Factores políticos, populares y ético-políticos en la intervención social con sujetos colectivos[1]
Political determinants, popular and ethical-political of intervention with collective subjects
Agustín Ezequiel Zuccaro[2] y Eduardo Daniel López[3]
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-No hay restricciones adicionales 4.0 (CC BY-NC 4.0)
Resumen
El objetivo del trabajo es reconstruir una perspectiva que aborde la intervención social con sujetos colectivos. Para ello, utiliza como principal insumo la objetivación de la trayectoria laboral de los autores tanto en el ámbito académico como en el marco de la Subsecretaría de Economía Popular de la provincia de Buenos Aires. Se emplea también el análisis de la bibliografía especializada sobre el tema, una síntesis de trabajos finales de la materia Trabajo social y Sujetos Colectivos realizados por estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social y relecturas de hallazgos en diversos proyectos de investigación sobre producción de saberes y condicionantes políticos de la intervención. El resultado de todo lo mencionado, es la observación de tres dimensiones que conviven en todo proceso interventivo, aunque con diferentes grados de intensidad y presencia dependiendo el caso. En primer lugar, se hace referencia a las condiciones políticas, es decir, las pautas y reglas que lo configuran desde el poder político, ya sea como contexto o mandato institucional. Luego, se ubica al factor popular que refiere a la propia dinámica de los sujetos colectivos existentes que actúan e interactúan en los escenarios de los que son parte, que demandan a partir de determinados intereses y visiones de lo social; y, finalmente, la dimensión ético-política que sitúa a los posicionamientos del agente que interviene en lo social respecto a las dimensiones mencionadas y a los horizontes de expectativas que configuran su acción profesional.
Palabras claves: Sujetos colectivos, intervención social, política.
Abstract
The aim of this work is to reconstruct a perspective that addresses social intervention with collective subjects. To this end, it primarily uses the objectification of the authors' professional trajectories, both in academia and within the framework of the Undersecretariat of Popular Economy of the Province of Buenos Aires. It also incorporates an analysis of specialized literature on the subject, a synthesis of final projects from the course "Social Work and Collective Subjects" carried out by undergraduate social work students, and re-readings of findings from various research projects on knowledge production and the political constraints of intervention. The result of all of the above is the observation of three dimensions that coexist in every intervention process, although with varying degrees of intensity and presence depending on the case. First, reference is made to political conditions, that is, the guidelines and rules that shape it from the perspective of political power, whether as a context or institutional mandate. Next, the popular factor is located, which refers to the very dynamics of the existing collective subjects who act and interact in the scenarios of which they are a part, who demand from certain interests and visions of the social; and, finally, the ethical-political dimension that situates the positions of the agent who intervenes in the social with respect to the aforementioned dimensions and the horizons of expectations that configure his professional action.
Keywords: Collective subjects, social and political intervention.
Introducción[4]
El interés del artículo es poder reconstruir una perspectiva que aborde e interprete los procesos de intervención social con sujetos colectivos. Si bien es cierto que ello tiene una larga tradición en las ciencias sociales argentinas (Rinesi et al., 2008; Arias, 2004, Clemente, 2016; Merklen, 2005; Perelmiter, 2016; Clemente & Girolami, 2006; Schuster & Pereyra, 2001, entre otros), es posible considerar que resituar coordenadas teóricas-metodológicas para los profesionales -en especial del Trabajo Social- puede resultar de utilidad para fortalecer dichos procesos.
De acuerdo al objetivo planteado, el trabajo pretende articularse desde una mediación hermenéutica que busca interpretar, comprender y analizar nuestra experiencia en el ejercicio profesional, trabajos finales de estudiantes universitarios de la materia en que dictamos clases y los hallazgos de diversas investigaciones de la que fuimos parte[5] en relación a la bibliografía especializada sobre el tema.
En este sentido, el escrito se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, presentamos una fundamentación general de la perspectiva teórica-metodológica. Allí, damos las precisiones mínimas que trazan las coordenadas por las cuales se trabaja.
Luego, se profundiza en los condicionantes políticos de la intervención. En este apartado, nos centramos en analizar cómo la política institucionalizada configura estructuras de oportunidades tanto para los sujetos colectivos como para los procesos de intervención social.
En tercer término, trabajamos la idea del condicionante popular. Entendemos que la forma en que actúan e interactúan los sujetos colectivos en los territorios le habilita y obtura opciones a la intervención social.
En cuarto lugar, recuperamos la dimensión ético-política de la intervención, atendiendo a los posicionamientos y proyectos colectivos que atraviesan al Trabajo Social, en tanto ofrecen diversos horizontes posibles de acción.
Finalmente, en las conclusiones se reflexiona sobre lo que habilita e imposibilita la perspectiva detallada. Al fin y al cabo, la intención de los autores es poner a circular y debatir los postulados que aquí se presentan, problematizarlos y continuar en una discusión que reduzca sus puntos ciegos.
