Fortaleciendo el apoyo mutuo y la comunidad:
Una experiencia de diseño participativo de un centro de gestión
comunitaria
Strengthening
mutual support and community:
A
participatory design experience for a community management center[1]
Zesar Martínez García[2]
Carlos Askunze Elizaga[3]
Esta
obra está bajo una licencia internacional Creative Commons
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Resumen
A través de este artículo pretendemos compartir la experiencia del
proceso de articulación comunitaria en el que participamos en el barrio de San
Francisco, Bilbao (País Vasco). Un proceso impulsado desde la iniciativa
vecinal por parte de la Red Comunitaria Ehunka para crear un centro comunitario
autogestionado en un edificio adquirido recientemente por el Ayuntamiento de la
ciudad. En primer lugar,
introducimos algunos elementos teóricos sobre la
relación entre comunidad, institucionalidad y mercado; el papel de las
economías comunitarias; y la práctica de la gestión comunitaria de
equipamientos públicos. A continuación presentamos los rasgos del centro
comunitario propuesto en el barrio de San Francisco, así como el proceso de
articulación comunitaria en el que estamos trabajando y la mesa de diálogo
entre la Red Comunitaria Ehunka y el Ayuntamiento de Bilbao. La diversidad de
agentes y ámbitos de acción política que están interactuando en esta
experiencia sustentan la reflexión que compartimos en este artículo sobre las
diferentes lógicas que caracterizan la esfera del activismo vecinal y
comunitario, la esfera de la política institucional y la esfera de la economía
social y solidaria. Así como sobre la necesidad de que, en el actual contexto
de creciente expansión de mensajes reaccionarios de odio y criminalización de
los sectores sociales más vulnerables, la auto-organización comunitaria y las
iniciativas vecinales sean apoyadas y fortalecidas tanto desde las entidades de
la economía social y solidaria, como desde el ámbito de las instituciones
públicas.
Palabras clave: comunidad, auto-organización, economías comunitarias, colaboración
público-comunitaria.
Abstract
In this article, we aim to
share our experience of the community coordination process in which we
participated in the San Francisco neighborhood of Bilbao (Basque Country). This
process was driven by a neighborhood initiative launched by the Ehunka Community
Network to create a self-managed community center in a building recently
acquired by the city council. First, we introduce some theoretical elements on
the relationship between community, institutions, and the market; the role of
community economies; and the practice of community management of public
facilities. Next, we briefly present the identifying features of the proposed
community center in the San Francisco neighborhood, as well as the community
coordination process we are working on and the dialogue table between the
Ehunka Community Network and the Bilbao City Council. The diversity of actors
and areas of political action interacting in this experience underpins the
reflection we share in this article on the different logics that characterize
the sphere of neighborhood and community activism, the sphere of institutional
politics, and the sphere of the social and solidarity economy. It also reflects
on the need, in the current context of growing reactionary messages of hate and
criminalization of the most vulnerable social sectors, for community
self-organization and neighborhood initiatives to be supported and strengthened
both by social and solidarity economy entities and by public institutions.
Keywords: community, self-organization, community economies,
public-community collaboration.
1. Comunidad, institucionalidad y mercado
Uno de los propósitos de este artículo es visibilizar y poner en
valor las lógicas comunitarias de apoyo mutuo como formas de resistencia y
construcción de alternativas emancipadoras. Es decir, nos parece necesario
resaltar la importancia de la esfera de acción comunitaria y activista como un
tipo de acción colectiva que no es institucional (estatal) ni mercantil, sino
que tiene sus propias lógicas y virtualidades. Es decir, el activismo vecinal y
comunitario es una forma de acción colectiva que se basa en el deseo y el
compromiso de ser agentes activos en la mejora de las condiciones de vida y
convivencia; estableciendo para ello relaciones de reciprocidad, organización y
trabajo colectivo en base a un ideario o unas inquietudes y preocupaciones
compartidas, que activan reivindicaciones, luchas sociales y proyectos en favor
del bien común, del interés general.
Queremos subrayar con ello que “lo político”, el ámbito de lo
público o lo colectivo, es más amplio y va más allá de la esfera de las
instituciones públicas y el sistema político establecido (y los agentes que
operan en el mismo). La auto-organización espontánea de las personas en grupos
vecinales, asociaciones, colectivos, iniciativas populares y redes comunitarias
es un ámbito fundamental de la política, ya que se trata de agrupaciones que se
constituyen para incidir en la realidad de manera autónoma, desarrollando
prácticas políticas en base a específicas lógicas comunitarias: ayuda mutua,
reciprocidad, compañerismo, reparto-equidad y apoyo a quien lo necesita
(solidaridad). Unas lógicas de relación y acción que además crean sentido de
pertenencia, interdependencia y compromiso colectivo. Esto es identidades y
subjetividades compartidas, tanto de carácter territorial y/o étnico-cultural
(barrio, pueblo, nación…) como de carácter político (obrera, feminista,
ecologista, antimilitarista…), entendidas como caminos de unidad,
empoderamiento, agencia y emancipación.
Nos estamos refiriendo por tanto a un ámbito de la acción
política, y a unas lógicas de unidad y articulación popular y comunitaria, de
larga trayectoria histórica. Que hunden sus raíces en las resistencias y luchas
anticoloniales y antirracistas de pueblos originarios a través de la historia;
en la auto-organización y los trabajos comunitarios del mundo rural; en las
experiencias de mutualismo, cooperativismo y ateneos culturales del movimiento
obrero; en las experiencias de apoyo mutuo y concienciación de grupos de
mujeres y organizaciones feministas que se han desarrollado en las diferentes
olas de empoderamiento feminista en los siglos XIX, XX y XXI; y también en las
iniciativas de cooperación de la economía social y solidaria del S. XX y XXI.
En el caso catalán, por ejemplo, Miró y Eizagirre subrayan así ese nexo
histórico entre lógicas comunitarias y cooperativas del pasado y la realidad de
diferentes experiencias comunitarias del presente:
Los movimientos obreros
organizados son antecedentes históricos de las expresiones contemporáneas en
los centros culturales dirigidos por la comunidad (Miró, 2018). Desde finales
del siglo XIX, las prácticas en las sociedades culturales populares y obreras
han sido vitales para explicar la historia de las tradiciones comunitarias y
cooperativas de Cataluña. Esas prácticas de clase conciernen a proyectos
estéticos, musicales, teatrales o educativos específicos, y promueven los
valores inspiradores de la identidad cooperativa: ayuda mutua,
auto-responsabilidad democrática, igualdad, equidad y solidaridad (Eizagirre,
2022, p. 16).
Es decir, nos referimos a experiencias de auto-organización
popular del pasado y del presente que generan unidad, identidad y
concienciación política para hacer frente de manera colectiva a las
dificultades y a las relaciones y estructuras de explotación o dominación
establecidas (patriarcales, coloniales, de clase, de usurpación de territorios,
esquilmación de ecosistemas, etc.). Por ello se trata, en no pocas ocasiones,
de espacios de resistencia, rebeldía, experimentación política y búsqueda de
prácticas emancipadoras instituyentes que desborden el statu quo imperante; y
también al estado y al mercado como esferas reguladoras de lo colectivo, ya que
estas últimas son esferas de acción política que suelen adolecer de esa
búsqueda y construcción de prácticas transgresoras de lo instituido en sentido
emancipador.
