lógica institucional y neoliberal.

En este marco, ECOMÚN opera como mecanismo de transición del proyecto político fariano hacia la construcción de la economía social, transformando los subsidios individuales en iniciativas productivas colectivas para un movimiento cooperativista para la paz, al tiempo que resignifica el debate teórico-práctico del cooperativismo y economías alternativas para adaptarlo a los territorios afectados por el conflicto armado. Aunque el modelo cooperativo no figuraba en el repertorio organizacional ni en el horizonte político de las FARC-EP con anterioridad al Acuerdo de Paz, la capacidad de adaptar el horizonte colectivo al nuevo proceso está arraigada en la tradición ideológica marxistaleninista del movimiento, que combina una crítica radical del capitalismo de mercado con una promoción activa de alternativas socialistas (Valencia Agudelo & Chaverra Colorado, 2019).

Lo anterior se evidencia en el testimonio de Felipe:

La orientación que nos dieron era que teníamos que conformar cooperativas. A mí me enviaron a una finca que el gobierno nos había entregado en Tumaco. Me dijeron: "Usted está responsable conformar dos cooperativas”. Y yo no tenía ni idea qué era una cooperativa, ni cómo se hacía, ni qué tenía que hacer, ni a dónde tenía que ir. […] El delegado que enviamos a Bogotá para conformar ECOMÚN, digamos que tampoco había entendido. Después llegó Gustavo^[9] allá, y nos socializó y, aun así, no sé ese cómo, pero en realidad nadie entendió que qué era. Ajá. Después, llegaron nuestros compañeros, nos dijeron que crear cooperativas era necesario para los proyectos colectivos, conseguir los recursos, para tener la tierra, para todo. Bueno, entonces, nos empezaron a relacionar con la gente en Bogotá^[10] que nos ayudaron a construir los estatutos, que los balances, todos los documentos que nos pedían (Entrevista con Felipe, 2024).

Según Felipe, el modelo cooperativo no solo resultaba ajeno a la cultura organizativa de los excombatientes, sino que tampoco formaba parte de la pedagogía institucional del Estado colombiano. Como él mismo explica:

Pues, luego llegamos a la Cámara de Comercio de Tumaco, nos preguntaron, qué es una cooperativa (se ríe). Claro, porque allá se creaban asociaciones de pescadores. No existían las cooperativas. […] En fin, creamos una cooperativa que se llamaba muy chistoso. Cooperativa Dos, creamos una cooperativa de dos (Entrevista con Felipe, 2024).

Juan Camilo sostiene una postura dialéctica que, por un lado, reconoce que la adopción del modelo cooperativo fue ajena a la cultura política fariana; por otro, lo valora como una virtud adaptativa que permitió construir un modelo propio del cooperativismo:

Entonces nosotros leíamos esos manuales de filosofía, de economía, de economía política soviéticos y esa era nuestra formación. ¿Sí? Entonces yo no te voy a decir que nosotros conocemos todavía hoy ni siquiera el modelo cooperativista. Sí, estamos construyendo un modelo que creo yo que es auténtico también. Creo yo que también en esa, en el hecho de no conocer ningún modelo ni conocer el cooperativismo hace que vayamos construyéndolo de manera más auténtica, sí. […]  Pero no, pues la idea de hacer cooperativa no surgió de nosotros, porque nosotros teníamos en la cabeza otra cosa. […] pero sí, estas personas que nos empezaron a asesorar incluso desde que estábamos en el proceso de diálogo, pues nos presentan el modelo cooperativista de manera muy general. Y nos pareció que, en el marco de la implementación del acuerdo de paz, pues era el modelo que más se podía ajustar con nuestros intereses. Por eso decidimos hacer cooperativas (Entrevista con Londoño, 2024).

Sin embargo, Sorzano Rodríguez & Botero Urquijo subrayan que "estas formas de economía cooperativa no fueron del todo novedosas para la población excombatiente. Durante los periodos de guerra se desarrollaron al interior de las FARC-EP prácticas de economía cooperativa", particularmente en unidades productivas rurales y sistemas de abastecimiento colectivo (2022, p. 8). De hecho, el análisis de las prácticas de resistencia contra las políticas capitalistas y coloniales a nivel global revela que el sostenimiento de los movimientos populares está intrínsecamente vinculado al desarrollo de economías comunitarias (Gutiérrez Aguilar & Navarro Trujillo, 2019).  Esta correlación se manifiesta porque la resistencia colectiva en sus múltiples expresiones requiere necesariamente de bases materiales compartidas, concretadas en formas de producción y autogestión colectiva (Aslan, 2022).