Fundamentación general de la perspectiva teórica metodológica
Para abordar e interpretar los procesos reales de intervención social con sujetos colectivos, es imprescindible situarlos dentro del proceso histórico del que son parte. Del mismo modo, diseñar una intervención social requiere reconocer el carácter procesual y multiactuado de los escenarios donde se manifiesta la cuestión social, comúnmente denominados en el ámbito profesional como “escenarios de intervención”.
Esto implica, por un lado, que la intervención social se articula ontológicamente con la atención de las manifestaciones de la cuestión social, y por el otro, que su institucionalización da lugar a un conjunto de agencias donde se inscriben saberes profesionales orientados al diseño y aplicación de diversas técnicas y dispositivos para su abordaje. Desde la perspectiva adoptada en este artículo, captar la naturaleza histórica de estos procesos supone reconocer la primacía de lo político en las transformaciones sociales (Argumedo, 1993; Carballeda, 2010).
Con este propósito, este trabajo propone una metodología que permita identificar intervenciones existentes y, al mismo tiempo, diseñar otras nuevas, inéditas y viables. Para ello, se toma como punto de partida la lógica historiográfica bidimensional que articula una perspectiva longitudinal con una transversal (Ansaldi, 1997). Este enfoque requiere distinguir una serie de precauciones y distinciones analíticas, ya que:
“Debe cuidarse la distinción entre el análisis lógico o teórico y el proceso de análisis histórico, entre los conceptos teórico-constructivos y los conceptos histórico-narrativos. Distinguirlos (...) significa considerar ambos análisis como dos procedimientos diferentes para investigar el mismo objeto, (los cuales se aplican) interconectados, recíprocamente e incluso fundidos en una misma operación” (Ansaldi, 1997, p. 9).
A raíz de esta lógica, planteamos reconstruir la secuencia de sucesos significativos mediante conceptos histórico-narrativos (análisis longitudinal) en combinación con un análisis transversal basado en conceptos teórico-constructivos. Los primeros refieren a conceptos surgidos en los procesos analíticos que demuestran y sintetizan los elementos observados; los segundos, son aquellos que sostienen y detienen las coordenadas que articulan la mirada. Dicho de otra manera, las categorías histórico-narrativas demuestran qué se observa y los teóricos-constructivos cómo mirar. Esta articulación es pertinente, como sostiene Ansaldi, porque permite “dotar de significado a lo ocurrido” (1997, p. 9). Aunque esta perspectiva hunde sus raíces en la tradición latinoamericana, se vincula también con las premisas fundacionales del interpretativismo como paradigma de investigación social. En efecto, ya en los albores del siglo XX, Weber sostenía que el interés de una sociología comprensiva debía ser “conocer el hecho histórico pleno de significación en su especificidad” (Weber, 1982, p. 67).
Con ello, se quiere argumentar que captar la significación social que articula y otorga estructura simbólica a los escenarios de intervención es un requerimiento estratégico. Por un lado, porque el lenguaje se inscribe en las demandas del conflicto social (Tarrow, 2013) que inauguran la intervención; por el otro, porque el discurso unifica la acción política (Koselleck, 1993) que, tanto desde lo popular como desde lo institucional, atraviesa los procesos interventivos.
Atendiendo a este imperativo teórico que ha atravesado el desarrollo de la teoría social y que sigue vigente en las corrientes contemporáneas (Benzecry, Reed & Krause, 2021), el análisis transversal se centra en el abordaje de acontecimientos significativos de la intervención a través de conceptos analíticos-explicativos. Estos acontecimientos son seleccionados por su frecuencia, densidad y concurrencia, en tanto condensan una serie de sucesos. Se trata de reconstruir el evento histórico en su propia secuencia (Girola, 2011), lo cual permite agrupar voces, acciones, confrontaciones y objetivos en relación con los escenarios que los enmarcaron. Los acontecimientos, en este sentido, organizan las experiencias y expectativas de los actores dentro de la dinámica social a la que pertenecen (Koselleck, 2001).
En su lugar, el abordaje de la dimensión longitudinal requiere describir la secuencia de hechos significativos que explican el contexto histórico en el que nos situamos, los actores involucrados, sus principales fuerzas, tendencias y puntos de inflexión.
Por otra parte, la materia de la que somos parte, atiende que diferentes perspectivas teóricas y tradiciones intelectuales entienden que las intervenciones con sujetos colectivos se configuran como el resultado de, al menos, tres factores fundamentales que operan simultáneamente: el político, el popular y el ético-político (Mallardi, 2014; Zuccaro, 2024; López, 2005; Falla Ramírez, 2017).