Sin embargo, estas prácticas de auto-organización popular y
construcción colectiva emancipadora deben hacer frente, en cada contexto
histórico y social, a dificultades culturales y políticas para desbordar lo
instituido, así como a las fuerzas reaccionarias y sus mecanismos de represión
y disciplinamiento.
Efectivamente, el contexto neoliberal de las últimas décadas y la
creciente hegemonía social de sus valores, además de afianzar el modelo de
sociedad colonial-racista, clasista y patriarcal que caracteriza el modelo
civilizatorio eurocéntrico de los estados modernos desde sus inicios, está
extendiendo en la esfera social y comunitaria vidas precarias, sobreocupadas y
fragmentadas (tiempos, actividades, relaciones,…); y subjetividades y dinámicas
de relación individualistas que debilitan y desarticulan los compromisos
colectivos, los cuidados mutuos comunitarios, y el músculo activista de las
organizaciones sociales y los movimientos populares.
Por otro lado, en la esfera política institucional, las décadas de
neoliberalismo han instaurado un modelo de gobierno de alianza público-privada
en la que se priorizan los recortes, la privatización y la subcontratación de
servicios públicos a empresas con ánimo de lucro que, desde la esfera económica
del mercado capitalista y sus lógicas de especulación y maximización de
beneficios-minimización de gastos, suelen generar encarecimiento y deterioro de
los servicios, y una mayor explotación laboral de las personas trabajadoras.
Además de invisibilizar y desvalorizar los trabajos reproductivos que sostienen
la vida y la satisfacción de necesidades y cuidados básicos en lo cotidiano.
Gago, Cielo y Tassi lo expresan así desde el contexto latinoamericano:
En la crisis de reproducción a
la que nos ha llevado la acumulación del capital en su fase neoliberal, vemos
la expropiación de lo socialmente producido a través de su desvalorización y a
través de renovadas formas de explotación. Los trabajos de cuidados, los
trabajos llamados “informales”, los trabajos precarios de la economía
flexibilizada, la agricultura familiar y muchos otros, constituyen las labores
devaluadas pero esenciales al funcionamiento de la producción, la circulación
de bienes y el consumo (Gago, Cielo y Tassi. 2023, p. 12).
Además, en este momento histórico de hegemonía de las lógicas y
los valores del mercantilismo capitalista, una nueva mutación neoliberal
favorece la creciente penetración social de mensajes de odio y estigmatización
racista de las personas migrantes; la aporofobia y criminalización de la
pobreza en base a discursos securitarios; y el rechazo reaccionario de la lucha
feminista y de las luchas por la diversidad de identidades sexuales y de
género. En ese sentido, la filósofa y politóloga belga Chantal Mouffe observa
con preocupación que:
El resultado de la hegemonía
neoliberal es, tanto en el plano socioeconómico como en el político, que se
establece un régimen verdaderamente oligárquico y post-democrático. (…) Y los
partidos populistas de derecha que articulan el rechazo a este momento oligárquico
y post-democrático de un modo autoritario, se han apropiado de las demandas antiestablishment.
Construyen un “pueblo” por medio de un discurso etnonacionalista que
excluye a los inmigrantes, a quienes percibe como una amenaza a la identidad
nacional y a la prosperidad. En nombre de la recuperación de la democracia, de
hecho propugnan su limitación (Mouffe, 2023, pp. 14-15).
Sin embargo, como contrapunto a esas lógicas hegemónicas
establecidas hoy en día en las esferas sociales, económicas y políticas, nos
interesa resaltar que en el contexto del País Vasco, al igual que en otros
muchos lugares del mundo[4], esas tendencias dominantes conviven
con: 1) experiencias de activismo popular y auto-organización comunitaria en la
esfera de lo social; 2) experiencias público-comunitarias en algunos gobiernos
locales en la esfera político-institucional; 3) economías comunitarias que dan
respuesta a necesidades sociales mediante el trueque o el intercambio de
actividades, conocimientos y servicios (huertos comunitarios, comunidades
energéticas, comedores solidarios, etc.); 4) e iniciativas de economía social y
solidaria que intentan hacer compatible la viabilidad económica con objetivos
sociales transformadores.
Entendemos, por lo tanto, que una búsqueda proactiva de sinergias
entre esas diferentes experiencias, cada cual con sus lógicas y condicionantes
propios (y lideradas desde diferentes esferas o ámbitos de actuación) pero
todas ellas necesitadas de apoyo para fortalecerse, es un horizonte de trabajo
imprescindible para hacer frente a las hegemonías imperantes en cada una de las
esferas a través de prácticas políticas de base comunitaria y democratizadoras
del poder. Desde nuestra perspectiva esas prácticas políticas pasan por
procesos de auto-organización y articulación comunitaria que sean el motor
director de iniciativas y proyectos políticos que, al mismo tiempo, necesitan
ser fortalecidos tanto desde el ámbito de las instituciones públicas, como
desde el de las entidades de la economía social; sin que eso suponga cambiar
ese liderazgo activista y comunitario como orientación política autónoma de las
iniciativas y proyectos. Así expresamos gráficamente este planteamiento:
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Gráfico 1: elaboración propia
2. Economías
comunitarias: democratizando la economía y el territorio
Es en el marco del desarrollo de esas prácticas participativas y
democratizadoras donde podemos situar el despliegue de las economías
alternativas y transformadoras, ese conjunto diverso de enfoques y propuestas
que comparten un pensamiento crítico frente al neoliberalismo hegemónico y un
repertorio de propuestas y prácticas diferenciadas de las propias del
capitalismo. Su crítica compartida se basa en el hecho de que el actual sistema
económico genera pobreza y desigualdad entre diferentes sectores de la población,
entre comunidades y pueblos, entre mujeres y hombres…, así como un progresivo
deterioro de las condiciones sociales y ambientales que aseguran la
reproducción de la propia vida.
Estas economías críticas beben, inicialmente, de las diversas
corrientes e interpretaciones clásicas como la marxista, pero, especialmente y
en la actualidad, de las aportaciones novedosas de las economías feminista y
ecológica que han puesto en el centro del análisis económico categorías y
elementos no tenidos en cuenta hasta el momento y que, por su radicalidad,
conllevan propuestas profundamente transformadoras. Más recientemente, estos
enfoques han ido incorporando otras visiones como el decrecimiento, la
decolonialidad, el buen vivir, la soberanía alimentaria o los (bienes) comunes,
entre otras.
