La economía popular en la Argentina actual: avances, tensiones y desafíos bajo el giro derechista regional[1]
The popular economy in contemporary Argentina: advances, tensions, and challenges under the regional right-wing turn
Gerardo Avalle[2]
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-No hay restricciones adicionales 4.0 (CC BY-NC 4.0)
Resumen
El artículo analiza la economía popular en la Argentina contemporánea como un componente estructural del mundo del trabajo, en un contexto marcado por altos niveles de informalidad laboral, precarización y transformaciones políticas regresivas a escala regional. El trabajo propone un balance de los avances logrados en la última década, destacando el reconocimiento jurídico e institucional del sector, el despliegue de políticas públicas de transferencia y promoción productiva, y la consolidación organizativa y sindical de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular a través de la CTEP y la UTEP. Al mismo tiempo, se analizan las tensiones estructurales persistentes: ingresos bajos e inestables, dependencia de transferencias estatales, dificultades de inserción en cadenas de valor, estigmatización social y déficits de protección social. El artículo examina además el impacto del giro político hacia gobiernos de derecha en Argentina y América Latina, caracterizado por el desmantelamiento de políticas inclusivas, la retracción del financiamiento estatal, el debilitamiento de los marcos regulatorios y el recrudecimiento de discursos y prácticas represivas hacia la protesta social. Finalmente, se plantean distintos escenarios futuros —desde la profundización del ajuste hasta procesos de reorganización autónoma o eventuales reconfiguraciones políticas— y se reflexiona sobre la economía popular como espacio de disputa entre precarización y construcción de alternativas socioeconómicas basadas en el trabajo, los cuidados y lo común.
Palabras clave: informalidad laboral, protección social, sindicalización territorial, reproducción de la vida
Abstract
The article analyzes the popular economy in contemporary Argentina as a structural component of the world of work, in a context marked by high levels of labor informality, precariousness, and regressive political transformations at the regional level. It offers a balance of the advances achieved over the past decade, highlighting the legal and institutional recognition of the sector, the implementation of public policies focused on income transfers and productive promotion, and the organizational and union consolidation of popular economy workers through the CTEP and the UTEP. At the same time, the article examines persistent structural tensions, including low and unstable incomes, dependence on state transfers, difficulties in accessing and integrating into value chains, social stigmatization, and deficits in social protection. The analysis also addresses the impact of the political shift toward right-wing governments in Argentina and Latin America, characterized by the dismantling of inclusive policies, the retrenchment of public funding, the weakening of regulatory frameworks, and the intensification of repressive discourses and practices targeting social protest. Finally, the article outlines different future scenarios—ranging from the deepening of neoliberal adjustment to processes of autonomous reorganization or potential political reconfigurations—and reflects on the popular economy as a field of struggle between precarization and the construction of socio-economic alternatives grounded in work, care, and the commons.
Key words: labor informality, social protection, grassroots unionism, social reproduction
Introducción
En las últimas décadas, la economía popular se ha consolidado como una dimensión clave del mercado de trabajo argentino. Este concepto abarca las estrategias de subsistencia y las actividades económicas autogestivas de millones de personas excluidas del empleo formal tradicional. La importancia de este sector se ha vuelto particularmente evidente tras las crisis recurrentes y las políticas neoliberales, que han dejado a amplios contingentes de trabajadores fuera de la protección laboral convencional. En Argentina, la expansión de la economía popular ha sido la contracara de los ciclos de ajuste estructural: cuando las empresas modernas incorporan tecnología y expulsan mano de obra, esas personas se reinventan en unidades productivas precarias para “reproducir la vida” por sus propios medios (Maldovan, 2018).
Actualmente, se estima que más de una cuarta parte de la población activa argentina trabaja en la economía popular (Balza, et al., 2024). Los datos oficiales muestran que en 2025 el 42% de los trabajadores argentinos tienen empleos informales (sin registro ni protección social), cifra que aumentó desde el 41,4% a fines de 2023 (Indec, abril de 2025). Esto equivale a unos 5,7 millones de personas – cerca de 4 de cada 10 trabajadores – que carecen de aportes jubilatorios, obra social, licencias pagas y un marco legal de protección. La incidencia es aún mayor entre los jóvenes menores de 29 años (58,7% con empleo informal) y entre las mujeres (43,4%, frente a 40,9% de los varones). Estas cifras revelan la magnitud de la precariedad laboral en Argentina y la centralidad de la economía popular como modo de vida de millones de personas, más allá de los vaivenes económicos.