El análisis del factor político se realiza a partir de la lógica longitudinal y permite reconstruir los procesos históricos de conformación de las sucesivas estructuras de oportunidades políticas, percibidas por los sujetos colectivos y el trabajador social como “lo que está en juego” en cada momento. En cambio, el factor popular y el ético-político necesitan de un análisis transversal en un momento determinado, proporcionando las bases para la toma de decisión interventiva.
El aporte central que se propone en este artículo es brindar una perspectiva de intervención que logre articular estas tres dimensiones desde una mirada que unifica lo longitudinal y lo transversal. Ponderar lo político como elemento longitudinal que identifica las oportunidades políticas de los contextos socio-históricos, así como lo transversal que toma lo ético-político en tanto horizonte de expectativas y el factor popular que reconstruye los posicionamientos de los sujetos colectivos en los territorios donde actúan e interactúan. Esta articulación permitiría reducir al mínimo los puntos de fuga y bifurcaciones que tendría la observación de estos elementos por separado.
Para desarrollar este enfoque de análisis, se recurre a fuentes secundarias: trabajos finales de estudiantes de la materia que dictamos, artículos periodísticos y bibliografía especializada. Aunque contamos con un registro sistemático desde 2019, para este artículo utilizamos cuarenta trabajos finales realizados a partir de 2023 que fueron analizados en el marco de una investigación sobre la producción de saberes. Respecto a lo segundo, fueron parte de los materiales estudiados a partir de 2022 para una tesis doctoral y constan de un total de doscientas noventa y dos fuentes de medios de comunicación. Y, la bibliografía especializada, se trabaja desde el año 2023 y continua en la actualidad en el marco de una investigación sobre los condicionantes políticos de la intervención. Consideramos que estas fuentes, siguiendo los planteos de Scribano y De Sena (2009), pueden ser abordadas con un propósito diferente al originalmente propuesto por sus autores, ofreciendo una interpretación adicional (Sierra Bravo, 2001). Además, como complemento, buscamos objetivar nuestra experiencia en el ejercicio profesional con sujetos colectivos, atendiendo a aquellos elementos que fuimos observando que se articulan de forma recurrente en la intervención social.
El procesamiento de los datos varía según las fuentes. Los trabajos finales se registran mediante cuadros y se agrupan por dimensiones como la identidad, el campo donde se inscribe y el horizonte emancipatorio que persigue. Las notas periodísticas se analizan mediante categorías recurrentes agrupadas bajo “conceptos” que permiten captar su regularidad. Finalmente, el análisis bibliográfico se realiza mediante grupos de discusión dentro del equipo de investigación, reconstruyendo las debilidades, fortalezas, áreas de vacancia, etc., en función de los objetivos del estudio.
Antes de avanzar, conviene hacer una última consideración. Se optó por una articulación “teórica elástica” de perspectivas y autores. Tal enfoque, no desconoce las referencias y las tradiciones intelectuales; las reconoce y las valora. Sin embargo, entiende que toda propuesta tiene “puntos ciegos” y, por lo tanto, habilitan a observar y tener presentes algunas dimensiones, mientras invisibilizan otras. Por ello, sostenemos esta articulación elástica de conceptos en el marco de la construcción de una “caja de herramientas” que se articula respecto a ejes de reflexión y pueden contribuir a abordar la intervención social con sujetos colectivos.
En este marco general, es que a continuación abordamos y desagregamos los tres factores fundamentales que inciden en los escenarios de intervención con los sujetos colectivos. Se abordan de forma teórica y se los sostiene con ejemplos surgidos de las fuentes que nutren el desarrollo del trabajo.
El factor de los condicionantes políticos
El factor de los mandatos o lineamientos políticos en la intervención sostiene que, dentro de un período gubernamental determinado, existen un conjunto de pautas, normas e ideas que se materializan en instituciones y agencias estatales que operan como mediaciones entre el Estado y la sociedad civil. Esto implica que los lineamientos políticos se cristalizan en las instituciones en tanto habilitan la realización práctica, material y simbólica de los horizontes y objetivos de intervención, de acuerdo con las características e intereses que persiguen las agrupaciones políticas —ya sea en formato de partidos o alianzas electorales— que conducen el Estado y sus organismos.
El factor de los condicionantes políticos se articula con la dimensión ético-política en tanto pueden habilitar (o no) la concreción del horizonte de expectativa de la intervención. Mientras que, se relaciona con el factor popular, porque traza las limitaciones y posibilidades para lograr la institucionalización y/o concreción de las demandas de los sujetos colectivos.
