En clave conectada: conflictividad socioambiental y rearticulación hegemónica del agronegocio en Córdoba (Argentina)[1]
In a connected key: socio-environmental conflict and the hegemonic
Nicolás Forlani[2]
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-No hay restricciones adicionales 4.0 (CC BY-NC 4.0)
Resumen
El presente artículo centra su interés en la dinámica sociopolítica asociada a las diputas por el territorio experimentadas en la provincia de Córdoba (Argentina) en el siglo XXI. Más específicamente procuramos analizar la constitución del agronegocio como discurso hegemónico, su contestación a partir de la movilización socioambiental, y la capacidad de rearticulación de la lógica agrícola en cuestión a partir de las “buenas prácticas agrícolas”. El enfoque teórico-metodológico que guía la investigación, articula el pensamiento posfundacional (Ernesto Laclau y Chantal Mouffe; Jean. J. Rancière) y la sociología de los problemas públicos (Daniel Cefaï y Luc Boltanski), sobre la base de un estudio de caso colectivo, que nos permite comprender una conflictividad socioambiental que expone modos antagónicos de uso y apropiación de los territorios. En estas disputas, los actores intervinientes desarrollan diversas estrategias discursivas para legitimar sus posiciones, constituyendo el sentido de lo ambiental una dimensión fundamental. En clave histórica, conectada y relacional proponemos tres niveles de análisis: 1) La conformación del agronegocio como fundamento ordenador del territorio; b) La constitución de lo ambiental como problema público inherente a los impactos del modelo agrícola moderno c) La ambientalización del agronegocio a partir del discurso de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).
Palabras clave: conflictividad socioambiental; agronegocio; discurso; hegemonía; Córdoba
Abstract:
This article focuses on the sociopolitical dynamics associated with territorial disputes experienced in the province of Córdoba (Argentina) in the 21st century. More specifically, we seek to analyze the constitution of agribusiness as a hegemonic discourse, its response through socio-environmental mobilization, and the capacity for re-articulation of the agricultural logic in question based on "good agricultural practices." The theoretical and methodological approach that guides the research articulates post-foundational thought (Ernesto Laclau and Chantal Mouffe; Jean J. Rancière) and the sociology of public problems (Daniel Cefaï and Luc Boltanski), based on a collective case study. This allows us to understand a socio-environmental conflict that exposes antagonistic modes of use and appropriation of territories. In these disputes, the intervening actors develop diverse discursive strategies to legitimize their positions, with the meaning of the environment constituting a key dimension. From a historical, connected, and relational perspective, we propose three levels of analysis: 1) The formation of agribusiness as the organizing foundation of the territory; b) The constitution of the environment as a public problem inherent to the impacts of the modern agricultural model; c) The environmentalization of agribusiness based on the discourse of Good Agricultural Practices (GAP).
Keywords: socio-environmental conflict; agribusiness; discourse; hegemony; Córdoba
Introducción
Desde el pensamiento posfundacional es posible advertir la naturaleza intrínseca del conflicto con relación a toda formación social (Marchart, 2009). Es que, habida cuenta de que toda configuración social es significativa (Mouffe, 1993) entonces, los distintos actores sociales pugnarán por fijar un sentido común ordenador de las relaciones y las jerarquías sociales así como de los modos de producción y distribución de los bienes y servicios generados por una sociedad en un espacio-tiempo determinado.
A partir de esta perspectiva ontológica podemos comprender la conflictividad socioambiental como focos de disputa de carácter político que expresan tensiones en torno a los modos de apropiación, producción, distribución y gestión de los recursos naturales en cada comunidad o región. Se trata, al decir de Merlinsky (2015), de disputas que ponen en cuestión las relaciones de poder que facilitan el acceso a los recursos, que implican la toma de decisiones sobre su utilización por parte de algunos actores y la exclusión de su disponibilidad para otros. En línea, la economía ecológica concibe tales conflictos como “ecológicos distributivos” toda vez que el creciente metabolismo social registrado en las últimas décadas a nivel global, concentra los beneficios de la naturaleza y reparte de manera desigual sus costos (Martínez Alier, 2008). [3] En América Latina, las lógicas extractivas son uno de los dispositivos a partir de los cuales cobra materialidad esta apropiación desigual de la naturaleza (Composto y Navarro 2012; Svampa, 2013).
Ahora bien, los posibles impactos ambientales negativos de tales lógicas productivas modernas no son igualmente sopesados por los diferentes actores sociales. En distintos ámbitos sociales es posible identificar individuos y grupos sociales que expresan posiciones disímiles y contrapuestas en la materia. Desde la ecología política tal multiplicidad de posiciones se comprende constatando los diversos lenguajes de valoración del ambiente que han construido los distintos actores sociales, entre otras el ambiente como: recurso económico, bien común, fuente de espiritualidad (Martínez Alier, 2008). Incluso, al interior de aquellas posiciones que expresan preocupaciones por los daños ambientales, diversas son las visiones respecto de las posibles soluciones. En términos de Acselard (2010) frente a los discursos ambientales centrados en la conservación (conservacionismo) o en la modernización ecológica (adopción de tecnologías para mitigar impactos ambientales de las lógicas productivas), se contrapone “un ecologismo combativo” que denuncia la imbricación entre las desigualdades ambientales y sociales reivindicando la defensa del ambiente como cuestión pertinente a la “cultura de los derechos”.
Conforme a la constitución de este ecologismo combativo y atendiendo a la imposibilidad de las lógicas extractivas de prescindir de anclajes en los territorios para asegurar su reproducción, es que se comprende la multiplicación creciente de conflictos socioambientales registrada en Latinoamérica en el siglo XXI (Delgado Ramos, 2013). Específicamente en Argentina, al calor de la expansión de las modernas lógicas productivas y de la constitución de actores preocupados-movilizados por sus impactos ambientales, nuevos problemas sociales irrumpen en los debates públicos y demandan respuestas de las autoridades estatales. Se trata, al decir de Gutiérrez (2023), de la expansión de un ambientalismo social cuyo parteaguas lo constituye la movilización popular en Esquel en reacción a la megaminería (año 2003); seguida por Gualeguaychú con las protestas por las plantas de celulosa sobre el río Uruguay[4]; y, particularmente asociado a la acción colectiva contestataria frente al agronegocio, las denuncias por las fumigaciones con agroquímicos en barrio Ituzaingó (ciudad de Córdoba capital) que toman alcance público/judicial en el 2012.
Interesa recuperar esta última experiencia en tanto guarda conexión intrínseca con una multiplicidad de conflictos socioambientales que vienen produciendo tensiones respecto de la lógica agrícola mayormente extendida en Argentina, esto es el agronegocio. Esta lógica productiva, al decir de Gras y Hernández (2013), se caracteriza por cinco elementos fundamentales: la transectorialidad; la priorización de las necesidades del consumidor global respecto del local; la generalización, ampliación e intensificación del papel del capital en los procesos productivos agrarios; la estandarización de las tecnologías utilizadas; y el acaparamiento de tierras para la producción en gran escala. El agronegocio se ha expandido en Argentina prácticamente en una temporalidad similar a la de sus países impulsores (Basualdo et al., 2013) y, particularmente, ha sido Córdoba una provincia paradigmática en lo que refiere a la adopción masiva del paquete tecnológico del agronegocio: semillas transgénicas, el uso de un herbicida total como el glifosato, las nuevas sembradoras y cosechadoras permitieron, además, simplificar las labores y reducir inicialmente los costos de producción. Cabe destacar que el proceso de agriculturización experimentado en la provincia se ha producido a expensas de otros modos de uso del suelo, entre ellos el destinado al bosque nativo (Salizzi, 2020).