Por otro lado, podríamos denominar economías transformadoras a
aquellas que, además de las anteriormente citadas, configuran un conjunto de
prácticas que, basadas en principios y valores críticos, constituyen redes o
movimientos que persiguen transformar la economía en sus diferentes ámbitos
(financiación, producción, comercialización y consumo). Es ahí donde
encontramos un conjunto diverso de enfoques teóricos, redes y movimientos
sociales, así como de prácticas económicas y asociativas de todo tipo que son
reconocidas con diferentes denominaciones como economía social y solidaria,
popular, comunitaria, participativa, etc. Como señalan Pérez de Mendiguren,
Etxezarreta y Guridi al referirse a la economía solidaria:
Frente a la lógica del
capital, la mercantilización de las esferas públicas y privadas y la búsqueda
de máximo beneficio, la Economía Solidaria persigue construir relaciones de
producción, distribución, consumo y financiación basadas en la justicia, cooperación,
la reciprocidad y la ayuda mutua. Frente al capital y su acumulación, la
Economía Solidaria pone a las personas y su trabajo en el centro del sistema
económico, otorgando a los mercados un papel instrumental siempre al servicio
del bienestar de todas las personas y de la reproducción de la vida en el
planeta (Pérez de Mendiguren, Etxezarreta y Guridi, 2009, p. 13).
Bajo el heterogéneo espacio de la economía social y solidaria,
podemos encontrar diferentes experiencias denominadas como economías
comunitarias, una diversidad de iniciativas que tratan de atender necesidades y
reforzar los vínculos comunitarios a través de la colaboración y la
articulación colectiva de la ciudadanía de un barrio o territorio concreto. Se
trata de prácticas transformadoras sustentadas en valores relacionados con la
autogestión, la democracia, la redistribución o la cohesión social. Si bien el
pensamiento económico convencional (capitalista) a menudo ni siquiera las
reconoce como económicas, lo son desde las perspectivas críticas y alternativas
que colocan la satisfacción de necesidades y el aumento del bienestar de
personas y comunidades en el centro de la actividad económica, bien fuera del
mercado o en mercados y formas de intercambio no capitalistas.
Otro aspecto central de estas expresiones es que son lideradas por
la propia ciudadanía y por organizaciones de base vecinal o social. Ni el
mercado ni las instituciones públicas las orientan ni las dirigen. De esta
manera, ante la clásica división entre público (acción institucional) y privado
(acción de mercado), nace un tercer espacio que tiene que ver con lo
comunitario. La autogestión se abre paso a través de la auto-organización
social y se convierte en un ejercicio de construcción de bienes comunes. En
último término, se trata de prácticas que construyen comunidad. Frente a la
lógica capitalista del individualismo, la competencia y la desconfianza mutua,
se reivindica el papel de la colaboración, la gratuidad y el establecimiento de
relaciones cooperativas entre las personas. Son iniciativas que comparten un
sentido, combinan las necesidades individuales y colectivas, se basan en
relaciones de confianza y en procedimientos democráticos y asamblearios,
respetan la pluralidad y la diversidad manteniendo una estrategia de acción
compartida (Askunze, 2019, pp.53-55).
Tal como apuntábamos anteriormente, es necesario subrayar que este
tipo de iniciativas encuentran un primer origen en la recuperación de las
experiencias de los pueblos originarios o en las numerosas tradiciones de
organización de muchas comunidades a lo largo del planeta que han mantenido
formas de organización comunitarias de la producción, la distribución y el
consumo, considerando, además en esa actividad económica otros elementos
relacionados con la cultura, la espiritualidad y la conexión con la tierra.
Desde la concepción del
sistema económico comunitario, los medios de trabajo y los recursos naturales
son de propiedad comunal y/o colectiva, donde los miembros de la comunidad,
constituidos en una asamblea son los propietarios de los recursos existentes
dentro del territorio (…). En la producción y distribución comunitaria prima el
valor de uso a partir de diversos principios e instituciones que organizan al
sistema como son: reciprocidad, redistribución y complementariedad, lo que
permite su integridad y desarrollo, la satisfacción de las necesidades y
asegura su supervivencia y de las generaciones futuras, teniendo para ello como
sujeto principal a la comunidad (Chiroque y Mutuberria, 2011, p. 5).
Más recientemente, encuentran acomodo en el desarrollo de sistemas
económicos sostenidos por la comunidad, en el desarrollo de territorios en
procesos de transición ecosocial o en la recuperación de los bienes comunes o
el desarrollo de los denominados “nuevos comunes” (Calle y Casadevente, 2015).
Podemos establecer el siguiente listado (inconcluso) del tipo de
actividades que podemos considerar como economías comunitarias:
Para los estudios del postcrecimiento, que van un paso más allá de
estas iniciativas tal y como las hemos descrito, la economía comunitaria se
presenta como un horizonte en el que la actividad económica esté al servicio de
la comunidad, a través del arraigo local, la propiedad compartida y la toma de
decisiones inclusiva. Desde esa perspectiva, el valor económico y social no se
extrae, sino que permanece en la comunidad que lo produjo, por lo que es
fundamental la distribución previa. Esto significa que la colaboración, el
cuidado y la distribución justa forman parte del sistema económico desde el
principio y no se regulan a posteriori. De esta manera, los gobiernos e
instituciones ceden espacio a la economía comunitaria (frente a la de mercado o
meramente pública), que por sí misma proporciona una distribución más justa,
teniendo en cuenta a las personas y a la comunidad (Commons Network, 2025).
Sirva esta mención para apuntar que los rasgos de las economías
comunitarias que presentamos (y en general el de todas las economías
transformadoras, como lo es la economía social y solidaria) aportan valores y
experiencias que pueden, junto a otros aportes, dibujar los contornos de
modelos alternativos postcapitalistas que aspiren a disputar y a superar el
sentido y la organización capitalista de la economía. En todo caso, por nuestra
parte, nos vamos a detener en un ámbito muy concreto y cercano: el de la
gestión comunitaria de equipamientos de titularidad pública.
3. Gestión comunitaria
de equipamientos públicos
En un momento histórico en el que, como apuntábamos más arriba, se
profundizan las dinámicas de exclusión social y precarización (de la vivienda,
de los empleos, de los vínculos, de los cuidados,…); con una creciente
expansión de mensajes reaccionarios de odio y criminalización contra los
sectores más vulnerables de nuestros barrios y pueblos; y con un aumento de la
polarización, los desafíos medioambientales y los conflictos sociales,
entendemos que el fortalecimiento de espacios de encuentro que tengan capacidad
de aglutinar, articular y construir auto-organización comunitaria, y que
faciliten conexiones entre personas y grupos, es una apuesta estratégica
ineludible.
Entendemos por ello que la apuesta política por construir
comunidad y auto-organización en centros sociales o comunitarios merece que se
le dediquen todos los esfuerzos y recursos posibles, para poder así consolidar
o construir espacios sólidos que permitan desarrollar un trabajo comunitario
continuado a medio y largo plazo. Tal y como apuntan Morales y Rebollo,
“vivimos tiempos de crisis que se dibujan como estructurales a largo plazo (…),
un cambio de época que necesita nuevas respuestas (…). La acción comunitaria y
el empoderamiento de la población pueden tener un papel determinante a la hora
de impulsar nuevas respuestas y/o preservar derechos existentes” (Morales y
Rebollo, 2014, p. 9).