En este marco, el condicionante político de la intervención social puede expresarse con mayor o menor grado de visibilidad. Se vuelve más evidente cuando las “caras oficiales del Estado” (Bourdieu, 2014; O'Donnell, 2008; Bohoslavsky y Soprano, 2010) emiten mensajes públicos. Los funcionarios que dirigen instituciones —tanto desde la cúpula como desde sus secretarías, direcciones o áreas— se presentan como la encarnación del proyecto político y su discurso actúa como una formalización del posicionamiento frente a determinados hechos, problemas o situaciones sociales. En un contexto cada vez más conectado, virtualizado y mediatizado, la imagen pública se ha convertido en uno de los principales capitales de estos actores. Su decir adquiere una relevancia social que atraviesa la forma en que se procesa el conflicto en el marco de la estatización de las manifestaciones de la cuestión social. Estatización, que define las coordenadas del juego anidado de la inclusión y omisión de la atención de las demandas ciudadanas.
En otros casos, este factor aparece con mayor opacidad. Se manifiesta en las ideas inscritas en tradiciones de los pensamientos políticos que sostienen políticas públicas e instituciones (Garcé, 2023). Más allá de conservar márgenes de “autonomía relativa” (Iamamoto, 2003), capacidad de ejercer “resistencia profesional” (Muñoz, 2020) e incluso de desobedecer (Martínez-Herrero et al., 2014), la intervención social debe dialogar con el ciclo político en que se desenvuelve.
Uno de los ejemplos más claros se observa en los requerimientos y criterios de elegibilidad de la política pública que se traduce en formas institucionales de fijar pautas de merecimiento de la asistencia social y la definición de la relación sujeto-necesidad. En estos términos, el pasaje de lo productivo a lo educativo en el ciclo político 2015-2019 respondía a un enfoque centrado en las capacidades de los sujetos excluidos del mercado laboral. Las capacitaciones exigidas por las instituciones asistenciales buscaban promover el desarrollo humano (Stanley, 2014) como mecanismo para crear una competencia equitativa para el ingreso al sistema formal de empleo, bajo la propuesta de la individuación de la trayectoria laboral.
Este factor también se expresa en la creación, reducción presupuestaria o eliminación de instituciones específicas para atender problemas sociales. Por ejemplo, el gobierno actual eliminó diversas agencias estatales vinculadas al acceso de derechos, lo que dejó a numerosos profesionales -entre otros trabajadores estatales- sin empleo.
De este modo, ya sea de forma explícita o implícita, el mandato político constituye un elemento omnipresente que condiciona toda intervención social (Rubinstein, 1988; Carballeda, 2010). Se trata de una omnipresencia tanto simbólica -en cuanto orienta ideacional y discursivamente el proyecto societal desde el campo político- como material -al expresarse en los recursos financieros, humanos y organizativos asignados mediante decisiones políticas-. Dicho de otro modo, las decisiones políticas de las autoridades públicas condicionan el accionar de los trabajadores involucrados en su implementación (Olejarczyk y Demoy, 2017; Zamanillo Peral y Estalayo, 2011).
En este sentido, si se analizan los mandatos políticos e institucionales del gobierno de la alianza Cambiemos, puede observarse que uno de los objetivos centrales respecto de las intervenciones sociales del Estado fue asegurar la gobernabilidad. Este objetivo se expresó tanto en posiciones pragmáticas de negociación con actores sociales clave como en formulaciones normativas sobre las condiciones de dicha articulación (Zuccaro, 2024). Un ejemplo claro de esto fue el proceso de instrumentalización del Salario Social Complementario, en el marco de la Ley de Emergencia Social sancionada en 2016, orientada al abordaje de la economía social, popular y solidaria.
En términos oficiales, la ley emitía un mensaje de estabilidad y capacidad política hacia los mercados, con el fin de generar confianza y atraer inversiones, uno de los objetivos declarados del gobierno (Macri, 2021). Tras su sanción, los funcionarios la presentaron públicamente como el resultado del diálogo con los dirigentes de los movimientos sociales (Infobae, 18 de noviembre de 2016). Es decir, buscaba enviar una señal de garantía institucional y política a los empresarios, asegurando que el país no atravesaría un estallido social similar al de 2001, cuyo recuerdo funcionaba como elemento disciplinador de la política social.
Al mismo tiempo, la sanción de la Ley evidenció la capacidad de los movimientos sociales para institucionalizar una demanda en un “campo de protesta” regresivo. Fue la primera Ley orientada al “trabajador inempleable” que surgió de la acción colectiva y de la creciente institucionalización de la economía social, popular y solidaria (Natalucci y Mate, 2020).
Este proceso de institucionalización avanzó con la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, encargado de establecer el complemento salarial para trabajadores de la economía popular hasta alcanzar el salario mínimo, lo que entonces implicaba cubrir casi el 50%. Asimismo, se creó el Registro Nacional de la Economía Popular (Renatep) para inscribir formalmente a estos trabajadores y, en 2018, se lanzó el Programa Hacemos Futuro, cuyo eje fue la capacitación. Particularmente, la ley generó diversos mecanismos y dispositivos estatales que activó prácticas específicas en los sujetos colectivos y en los trabajadores encargados en el proceso de implementación.