La relación dialéctica entre resistencia y economía autogestionada sugiere que, lejos de tratarse de una adopción abrupta o impuesta, los procesos de transición hacia modelos cooperativos se apoyan en huellas organizativas preexistentes. Es decir, estas estructuras casi naturales de organización comunitaria funcionan como sustrato que facilita la apropiación y adaptación de modelos formales de la ESS.

Especialmente las primeras líneas de producción generadas en las cooperativas de ECOMÚN están vinculadas a actividades que los exguerrilleros ya realizaban en sus vidas insurgentes. Quienes confeccionaban uniformes militares crearon empresas textiles que producían morrales, sudaderas y ropa deportiva. También aplicaron sus conocimientos campesinos^[11] en proyectos ganaderos, apicultura y cultivos de café (Revelo & Cruz, 2022). Incluso productos silvestres^[12] que recolectaban para su subsistencia fueron empacados con sellos cooperativos para su comercialización. Experiencias particulares como la producción artesanal de cerveza y la organización de campamentos turísticos recreando la vida guerrillera se convirtieron también en iniciativas productivas por las cooperativas (Entrevista con Ester, 2024).

Es decir, aunque el cooperativismo no existiera como forma económica institucionalizada dentro de las FARC-EP antes del Acuerdo Final, sí persistían ciertas prácticas colectivas en las comunidades farianas que luego se convertirían en los cimientos iniciales del cooperativismo para la paz. Por ello, si bien las personas entrevistadas en ECOMÚN desconocían la legislación colombiana de las cooperativas y sus exigencias burocráticas, poseían conocimientos prácticos y principios colectivos que podían aplicar en sus iniciativas productivas. No obstante, tuvieron que adaptar esos saberes a las limitaciones del mercado capitalista y a la normatividad del Estado colombiano, así como al interés de la cooperación internacional, reconfigurándolos en función de sus nuevos objetivos en la etapa de sus vidas civiles.

3.1. La nueva subjetividad fariana: sustituir el orden militar por la autogestión

Juan Camilo, al señalar la autogestión como principio central de las cooperativas de ECOMÚN, subraya su conciencia de que este sistema requiere una transformación profunda en sus prácticas cotidianas:

[…] cuando estábamos en la guerrilla era muy cómodo también para nosotros que las direcciones resolvieran todos los problemas, absolutamente todos, o sea, en la guerrilla, la vida en la guerrilla yo no me preocupaba por nada, ni por cepillarme los dientes, ni por bañarme, ni por comer, porque siempre hay un comandante que te dice cuando te cepillas y te entrega el cepillo y te entrega la comida y te dice, a qué hora tienes que comer, y todo como tan estrictamente. […] sin embargo, el modelo cooperativo es autogestionario. Y la autogestión requiere iniciativa y requiere procesos sí colectivos, precisamente nadie te va a decir qué hacer, ni nadie te va a resolver los problemas. […] de que la gente asuma un papel, de que de que asuma un rol, de que tenga iniciativa, de que piense, de que pensemos cosas en colectivo (Entrevista con Londoño, 2024).

Como esta señalado, "la forma más común de empresa autogestionada es la cooperativa" (Ruggeri y otros, 2012, p. 7) y el principio de autogestión constituye, precisamente, “uno de los fundamentos esenciales del modelo cooperativista” (Garcia Jané, 2012, p. 10); sin embargo, muchas veces "es fácil ponernos de acuerdo en lo que es una cooperativa, no tanto en qué es la autogestión" (Garcia Jané, 2012, pp. 9-10). En el caso de ECOMÚN, autogestión se refiere, sin una estructura jerárquica, sin el Partido Comunes y sin patrones, desarrollar sus actividades económicas colectivas. Pero su implementación concreta va más allá de lo deseado e implica un difícil proceso de desaprendizaje de la cultura militar fariana que se basada en órdenes jerárquicas y obediencia. Para la vida colectiva que quiere construir ECOMÚN se requiere una subjetividad fariana nueva y la construcción de nuevas prácticas horizontales.

A medida que los miembros de ECOMÚN interiorizan los principios de autogestión, van consolidando su autonomía frente al Partido Comunes, distanciándose así de las estructuras jerárquicas que antes caracterizaban a la guerrilla y que hoy persisten en el partido político. Este proceso no es solo una separación interna, al contrario, configura a ECOMÚN como un nuevo actor sociopolítico que trasciende el marco tradicional de la paz entendido simplemente como la reconciliación entre el Estado y la (ex)guerrilla. Su apuesta por una paz social más profunda implica una transformación radical desde márgenes (mujeres, campesinos, indígenas, afrodescendientes) que operan dialéctica y armónicamente en múltiples niveles: sustituyendo la disciplina militar por la corresponsabilidad colectiva en las subjetividades individuales, desmantelando los modelos verticales en las dinámicas institucionales a través de prácticas asamblearias, y finalmente reemplazando el conflicto por la convivencia en las bases de la sociedad.