En ese mismo sentido, Martínez y Díaz subrayan que el carácter
autogestionario de los centros sociales genera experimentos de democracia
directa y de activar comunidades en la búsqueda y construcción de respuestas
colectivas a diversos fenómenos de alienación urbana:
La especulación
inmobiliaria-financiera que campa a sus anchas en nuestras ciudades, los
procesos de privatización de espacios y servicios, la segregación, la
gentrificación, la turistificación, las dificultades de acceso a una vivienda
digna y el incremento de la explotación del trabajo en el ámbito reproductivo
son algunos de los principales componentes de la alienación urbana a la que se
oponen los centros sociales (Martínez y Díaz, 2025, p. 220).
Desde la perspectiva amplia y estratégica que queremos exponer en
este artículo, entendemos la acción comunitaria y la comunidad como el conjunto
de agentes, relaciones y estructuras que intervienen y tienen capacidad de
incidencia en un territorio (barrio, distrito, municipio). Esa amplia
concepción de los agentes comunitarios incluiría:
●
El
vecindario y sus relaciones en lo cotidiano; con formas de incidencia y de
apoyo mutuo en base a lazos informales.
●
El
vecindario organizado en grupos y asociaciones en base a diferentes tipos de
afinidades, iniciativas y proyectos. Es decir, el tejido social activista, sus
redes y sus dinamismos.
●
Las
organizaciones profesionalizadas de la economía solidaria y del tercer sector
social que trabajan en el territorio con proyectos de intervención en el mismo.
●
Y
los servicios públicos existentes en ese territorio (ambulatorio, escuela,
servicios sociales…) y el personal técnico que trabaja en ellos, así como las
personas responsables políticas de esos servicios públicos.
Evidentemente cuando hacemos referencia a lo comunitario, es
central el protagonismo y el liderazgo del vecindario y de las personas, grupos
y redes que conviven en ese territorio en el día a día, y que quieren hacer
cosas por el bien de la comunidad. De hecho entendemos que el desafío central
es que a partir de esa base comunitaria, y respetando su imprescindible
protagonismo y liderazgo, la pluralidad de agentes que inciden con su actividad
en el territorio y en la convivencia, sean capaces de construir, desde la
autonomía de cada cual, suficiente colaboración y sintonía para crear un
ecosistema de relaciones y unos equipamientos que faciliten la activación y
articulación de esa base comunitaria.
Evidentemente esto requiere sintonizar perspectivas, diagnósticos
y propósitos; y será relativamente más factible cuando exista cierta afinidad
ideológica y política entre los agentes comunitarios llamados a la
colaboración. En cualquier caso, dadas las dificultades para reconocerse
mutuamente la función y también la autonomía de cada agente comunitario
señalado más arriba, así como las dificultades habituales de comunicación y
entendimiento entre esas perspectivas y roles vecinales, activistas, técnicos y
político-institucionales; para construir esa colaboración plural y diversa,
suelen ser necesarios cuidados procesos de diálogo y búsqueda negociada de
acuerdos que permitan identificar y reconocer la complementariedad de aportes
de cada agente, activar el reconocimiento mutuo de esos aportes y la
disposición a compartirlos, y perseverar en el diálogo hasta lograr los
acuerdos políticos necesarios.
Se trata, por lo tanto, de procesos complejos que no siempre
logran ese propósito de construir comunidad y auto-organización en centros
sociales o comunitarios, o de diseñar de abajo hacia arriba infraestructuras y
equipamientos que faciliten el encuentro, la organización y la autogestión de
cara a generar comunidad e iniciativas colaborativas y transformadoras que
impacten positivamente en el territorio; y que, además, contribuyan a la
generación de sentido de pertenencia, cohesión social y arraigo territorial.
Elementos centrales hoy en día, tal y como apuntan Miguel A. Martínez e Ibán
Díaz:
Frente a la dispersión humana y
a la separación política, el centro social permite la agregación de personas
diferentes con necesidades comunes. Frente a la impotencia política del
individuo, no sólo aprovecha las condiciones favorables para arraigarse y
crecer, sino que genera medios y oportunidades para actuar de forma colectiva y
cooperativa (...) Esto es de especial importancia en la medida en que abre
posibilidades de auto-organización política cooperativa y de construcción de
comunes urbanos en contextos dominados por la lógica del capitalismo urbano
(Martínez y Díaz, 2025, pp. 213-214).
Es decir, espacios de organización popular que, en definitiva,
contribuyan a la transformación de realidades de segregación, y exclusión, y a
la mejora de la convivencia y la articulación en clave de empoderamiento.
Porque tal y como plantean Morales y Rebollo
¿Por qué y para qué se ha de
trabajar con la comunidad? ¿Para que dé respuesta, a través de acciones
solidarias de todo tipo, a las necesidades básicas a las que ya no está
haciendo frente el Estado? ¿O para generar conciencia, contrapoder y capacidad
de organización que luche por sus derechos y además articule esas respuestas?
(Morales y Rebollo, 2014, p. 10).
Evidentemente nos decantamos por la segunda opción tanto desde un
punto de vista de profundización democrática y de poder popular, como a la hora
de evitar articulaciones y acciones comunitarias meramente caritativas que
generan receptores o consumidores de “servicios” o actividades de ocio sin que
se impliquen en las relaciones organizativas que las sostienen y en los
procesos de concienciación política que llevan aparejados.
Por ello entendemos que lo idóneo es que estos espacios
comunitarios sean liderados y autogestionados desde la propia comunidad de una
manera abierta y participativa[5]; y, al mismo tiempo, se fundamenten en
la corresponsabilidad entre esa vecindad y sus organizaciones sociales, y las
instituciones públicas, para que los espacios e infraestructuras comunitarias
puedan sostenerse de manera social y políticamente significativa en el medio y largo plazo.
Por ello, uno de los retos a encarar es salir de las lógicas de falta de
reconocimiento mutuo para poder establecer diálogo político, generar acuerdos,
asumir responsabilidades compartidas, y poder así convertir en realidad la
complementariedad de aportes, saberes, capacidades y recursos. En esa misma
línea Blanco y Gomà señalan:
Desde el respeto a los anhelos
autogestionarios de las iniciativas sociales, las administraciones locales
deberían facilitar los esfuerzos (auto)organizativos de la ciudadanía y
establecer con ellos lazos de cooperación que permitieran dar respuesta a los
desafíos sociales en el corto y largo plazo. (…) Esto es así porque las
organizaciones voluntarias por sí solas no son suficientes para dar respuesta
al tipo de desafíos sociales sanitarios y sociales que emergen en crisis como
las vividas en los últimos años; y también porque la acción institucional es
insuficiente para hacer frente a los retos del momento” (Blanco y Gomà, 2022,
p. 277).
4. Colaboración
público-comunitaria: ¿Qué aporta cada cuál?