Empero, la expansión del agronegocio en esta provincia no ha estado exenta, según adelantamos con la experiencia de Ituzaingó, de cuestionamientos a sus contenidos. Más aun, distintas investigaciones (Berger y Carrizo, 2019; Fitz Herbert, 2019; Forlani, 2021) registran una multiplicidad de acciones colectivas contestatarias acontecidas en una pluralidad de localidades de la provincia de Córdoba en el transcurso del siglo XXI que, en conjunto, reflejan un campo experiencial común de significación crítica sobre el modelo productivo hegemónico con importantes repercusiones públicas, entre otras: la resistencia a la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas y Río Cuarto; las multitudinarias manifestaciones en defensa del bosque nativo con epicentro en la capital de Córdoba y las localidades de las Sierras Chicas; la oposición a la planta de agrocombustibles Porta Hnos. de parte de Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano Porta (VUDAS).
Sobre las precedentes consideraciones, el presente artículo centra su interés en la dinámica sociopolítica asociada a las disputas por el territorio experimentadas en la provincia de Córdoba (Argentina) en el periodo contemporáneo. Más específicamente, nos interesa desentramar la complejidad de una configuración socioterritorial signada por la hegemonía del agronegocio y su contestación a partir del registro de una multiplicidad de acciones colectivas (protestas y conformación de asambleas) instituyentes de un discurso ambiental crítico.
Ampliamos: la provincia de Córdoba, se ha constituido desde mediados de la década de 1990 como un territorio paradigmático en lo que refiere a la expansión y consolidación del modelo de agronegocio. Distintas investigaciones (Maldonado 2021; Valinotti, Picciani y Forlani 2023; Villarreal 2023) reflejan la modernización agrícola experimentada, constatando el sistema de objetos y acciones inmanente al modo de territorialización del agronegocio globalizado asentado en la provincia: predominio del paquete tecnológico en la labor agrícola, proveedores de agroquímicos y semillas, agroindustrias, red de infraestructura específicas para el desenvolvimiento de la actividad, espacios de formación y difusión de tecnologías para el agro, etc.
Sin embargo, la cuestión socioambiental ha adquirido, en el transcurso de este siglo XXI, estatus de asunto público en esta provincia a partir de una multiplicidad de conflictos que han tenido y tienen al agronegocio como epicentro de litigios por los impactos sanitario-ambientales que la lógica agrícola moderna produce. En distintas localidades, diversos contenidos y labores inherentes al agronegocio (depósitos de agroquímicos, estaciones experimentales, agroindustrias, fumigaciones) han sido objetados/resistidos acusando un daño intrínseco de los mismos al ambiente.
No obstante, a pesar de los cuestionamientos, el modelo de agronegocio se encuentra en el presente legitimado y con una capacidad superlativa de definir los usos del territorio a nivel provincial. Según analizaremos, la estrategia de “ambientalización” del discurso de los promotores de la lógica agrícola en cuestión, constituye una dimensión clave con relación a la continuidad de la hegemonía del agronegocio.
Consideraciones teóricas: del pensamiento posfundacional a la sociología pragmática de los problemas públicos
A los fines de intentar comprender la dinámica sociopolítica asociada a las diputas por el territorio arriba aludidas, así como sus implicancias en la configuración/reconfiguración del orden socioterritorial cordobés, identificamos en el pensamiento posfundacional, tanto en la obra Ernesto Laclau y Chantal Mouffe como, por el otro, en Jean Jacques Rancière, diversas nociones con potencial hermenéutico. Asimismo, nos valdremos de las categorías provistas por la sociología de los problemas públicos para la reconstrucción de la problemática socioambiental en cuestión.
Inicialmente importa caracterizar la dinámica inherente a toda disputa por la hegemonía. Para Laclau y Mouffe (2004) los actores ocupan lugares diferenciales al interior de aquellos discursos que constituyen el tejido social (es decir son particularidades). Por otra parte, hay conflictos que crean fronteras internas en la sociedad. El modo para que tales particularidades (luchas sociales, demandas) logren disputar lo instituido (orden hegemónico), lo es a partir de una forma de representación que las contenga. Sin embargo, al ser inexorablemente una de tales particularidades la que solo puede hacerlo (esto es la posibilidad de representar al conjunto equivalencial de demandas existentes en una sociedad en un determinado tiempo) entonces la universalidad que logre expresar estará “contaminada” en razón a que ésta no puede escapar a la tensión entre lo que ella inicialmente expresa (y de lo que no podrá despojarse absolutamente: su particularidad) y el todo (universalidad) que busca representar. Dada esta imposibilidad constitutiva, su función de universalidad, si es que logra alcanzarla, nunca será definitivamente adquirida dejando finalmente abierta la posibilidad de que su hegemonía pueda ser reversible.
A los fines de una representación gráfica recuperamos un esquema que simboliza la operatoria por la hegemonía anteriormente descripta:
Figura Nº 1: Ejemplo de Laclau (2005) sobre una formación discursiva hegemónica
Fuente: elaboración propia a partir de Laclau (2005)
A propósito de esta representación, es clave dimensionar la centralidad que el trazado de una frontera política ocupa en toda disputa por la hegemonía, por cuanto la definición de un adversario común es el factor nodal en la constitución de la identidad compartida por los actores movilizados. Esto es lo que se conoce en la teoría de la hegemonía como “exterior constitutivo”, un “nosotros” que se constituye a partir de la identificación de un “otro/ellos” responsable de la insatisfacción de mis demandas.
En la dinámica contenciosa, las relaciones de antagonismo entre distintos sectores sociales, puede dar lugar a una división dicotómica del espacio social, movilizando a gran parte de la sociedad. Sin embargo, el campo discursivo de la disputa hegemónica, aún en los momentos de mayor alteridad, no logra representar a la totalidad de lo social. Simbolizado en las figuras con la “m n” (Ver figura N° 1), es decir lo “heterogéneo”, refiere a “aquello que carece de ubicación diferencial dentro del orden simbólico” (Laclau, 2005, p. 139). Una manera de captar esta instancia de heterogeneidad social como algo que no tiene acceso al espacio de representación sería, al decir de Marchart (2006), imaginarla “no como negatividad antagónica (…) sino como un remanente o residuo puro que no contribuye a configurar una identidad dada” (Marchart, 2006, s/n).