3.2. Reincorporación comunitaria

Uno de los instrumentos más significativos creados por el Acuerdo de Paz es la Comisión de la Verdad, cuyo mandato consiste en aportar a la construcción de la convivencia y el buen vivir mediante la pedagogía de la paz para la reincorporación comunitaria. Según los informes de la Comisión, entre 2019 y 2022 se documentaron 1009 experiencias de convivencia, resistencia y construcción de paz entre víctimas y firmantes del Acuerdo (Comisión de la Verdad, 2025).

Esta dimensión de la convivencia se consolida como eje vertebrador del horizonte político de las cooperativas vinculadas a ECOMÚN, gracias al aporte concreto de la reincorporación comunitaria. En los últimos años, estas iniciativas han ampliado su impacto al integrar progresivamente a miembros de las comunidades locales en sus proyectos productivos, transformando así los territorios afectados por el conflicto. Dicho proceso, que Juan Camilo y otros actores de la reincorporación han conceptualizado como "pedagogía de paz", supera el ámbito económico para constituirse en una práctica política transformadora:

Sí, de hecho, ya hoy yo creo que ninguna de nuestras cooperativas es solo de personas excombatientes. En todas nuestras cooperativas pues hay excombatientes y otras personas de los entornos de las comunidades en donde desarrollamos las actividades económicas, o sea, y hemos propiciado eso, que las personas se vinculen y que también incluso hay organizaciones que no son de firmantes pero que vinculen a ECOMÚN (Entrevista con Londoño, 2024).

El presente enfoque materializa el principio de "compromiso con el entorno" que REAS (2022)^[13] identifica como fundamento de la ESS, impulsando transformaciones profundas en la sociedad colombiana. A través del trabajo conjunto entre excombatientes y comunidades en los territorios afectados, se crean espacios auténticos de reconciliación práctica donde, más allá de los discursos, se tejen nuevas relaciones sociales en torno a proyectos productivos compartidos y se cultivan valores cooperativos como herramientas efectivas para la transformación pacífica de conflictos. Como precisan J.K Gibson-Graham (2010, p. 18) "la economía comunitaria no es una mera cooperación geográfica o social, sino un terreno de decisión ética y política"; un principio que en ECOMÚN adquiere carne y hueso cuando la reincorporación económica individual se transfigura en un proceso comunitario, trascendiendo al firmante como sujeto aislado para insertarlo en esa construcción colectiva de paz que convierte antiguas zonas de guerra en territorios donde la vida digna colectiva se hace posible día a día.

A través de esta práctica, los excombatientes con el tiempo —inicialmente dispersos bajo las limitaciones de la paz institucional— logran reconstituirse como sujetos políticos y comunitarios al integrarse a las cooperativas de ECOMÚN. Su rol trasciende el de meros beneficiarios pasivos de políticas de reincorporación para convertirse en sujetos políticos activos que definen colectivamente sus necesidades económicas y sociales. Este proceso colectivo materializa como el fenómeno transformador donde la comunidad no es la base (de construcción de la paz), sino el resultado (J.K. Gibson-Graham, 2010, pp. 18-19). Así, cada asamblea cooperativa y cada iniciativa productiva compartida con las comunidades se convierten en gestos concretos de esa paz vivida que brota desde los territorios y se ramifica en la sociedad.

4. Desafíos de la Reincorporación Económica

La reincorporación económica para les excombatientes significa mucho más que restablecerse económicamente en la vida civil. Tuvieron que descifrar las reglas de un capitalismo hostil, dominar el lenguaje del dinero que antes rechazaban, cargar con la angustia diaria del sustento e intentar integrarse a un mercado laboral y una sociedad que sistemáticamente les cerraba las puertas.

Ester, indígena kankuama y originaria del territorio Kankuamo en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, asociada de ECOMÚN, relata que desde primer día ha sido difícil:

Mire, prácticamente nosotros salimos del monte sin ropa, sin zapatos... teníamos botas militares, pero ¿cómo anda uno con botas militares? Nos dieron esos dos millones de pesos para comprar nuestras cosas, nada más. ¿Y luego qué comes? ¿Con qué te vistes?... Luego vino la reunificación familiar, donde la familia algunos de nosotros se vinieron creyendo que veníamos morrales cargada de la plata (risas). Esto, ha sido muy complicado (Entrevista con Ester, 2024).