En la co-producción de un proyecto de tipo comunitario, las Redes
Vecinales aportan proximidad, implantación y arraigo en el territorio. En base
a ello, cuando apuestan por el mestizaje, la diversidad y trabajar en la
complejidad de las realidades de segregación y exclusión social, desarrollan
iniciativas y espacios de relación que permiten al vecindario juntarse,
conocerse, compartir actividades y reconocerse en la diferencia (de culturas,
de edades, de recursos, de necesidades...). Las Redes Vecinales, aportan, por
lo tanto, oportunidades de conectar al vecindario, promoviendo la creación de
relaciones y vínculos en las calles, plazas y espacios de referencia para
compartir celebraciones, fiestas, apoyo mutuo y alegrías; y también
necesidades, preocupaciones, conflictos, reivindicaciones, proyectos, etc.
En definitiva, proveen oportunidades de crear lazos, afectos y
herramientas que resultan imprescindibles en momentos en los que la
desinformación, los mensajes de odio y los estereotipos generan inseguridades y
miedos que dificultan la convivencia. Frente a eso, las redes comunitarias y
los espacios y actividades de encuentro producen dinámicas de relación que
transforman esas desconfianzas, prejuicios y segregaciones en aprecio,
confianza y comunidad.
Por su parte, en la co-producción de un proyecto comunitario, las
instituciones públicas aportan, entre otras cosas, capacidad de intervención
continuada en base a recursos públicos, conocimientos técnicos y, en ocasiones,
fuerza catalizadora o tractora para crear sinergias entre diferentes
instituciones y agentes. Así y todo, tal y como recuerda Eizagirre, “las
alianzas entre actores públicos y comunitarios necesitan apoyo en forma de
herramientas regulatorias y sistemas de indicadores que revelen el interés de
esas alianzas híbridas desde una perspectiva de valor público agregado”
(Eizagirre, 2022, p. 12).
Así, en base a ese “interés de valor público agregado” las
instituciones, sin dejar de garantizar el carácter público, abierto y de
interés general del proyecto, dejan hacer a la iniciativa comunitaria y
propician la viabilidad y sostenibilidad de la iniciativa. En ese sentido,
cuando institucionalmente se pretende apoyar o impulsar proyectos comunitarios
las instituciones públicas se ven obligadas a activar una lógica no sólo
institucional sino también territorial-comunitaria. Es decir, adoptan un rol de
facilitadoras para que otros agentes comunitarios “puedan hacer” desde la
proximidad y el arraigo en el territorio; “puedan hacer” desde su autonomía y
garantizando que se respeta esa autonomía, es decir, sin injerencias ni
intentos de cooptación o rentabilización electoralista.
Asumir los límites de la acción
institucional, así como los límites de la acción comunitaria, debería ser un
acicate para el impulso de acciones conjuntas en base a marcos de colaboración
estables. La resiliencia de las ciudades ante crisis profundas e intensas como
las actuales pasará por la capacidad de tejer redes de colaboración
público-comunitaria que aúnen los recursos institucionales con las energías
sociales que las crisis activan. (…) La extensión de las acciones colectivas de
carácter solidario y cooperativo constituye uno de los pocos resultados
positivos de las crisis de los últimos años. Dicha extensión contiene la
semilla de transformaciones sociales más profundas y constituye un antídoto
contra las pulsiones exclusivistas, autoritarias y xenófobas que también están
empezando a emerger (Blanco y Gomà, 2022, p. 279).
Todo ello suele necesitar tanto recursos técnicos y económicos
públicos, como adaptabilidad normativa y burocrática que posibilite aplicar la
lógica institucional (en ocasiones excesivamente normativista, formalizadora y
rígida) con suficiente flexibilidad para poder emprender proyectos en base a
las lógicas comunitarias (más informales y cambiantes pero, por ello, también
creativas e innovadoras).
En ese sentido, tanto las entidades de la economía solidaria y el
tercer sector social, como equipos de la universidad u otras instituciones
educativas, pueden aportar apoyo dinamizador profesionalizado que facilite
diálogos y acuerdos, y mediante su apoyo dote de un plus de legitimidad y
continuidad a las iniciativas comunitarias y activistas.
En base a lo anterior, resulta evidente la complementariedad de
los recursos que tanto unos agentes como otros pueden aportar, y que les
permitiría llegar hasta donde de manera unilateral no pueden llegar. Ya que lo
que en el caso de algunos agentes son puntos fuertes (la proximidad, arraigo e
implantación en lo cotidiano de las redes comunitarias y, en diferente medida,
de las entidades del tercer sector y la economía social) son debilidades o
carencias de las instituciones públicas; y, viceversa, los recursos económicos,
y la regularidad, continuidad y sostenibilidad a largo plazo suelen ser los
talones de Aquiles de las experiencias de autogestión popular.
De ahí la importancia y la necesidad de reconocer esa
complementariedad de recursos y capacidades para poder reforzar conjuntamente
la comunidad y potenciar su cohesión y dinamismo. Ya que, tal y como señalan
Morales y Rebollo en su análisis de las potencialidades y límites de la acción
comunitaria:
Las acciones comunitarias son
acciones con objetivos colectivos que se despliegan con una triple
intencionalidad y estrategia: (1) promover el empoderamiento de la población;
(2) incluir al conjunto de la misma o, quizás mejor, no generar exclusión incorporando
la diversidad de sus miembros y grupos; (3) mejorar las condiciones de vida
(Morales y Rebollo, 2014, p. 12).
En lo que se refiere a la primera de esas dimensiones señalan
además que la expresión máxima del empoderamiento se produce en la escala
comunitaria y es alcanzado cuando tiene un carácter político, es decir, cuando
genera capacidades organizativas y de respuesta adquiridas a partir de la toma
de conciencia sobre las relaciones de poder existentes (Morales y Rebollo,
2014, p.13). Del mismo modo, bell hooks también subraya el peligro de la
pérdida del sentimiento de comunidad, del sentimiento de conexión y cercanía, y
apuesta por “confrontar los sentimientos de pérdida y restaurar nuestro sentido
de conexión” desde el trabajo en lo educativo y en lo concienciador (Bell
Hooks, 2024, p. 19). Entendemos por todo ello que, en la coyuntura actual,
equipamientos liderados desde las redes activistas y apoyados desde lo público
y desde las entidades con vocación social y solidaria, son imprescindibles para
construir conexión, organización comunitaria y empoderamiento inclusivo.
5. San Francisco
(Bilbao), proyectando un centro comunitario público y auto-gestionado.
La iniciativa popular en la que estamos inmersos está promovida
por Ehunka-Red Comunitaria de los barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y
Zabala, que nace en enero de 2024 tras un proceso de reflexión y renovación del
movimiento asociativo y vecinal de estos barrios y tiene como misión principal
tejer relaciones y desarrollar colectivamente iniciativas que fortalezcan y
transformen la comunidad a través de una amplia y plural participación social.