Como bien advierte Sebastián Barros (2024[5]), no se accede a tal heterogeneidad sino cuando ese “resto” logra constituirse o expresarse como demanda. O para decirlo en términos de Rancière (1996), cuando logra salir del lugar de mero ruido para constituirse como portador de palabra.[6] Constituyendo nuevamente el conflicto el modo en que nuevos discursos logran instalarse en el centro de la atención pública expresando y demandando la atención a problemáticas que trascienden la esfera de lo individual, en tanto revisten un carácter de problema público-político-común.
Avanzando, si la noción de antagonismo en Laclau y Mouffe, permite expresar la disputa en clave hegemónica de un espacio social dividido en dos campos, el litigio en el léxico de Rancière permite ir más allá del conflicto entre las partes reconocidas, para advertir que el acto político fundacional remite al momento en que:
(…) quienes no tienen derecho a ser contados como seres parlantes se hacen contar entre éstos e instituyen una comunidad por el hecho de poner en común la distorsión, que no es otra cosa que el enfrentamiento mismo, la contradicción de dos mundos alojados en uno solo: el mundo en que son y aquel en que no son, el mundo donde hay algo ‘entre’ ellos y quienes no los conocen como seres parlantes y contables, y el mundo donde no hay nada (Rancière, 1996, p.42).
En definitiva, compartimos con Mauro (2011) que “Rancière ha desplazado la noción de antagonismo para introducir la de litigio, que implica la construcción de escenarios comunes donde el conflicto político puede ser ‘mostrado’ y ‘puesto en escena’” (2011, p. 262) y, junto a ello, actores sociales reconocidos como partes legítimas del espacio de discusión pública.
En esta línea un interrogante intrínseco a nuestro objeto de estudio y que abordaremos en los próximos apartados es ¿cómo lo ambiental se configura como problema público en torno al agronegocio y, junto a ello, adquieren visibilidad un conjunto de actores y actrices sociales identificados con un ecologismo popular? Aquí es donde amerita complementar la perspectiva ontológica del pensamiento posfundacional con las categorías analíticas provistas por la sociología pragmática de los problemas públicos.[7]. Específicamente divisamos en la obra de Daniel Cefaï y Luc Boltanski una “caja de herramientas” que permite un seguimiento práctico-situado de los procesos de problematización por el que ciertos asuntos se tornan problemas públicos.
Siguiendo a Cefaï es a partir de que personas, grupos, organizaciones e instituciones, actuando e interactuando en lugares diversos, comienzan a indagar en qué consiste un trastorno o situación que altera la vida y buscan atribuirle causas y razones, que una determinada situación deviene un “proceso problema”. Aquí es donde amerita reconstruir la experiencia colectiva que desarrollan los actores para identificar las formas de “ver, decir y hacer sentido común” que van construyendo en torno a una determinada situación, para el caso que nos ocupa referido a los impactos del agronegocio.[8] Es necesario registrar quiénes ofician como lanzadores de alarma es decir, cuáles son los actores y actrices sociales que alertan inicialmente sobre los posibles impactos ambientales del agronegocio en distintas localidades. Qué lenguaje común van construyendo los actores, es decir que categorías utilizan para describir o caracterizar la situación problemática y en qué arenas públicas las preocupaciones se van mostrando o visibilizando.[9]
El desarrollo de las experiencias colectivas estará marcado por una dimensión normativa por cuanto la dinámica de indagación y problematización imputará responsabilidades y culpables (Cefaï, 2012). En este plano, asienta Boltanski (2000), las denuncias formuladas por los actores movilizados deberán ser capaces de demostrar su alcance público, es decir, evidenciar que lo que se está afectando o está en juego son bienes o asuntos comunes.
Asimismo, a partir de la dinámica contenciosa es posible sistematizar los diversos lugares o roles de los agentes implicados. Boltanski con “el sistema actancial de la denuncia” refiere a los cuatro “actantes" que, en rigor, pasan a integrar el cuadro de relación que inaugura toda acusación: 1) el denunciante (esto es el que denuncia una situación de injusticia), 2) la víctima (aquel en cuyo favor se realiza la denuncia), 3) el perseguidor (aquel contra quien se presenta) y, 4) el juez (aquel a quien se dirige).
Finalmente, recuperamos de Boltanski, la importancia de reparar en los regímenes de justificación para comprender tanto en los motivos o razones en que se fundan las denuncias como en los argumentos de quienes las rechazan. Este sociólogo distingue en términos analíticos entre otros principios de orden al menos tres:
En la ciudad cívica, el ‘grande’ es el representante de un colectivo que expresa la voluntad general. En la ciudad mercantil, el ‘grande’ es el que se enriquece ofreciendo servicios y sabiendo aprovechar las oportunidades en un mercado competitivo de mercaderes deseosos de comprar. Finalmente, en la ciudad industrial, la grandeza está fundada sobre la eficacia y determina una serie de capacidades profesionales (Boltanski, 2017, p. 182).
Estos principios, según analizaremos, aportarán elementos significativos para comprender las denuncias inmanentes al discurso ambiental a la vez que también para dilucidar el modo en que los promotores del agronegocio logran neutralizar la crítica ambiental y relanzar la dinámica productiva.
Precisiones metodológicas
La complejidad de la temática-problemática de estudio demanda un abordaje cualitativo que articule nociones y categorías de diversas disciplinas, entre otras, la ciencia política, la sociología, la geografía y la economía. A los fines de desentramar la territorialidad del agronegocio en la provincia de Córdoba, labor que exige contemplar las relaciones de cooperación y conflicto en el uso y apropiación del espacio, diseñamos una estrategia metodológica de tres niveles de análisis: 1) La conformación del agronegocio como fundamento ordenador del territorio; b) La constitución de lo ambiental como problema público inherente a los impactos del modelo agrícola moderno c) La ambientalización del agronegocio a partir del discurso de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).
Para el primer nivel de análisis, antes que optar por un registro cuantitativo de las transformaciones socioterritoriales derivadas del proceso de modernización agrícola experimentado en la provincia[10], proponemos una ontología del agronegocio a partir de reparar en los aspectos sociopolíticos-históricos de su constitución como formación hegemónica. Aquí el interés está puesto en la identificación de los significantes y las construcciones de sentido a partir de los cuales se legitima el agronegocio, además del bloque de poder en el que se asienta.
Respecto del abordaje del devenir público de la problemática socioambiental en torno al agronegocio, realizamos una reconstrucción de la conflictividad socioambiental a partir de un estudio de caso colectivo basado en el seguimiento de las experiencias de: Las Madres de Ituzaingó frente a las fumigaciones periurbanas, las resistencias a Monsanto en Malvinas Argentinas y Río Cuarto, la protesta social ante la agroindustria Porta Hnos. llevada adelante por Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano Porta (VUDAS), así como la contemplación de las movilizaciones que se sucedieron a nivel provincial en defensa del monte nativo.