El factor popular
Seguimos a Mallardi (2014) en la identificación de la dimensión popular como subdeterminante de la intervención y en la identificación de la centralidad del posicionamiento de la población frente a la política social e institucional en general, y frente a la intervención profesional en particular. Este enfoque hace hincapié en un análisis situacional que permita reconocer las determinaciones profundas de la problemática, superando sus manifestaciones superficiales y avanzando hacia un conocimiento concreto de la población usuaria. Si bien su propuesta propone “considerar las fuerzas objetivas que dicha población tenga (…) {e} incluir las visiones que los distintos actores poseen” (Mallardi, 2014, p. 12), no termina de enfatizar a la población como parte protagonista del proceso emancipatorio y de transformación social que supone la intervención. Por el contrario, nuestra propuesta busca identificar las fuerzas sociales objetivas que puedan articularse con la intervención y que explican la calidad subdeterminante del sector popular.
El espacio de intervención es un espacio habitado que lo condiciona socialmente. Esto significa que el “otro” es condición, en tanto que la intervención siempre se encuentra construida o dirigida hacía una otredad que la constituye de forma genética. En términos ontológicos, en todo proceso interventivo existe un “otro” que se manifiesta como factor de encuentro y relación social. Sin embargo, este condicionamiento solo se transforma en “popular” cuando los sujetos individuales se integran en sujetos colectivos, dado que la historia, en tanto política concentrada, no la hacen los individuos aislados y atomizados; más bien, la hacen los sujetos colectivos organizados (Tilly, 1995; Retamozo, 2009; Tarrow, 2018).
Trabajamos, entonces, con la noción de que los sujetos colectivos son agrupamientos humanos que se conforman a partir de compartir procesos de acción colectiva y una experiencia común en campos o territorios de conflicto o plexos estructurales (Retamozo, 2009). La articulación de diversos grupos puede dar lugar al surgimiento de movimientos sociales que nacen cuando un conjunto de situaciones afecta de manera similar sobre el plano material, emocional e identitario a los miembros de los diversos grupos. Ello abre una oportunidad política de concretar un destino compartido en tanto apertura de un horizonte de transformación de las condiciones de vida, las relaciones sociales o las coacciones materiales contra las cuales estos grupos “se levantan” (Tarrow, 2018).
En los trabajos finales de la materia donde ejercemos nuestra práctica docente, una de las dimensiones a observar es la construcción de la identidad colectiva en clave histórica. Allí, un elemento recurrente que suele aparecer en los relatos de los entrevistados es la presentación de “hitos” originarios en la conformación del sujeto colectivo. Estos acontecimientos refieren a situaciones contextuales de las coyunturas políticas que dan espacio para dar el “salto” de lo individual a lo colectivo, de la experiencia del activismo singular a formas más orgánicas de agrupamiento.
Un ejemplo ilustrativo es el caso de los trabajadores de la economía popular, social y solidaria cuando recorren alternativas de comercialización en conjunto con instituciones públicas y/o agentes encargados de intervención. En los relatos encontrados por los estudiantes, se destaca que la construcción de “mercados populares” les permite ampliar, las capacidades para la reproducción de sus condiciones materiales de existencia[6]. A su vez, en contextos regresivos, estos trabajadores se replantean las formas de vender sus productos y resaltan la importancia de pertenecer a una comunidad que los aloje, integre y contenga.
Otro ejemplo relevante proviene de organizaciones vinculadas a los derechos humanos. En distintos trabajos finales, los estudiantes recogen testimonios que muestran que la organización en este campo no es solo un acto reivindicativo, sino también una práctica de resignificación de la historia y del vínculo con sus familiares, muchos de ellos desaparecidos, asesinados o torturados durante la última dictadura militar.
En el mismo sentido, el desarrollo de las políticas neoliberales ha llevado a que, en las últimas décadas, la exclusión del empleo derive en exclusión social y urbana. La estructuración de un campo de protesta contra el neoliberalismo (Ramírez y Viguera, 2004) dio lugar a múltiples escenarios multiactuados que emergen de procesos vinculados a la territorialización, la autogestión y la institucionalización (Natalucci, 2011; López, 2018). En estos espacios, las luchas en torno a la reconfiguración del espacio y su apropiación en términos de significados y de poder tienen sus expresiones más visibles en los movimientos de producción social de hábitat y de economía popular. Paralelamente, la emergencia y consolidación del paradigma de derechos promovió múltiples acciones de institucionalización de demandas sociales, como lo demuestra el movimiento de derechos humanos, frecuentemente seleccionados por los estudiantes para sus trabajos finales.