Su propósito es ir desarrollando un nuevo tipo de organización en red, abierta,
diversa, solidaria e inclusiva que construye desde abajo —a través de
actividades autogestionadas— iniciativas para la mejora de estos barrios.
La presentación pública de la propia red se hizo coincidir con la
de la propuesta de centro comunitario en septiembre de 2024. Esta propuesta
reivindica la transformación de un edificio de carácter industrial de
Telefónica —cuya propiedad ha pasado a titularidad municipal— en un centro de
gestión comunitaria, autogestionado por el tejido asociativo y el vecindario, y
de carácter polivalente en su configuración espacial y de usos. Para Ehunka, se
trata de una oportunidad única para que dicho edificio se convierta en un
catalizador de iniciativas que contribuyan a la transformación del territorio y
a la dinamización comunitaria. Un territorio que necesita de herramientas y
espacios que articulen las relaciones sociales y vecinales, que ofrezcan
oportunidades para promover y fortalecer las capacidades —individuales y
colectivas— de las personas, que generen conexiones que promuevan una identidad
comunitaria compartida, reconociendo y potenciando las diversidades de todo
tipo que atraviesan y enriquecen la vida de los barrios.
Un trabajo que se antoja prioritario en unos barrios que arrastran
históricamente —y en los que perduran— graves problemáticas de pobreza y
exclusión social. Problemas multifactoriales que requieren de intervenciones
públicas y sociales de carácter integral y que, particularmente, incorporen la
participación de la propia comunidad en la identificación y desarrollo de
propuestas para la mejora de su entorno urbano y de su calidad de vida. Se
trata de un territorio que cuenta con una población censada de 16.111
habitantes (6.675 en San Francisco, 5.415 en Zabala y 4.021 en Bilbao la
Vieja), de las que aproximadamente el 50% son mujeres, si bien estas suponen
entre las personas de más edad 3 puntos más que los hombres. Del total de la
población, el 43% es de origen extranjero en San Francisco, el 35% en Zabala y
el 23% en Bilbao la Vieja, siendo sin embargo del 17% en el conjunto de Bilbao
(Ayuntamiento de Bilbao, 2024). Hay que señalar, así mismo, que existe un alto
movimiento de población (entradas y salidas de los barrios) y que existe una
población flotante no censada difícil de cuantificar. Por otro lado, se trata
de un territorio que ocupa tan solo 0,44 km2 y que cuenta, sin embargo, con una
alta densidad poblacional que triplica la media de Bilbao.
La renta total media anual de quienes habitan estos barrios es una
de las más bajas de la ciudad: 18.690 €, frente a los 26.598 € de media en
Bilbao o los 46.084 € del vecino barrio de Abando, que cuenta con la renta más
alta de la ciudad (EUSTAT, 2023). El desempleo estimado es de aproximadamente
el 40%, siendo habitual el trabajo sumergido, especialmente en ámbitos como el
de la limpieza, las labores de hogar y los cuidados (realizado por mujeres), o
en la construcción, el pequeño comercio y la recogida de chatarra. Se estima
que cerca de la mitad de las personas desempleadas no cuentan con prestaciones,
a pesar de ser el territorio de Bilbao y de la Comunidad Autónoma Vasca que
cuenta con mayor número de Rentas de Garantía de Ingresos otorgadas por el Gobierno
Vasco.
Estos datos, son una pequeña muestra de las característica
demográficas y socioeconómicas de esto barrios e indican la necesidad urgente
de incrementar los servicios públicos y los dispositivos comunitarios que
promuevan las bases de un futuro de inclusión y cohesión social. En ese
sentido, el centro comunitario demandado se presenta como una auténtica
“infraestructura social”, es decir, un lugar que posibilite la generación de
relaciones interpersonales y la construcción de proyectos colectivos. Proyectos
que contribuyan, desde la autoorganización, a generar nuevas y mejores
condiciones de vida en la comunidad y transformen el territorio que habitan
(Klinenberg, 2021).
La propuesta presentada de centro comunitario recoge un trabajo
realizado desde la Red Ehunka donde se muestran los rasgos de un espacio
comunitario que cumpla con la función señalada, el tipo de espacios y de
actividades que puede albergar y su forma de organización y gestión. En todo
caso, se propone, sobre la base del documento inicial, impulsar un proceso
amplio de participación social y vecinal que defina y concrete lo que se
apunta, incorporando especialmente a aquellos grupos de población más alejados
de las dinámicas comunitarias por razón de su condición socioeconómica, edad,
sexo o procedencia cultural y/o étnica. Dicho proceso contempla, además,
incorporar al rico y diverso tejido asociativo social y cultural presente en
los barrios, así como abrir un espacio de diálogo y de colaboración
público-comunitaria con el Ayuntamiento de Bilbao. En el siguiente apartado nos
referiremos a esos procesos en curso.
Como se ha señalado, la realidad sociodemográfica de estos barrios
es compleja y diferente a la de otros en la misma ciudad de Bilbao y, por ello,
son necesarias propuestas que se adecúen a esa realidad: espacios polivalentes,
con mayor flexibilidad y menos trabas para su utilización (requisitos,
horarios, limitación de uso a días laborables…), en los que todas las personas
—especialmente las más vulnerables— puedan sentirlos como propios y como
lugares amables y seguros de acogida. Espacios que refuercen dinámicas de
encuentro intergeneracional y/o intercultural, además de presentar una oferta
gratuita de actividades accesibles para todas las personas, también para
quienes tienen menos oportunidades y recursos.
Un lugar, así mismo, que refleje la diversidad de identidades
culturales, sociales y de todo tipo existentes y, a la vez, promueva un
sentimiento de pertenencia común a los barrios, conectando al vecindario y a la
pluralidad del tejido asociativo. Algo muy necesario y urgente en territorios
donde están aumentando las desigualdades y los conflictos estructurales
derivados del machismo, el clasismo o el racismo social, lo que genera
dinámicas de control, vigilancia y acoso policial que hacen que se pierda el sentido
del espacio público como lugar de convivencia donde se articula la diversidad.
Un espacio donde el mutuo conocimiento y la comprensión de las particularidades
cumpla una función de cohesión y prevención, frente a las problemáticas
derivadas de los procesos de exclusión y marginación social. Se propone para
ello, crear una infraestructura que facilite las relaciones interpersonales y
la puesta en marcha de actividades e iniciativas auto-organizadas, un espacio
basado en valores y prácticas feministas, equitativos, ecologistas y
antirracistas, donde aprender colectivamente intercambiando experiencias y
saberes.
Es decir, un espacio de carácter netamente comunitario que pueda
complementar otros servicios y recursos públicos o de iniciativa social ya
existentes, para favorecer su crecimiento o desarrollo. Fomentando así la
complementariedad y la colaboración entre las tres esferas sociales: la
comunitaria, la pública y la del tercer sector social. Un lugar, en ese
sentido, sostenido de manera estable por la colaboración público-comunitaria
para asegurar su sostenibilidad frente a la precariedad y la complejidad de los
retos sociales y convivenciales a afrontar.