Siguiendo a Muñiz (2010), precisamos que el estudio de caso colectivo es una forma de estudio de caso instrumental en el cual se indagan varias situaciones o acontecimientos para fundamentar la generalidad de un fenómeno, en la cual las experiencias que se seleccionan en este tipo de pesquisas pueden ser similares o diferentes, ya sea para entender las concordancias o las variantes entre las mismas. [11]
Específicamente efectuamos una “historia conectada” de los casos señalados. Con esta estrategia metodológica apuntamos a acercarnos a las “situaciones de contacto” de los conflictos en cuestión. Siguiendo a Bertrand (2015), antes que enfocarnos en alcanzar comparaciones “término a término”, buscamos explorar de manera cruzada, en la reseña misma de sus interacciones, los registros de entendimiento práctico de los actores[12]. Para ello apelamos a la revisión de bibliografía especializada en las experiencias de movilización aludidas (Berger y Carrizo, 2019 y Arancibia y Motta, 2019), recuperamos investigaciones propias (Forlani 2021) y analizamos materiales producidos por los propios actores movilizados.[13] La atención está puesta en identificar los significantes y significados compartidos a partir de los cuales se denuncia el modelo productivo, los actores y colectivos sociales que ofician como lanzadores de alarma, las arenas públicas en las cuáles se visibiliza la problemática socioambiental y el reconocimiento de los adversarios o culpables del daño ambiental.
Finalmente, con relación al tercer nivel de análisis, en pos de caracterizar la ambientalización del discurso del agronegocio, recuperamos estudios desarrollados en coautoría (Forlani, Picciani y Valinotti 2023), complementado con el análisis del documento público del gobierno de la provincia de Córdoba: el Manual de Buenas Prácticas Agropecuarias 2024. En dicha fuente hallamos consideraciones importantes para discernir los motivos materiales sobre los que se funda la nueva apuesta de territorialización sostenible. Adelantamos, la modernización tecnológica “verde” como pilar constitutivo de las “buenas prácticas agrícolas”.
El agronegocio como fundamento
La perspectiva ontológica inmanente al pensamiento posfundacional, asume como punto de partida respecto de la comprensión de lo social su carácter discursivo. Con ello, no se niega el carácter óntico de los objetos y acciones, sino que sus representaciones o significados no son auto-evidentes, es decir, están mediados por distintas interpretaciones que se disputan sus sentidos. En esta lógica, aquellas concepciones que han logrado configurarse como fundamentos sedimentados y aceptados como naturales por el conjunto o mayoría de la sociedad en un tiempo y espacio determinado, se prefiguran como sentido común. Pero también, la perspectiva posfundacional, nos permite comprender la naturaleza conflictiva de todo orden social atendiendo a que toda configuración social hegemónica implica una exclusión de otros órdenes sociales y que tan pronto se constituyan actores en desacuerdo los litigios pueden reactivarse (Ranciere 1996).
Realizamos esta sucinta referencia sobre el pensamiento posfundacional, por cuanto la tesis que aquí sostenemos y sobre la que, en rigor, hemos trabajado en investigaciones mayores (Forlani 2021), es que las implicancias de la modernización agrícola no pueden “captarse” tan solo enumerando el conjunto de innovaciones técnicas registradas en el agro en el período contemporáneo (por caso semillas transgénicas o nuevos agroquímicos) sino que es necesario contemplar al agronegocio como discurso. En términos laclausianos, por discurso no aludimos sólo al acto del habla o la palabra escrita[14], sino al conjunto de prácticas que desarrollan los actores sociales en la disputa por construir un determinado orden social.
En la Argentina de la década de 1990, signada por la adhesión a las políticas del consenso de Washington y su correlato en la materialización de una “modernización excluyente” (Svampa 2005), el discurso del agronegocio encontró la fertilidad suficiente para escalar como lógica productiva necesaria y legitimada. La concentración de la tierra, el cambio de uso del suelo y la oligopolización del sistema agroalimentario (solo para nombrar algunas de las grandes transformaciones inmanentes a la expansión del agronegocio), fueron significadas –pilar científico-mediático mediante- como síntomas de progreso y eficiencia que colocaban al campo argentino en la vanguardia del capitalismo global. Post crisis 2001, con la devaluación abrupta de la moneda y alza del precio de las commodities en el mercado internacional, se reforzó la centralidad del agro como negocio (Gras y Hernández, 2013) garante del “crecimiento” y “la recuperación de la economía nacional”.
Sobre estos consensos en torno al agronegocio en la dinámica nacional, precisamos reflejar cómo esta lógica productiva se asienta/sedimenta en la provincia de Córdoba, trasvasando para ello las referencias descriptivas acerca del formidable proceso de sojización experimentado en la provincia. Pues divisamos en la expansión y consolidación del agronegocio en Córdoba dos dimensiones que, aunque no exclusivas de esta provincia, si tuvieron una manifestación categórica: la imbricación agronegocio-estatalidad provincial y la configuración identitaria cordobesismo-agronegocio.
Recuperamos respecto de la primera referencia, la minuciosa investigación de Vanesa Villareal (2023), quien realizando una reconstrucción histórica de las modificaciones y los cambios que sufrieron las distintas instancias gubernamentales dependientes del Poder Ejecutivo y las distintas conformaciones en el poder legislativo de la provincia Córdoba (en el marco de la sucesión de los diferentes gobiernos desde 1996 al 2016), da cuenta de la centralidad del pilar político-Estatal respecto de la fluidez con la que se ha expandido el agronegocio en la provincia. Conforme a lo cual Villarreal caracteriza al estado provincial como asegurador agrario, es decir, un estado que “ha promovido acciones con la intención de incentivar los agronegocios como el principal modelo productivo en el territorio provincial, mediante iniciativas concretas y específicas” (Villareal, 2023, p. 148).
Al mismo tiempo, y según hemos analizado en otra oportunidad (Forlani 2023), la productividad de la lógica del agronegocio también tiene su correlato en los procesos de subjetivación política, siendo el “cordobesismo” una identidad política dominante que articula diferentes expresiones partidarias bajo el común denominador de la defensa y promoción del “campo” como pilar central y motor del crecimiento de la provincia y el país. Un “campo” que, por cierto, se asociada al proceso de modernización agrícola, expresado en la imagen del productor-empresario agrícola en tanto símbolo de la innovación agraria (Forlani y Brizzio, 2014).
Esta identificación política, así como la fortaleza del discurso del agronegocio, se ve reflejada en los momentos de conflicto, siendo particularmente el acontecido en 2008 con relación a la disputa por la renta agraria el que traslucieron las solidaridades entre los actores promotores de la lógica agrícola en cuestión. También, importa señalar, el carácter hegemónico del agronegocio quedó asentado en la capacidad de articular y movilizar a una pluralidad de sectores sociales, entre ellos no pocos subalternos.
Nos interesa graficar aquel conflicto de 2008, que implicó una división dicotómica del espacio social, no solo para dar cuenta de los antagonismos y las disputas por la hegemonía que allí se pusieron en juego, sino también para contemplar una ausencia que recién tomará cuerpo discursivo con la demanda socioambiental. Para ello, sobre la base de la representación esquemática de Laclau (2005)[15] graficamos las articulaciones y alteridades producidas/expuestas al calor del conflicto de 2008. En la siguiente figura (Nº 2) representamos la división dicotómica del espacio social derivada del conflicto por la resolución 125/2008 en la que se proponía una modificación de la alícuota de los derechos de exportación (vulgarmente conocido como “retenciones móviles”).