De igual forma, Claudia, excombatiente, asociada de la Asociación de Mujeres Emancipadoras y madre de dos hijos, expresa: "Pensábamos que llegábamos al país de las maravillas, pero encontramos rechazo social, estigmatización constante e incluso la amenaza de los asesinatos selectivos"^[14] y añade con dolor cómo les afectaba que algunos retomaran nuevamente las armas porque "no hubo garantías reales", explica, resumiendo la frustración colectiva (Asociación de Mujeres Emancipadoras , 2024).

Uno de los primeros desafíos que enfrentó ECOMÚN fue la dispersión territorial de sus posibles integrantes. Según lo establecido en los acuerdos, los ETCR se concebían como poblados farianos, es decir, comunidades donde los excombatientes continuarían viviendo bajo modelos colectivos y cooperativistas a la vez que se les garantizaría acceso a tierras para proyectos productivos en zonas aledañas. Esta propuesta buscaba no solo la reincorporación material, sino la construcción de un proyecto político-territorial alternativo. Sin embargo, según las últimas cifras de la ARN, de las 11,510 personas en proceso de reincorporación, solo 1,607 permanecen en los antiguos ETCR, mientras que 9,681 residen fuera de estos espacios y 22 no se encuentran ubicados (ARN, 2025). Esta realidad se remonta a los primeros años de implementación del Acuerdo: testimonios revelan que muchos excombatientes abandonaron los ETCR por la creciente inseguridad en estas zonas y el fracaso de los proyectos productivos colectivos. Estos últimos, financiados con los ocho millones de pesos iniciales de subsidio, resultaron insuficientes ante la falta de avances en el primer punto del Acuerdo, que preveía la redistribución de tierras.

La dispersión resultante complicó gravemente la organización de iniciativas colectivas, situación que se exacerbó con el cambio de gobierno en 2018, los asesinatos de líderes comunitarios y posteriormente la pandemia de COVID-19. Como relata Felipe tuvieron que volver a reencontrarse casi desde cero, “reubicar a la gente y reconstruir la confianza", un proceso que consumió tiempo y recursos críticos para la consolidación de ECOMÚN (Entrevista con Felipe, 2024).

Una segunda dificultad emergió a través de tensiones internas entre los excombatientes. La transición a la vida civil incluyó la creación del Partido Comunes en 2017, originalmente llamado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común para mantener la sigla FARC, que en 2021 cambió su nombre buscando distanciarse de la estigmatización asociada al pasado guerrillero. Todos los firmantes fueron incorporados “naturalmente” a esta nueva estructura política y la exsecretaría de las FARC-EP asumió el mismo rol en el partido. El problema central fue la expectativa de obediencia vertical similar a la época guerrillera, lo que generó un quiebre progresivo. Cuando más de 200 firmantes renunciaron mediante una carta, denunciaban que "no existen espacios para el debate democrático, por el contrario, priman el autoritarismo y la exclusión" (López Zuleta, 2022). En su análisis del modelo cooperativo, el Instituto Kroc señala que éste fue el caso durante el establecimiento de ECOMÚN, donde la idea original era desarrollarse de abajo hacia arriba, mientras que en la práctica se llevó a cabo de arriba hacia abajo, hacia la antigua base guerrillera (Kroc Institue, 2020).

Juan Camilo, subraya que el conflicto trascendía lo antidemocrático, el partido comenzó a operar bajo lógicas neoliberales, intentando instrumentalizar ECOMÚN para facilitar el acceso a las zonas donde las FARC-EP han impedido la explotación de los recursos naturales durante la guerra y, por tanto, mantenían una estrecha relación de confianza con las comunidades para defender sus territorios:

Fueron tres procesos. Uno, querían establecer un cultivo de palma aceitera, un gran cultivo de cientos de hectáreas de palma aceitera en una región del Meta, el departamento del Meta que se llama Maipú y Pan. Querían establecer una hidroeléctrica en el Tolima, en la región del nacimiento de la FARC, además, sobre el río Amoyá. Y querían establecer una mina de oro en la cordillera de Nariño, al sur de Colombia (Entrevista con Londoño, 2024).