La elección de los sujetos colectivos, si bien pueden responder a intereses singulares y trayectorias de los integrantes de los grupos, es posible notar que suelen definirse por las tendencias de los contextos históricos. En general, la elección de los sujetos colectivos tiene que ver con su visibilidad pública y mediática, por la capacidad de institucionalizar demandas en la esfera gubernamental y por su presencia territorial.
En los materiales analizados, identificamos tres territorios de conflicto que se destacan por su densidad y persistencia en los últimos años. De acuerdo a las demandas reconstruidas, los escenarios más habitados por la intervención social son aquellos donde se disputan los bienes comunes o bienes vitales como la alimentación, el agua, la tierra, el techo y el trabajo.
La capacidad condicionante de la acción colectiva es producto directo de la estructura de oportunidades políticas que se le presenta al sujeto colectivo en cada coyuntura (Ramírez y Viguera, 2004; Tarrow, 2018). La incidencia varía conforme a la apertura o cierre de los horizontes de transformación (Ramírez y Viguera, 2004). En los períodos de avance, los sujetos colectivos pueden llevar a condicionar performativamente el escenario definiendo las modalidades en que se formula el discurso político (Natalucci, 2011). En los momentos de repliegue, la acción colectiva se caracteriza por una “pragmática vitalista”, centrada en una búsqueda heterodoxa de la reproducción ampliada de la vida (Gago, 2014). Tal como se analizó previamente, durante el ciclo político 2015-2019 los trabajadores de la economía popular, social y solidaria ampliaron sus derechos con la sanción del Salario Social Complementario; sin embargo, este instrumento buscó principalmente asegurar las condiciones materiales mínimas de existencia para que los sujetos puedan satisfacer sus necesidades básicas en un contexto de ajuste y pauperización de la vida (Grabois y Pérsico, 2015).
Según Mazzeo, la historia de lucha popular ha llevado a los sujetos colectivos a elaborar una caja de herramientas que le permite enfrentar desafíos por venir y adaptarse a la alternancia de los períodos de avances y retrocesos (citado en García, 2020). Así, los sujetos colectivos populares se encuentran dotados de la capacidad de permutar entre modalidades de avance y modalidades de resistencia. El espectro posible habilita toda una gama de opciones que se desarrollan entre dos extremos. Por el lado del avance llega a la capacidad de performatividad política concretando situaciones de institucionalización de políticas públicas. Por el contrario, en la modalidad de resistencia, el sujeto colectivo puede llegar a retrotraerse transformando territorios y otros bienes apropiados en trincheras de resistencia llegando solo a esgrimir reducidos poderes de veto (Mazzeo citado en García, 2020).
En resumidas palabras, la capacidad condicionante de los sujetos colectivos consiste en su poder para incidir en el ciclo de producción de política pública. La variabilidad de esta capacidad abre diferentes posibilidades que pueden facilitar, protagonizar u obturar opciones políticas en los escenarios de intervención. Y aquí, se comienza a visualizar el tercer facto que articula de forma omnipresente a la intervención: lo ético-político.
El factor ético-político
Además del factor popular, el análisis transversal incluye al factor ético-político, entendido como conjunto de concepciones y valores internalizados y portados por el trabajo social que orientan su accionar consciente hacia los sujetos colectivos. El nivel de incidencia de este factor está en relación directa con la amplitud del espacio profesional y la autonomía relativa del mismo (Aquín, 2005).
La política social sostiene los espacios profesionales con el objetivo de asegurar la adecuación de la misma a las cambiantes condiciones particulares de la realidad, y la presencia del profesional le brinda una cara humana a la política pública, contribuyendo a su legitimación (Lipsky, 1969). En este marco, el profesional se mueve en un espacio de autonomía relativa y discrecionalidad que habilita la definición de rasgos singulares en su implementación, proceso que está atravesado por los marcos ético-políticos instituidos e internalizados. Es, dicho de otra manera, una suerte de “dominio invisible” dado por el saber experto que tiene el agente que interviene para performar las condiciones políticas y populares que hacen a su intervención en los espacios microsociales.
Dentro de la bibliografía disciplinar del Trabajo Social, lo ético-político suele mencionarse como dimensión singular presente en toda intervención (Aquin, 2006; Karsz, 2023) y como proyecto colectivo de las grupalidades existentes en el campo profesional (Alayón, 2014; Netto, 2003). Su acepción singular refiere a los posicionamientos, intereses, intencionalidades y compromisos ideológicos que hacen a la intervención profesional en los espacios socio-ocupacionales. En su acepción colectiva, remite a los grupos profesionales en su dimensión general en términos de los proyectos que tienen y dan lugar a los espacios gremiales, los sectoriales y los corporativos. Así, se suele destacar que es un elemento de la identidad profesional (Krmpotic y Ponce de León, 2017; Behring, 2021).