Figura Nº 2: división dicotómica conflicto de 2008
Fuente: elaboración propia
De modo esquemático, reflejamos en la anterior figura las construcciones discursivas que se disputaron el sentido acerca de la medida en cuestión (Res. 125/2008). La reacción a esta medida se tradujo en una división dicotómica del espacio social entre las diversas fracciones del agro pampeano (grandes, medianos y pequeños productores, rentistas, contratistas, exportadoras, pools de siembra), sectores medios urbanos, el oligopolio mediático y las distintas fuerzas políticas opositoras versus el gobierno nacional (quien contaba con el apoyo de ciertas organizaciones sindicales, movimientos sociales y algunas asociaciones empresariales) (Basualdo 2008).
Dos campos discursivos se configuraron en el desenlace de la relación de alteridad entre el gobierno nacional y la autodenominada “Mesa de enlace” (Confederaciones Rurales Argentinas, la Federación Agraria Argentina, la Sociedad Rural Argentina y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria). Desde el gobierno nacional se buscó instalar como clivaje interpretativo del conflicto, y como forma de aglutinar a actores sociales que respaldasen la decisión política (modificación de la alícuota de las retenciones), la disputa en términos de “gobierno popular” versus “oligarquía”[16]. Desde la Mesa de enlace, por su parte, la estrategia discursiva apuntó a romper la dicotomía planteada por el gobierno a partir de una interpelación que buscaba aunar tras de sí a vastos sectores sociales, carentes incluso de títulos de propiedad agrícola, a partir de la consigna: "Todos somos el campo. Ponéte la escarapela por el país. Ponéte la escarapela por el campo” (“Carta abierta a los Argentinos”, Mesa de Enlace, 2008[17]).
Según lo hemos abordado en otro trabajo (Brizzio y Forlani, 2014) apenas iniciado el conflicto la batalla discursiva comenzó a reflejar la identidad de un sector que, más allá de la heterogeneidad de sus actores, podría caracterizarse como capitalista agrario. La identidad “productor agropecuario” emergió como una constante en los discursos tanto de los actores involucrados como de los medios de comunicación también partícipes e interesados en el conflicto. En muy pocas ocasiones, la expresión “chacarero” era la habitual, antes bien, la presentación y auto-identificación de “productor” tendía a asociarse a la de “empresario”; cuyo carácter estaba dado por su “condición moderna, visible en la racionalidad técnica, en la innovación tecnológica y en el abandono de formas tradicionales de producción” (Brizzio y Forlani, 2014, p. 190). Sobre esta disputa, divisamos también que la defensa de la territorialidad capitalista por parte de los movilizados, con centro en el discurso sobre la propiedad privada de la tierra y el derecho a no socializar la renta que ésta produce, se traducía en la denuncia reiterada en torno al carácter “confiscatorio” del aumento de las retenciones[18].
La adopción del significante “campo” fue clave respecto a la posibilidad efectiva de representar a un colectivo mayor a aquel que estaba ligado a la propiedad de la tierra, puesto que el mismo “campo” interpeló también a la gran mayoría de habitantes de los pueblos y ciudades directa o indirectamente vinculados a las actividades agropecuarias. Más aún, constituyó uno de los pilares discursivos fundamentales en la disputa política en tanto amplió geográficamente incluso la base de sustentación de los principales interesados en impedir la aprobación de la ley:
(…) el interior adquirió una nueva visibilidad…Esta relación entre los actores agrarios y el territorio asocia así a los primeros con la reactivación de la economía pampeana específicamente y a la bonanza en distintos pueblos y ciudades de dicha región con posterioridad a la devaluación del 2002 (Gras, 2010, p. 291[19]).
Esto aconteció especialmente en la provincia de Córdoba, en donde al locaut patronal, se le sumó la solidaridad de un componente plebeyo identificado con el modelo agrícola imperante, conforme a la capacidad de construcción hegemónica del agronegocio expresada en su faz simbólica pero también especialmente en su dimensión material, sintetizada en la idea de que, si al campo le va bien, a todos nos va bien[20]. A ello se agregaría el acompañamiento decidido por todo el arco político asociado al cordobesismo[21], reflejado en una multiplicidad de dirigentes políticos posicionándose a “favor del campo” y en “contra de las retenciones del gobierno nacional”[22].
Pero más allá del arco de solidaridades referido, nos interesa reparar sobre un aspecto del conflicto de 2008 asociado a la ausencia de una representación discursiva que irrumpirá con fuerza en los años sucesivos. Simbolizado en las figuras (N° 1 y 2) con “m n”, es decir lo “heterogéneo” según describimos en las consideraciones teóricas preliminares.
Analicemos: más allá del desenlace del conflicto[23], coincidimos con Castro García (et al., 2009) en que existieron actores cuyas demandas sociales no se articularon a las lógicas equivalenciales enfrentadas, o al menos no de un modo lo suficientemente fuerte como para que sus particularidades ocupen el centro de la escena de discusión pública. En el registro de los autores aludidos, existieron diversos movimientos sociales urbanos y del ámbito rural cuyos posicionamientos expresaban un cúmulo de demandas que no lograron ocupar un lugar expectable en los discursos en disputa:
Estos empresarios y entidades patronales que desarrollan el modelo sojero son los responsables del genocidio ambiental de millones de hectáreas de bosques y suelos, el desalojo y ataque a cientos de comunidades campesinas indígenas, la falta y el encarecimiento de los alimentos, la contaminación e intoxicación de pueblos enteros con agrotóxicos, y la destrucción de economías locales y regionales. Al mismo tiempo, ganancias millonarias son repartidas entre empresarios y Gobierno (Movimiento Nacional Campesino e Indígena, 2008, s/n).
En simultáneo al “conflicto por la 125” ya se registraban voces críticas especialmente a los impactos sanitarios y socioambientales de los insumos tóxicos empleados en el predominante modelo agrícola. Nos referimos en particular al extenso accionar colectivo de investigación y denuncia protagonizado por el grupo de las Madres de Ituzaingó en Córdoba[24], cuya lucha comienza en el año 2002 y no ha cesado aún. Sus denuncias respecto a la peligrosidad de los “agrotóxicos” empero no entraron en la agenda pública del conflicto del 2008. Años posteriores, en particular desde el 2012 cuando con la elevación a juicio de las denuncias frente a los productores y aplicadores de agroquímicos la lucha de las Madres de Ituzaingó adquiere mayor trascendencia pública, es posible registrar en las diferentes alocuciones públicas de sus integrantes expresiones igualmente críticas o contestatarias tanto para con las entidades agropecuarias como para con la fuerza política posneoliberal que gobernó la Argentina desde 2003 al 2015, al ser considerados ambos corresponsables del “modelo de saqueo” y “contaminación” que produce el agronegocio.