A Juan Camilo le encargaron la tarea de convencer a las comunidades:

Y entonces nos dijeron a cada uno de los que estábamos en el ECOMÚN de esas regiones, es que su tarea pues así como una orden cuando estábamos en la guerrilla, pero ya en este nuevo contexto, como su tarea es ir a Nariño, hablar con los compañeros de Nariño decirles que vamos a trabajar con una minera transnacional canadiense capaz que extrae oro en estas comunidades, pero esta minera sí es una minera muy buena porque nos va a dar el 1% de la ganancia de la ganancia anual, si logramos que las comunidades de esa zona acepten a la minera. Y que la acepten porque la minera ya tiene los títulos, o sea, el gobierno ya le ha dado los títulos sobre las tierras, los títulos mineros y las licencias de explotación. Pero pues no han entrado porque si entran los sacan a bala y a piedras de allá o como sea, pues porque las comunidades no van a aceptar eso. Pero como nosotros tenemos muy buena relación con las comunidades, entonces pretendió la minera que nosotros sí les abriéramos la puerta (Entrevista con Londoño, 2024).

Frente a esto, ECOMÚN optó por autonomizarse del Partido Comunes, consolidando el modelo autogestionario que ya se venía construyendo basado en participación democrática y autogestión colectiva como respuesta orgánica a estos conflictos de poder. 

"Hoy en día, un 70% de los firmantes no hacen parte del Partido Comunes, y nos hemos sentido abandonados por el proceso de paz" afirma Enit Moreno, presidente de la cooperativa MedePaz, una de las firmantes (Muñoz Marín, 2021). La ARN confirma que se formaron tres grupos de excombatientes en el proceso de reincorporación: 

Digamos, se crean dos grandes polos... tres polos: ECOMÚN; la gente del Partido que se aglutina en torno a la Coordinadora de Federaciones, que son federaciones regionales que se salieron de ECOMÚN y adoptaron una forma asociativa, son como siete u ocho federaciones; y un tercer sector que no quiere saber ni de ECOMÚN ni del Partido, y que se basa más que todo en esfuerzos regionales (Entrevista con Enrique Flores, ARN, 2024).

Este choque entre el verticalismo del partido y la horizontalidad cooperativa generó una fractura decisiva en el proceso de reincorporación. En este contexto, aunque aún no consolidado, ECOMÚN emerge como un actor político promisorio que impulsa un proyecto económico alternativo. Su desarrollo se ve tensionado por tres factores clave: las confusiones nostálgicas de quienes añoran las estructuras jerárquicas de la guerrilla; la creciente monetización del proceso de paz, que ha generado desconfianza al percibirse como un negocio más que como un proyecto colectivo, y las tensiones inherentes a construir la autonomía en un sistema que sigue privilegiando el clientelismo político. Esta tensión explica por qué, a pesar de su potencial, sigue luchando por definirse como una alternativa creíble.

Otra contradicción importante que va más allá de la capacidad de ECOMÚN es la llamada “ONGización” del proceso de paz. Este fenómeno se refiere esencialmente a la dominación de la lógica de las organizaciones no gubernamentales sobre procesos sociales originalmente políticos (Alvarez, 2009). Con una connotación crítica, incluso negativa, significa la despolitización de las resistencias mediante su monetización; la burocratización de los procesos organizativos a través de la lógica de proyectos; y el desplazamiento de liderazgos orgánicos por profesionales externos y consultores. Como efecto combinado, esta dinámica remplaza la construcción de sujetos políticos por meros discursos de victimización, y subordina los procesos sociopolíticos a las exigencias institucionales de estas organizaciones y sus fuentes de financiación (Choudry & Kapoor, 2013).

Gustavo Roya, ex enlace de las FARC-EP en Venezuela y actual gerente aprendiz nacional del proyecto de piscicultura^[15] de ECOMÚN, analiza desde su experiencia directa el fenómeno de la ONGización. Como firmante del Acuerdo de Paz que regresó al país para su reincorporación, Roya reflexiona:

En la Montañita, en el Caquetá con recursos de cooperación se montó un proyecto de transformación de frutas y allá está parado. Se acabó el proyecto y nadie quiso seguir trabajando en eso. Están esperando que le den otro proyecto y que luego le den otro proyecto y que luego le den otro proyecto. Se ha generado una lógica de ONGización de las organizaciones. (…) Eso, que siempre están presentando proyectos para que la cooperación les dé dinero.  (…) además desmovilizan, porque ya la gente no lucha de frente al Estado por sus derechos, sino que pasa un proyecto a la cooperación internacional. (…) pues la apuesta nuestra es romper con ese círculo vicioso, poder producir y avanzar (Entrevista con Gustavo Roya, 2024).