El presente artículo realiza un balance de la situación actual de la economía popular en Argentina, analizando sus avances y logros recientes, así como las tensiones y principales desafíos que enfrenta. Se contextualiza este análisis en el marco político regional, marcado por el ascenso de gobiernos de derecha en América Latina en años recientes, lo cual ha impactado en el financiamiento, reconocimiento legal e incluso en la estigmatización de este sector. Para ello, en primer lugar se introduce el marco teórico y conceptual de la economía popular, apoyándose enfoques emergentes como el “enfoque de lo común”, junto con el rol desempeñado por los movimientos sociales (CTEP/UTEP) y las políticas públicas estatales. En segundo lugar, se presentan estadísticas actualizadas sobre empleo, informalidad y programas sociales vinculados a la economía popular, priorizando fuentes oficiales (INDEC, Ministerio de Trabajo) y estudios recientes. Posteriormente, se examinan los impactos del giro político hacia la derecha en la región –y específicamente en Argentina– sobre la economía popular: desde cambios en el financiamiento y marcos legales hasta el aumento de la estigmatización y la represión de la protesta social. Finalmente, se concluye con una reflexión sobre escenarios futuros posibles para este sector, considerando tanto los riesgos como las potencialidades de la economía popular en la construcción de alternativas socioeconómicas.
Marco conceptual: economía popular, enfoques teóricos y actores clave
Los procesos de organización de la economía popular en Argentina han transitado, en la última década, desde lógicas de movimiento hacia formas sindicales que buscan disputar reconocimiento laboral y regulaciones específicas. La categoría “economía popular” en Argentina tiene una dimensión construida desde los movimientos sociales. Investigaciones recientes destacan que se trata de una “categoría nativa” movilizada por organizaciones de trabajadores excluidos, quienes le dieron contenido político y reivindicativo (Rach, 2022; Grabois y Pérsico, 2015). En efecto, desde los años 2000, distintos movimientos de trabajadores informales y desempleados (los llamados “movimientos piqueteros” y posteriormente la CTEP – Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) comenzaron a utilizar este término para articular una identidad colectiva.
La economía popular pasó así de ser vista solo como informalidad o supervivencia individual, a presentarse como un sujeto colectivo de reivindicación, con demandas específicas (derecho al trabajo, al salario social, a la protección en el espacio público, etc.) y con propuestas organizativas (cooperativas, ferias, unidades productivas autogestionadas). Este proceso de sindicalización de la economía popular – plasmado en la fundación de la CTEP en 2011 y su evolución hacia la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) en 2019 – permitió visibilizar un heterogéneo universo de trabajadores hasta entonces fragmentados, dotándolos de instancias de representación gremial y voz política.
La trayectoria CTEP→UTEP condensó esa mutación al definir un sujeto colectivo de trabajadores “por fuera” del empleo asalariado clásico, pero con demandas de protección del trabajo en el espacio público, ingresos, seguridad social y negociación política (reconocimiento gremial, acceso a mesas estatales). La bibliografía reciente discute este pasaje en clave de “nuevo modelo sindical” y de combinación situacional de recursos de poder (organizativo, societario, institucional y de coalición): recuperación de la forma sindical, construcción de legitimidad social y articulación con el Estado (2016–2023) (Maneiro, 2024; Tóffoli, 2025).
Estudios empíricos y genealógicos muestran que la sindicalización no sustituye la heterogeneidad del campo, sino que la traduce en repertorios gremiales: ramas (reciclado, construcción, cuidados, ferias), marcos reivindicativos y estatutos. Esa traducción reordena fronteras con el sindicalismo histórico y habilita una disputa por el derecho a trabajar en calles y barrios como “lugar de trabajo” (Timpanaro, 2025), a la vez que reabre tensiones con el “asalariadocentrismo” de la representación laboral tradicional.
Desde Córdoba y otros territorios, la literatura coordinada propone una lectura situada de la EP, subrayando su carácter de concepto en disputa y su doble anclaje analítico-político: categoría académica y herramienta de reivindicación (Vélez & Tomatis, 2022). Esa disputa nombra un trabajo autogestionado y comunitario que reclama estatuto de “trabajo” y no “asistencia”, y tensiona el diseño de políticas (Logiudice, 2023). Periodizaciones recientes (CTEP/UTEP) y tesinas específicas refuerzan esta línea, detallando etapas y estrategias de institucionalización (Rach, 2022; Franco, 2023).
A la par, análisis de redes internacionales periodizan la experiencia UTEP (2011–2024) en tres fases —“Somos lo que falta” (2011–2015), “negociación confrontativa” (2016–2019) y “participación subordinada” (2020–2023)—, ofreciendo un marco para leer la EP como actor gremial que navega entre co-gobierno, conflicto y ajuste (Funes, et al., 2025).