Este “no lugar” en los esquemas de representación en disputa (las cadenas articulatorias construidas por uno y otro discurso, de modo sintético, “campo” vs “gobierno”) tiene consecuencias prácticas que podremos reconocer y visualizar al abordar la conformación y las trayectorias de los actores colectivos sujetos de nuestra investigación. Adelantamos: la inscripción en el espacio público de los desacuerdos (cuestionamientos y demandas) de colectivos socioambientales frente a objetos y acciones del agronegocio debió, en primera instancia, saldar una ausencia, la de su reconocimiento como sujetos parlantes. Esto es, como actores que “están dotados de una palabra que no expresa simplemente necesidad, sufrimiento o ira, sino también inteligencia” (Rancière, 1996, p.39). En otros términos: como partes legítimas de la comunidad, ergo, de ser escuchados en la definición de los asuntos comunes (Barros, 2006).
La cuestión ambiental como problema público
En pos de analizar la irrupción de la problemática ambiental en torno al agronegocio en la provincia de Córdoba, amerita inicialmente desmitificar el supuesto de la “inexorabilidad”. Es decir, desandar la hipótesis acerca de que las alteraciones/impactos ambientales que la modernización agrícola genera (entre otras la contaminación por agroquímicos), despierta automáticamente la preocupación social –ergo- la constitución de colectivos sociales que pasan a problematizar el agronegocio desde un discurso ambiental.
Pues la problematización de un hecho o situación, por caso los impactos de la agricultura moderna, no constituye un fenómeno sociológico/politológico necesario. Antes bien, desde la sociología de los problemas públicos, no hay nada –per se- que determine que una situación se convierta en un problema social (Schillagui 2011). En rigor, y atendiendo al carácter de “fundamento” de social en que se ha constituido el agronegocio en Córdoba, más bien es posible argüir que frente a la fortaleza de los dispositivos de legitimación del modelo, resulta menos probable que actores sociales se movilicen para contestar, cuestionar o criticar la formación hegemónica en cuestión[25].
A partir de estas desmitificaciones, el abordaje de la multiplicidad de conflictos socioambientales registrados en la provincia de Córdoba promediando el periodo que va de este siglo XXI, requiere reparar en las mediaciones y conexiones que han dado lugar a un estado de conflictividad. Ello no implica desconocer las transformaciones socioterritoriales del agronegocio, pues en efecto las movilizaciones contestatarias se constituyen en torno a contenidos inmanentes a la agricultura moderna, pero sí requiere divisar las construcciones colectivas de sentidos/significados comúnmente críticos.
Resaltamos lo “común”, en tanto divisamos las experiencias de Madres de Ituzaingó en litigio por las fumigaciones periurbanas, en Malvinas Argentinas y Río Cuarto frente a Monsanto, en la resistencia a la agroindustria Porta Hns. llevada adelante por Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano Porta (VUDAS), así como en las diferentes movilizaciones que se sucedieron a nivel provincial en defensa del monte nativo, experiencias colectivas que comparten una trama de representaciones sociales y formas de accionar en el espacio público para visibilizar sus demandas. Con todo, un abordaje integral de la acción colectiva contestataria al agronegocio en la provincia nos permite divisar la conformación, en clave de Daniel Cefaï (2012) de un campo experiencial con formas de “ver, decir y hacer sentido común” que adjudican al agronegocio una connotación negativa-problemática.
Avanzando en la reconstrucción de la historia conectada de la movilización socioambiental en Córdoba, inicialmente contemplamos cómo, al calor de las luchas, se fue construyendo un lenguaje común, en el que se comparten significantes clave en la denuncia de los impactos de la agricultura moderna: la resignificación de los “fitosanitarios” por la noción de “agrotóxicos” o el reemplazo de los “biocombustibles” por el de “agrocombustibles”; la caracterización de una agricultura que enferma cuyo avance se despliega operando en términos despojo de cuerpos-territorios; un modelo que daña la vida y concentra las riquezas económicas; una lógica agrícola extractivista que configura “zonas de sacrificio”… las nuevas narrativas críticas se plasman en fotografías e imágenes digitales y, desde luego, en documentos y exposiciones orales de los actores movilizados. Veamos.
Tempranamente Las Madres de Ituzaingó junto al colectivo de Paren de fumigar Córdoba, van a disputar el sentido de los insumos químicos utilizados en la agricultura moderna, instalando en las convocatorias a las movilizaciones la referencia al daño de los agrotóxicos (Figura N° 3).
Figura N° 3: “Los agrotóxicos matán”
Fuente: Reduas, 12/07/2012.
El significante en cuestión será a su vez parte constitutiva del nombre de la Asamblea Río Cuarto sin agrotóxicos (RCSA), colectivo que en paralelo a la resistencia a la instalación de una estación experimental de Monsanto en la ciudad, buscó interpelar respecto de los impactos socioambientales de los agrocombustibles:
Durante años se ha intentado convencer a la población de que los mal llamados “bio” combustibles son una solución para los actuales problemas medio ambientales, especialmente con el argumento de que su uso reduciría las emisiones de dióxido de carbono y se transformaría en una solución al cambio climático.
Sin embargo, cada vez más estudios demuestran que los recursos necesarios para producir agrocombustibles –denominación cada vez más extendida para esta actividad dado su vínculo directo con los agronegocios- hacen que su expansión sea igual o aún más contaminante que la obtención de combustibles fósiles. (Fuente: Blog RCSA, 11/07/2013. Las cursivas son nuestras).
Asimismo, los colectivos movilizados denunciarán que el avance del agronegocio, por caso a partir de la producción de agrocombustibles, configura “zonas de sacrificio”. Recuperamos aquí fragmentos de del comunicado del colectivo VUDAS (2017) acompañado con el aval de Malvinas Lucha Por La Vida (MLPLV), RCSA, Madres de Barrio Ituzaingó, y la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo:
Porta Hnos. [empresa de etanol] representa un eslabón más de un sistema productivo que, de la mano de políticas extractivistas impuestas por las corporaciones a nivel mundial, son causantes de violaciones a los derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio, como ha demostrado el Tribunal Internacional de La Haya que este año juzgó las denuncias mundiales contra la multinacional transgénica Monsanto. Porta Hnos. es la pata industrial del modelo de producción agrícola transgénica y tóxica, de la agricultura Monsanto.
[…]
Pero si algo nos enseñó esta lucha, es que no estamos solxs, ni somos lxs unicxs. Por eso, exigimos a las autoridades que cesen de promover y encubrir una producción que parte de sembrar maíz transgénico en nuestros territorios, produciendo desmonte y contaminación, inundación y sequías, desalojo y pobreza, enfermedades y muertes, zonas de sacrificio…[26] (Fuente: blog VUDAS, 10/08/2017).