Un problema central que surge de esta dependencia es la cuestión de “sostenibilidad”, señalada reiteradamente por los asociados de ECOMÚN. Pese a la significativa financiación de la cooperación internacional y del Estado colombiano, todos los entrevistados coincidieron en que la viabilidad a largo plazo de los proyectos productivos sigue siendo su principal desafío.

Sin duda, el concepto de sostenibilidad tiene múltiples significados, especialmente por su connotación ecológica que lo ha convertido en uno de los términos más utilizados y socializados desde la llamada "crisis ambiental" (Ávila, 2018). Sin embargo, entre los diversos actores del proceso de reincorporación económica en Colombia, la sostenibilidad se refiere específicamente a lo económico, es decir, la capacidad de un proyecto para seguir manteniéndose rentable en el mercado a largo plazo.

En ese punto Juan Camilo revela una tensión fundamental en cualquier proyecto que pretenda construir una economía solidaria fuera de la lógica del capitalismo:

Nuestro proceso es principalmente económico, es decir, a través de ECOMÚN nosotros desarrollamos también nuestro proceso político finalmente, pero es de base económica. Y eso implica que económicamente tiene que funcionar el proceso. (…) Nosotros desarrollamos actividades económicas colectivas, la propiedad es de todos, es colectiva, pero al final tenemos que hacer un ejercicio de compra y venta de cosas, comprar insumos, materias primas en algunos casos o insumos para producción agrícola y vender productos o servicios. Si nosotros no logramos vender productos o servicios, pues no vamos a lograr dinamizar nuestras actividades económicas. Es decir, la cooperativa es la cooperativa, pero al final quien nos compró hoy los pescados que sacamos de allá no importa que somos una cooperativa y que somos de propiedad colectiva (Entrevista con Londoño, 2024).

El mercado al totalizar su propia lógica convierte cualquier alternativa en un espejo del sistema donde la alternativa se ve obligada a reproducir las reglas del sistema, quizás esto revela uno de los límites más comunes de la ESS en el contexto de las economías dominantes. Frente a esta contradicción estructural, ECOMÚN está explorando estrategias de comercialización alternativa como otras experiencias del mundo. De este modo, han constituido la Cooperativa De Mano en Mano (DMM), cuyo objetivo central es crear un comercio justo y solidario entre productores y consumidores. Esta iniciativa opera como plataforma digital de comercialización para los productos elaborados por las cooperativas afiliadas a ECOMUN (Cooperativa DMM, 2025).

Sin embargo, aunque Juan Camilo aprecia la iniciativa de DMM añade:

Tenemos que desarrollar un ejercicio de comercialización de la mayor parte de nuestros productos y servicios en el marco de la economía de mercado (…). Entonces, sí, nosotros hemos tenido algunos ejercicios en que unos compañeros o compañeras o cooperativas pues compran algunos de nuestros productos, pero no es suficiente [porque] la subsistencia de personas de nosotros depende de las actividades económicas de la cooperativa y el modelo económico. Al final si no, pues, la gente tendrá que irse de obrero, de trabajador, de obrero rural, o de vendedor en una empresa privada o de lo que sea que le permita subsistir (Entrevista con Londoño, 2024).

El análisis de Juan Camilo demuestra que, pese a contar con una extensa red cooperativa a nivel nacional, ECOMÚN sigue teniendo dificultad de consolidar un modelo económico capaz de garantizar la reproducción social de la vida de la comunidad fariana.

Según Gustavo Roya, esto tiene que ver con la lógica de cooperación internacional:

Pues benefició que nos den plata para trabajar. Pero desde mi punto de vista la inversión de la cooperación internacional es lesiva por lo menos a Colombia. Porque pues la gente recibe los dineros de cooperación, empieza los proyectos, pero cuando los dineros se van o cuando los proyectos se acaban nos no queda nada sostenible. Porque no están pensados para eso. Están pensados desde una lógica de subvención, que es como la lógica. Yo le doy a los pobres para que tengan algo y ya (Entrevista con Gustavo Roya, 2024).

Es decir, en lugar de que estos proyectos se conviertan en las nuevas vidas de los firmantes de la paz, permitiéndoles llevar vidas autónomas y deseables, y produciendo sus vidas individuales y colectivas en condiciones dignas, el centro de debate es la sostenibilidad de cómo adaptarse a la lógica capitalista. De hecho, esto se cristaliza en las palabras de Mario Cabal Figueroa, el director operativo del CISP (Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos), la ONG que ejecuta el Fondo Europeo para el proyecto de piscicultura de ECOMÚN:

Termina el proyecto y yo de una vez me voy. Pero ellos quedan con lo bueno o malo que hagamos, se ha dicho entre todos. Por eso es que está en riesgo la sostenibilidad del proyecto. La sostenibilidad del proyecto es que toda la cadena productiva de piscicultura, ellos la tienen que entrar a manejar. Porque ya no vamos a estar ahí. Van a estar solo ellos; y se tienen que financiar con la plata de la pesca, de la comercialización, ellos ya tienen que entrar a comprar su propio concentrado; y hacer todas sus cosas. Pero el resto del concentrado y todas las cosas, alimento y a mí, a todos ellos les paga la Unión Europea y el gobierno colombiano una pequeña parte. Pero solo por ahora (Entrevista con Figueroa, CISP, 2014).