Desde esta perspectiva, la propuesta de centro comunitario para
estos barrios se sintetiza en las siguientes características (Ehunka, 2024):
●
Un
espacio de colaboración público-comunitaria, donde la titularidad será pública
y la gestión comunitaria.
●
Un
lugar que pueda reunir tanto servicios comunitarios como actividades impulsadas
por el tejido asociativo y por el propio vecindario.
●
Una
infraestructura flexible y polivalente que, organizativa y espacialmente,
permitirá el desarrollo de todo tipo de actividades sociales, culturales y
comunitarias, tanto de carácter temporal como permanente.
●
Flexible
también en horarios, para promover el uso del espacio en fines de semana,
festivos o en épocas vacacionales.
●
Un
lugar que acoja propuestas de vecinas y vecinos que se organicen para el
desarrollo de iniciativas o de colectivos sociales existentes.
●
Un
edificio que cuente con espacios accesibles que faciliten el desarrollo de
iniciativas públicas (charlas, asambleas, exposiciones, cine, teatro, música,
etc.), el encuentro y el fomento de las relaciones entre personas y grupos
(cocina y comedor, bar, tetería, cursos, etc.) y la autoorganización
comunitaria (laboratorio de iniciativas sociales, grupos cooperativos y de
apoyo mutuo, equipos temáticos o sectoriales de trabajo, etc.).
●
Un
espacio que fomente transversal y específicamente la igualdad entre mujeres y
hombres, la libre expresión de identidades sexuales diversas, la
interculturalidad, la inclusión y la solidaridad.
●
El
centro podrá albergar, así mismo, espacios específicos y adaptados para grupos
de población determinada (mujeres, infancia, juventud, personas mayores,
comunidades migradas y de pertenencia a determinadas culturas...) y se
desarrollarán también otros que impulsen actividades e iniciativas
intergeneracionales o que promuevan el mestizaje entre culturas e identidades.
●
Una
infraestructura de los barrios y para los barrios, pero que también aspirará a
convertirse en un centro abierto a determinadas actividades para toda la
ciudad.
●
Un
edificio en el que en su rehabilitación tenga en cuenta criterios
ambientalmente sostenibles de diseño y construcción, pudiéndose instalar en la
cubierta infraestructuras y placas solares que, junto a otras actuaciones,
permitan crear una comunidad energética en los barrios.
6. Estrategia y metodología: proceso de articulación comunitaria e
interlocución institucional.
Tal y como señalamos más arriba, una de las claves de esta
iniciativa es que el liderazgo de la misma es el trabajo activista de los
vecinos y vecinas que forman parte de los grupos de trabajo de la Red
Comunitaria Ehunka, que cuentan además con el apoyo de un equipo universitario
en tareas de dinamización y sistematización del proceso[6].
Desde ese motor activista que conduce y dirige la iniciativa se ha logrado
constituir una mesa de interlocución con el Ayuntamiento para negociar la
cesión y gestión comunitaria del edificio, así como su financiación. Por
último, ampliando la diversidad de agentes que están confluyendo en este
proceso, participan también entidades profesionalizadas de diferentes ámbitos
de la economía solidaria y de la intervención con colectivos en situación de
exclusión social.
Esas entidades de tercer sector social desarrollan diferentes
programas e intervenciones con los colectivos del barrio más vulnerables y
marginalizados (atención a personas en situación de sinhogarismo; acogida y
apoyo a personas migrantes; apoyo sociosanitario a situaciones de
drogodependencia o prostitución; actividades con la infancia o con las personas
mayores más vulnerables; etc.). Desde esa experiencia y trabajo, estas
entidades facilitan el contacto y la relación con esos sectores sociales dentro
de un proceso de articulación comunitario amplio que la Red Ehunka y el equipo
universitario están desplegando para que la propuesta inicial de contenidos y
actividades del centro comunitario elaborada por Ehunka pueda enriquecerse y
reformularse en base a las necesidades más sentidas y acuciantes, y sea capaz
de aglutinar y articular en su seno la diversidad social existente en el
barrio.
Es por ello que, de manera paralela, se está trabajando en ese
proceso amplio de participación y articulación comunitaria que permita recabar
aportes y conectar a los sectores más precarios y marginalizados del barrio con
el futuro centro comunitario (más adelante nos referiremos a las
características y desarrollo de ese proceso); y, por otro lado, en una mesa de
diálogo y negociación con el Ayuntamiento que posibilite una cesión del uso del
edificio y una gestión comunitaria autónoma financiada fundamentalmente, aunque
no exclusivamente, desde lo público, para poder sostener con continuidad y
solvencia actividades de y para la comunidad y sus sectores más vulnerables.
En lo que se refiere a la mesa de diálogo con la institución
municipal, iniciar ese diálogo no fue tarea sencilla ya que los precedentes en
la relación entre el tejido social del barrio y el ayuntamiento eran de
desacuerdo y desconfianza mutua. Sin embargo, la amplia movilización social y
la atención mediática que logró la Red Comunitaria Ehunka cuando presentó,
junto con el equipo universitario, la propuesta de centro comunitario para el
edificio Telefónica posibilitó que se constituyera la mesa de diálogo con la
institución municipal en base a su compromiso político de crear un Centro de
Gestión Comunitaria partiendo de la propuesta de la Red Ehunka.
Ese compromiso político se basa en un reconocimiento por ambas
partes de que, dada la compleja realidad social de estos barrios y el riesgo
cada vez mayor de que la ola global de mensajes anti-inmigración, racistas, de
criminalización de la pobreza, etc. pueda generar un deterioro de la
convivencia, se considera necesario abrir una nueva etapa en la que tanto los
esfuerzos y recursos públicos como los comunitarios adopten un mayor grado de
coordinación. De manera que esa complementariedad y coordinación permita
reforzar las iniciativas y equipamientos comunitarios que trabajan en favor de
la transformación de realidades de exclusión y marginación, y por la mejora de
la convivencia en clave de empoderamiento y auto-organización vecinal.
Por acuerdo de los diferentes agentes que componen esta mesa, la
dinamización y facilitación del trabajo de la misma la ha desarrollado el
equipo universitario, moderando el uso de la palabra, los tiempos de
intervención, y realizando propuestas de consenso en caso de desacuerdos o
bloqueos, asumiendo todas las partes que la búsqueda negociada de acuerdos sea
el principio que guíe la superación de las discrepancias que se produzcan. Se
inicia así un proceso de diálogo que en su primera fase se desarrolló con
reuniones mensuales entre enero y junio del 2025.
Esta mesa de interlocución con la institución municipal ha dado ya
como fruto un acuerdo marco para la creación del centro comunitario en parte
del edificio, con un modelo de gestión autónoma y asambleario del mismo, y un
planteamiento de financiación mixta que permita sostener su actividad tanto en
base al trabajo activista de vecinos y vecinas del barrio, y de las
organizaciones sociales de su tejido social, como con un equipo comunitario
compuesto por personas asalariadas que puedan coordinar las actividades y
garantizar horarios amplios y flexibles para un uso del espacio acorde a las
necesidades que se vienen identificando en el proceso amplio de articulación
comunitaria.