Figura N° 4: “No somos sacrificables” “Porta contamina”
Fuente: El grito del sur, 24/10/2022
Este lenguaje común no se construye en el vacío, sino que se constituye a partir de encuentros en lo que participan y circulan actores y actrices que ofician como “lanzadores/as de alarma”. Tal, por caso, la participación de las Madres de Ituzaingó, de académicos, médicos y abogados ambientalistas en las primeras reuniones en Malvinas Argentinas ante la instalación de Monsanto y en la experiencia de Río Cuarto. Así nos lo comentó un activista al consultarle por los inicios de la conformación de la Asamblea MLPLV:
(…) tenía el teléfono de Raúl Montenegro[27] porque le había estado haciendo una entrevista por otras investigaciones de estudios de investigación que hacía en la universidad y bueno así que lo llame y le pregunte y dijo “bueno yo puedo ir y hablar con ustedes”. Me pareció perfecto y ahí se armó la primera asamblea que se hizo en esa semana [julio de 2012]. Un salón, una convocatoria a los vecinos que se fueron acercando, tuvimos una respuesta muy masiva la gente en el boca a boca este…“che vamos a reunirnos como vecinos” y así se armó una primera reunión en un salón relativamente chico. No quiero hacer una estimación pero por lo menos habrá habido unas 150 personas, 200 personas (…) obviamente la preocupación… y bueno empezó a circular la información (activista Malvinas lucha Por la vida, entrevista 5/10/2017)[28].
La resistencia al modelo de agronegocio en Río Cuarto, también contó con el acompañamiento en distintas instancias de abogados, académicos y colectivos referenciados en la lucha socioambiental, como la participación del abogado Darío Ávila (patrocinante de Madre de Ituzaingó) en el taller de sobre derechos ambientales (Figura N° 5); además de su participación en la audiencia pública del año 2013 en la que se debatieron los impactos del modelo agrícola, ocasión en la que intervinieron también a pedido de RCSA: Raúl Montenegro, María Hortencia Godoy (Madres de Ituzaingó); y Medardo Ávila Vázquez (Médicos de pueblos fumigados).
Figura N° 5: Convocatoria al Panel debate y Taller “Derechos ciudadanos ambientales: nuevas implicancias luego del juicio de Barrio Ituzaingó Anexo”, organizado por la UNRC y RCSA
Fuente: blog RCSA, 23/05/2013
Asimismo, los actores colectivos de las diferentes luchas se articulan en repertorios de acción comunes, como la multitudinaria movilización de 2013 por “emergencia ambiental” en Córdoba capital convocada por la Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra (Figura N° 6); o los encuentros de asambleas ciudadanas (como la Unión de Asambleas Ciudadanas desarrollada en Malvinas Argentinas en 2015 –Figura N° 7-).
Figura N° 6: Movilización por “emergencia ambiental en Córdoba”
Fuente: Redacción, 15/10/2013
Figura N° 7: Convocatoria Encuentro de Unión de Asambleas Ciudadanas
Fuente: Unión de asambleas ciudadanas, 10/11/2015
Este encuentro de asambleas ciudadanas se enmarca en las dimensiones asociadas a la autonomía y las formas asamblearias con las que Svampa (2006) caracteriza a los nuevos movimientos sociales, con colectivos que apuestan por mecanismos de democracia directa en la toma de sus decisiones, así como el interés de preservar independencia de partidos políticos.
Por otra parte, importa destacar que en las distintas experiencias de problematización del agronegocio adquieren centralidad como arenas públicas para visibilizar los conflictos: “la calle” (en especial las plazas públicas), el ámbito derecho y la justicia (en el que existe una común apelación al principio precautorio enmarcado en la Ley Gral del Ambiente[29]), los espacios académicos (especialmente las universidades públicas de Córdoba y Río Cuarto) y los medios de comunicación, además de la generación de sus propias redes de comunicación.
Además, existen convergencias respecto de las alteridades: entidades agrarias del agronegocio, empresas transnacionales y gobiernos promotores del modelo agrícola, constituyen lo otro en el trazado de la frontera política, es decir, sus adversarios:
La lucha que viene realizando el pueblo de Malvinas Argentinas, junto a diferentes organizaciones y autoconvocadxs, ha pasado por diversos momentos a lo largo de estos tres años. La multinacional Monsanto intenta imponer su negocio a cualquier precio, con la complicidad de los gobiernos nacional, provincial y municipal, y no parecen estar dispuestos a dar marcha atrás. La represión y la estigmatización de lxs que luchamos contra el modelo extractivista han sido dos de los recursos que han empleado los Gobiernos Nacional, Provincial y Municipal así como los medios de comunicación alineados a las corporaciones trasnacionales para debilitar la resistencia de un pueblo que no se rinde (Documento convocatoria al XXV Encuentro de Unión de Asambleas Ciudadanas, en Malvinas Argentinas-Córdoba. UAC, 10/11/2015. Las cursivas son nuestras).
Abordadas en conjunto, las distintas acciones colectivas contestatarias registradas revelan una novedad sociológica/politológica ligada a la dimensión espacial de las resistencias, en tanto, se trata experiencias de movilización de carácter urbano que impugnan la dinámica agraria. Asimismo, y según lo anunciado, la apelación a un discurso ambiental para cuestionar/criticar el agronegocio, es lo que permite a los colectivos preocupados/movilizados hacer trascender sus denuncias. Ello en virtud de, en términos de Boltanski (2000), la universalidad o generalidad que permite la construcción social del ambiente como bien común, pues bajo esa significación, todo daño ambiental supone una afectación política dado que lo que está en riesgo es la vida en común (Forlani 2024).
De este modo, la movilización socioambiental en resistencia al agronegocio experimentada en Córdoba, se inserta en un movimiento de justicia ambiental del que se ha nutrido y ha contribuido a crecer tanto a nivel nacional como regional/global. Movimiento que en América Latina en este siglo ha registrado una multiplicación creciente de acciones de resistencia frente a las diversas iniciativas de acaparamiento de bienes comunes por parte de las lógicas modernas neoextractivistas.
A los efectos de visualizar el carácter disruptivo de la movilización socioambiental en Córdoba y su inscripción en el movimiento de justicia ambiental mayor incluimos debajo una tercera figura (Nº 8) en la que, a su vez, se halla presente el tercer núcleo de consideraciones que abordaremos en el próximo apartado: el discurso de las “Buenas Prácticas Agrícolas”.
Figura Nº 8: resistencias urbanas frente al agronegocio y emergencia de las “BPA”
Fuente: elaboración propia.
Ambientalización del agronegocio: El discurso de las Buenas Prácticas Agrícolas
En una investigación incipiente, de carácter exploratorio (Forlani, Picciani y Valinotti 2023), identificamos en la conformación de la Mesa de las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) de la ciudad de Río Cuarto, un actor pionero y central en la promoción de un nuevo discurso que ha permitido re-legitimar y relanzar el modelo de agronegocio en la provincia. Se trata, como el propio nombre de Mesa lo expresa, de las “BPA”, discurso cuya productividad institucional se refleja en la creación de un programa provincial hacia el año 2017 y la sanción de una ley en el 2019 para su promoción también a nivel provincial.
En diálogo con aquella pesquisa, identificamos dos fuentes de enunciación respecto de las BPA que, aunque imbricadas, convenimos diferenciar analíticamente a los efectos de captar sus orígenes “internos” y “externos” con relación al modelo productivo.