Siguiendo a Carballeda (2010), para quien la teoría social y la concepción de sujeto definen en gran medida la modalidad de intervención, el factor ético-político deriva en principalmente de la perspectiva ideológica que se tenga de los condicionantes políticos y del grado de adhesión respecto a ellos. Por ejemplo, esta cuestión se suele manifestar en el análisis de la “estructura de oportunidades políticas”[7] en la que se encuentra el trabajador social para realizar el horizonte de expectativa que le da unidad de concepción a la práctica profesional.
Los trabajos finales de los estudiantes muestran, en este sentido, la operación de identificar instituciones, programas y políticas sociales en distintos niveles de gestión pública que les permitan concretar su intervención, articulando esta lectura con los factores populares referidos a las identidades de los sujetos colectivos para reconocer articulaciones posibles.
En la intervención con los sujetos colectivos vinculados al hábitat y la economía popular, los describen trayectorias organizativas caracterizadas por su inscripción a movimientos o redes de distinto tipo que, al tiempo logran mitigar alguna manifestación grave de la cuestión social en relación a su lugar en la economía o en la ciudad, también construyen sociedad. El pasaje de las formas organizativas territorial-comunitarias a las formas sociopolíticas de los “movimientos” implicó un cambio en el rol de los sujetos colectivos en la gestión de la política social. Estas trayectorias suelen ser híbridas: combinan prácticas emancipatorias – como la apropiación y recuperaciones de bienes comunes, la autogestión productiva y constructiva y los procesos de recuperación o construcción de nuevos derechos- entremezcladas con prácticas de apropiación corporativa de los espacios públicos, conducción heterónoma de los grupos, clientelismo y discrecionalidad. Posicionarse frente a la escena que describen resulta imposible sin apelar a una visión de la sociedad y a los valores que nos orientan y que nos permitan imaginar el sentido que adquieren estos sujetos en el proceso más amplio de la emancipación humana.
Siguiendo con esta perspectiva, podríamos llamar a la “estructura de oportunidades políticas de la intervención profesional” a la dinámica que tiene como resultado las capacidades e imposibilidades del Trabajo Social para llevar adelante la realización práctica, material y simbólica de sus horizontes y/u objetivos de intervención de acuerdo a las características que imbrican en el marco de las normativas, pautas, ideas y, especialmente, intereses que persiguen las agrupaciones políticas -en formato de partidos políticos o alianzas electorales- que conducen al Estado y sus instituciones.
La perspectiva presente en los trabajos y las experiencias citadas nos va indicando la creciente emergencia de campos de intervención inscriptos en una multiplicidad de nuevas manifestaciones de la cuestión social propia de la exclusión simultánea de la sociedad, de la economía y de la ciudad. En este nivel “macrosocial” emergen inesperados sujetos colectivos que conjuran a la exclusión desde una lógica más centrada en la contradicción capital-vida que en la lógica capital-trabajo. En términos de Rauber,
“en un momento histórico en que la crisis de la civilización occidental tensiona la explotación humana hasta el límite vida-muerte y hace de ésta la contradicción principal, la lucha por la sobrevivencia articula y da coherencia al conjunto de luchas sociales” (2003, p.15)
Ante la emergencia de esta realidad límite, que muchas veces no es visible para las instituciones tradicionales de protección social, se construye una perspectiva sociocéntrica que desplaza gradualmente al tradicional estadocentrismo característico de los principales momentos de estructuración de la disciplina del Trabajo Social. Al mismo tiempo, la novedad y complejidad de los campos emergentes reclaman miradas transdisciplinarias que tensionan tanto la identidad profesional como sus formas corporativas. En algunos servicios, la presencia simultánea de sujetos colectivos demandantes y de mandatos institucionales-políticos lleva al profesional a ocupar un lugar marginal, restringiendo su intervención a los casos individuales y configurando una nueva realidad laboral.
En este marco, la lectura del condicionante popular se articula con la dimensión ético-política de la intervención, a partir de la observación que los agentes intervinientes realizan de los actores presentes en los territorios. Ello, en ocasiones, determina las articulaciones institucionales y organizacionales. Si los sujetos colectivos emergentes son interpretados como portadores de intereses ajenos a lo social, o como actores que instrumentalizan la política social para construir un poder ilegítimo, se va a tender conceptualizarlos bajo las ideas de “politización indebida de lo social” y de “intermediación de la política social”. En este sentido, el posicionamiento ético-político va a buscar desplazarlos o neutralizar sus capacidades, aun cuando ello no excluya la cooptación de sus integrantes (Svampa, 2010). Por el contrario, una mirada histórica permite comprender que, en gran medida, los sujetos colectivos emergentes ocupan lugares abandonados por el Estado neoliberal constituyendo mediaciones necesarias para la realización de los derechos vulnerados en su camino de emancipación. Con frecuencia, las organizaciones suelen ocupar un espacio fundamental para favorecer la accesibilidad a la política social por parte de las poblaciones destinatarias (Zuccaro y Laya, 2022).