Según la ARN, la cooperación internacional llegó “con proyectos de muy corto plazo: planes de contingencia, hacer proyectos productivos, algunas pequeñas obras para conocer resultados rápidos” (Entrevista con Enrique Flores, ARN, 2024). Además, los excombatientes han destinado una significativa energía colectiva y sus limitados recursos económicos a satisfacer los complejos requisitos de formalización exigidos por los organismos cooperantes para aprobar proyectos que, en muchos casos, resultaron efímeros. Numerosas iniciativas fueron abandonadas prematuramente, sin lograr consolidar la infraestructura productiva necesaria (Entrevista con Ester, 2024).

5. Conclusiones

Organizar una economía social requiere responder a tres preguntas fundamentales: ¿qué producimos? ¿cómo producimos? y ¿para quién producimos? (TRASOL, 2017). Estas preguntas permiten repensar colectivamente la relación entre producción y necesidades, donde las respuestas prácticas determinan el potencial transformador y emancipador del proyecto. Sin embargo, desde el principio, las cooperativas de ECOMÚN se enfrentaron a diversas dificultades que les impidieron organizarse idealmente alrededor de estas preguntas.

Como analizamos, el abandono progresivo de los ETCR, que generó dispersión geográfica y desarticulación organizativa; la no realización de los cambios estructurales previstos por el Acuerdo, en particular la redistribución de las tierras, que habría modificado las posiciones de clase en Colombia; las tensiones internas entre la estructura vertical del partido político y la horizontalidad cooperativa que buscaba construir en su vida civil; y la intervención de organismos nacionales e internacionales, cuyos modelos de acompañamiento a menudo chocaban con las dinámicas propias del proceso de reincorporación fueron las razones principales que obstaculizaron el andar de ECOMÚN.

Sin embargo, pese a estos obstáculos, ECOMÚN ha demostrado una notable resiliencia, logrando construir una coherencia política-económica que la posiciona como referente para el debate latinoamericano sobre economía popular en contextos de posconflicto. Además, la perspectiva progresista del gobierno de Gustavo Petro, que concibe la construcción de paz como motor de transformación estructural, ha permitido no solo la implementación formal del Acuerdo, sino su ampliación mediante políticas nacionales en diversos ámbitos: 

>Bajo el objetivo de la paz total, la base social de las políticas de paz regionales se ha ampliado para incluir a los campesinos sin tierra, los indígenas, las comunidades afro y las mujeres;

>La economía popular y el mercado autosuficiente se posicionan como eje de los proyectos sociales del Estado;

>A través de cooperativas y organizaciones colectivas, se ha comenzado a redistribuir tierras al campesinado colombiano históricamente sin tierra. 

Frente a la resistencia de la oligarquía colombiana, el Gobierno del Cambio ha creado una estrategia interesante a través de la Agencia de Tierras, lo que podríamos llamar una “reforma agraria sin hacer reforma agraria”^[16] que incluye la compra de tierras privadas por el Estado y la recuperación de las tierras usurpadas por el crimen organizado. El resultado es significativo, hasta ahora se ha gestionado la redistribución de 569,000 hectáreas de tierra, lo que ha superado por más de nueve veces la suma de lo alcanzado por los gobiernos de Juan Manuel Santos, quien gestionó 27,827 hectáreas, e Iván Duque, 32,614 hectáreas, en los primeros años de Paz (Agencia Nacional de Tierras, 2025).

Este escenario de la disputa del poder del Estado beneficia temporalmente a las organizaciones sociales y ofrece mayores posibilidades para fortalecer el proyecto de ECOMÚN. Sin embargo, dado el carácter volátil de los equilibrios políticos, persisten incertidumbres estructurales sobre el futuro de estas medidas. La dependencia de ventanas de oportunidad institucionales convierte los logros en conquistas frágiles, siempre amenazadas por el retorno de fuerzas conservadoras.