Veamos: respecto de lo primero, promediando la segunda década del siglo en curso, periodo en el que se constituye y escala el discurso de las BPA, es posible registrar un conjunto de preocupaciones de los actores promotores del agronegocio asociada a la emergencia de lo que Gras y Hernández (2016) concibe como los “puntos ciegos del modelo”. Es decir, tras veinte años de expansión del agronegocio en la provincia (tomando como fecha icónica 1996 con la aprobación de la soja transgénica a nivel nacional), la preocupación por la emergencia de síntomas que colocan en riesgo la rentabilidad agrícola, asociada especialmente a la pérdida de la fertilidad del suelo[30] y al incremento de los costos de producción (necesidad de mayores insumos fertilizantes y agroquímicos); movilizaron un conjunto de acciones territoriales tendientes a dotar de mayor sustentabilidad el uso de los recursos. Así, se inscriben en las BPA, un conjunto de disposiciones tendientes a fomentar la rotación de cultivos[31], a mejorar el uso/aplicación de agroquímicos y fertilizantes[32], y de cuidado del recurso hídrico[33] entre otras.
Pero también es necesario reparar, en clave relacional, que la constitución del discurso de las BPA debe interpretarse atendiendo a la conflictividad socioambiental (factor “externo”):
(…) la mesa (BPA de Río Cuarto) se crea allá a finales de 2010, un poco lo que nos movilizó fue toda esta problemática de producción y social, esta demanda de que la producción realmente producía mucho daño al medioambiente, se trataba la temática, nosotros considerábamos con mucha liviandad (...) Fue en la Sociedad Rural donde nos reunimos por primera vez, éramos más de quince instituciones para tratar el qué hacer frente a esta temática (...) (Video Institucional Mesa de BPA Río Cuarto, 2019. Las cursivas son nuestras).
Es decir, el discurso de las BPA, se instituye como un modo de procesar la problemática socioambiental a partir de una disputa de sentido que, analizada integralmente, se despliega en dos direcciones complementarias: a) el reconocimiento de ciertos impactos ambientales del modelo pero bajo una relativización de sus alcances (especialmente con relación a la contaminación/afectación sanitaria); b) la legitimación de las innovaciones tecno-productivas inmanentes a la modernización agrícola como las soluciones a las “externalidades ambientales”.
En clave nuevamente de Boltanski (2000), el régimen de justificación en el que se enmarca la respuesta los promotores del modelo agrícola se inscribe en la lógica mercantil apostando a la competencia y, sobre todo, la eficiencia y eficacia de los nuevos dispositivos tecnológicos para apuntalar la sostenibilidad del agronegocio.
Reflexionamos en torno a lo arriba mencionado, que estamos en presencia, en términos gramscianos, de una apuesta estratégica por lograr una hegemonía por neutralización. Pues, el discurso dominante del agronegocio, con las BPA, incorpora las preocupaciones/problemas socioambientales emergentes, pero desactiva/neutraliza su componente crítico radical, es decir, el de la necesidad de un cambio de modelo productivo. Incluso más, con la ambientalización del agronegocio (Gonzáles Asís 2022), sus actores promotores logran relanzar una dinámica de acumulación a partir de la promoción/comercialización de una nueva y amplia gama de productos y servicios “verde” con un fuerte componente científico-técnico-informacional.
Ahora bien, atendiendo a la inserción de las políticas de impulso de las BPA en el metabolismo social dominante (el agronegocio como lógica neoextractivista), amerita asentar que la modernización “verde” puede significar, por caso respecto de los impactos sanitarios ambientales de los agroquímicos, eventualmente menores riesgos de intoxicación agudas (dadas las prescripciones en los usos/aplicaciones). No obstante, persisten los impactos de largo alcance (por caso las enfermedades crónicas) debido a la exposición de dosis relativamente bajas de agroquímicos pero persistentes en el tiempo[34]. Asimismo, forma parte de la retórica de las BPA el lema de “conservar produciendo” por lo que presión sobre los entornos naturales continúa, ergo la conservación del ínfimo monte nativo cordobés seguirá en riesgo[35]. Finalmente, los costos del paquete tecnológico de las BPA (entre otros dispositivos: sensores, drones y maquinaria autónoma, comunicación satelital) no prefiguran escenarios de democratización en el alcance de las tecnologías de punta sino, antes bien, lógicas que anticipan mayores niveles de concentración.
Conclusiones
En el presente trabajo hemos procurado ofrecer un marco interpretativo de la conflictividad socioambiental registrada en la provincia de Córdoba en el periodo contemporáneo. Ratificamos aquí la fertilidad del pensamiento posfundacional para el análisis, tanto para advertir la configuración de la formación hegemónica mayor del agronegocio y su re-configuración a partir del discurso de las BPA, como para reconocer en la movilización socioambiental, la emergencia de un discurso del orden de lo político en el que se expresan nuevas demandas y en el que actores sociales reclaman para sí un lugar en la discusión respecto de los usos y apropiaciones del territorio.
Por otra parte, aprovechamos este apartado reflexivo, para asentar que la capacidad del discurso dominante para obturar la crítica ambiental y re-definir los arreglos territoriales conforme a su lógica de acumulación, no clausura la posibilidad de su contestación. Desde luego esto último no por la existencia de una vocación pluralista de parte de los actores beneficiados del agro como negocio, sino atendiendo nuevamente al carácter inacabado de lo social (Quiroga 2017) e incompleto del espacio (Massey 2005). Lo que habilita la emergencia y proyección de alternativas territoriales.
Así como a pesar de la fortaleza del agronegocio emergieron experiencias socioambientales contestatarias que lograron visibilizar preocupaciones sanitarias-ambientales intrínsecas al modelo agrícola, es factible que ante la nueva retórica verde agroindustrial se reconstituya una experiencia colectiva crítica capaz de hacer de las desigualdades inherentes al orden hegemónico en cuestión, nuevos problemas públicos.
Está claro que un proyecto emancipador que redefina los usos y sentidos del territorio tampoco constituye una necesidad histórica. Antes bien, su expresión disruptiva dependerá –parafraseando a Rancière- de la capacidad articulatoria de múltiples actores y actrices sociales que, auto-reconociéndonos como sujetos subalternizados y portadores de utopías otras, nos instituyamos como actores políticos legítimos.
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Artículos de periódicos/sitios web:
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Carta abierta a los argentinos. El Litoral, (08/05/2008). Recuperado de: https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/30330-
-Blog Río Cuarto Sin Agrotóxicos: https://riocuartosinagrotoxicos.blogspot.com/
Comunicados:
Movimiento Nacional Campesino Indígena (17/04/2008): Argentina: movilización por Reforma Agraria y Soberanía Alimentaria. Recuperado de: https://www.movimientos.org/es/cloc/show_text.php3%3Fkey%3D12204
VUDAS (10/08/2008): Comunicado: Basta de zonas de sacrificio. Recuperado de: Comunicado: Basta de zonas de sacrificio https://vudas.wordpress.com/2017/08/10/comunicado-basta-de-zonas-de-sacrificio/
Fuentes:
Página oficial de Facebook de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias Río Cuarto. https://www.facebook.com/MesadeBPA/
Manual de Buenas Prácticas Agropecuarias 2024. Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Ley General de Ambiente 25.675.