Ese proceso de diálogo y negociación con las instituciones
públicas no está finalizado, ya que todavía queda por concretar el diseño
arquitectónico de la reforma del edificio y la participación social en el
mismo; y también el alcance de la financiación pública del Centro comunitario,
que se discutirá a partir de la propuesta de convenio que elaborará la red
Ehunka en base al acuerdo marco alcanzado con la institución municipal, y al
proyecto de Centro Comunitario definido con mayor concreción atendiendo a los
aportes que se están recabando en el proceso participativo que describimos a
continuación.
El proceso de participación-articulación comunitaria en el barrio,
se viene desplegando en diferentes fases guiadas por el siguiente esquema de
trabajo:
Gráfico 2: elaboración propia
En una primera fase, a partir de un mapeo de personas,
asociaciones y entidades que, como decíamos más arriba, pueden facilitar el
contacto y la relación con diferentes comunidades étnicas, grupos de edad y
situaciones de vulnerabilidad social, se está desarrollando por parte de un
grupo de trabajo de la Red Ehunka con el apoyo del equipo universitario, una
veintena de reuniones bilaterales. En estas reuniones se informa del momento en
que se encuentra la iniciativa de creación del centro comunitario y además se
pide colaboración para que propicien el encuentro con los vecinos y vecinas del
barrio con quienes trabajan (diferentes comunidades étnicas, grupos de edad y
situaciones de vulnerabilidad social); para poder así compartir con esos
colectivos específicos la información sobre la creación del centro comunitario,
y también poder escuchar y recabar sus necesidades, anhelos y propuestas para
el centro.
La idea es que, en una segunda fase, podamos acercarnos a los
espacios y actividades en que estas asociaciones y entidades del tercer sector
trabajan con esos colectivos más vulnerables, sean espacios y actividades más
formales (habilitadas por las propias entidades dentro de sus proyectos y
locales); o más informales (espacios de relación no asociados a ninguna
actividad o proyecto concreto). Así mismo se les pide colaboración para
definir, en base a su experiencia, el modo más adecuado de iniciar ese acercamiento
y esos diálogos; es decir, en qué momento y en torno a qué tipo de actividad
(café/té, paseo, reunión, taller, actividades manuales, musicales,
gastronómicas…) es más adecuado posibilitar ese encuentro para que se adecúe a
sus códigos, ritmos y dinámicas, de forma que se sientan más a gusto para
charlar, expresarse y compartir.
El propósito es ir construyendo una relación continuada que,
además de informar de la iniciativa del Centro Comunitario y de los avances que
vayan produciéndose en su proceso de creación, permita ir recogiendo sus
aportes para redefinir la propuesta de centro comunitario. Y, sobre todo, para
ir generando conocimiento mutuo, cercanía, confianza e ilusiones compartidas en
torno al futuro centro comunitario.
De esta manera, informamos también a las entidades del tercer
sector y las asociaciones “puente” que nos gustaría ir estableciendo esa
relación continuada especialmente con grupos o personas que tengan o puedan
tener cierta capacidad de liderazgo comunitario a la hora de conectar con otras
personas de su entorno y las necesidades que expresan; y capacidad de proponer
y organizar actividades de respuesta a esas necesidades.
La idea es que estos acercamientos a diferentes grupos sociales
específicos (comunidades migrantes, situaciones de exclusión, etc.) sean
desarrollados de manera paralela y simultánea; para, posteriormente, confluir
en actividades y espacios de puesta en común más mezclados o mixtos (en edades,
etnias, tipos de vulnerabilidad, géneros, etc.). Siempre intentando habilitar
formas de encuentro y metodologías que hagan sentirse a gusto a todas las
personas y grupos asistentes; es decir, espacios seguros, libres y de respeto
mutuo, que no nos sitúen a algunos grupos más en el centro y a otros más en la
periferia, y que no reproduzcan jerarquías que puedan hacer deteriorarse la
confianza y la identificación con el proceso de co-construcción del centro
comunitario, y con un lugar propio y respetado en el mismo.
7. Reflexiones e
interrogantes para el debate
Finalizamos este artículo señalando algunas cuestiones que se nos
vienen planteando en esta experiencia y que entendemos que deben acompañar el
debate y la discusión en este tipo de procesos:
1.- Dada la posición social y comunitaria de cierta centralidad y
privilegio (o al menos posiciones sociales no marginales y no tan vulnerables)
que ocupamos muchas de las personas activas en las organizaciones sociales y
políticas que impulsan este tipo de propuestas, ¿cómo incorporar a los sectores
sociales más marginalizados y excluidos (las periferias) desocupando el centro
para que puedan formar parte del mismo?
2.- Entendiendo el ámbito de la administración y las instituciones
públicas como un territorio en disputa, en coyunturas de debilidad y
fragmentación del músculo del activismo social y político, ¿Cómo reforzar las
iniciativas activistas y comunitarias con cierto grado de apoyo institucional
(cesión de equipamientos o espacios en desuso, recursos, financiación de
equipos de trabajo comunitarios, etc.,) y también con el apoyo de entidades de
la economía social, sin caer en lógicas ajenas, cooptadoras y debilitadoras de
la capacidad de desborde y transformación estructural?
3.- ¿Son viables y compatibles las experiencias autogestionarias
de las economías comunitarias con el apoyo de las instituciones públicas? ¿Qué
tipo de políticas públicas pueden favorecer el desarrollo y la escalabilidad de
las iniciativas de la economía social y solidaria?
4.- ¿Qué elementos y mediaciones necesitamos para poder sintonizar
y alinear en torno a proyectos comunes a esferas de trabajo e intervención
diferentes como son la activista, la de la economía social y solidaria, y la
del ámbito de la política institucional?
5.- ¿Desde la perspectiva de las economías comunitarias, qué tipo
de iniciativas pueden impulsarse a través de infraestructuras como los centros
comunitarios que realmente impacten en la satisfacción de las necesidades de
las personas que habitan en barrios empobrecidos?
6.- ¿El trabajo de equipos universitarios o equipos del ámbito de
la economía social puestos al servicio de las iniciativas comunitarias puede
facilitar esas sinergias y mediaciones entre la esfera activista, la economía
social y la política institucional? ¿Qué otras potencialidades, y también
límites o riesgos, puede suponer esa colaboración entre las iniciativas
populares y equipos de la universidad o de entidades de la economía social?
Este artículo, al fin y al cabo, pretende potenciar el debate (en
torno a esas y otras cuestiones que se deriven de cada experiencia) en el seno
de la diversidad de agentes y esferas de actuación aludidos en el texto; para
poder así, frente a los mensajes de odio y los discursos elitistas y
excluyentes que se están viralizando en todo el planeta, analizar las fórmulas
que permitan avanzar en sinergias fortalecedoras de la auto-organización
vecinal en clave de apoyo mutuo comunitario.
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