Asumiendo una mirada basada en la capacidad de conocerse y de transformarse a sí mismos de los sujetos colectivos (Poggiese, 2000), proponemos un posicionamiento ético-político basado en la capacidad y conveniencia de su participación en el ciclo de la política pública asociados de distintas formas con el Estado. Desde este lugar, el posicionamiento ético-político se orientará a la sinergia emancipatoria, conceptualizada como el acompañamiento a los sujetos fortaleciendo en las acciones colectivas y estrategias orientadas con sentido emancipatorio de construcción-restitución de derechos vulnerados (López, 2023).
Con esta perspectiva, se entiende que la sinergia emancipatoria como horizonte de intervención con los sujetos colectivos se constituye como un win-win: los sujetos colectivos logran acercarse un poco más a sus horizontes de transformación social, mientras que los trabajadores sociales lograrían apuntalar sus objetivos de intervención en el marco de la atención de los derechos sociales.
Los trabajos finales de los estudiantes muestran que la articulación entre los sujetos colectivos y ciclos políticos llevan a elaborar estrategias de intervención específicas que priorizan algunos niveles estatales o políticas públicas que pueden viabilizar su horizonte ético-político y, también, cuestiones que tienden a elaborar dispositivos respectivos a la institucionalización de demandas, la autogestión de los procesos o la territorialización. Así, la dimensión ética política condiciona los procesos de intervención social, tanto en la elección de estrategias e instrumentos que la componen, como en la observación de los dilemas y problemáticas que atraviesan estos sujetos.
En este sentido, la dimensión ético-política marca un horizonte de acción, un camino por el cual andar y desandar; también, opera como una estructura de expectativas que lleva a dialogar con los condicionantes populares y políticos de la intervención de lo social, optando y privilegiando algunos elementos en detrimento de otros. En tanto horizonte de acción y estructura de expectativas, la dimensión ético-política lleva a tomar decisiones que marcan los ritmos, las estrategias e instrumentos que constituyen la intervención con sujetos colectivos.
Conclusiones
El trabajo tuvo como objetivo presentar una perspectiva que aborde los diferentes factores que atraviesan los procesos de intervención con sujetos colectivos. Ello cobra relevancia en un contexto de persecución política y estigmatización pública hacía los movimientos sociales que se da en el marco de un giro punitivo y represivo de la política social a nivel nacional que restringe el ejercicio de la ciudadanía (Zuccaro, 2025). Elementos que se inscriben en un escenario de avance de las derechas a escala global, las cuales muestran una fuerte raigambre autoritaria y conservadora.
Se entiende que, pensar y reflexionar sobre los elementos teóricos y metodológicos que aparecen en los procesos de intervención con sujetos colectivos puede fortalecer los procesos de resistencia social, así como generar alternativas inéditas y viables que nazcan desde lo popular.
La mirada sobre lo político, lo popular y lo ético-político, tres factores que existen en la intervención, puede colaborar a pensar estrategias e instrumentos que tengan como horizonte la sinergia emancipatoria, el cual contribuye a la realización práctica de las expectativas que compactan las pautas y normativas de la acción.
Finalmente, se sostiene que lo trabajado no pretende mostrarse como una perspectiva teórica y metodológica cerrada. Si no que, por el contrario, se la piensa inscripta en un juego abierto de discusión y como puntapié para continuar reflexionando y atendiendo sus puntos ciegos.
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[1] Fecha de recepción: 19/06/2025. Fecha de aceptación: 19/11/2025
Identificador persistente ARK: https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25250841/446rm67ml
[2]Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Instituto de Estudios en Trabajo Social y Sociedad, Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata
aguszuccaro@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-2919-6305
[3] Instituto de Estudios en Trabajo Social y Sociedad, Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de La Plata
La Plata,
Argentina
elopez@trabajosocial.unlp.edu.ar
https://orcid.org/0009-0009-3996-4644
[4] El artículo forma parte del proyecto de investigación “Condicionantes políticos de la intervención social. Posibilidades y límites de la intervención del trabajo social en el período 2016-2024 en Argentina” financiado por la Universidad Nacional de La Plata y ejecutado por el Instituto de Estudios en Trabajo Social y Sociedad.
[5] Más allá de los recorridos particulares de cada uno de los autores de este artículo, se decidió hablar en plural para favorecer y facilitar la lectura.
[6] Se parafrasean elementos analizados en sus trabajos para mantener el debido anonimato de los estudiantes y de los integrantes de sujetos colectivos que entrevistaron.
[7] El concepto de “estructura de oportunidades políticas” fue encontrado en Tarrow (2018) para analizar los factores externos que conforman a los movimientos sociales en el marco de los cambios de autoridades políticas y/o gubernamentales que pueden incentivar la acción colectiva y permitir conseguir respuestas a sus demandas.