El segundo eje articula la economía del cuidado con la reproducción social y coloca a la EP como infraestructura comunitaria que permite la vida cotidiana en contextos de crisis. La literatura feminista —con fuerte gravitación de autoras argentinas— ha empujado un giro que descentra la mirada del empleo asalariado y revaloriza los trabajos de cuidado y sostenimiento (comedores, merenderos, apoyo escolar, cuidados domiciliarios, redes de salud barrial) como trabajo socialmente necesario. Gago propone leer la reproducción social y los comunes urbanos desde una perspectiva feminista: la ciudad como espacio de confluencia entre economías populares, circuitos de cuidado y tramas de cooperación que sostienen la vida, especialmente en períodos de austeridad (Gago & Quiroga, 2018; Gago y Cavallero, 2021)
El cruce economía popular–feminismos en Argentina ha sido trabajado también en clave programática (Bottini, et al., 2021), donde se discuten cuidados, seguridad social y cooperativismos como campos de política, y en aportes que documentan el incremento del trabajo comunitario de cuidados en pandemia y pospandemia (Campana, 2021; Maañon, 2023). Estas investigaciones muestran que las ramas sociocomunitarias de la EP (altamente feminizadas) articulan valor económico y político: producen bienes/servicios y, a la vez, sostienen capacidad organizativa para disputar recursos y reconocimiento.
El tercer eje se apoya en la gramática de los comunes para conceptualizar formas colectivas de producción y reproducción que no encajan plenamente en el binomio Estado/mercado. En Argentina, Saidel viene proponiendo una definición situada de lo común bajo neoliberalismo: frente a la desposesión y la privatización, los comunes nombran instituciones colectivas de acceso, uso y gobierno que se instituyen desde abajo (cooperativas, ferias, redes de abastecimiento, reciclado, cuidados, radios y centros culturales), y que disputan regímenes de propiedad y decisión (Saidel, 2017; 2016; 2024).
Este marco se enlaza con la lectura feminista de los comunes urbanos —que Gago y Quiroga han desarrollado— donde la cooperación territorial, los circuitos cortos y la autogestión configuran infraestructuras comunitarias que, en momentos de ajuste, sustituyen o complementan funciones estatales sin resignar el horizonte de derechos (Gago & Quiroga, 2018). A nivel sectorial, investigaciones recientes ubican a la EP como “economía de lo común” en ramas como reciclado, alimentos, cuidados y cultura; allí, la autogestión instituye reglas (de acceso, reparto, precios justos), construye poder social y se articula, no sin tensiones, con instrumentos estatales y mercados (Deux Marzi, 2025; Logiudice, 2023).
La traducción institucional de los comunes —figuras jurídicas, compras públicas a cooperativas, regímenes tributarios como monotributo social/inclusivo, estatutos para trabajo en vía pública— se vuelve un terreno de disputa: entre co-gobierno, desmantelamiento o captura. De ahí que varios autores insistan en políticas que no “asistencialicen” los comunes, sino que fortalezcan su capacidad de autogobierno y su densidad productiva (periodizaciones y evaluaciones recientes de UTEP y políticas EP, 2019-2023).
Avances y logros recientes de la economía popular en Argentina
A pesar de desarrollarse en condiciones adversas, la economía popular argentina ha registrado en años recientes importantes avances institucionales y organizativos, así como un notable crecimiento en su alcance. Uno de los hitos fue la sanción de la Ley 27.345 de Emergencia Social a fines de 2016, que constituyó el primer reconocimiento legal explícito de los trabajadores de la economía popular por parte del Estado nacional. Dicha ley, resultado de la negociación entre los movimientos sociales y el gobierno, declaró como objetivo “promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular” (Ley 27.345), buscando garantizarles derechos básicos como alimentación, vivienda digna, educación, cobertura médica y protección previsional. Asimismo, la ley creó el Registro Nacional de la Economía Popular (ReNaTEP) (art. 6º) para relevar y visibilizar a estos trabajadores en todo el país. El ReNaTEP, implementado desde 2020 bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, se convirtió en una herramienta central para producir datos unificados sobre un sector históricamente invisible, registrando las condiciones laborales, formas organizativas y perfiles socio-demográficos de quienes integran la economía popular (Avalle, Ferrero y Hernández, 2024).