No obstante, la subjetividad política transformadora que emerge en la experiencia de ECOMÚN pluraliza la agencia y el trabajo colectivo, y reconoce la ESS como un horizonte de emancipación. El presente marco conceptual se convierte en un esfuerzo necesario para superar los desafíos y reinventar la política de la práctica cooperativa en nuevas perspectivas de organizarse.  La capacidad de superar lo urgente articulando la reconstrucción económica con la transformación de las relaciones sociales es quizás el legado más profundo que ECOMÚN está experimentando en la actualidad. En definitiva, como hemos analizado, la experiencia de ECOMÚN demuestra que las economías populares desde un enfoque territorial, comunitario, autogestionado y basado en el trabajo colectivo hacen posible la paz real más allá de la institucional.

Biblografía

Acuerdo Final. (2016). El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera . Bogóta: Jurisdicción Especial para la Paz.

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Entrevistas

Asamblea del Consejo Directivo. (28 de April de 2024). ECOMÚN.

Asociación de Mujeres Emancipadoras . (26 de April de 2024). ECOMÚN.

Ester. (2 de Mayo de 2024). Asociada de ECOMÚN.

Felipe. (8 de mayo de 2024). Integrante de Consejo Directivo de ECOMÚN.

Figueroa, M. C. (29 de abril de 2014). El director operativo CISP-Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos.

Flores, E. (Abril de 2024). ARN- Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

Gustavo Roya. (24 de abril de 2024). Gerente aprendiz nacional del proyecto de piscicultura de ECOMÚN.

Londoño, J. C. (29 de abril de 2024). Director Ejecutivo de ECOMÚN.

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^[1] Fecha de recepción: 09/06/2025. Fecha de aceptación: 07/11/2025

Identificador persistente ARK: https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25250841/br9aiykad

^[2] Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora

México

azeaslan@gmail.com

https://orcid.org/0009-0009-0157-5870

^[3] Antes CNR, Consejo Nacional de Reincorporación, la instancia creada por el Acuerdo Final.

^[4] La página web de ECOMÚN: https://ecomun.com.co/, la cuenta oficial de YouTube de ECOMÚN: https://www.youtube.com/@ecomunoficial8857

^[5] El término fariano/a hace referencia a la comunidad que perteneció a las FARC.

^[6] Las deficiencias en infraestructura y las condiciones de inseguridad obligaron al abandono de varios ETCR, llevando a los excombatientes a reubicarse en múltiples localidades que hoy constituyen los Nuevos Puntos de Reincorporación (NPR) distribuidos a nivel nacional, lo que permite que les excombatientes puedan continuar con su proceso de reincorporación.

^[7] FEDECARIBE, FDCE: Federación del Centro, FEDECOMUN: Federación de Organizaciones Sociales y Solidarias del Suroccidente Colombiano, COOAGROPAZ: La Cooperativa Multiactiva Agropecuaria por la Paz, ECORIENTE: Federación de Economías Sociales del Oriente.

^[8] ECOGAN: Federación Nacional de Ganadería de ECOMÚN

^[9] Gustavo Roya, Gerente aprendiz de ECOMÚN para el proyecto de piscicultura.

^[10] Se refiere funcionarios de la ARN.

^[11] El censo socioeconómico reveló que 66% de excombatientes tiene orígenes rurales y antes de integrarse a las FARC-EP eran campesinos o pertenecían familias campesinas (Universidad Nacional de Colombia, 2017).

^[12] Como el sacha inchi, palabra quechua que se traduce como ‘cacahuate salvaje’. Se trata de un superalimento que, en una sana (y saludable) competencia, busca desbancar al aceite de oliva y en una lucha más feroz sueña con reemplazar los cultivos de coca en Colombia por lo que cuenta con el apoyo de la ONU.

^[13] Los seis principios que revela la REAS (Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria) para la economía solidaria son: equidad, trabajo, sostenibilidad ambiental, cooperación, ausencia de fines lucrativos y compromiso con el entorno.

^[14] Según el Visor del Asesinato de Firmantes de Acuerdos de Paz del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), 459 firmantes fueron asesinados en el país entre 2017 y 2025. https://indepaz.org.co/visor-de-asesinato-a-firmantes-del-acuerdo-de-paz-en-colombia/ (última actualización el 25 de mayo de 2025.)

^[15] La piscicultura que está financiado por el Fondo Europeo para la Paz, coordinado por CISP, que es una ONG italiana que hace 43 años está en Colombia.

^[16] Esta definición se la debo a Germán Paul Cáceres Castrillón, uno de mis estudiantes de doctorado en Estudios del Desarrollo en el Instituto Mora.