Las cifras del ReNaTEP dan cuenta de la magnitud y crecimiento acelerado de este universo. En mayo de 2021 (primer informe del registro) se habían inscripto 2.093.850 personas que se identificaban como trabajadores de la economía popular. Poco más de un año después, para junio de 2022, el total de inscriptos ascendió a 3.457.669 personas, lo que implica un aumento del 65% en solo un año (Renatep, noviembre de 2022). Esta expansión extraordinaria refleja, por un lado, el creciente protagonismo de la economía popular como sostén ante la falta de empleo formal, y, por otro lado, el éxito de la estrategia de visibilización: muchos trabajadores que antes no se reconocían en una categoría laboral determinada, pasaron a registrarse como integrantes de este sector. La siguiente tabla ilustra la evolución del ReNaTEP en ese período:
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Periodo |
Personas inscriptas en ReNaTEP |
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Mayo 2021 (datos a feb-2021) |
2.093.850 |
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Nov. 2022 (datos a jun-2022) |
3.457.669 |
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Incremento 2021-2022 |
+65% |
Fuente: elaboración propia en base a Informes periódicos Renatep
Además del aumento cuantitativo, los informes del ReNaTEP permiten trazar un perfil sociodemográfico de los trabajadores de la economía popular. Del total de casi 3,46 millones de inscriptos (a junio 2022), el 58% son mujeres y 42% varones, con una edad promedio de 33,8 años (Renatep, noviembre de 2022). Llama la atención la juventud de esta población: 62,5% tiene entre 18 y 35 años, lo cual indica que la economía popular agrupa mayoritariamente a personas en plena edad activa temprana. En cuanto al nivel educativo, cerca del 60,6% no completó los estudios obligatorios (secundario incompleto), dato que evidencia las barreras de capital educativo que enfrentan y que en parte explican su relegamiento del empleo formal calificado. La siguiente tabla resume algunos de estos indicadores:
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Perfil de trabajadores de la EP (ReNaTEP, junio 2022) |
Datos registrados |
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Total de inscriptos en ReNaTEP |
3.457.669 personas |
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% Mujeres / % Varones |
58% / 42% |
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Edad promedio |
33,8 años |
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% de 18 a 35 años |
62,5% |
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No completó estudios secundarios |
60,6% |
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Percibe programa Potenciar Trabajo |
28,3% de inscriptos (aprox. 978 mil personas) |
Fuente: elaboración propia en base a Informes periódicos Renatep
Un aspecto destacable es la amplia diversidad de rubros y ocupaciones que conforman la economía popular. Lejos de ser homogénea, abarca desde vendedores ambulantes, artesanos, cartoneros (recolectores urbanos de residuos), trabajadores de la construcción por cuenta propia, pequeños agricultores familiares, trabajadores rurales, hasta oficios varios y servicios comunitarios (cuidado de niños, cocineras de comedores, etc.). Según los datos del ReNaTEP (2020-2022), las actividades más representativas dentro de la EP son los “servicios personales y otros oficios” (35% del total) y los “servicios sociocomunitarios” (27,7%), que en conjunto concentran casi 63% de los trabajadores populares registrados. Esto significa que una gran parte se dedica a trabajos de servicios a personas, oficios manuales y tareas comunitarias de cuidado, muchas de las cuales tienen escaso reconocimiento económico en el mercado formal.
En términos de ocupaciones específicas declaradas, sobresalen los/as trabajadores de comedores y merenderos comunitarios, que constituyen el 26,2% de los inscriptos – es decir, más de una cuarta parte se ocupa de preparar y repartir alimentos en espacios comunitarios. Se trata de una labor clave para la seguridad alimentaria en barrios populares, usualmente realizada por mujeres. De hecho, la rama sociocomunitaria es la más feminizada de la economía popular: cerca del 89% de quienes trabajan en comedores, merenderos, cuidados y otros servicios comunitarios son mujeres, subrayando cómo la economía popular reproduce la división sexual del trabajo (mujeres concentradas en tareas de cuidado) (Balza, et al., 2024). Otras ocupaciones significativas son los servicios de limpieza (11,4% de los inscriptos), los vendedores ambulantes y feriantes, los pequeños productores agrícolas, recicladores urbanos (cartoneros) y obreros de la construcción independientes. Esta heterogeneidad ocupacional muestra que la economía popular abarca múltiples “ramas” o subsectores, algunos orientados al mercado (venta de bienes y servicios) y otros más vinculados a la reproducción social (alimentación, cuidado, reciclaje con impacto ambiental).
En paralelo, otro logro importante fue la implementación de políticas públicas y programas de apoyo para la economía popular durante el período reciente (principalmente 2017-2023). Entre ellos destaca el Programa Potenciar Trabajo, lanzado en 2020 como fusión de planes sociales preexistentes, con el objetivo de mejorar ingresos e impulsar proyectos socioproductivos de la economía popular. El Potenciar Trabajo consistía en un Salario Social Complementario (una transferencia monetaria mensual equivalente a la mitad de un salario mínimo) para los trabajadores sin empleo formal, condicionada a realizar alguna contraprestación productiva, educativa o comunitaria; además, preveía subsidios para la compra de insumos y herramientas en emprendimientos asociativos. Hacia fines de 2022, este programa alcanzaba aproximadamente a 1,3 millones de personas en todo el país, cubriendo cerca del 28% de los inscriptos en el ReNaTEP. Cabe resaltar que el Potenciar tuvo un foco explícito en fortalecer el trabajo de la economía popular, y demográficamente estuvo dirigido sobre todo a mujeres jóvenes: 63,3% de sus titulares eran mujeres (muchas de ellas jefas de comedores y merenderos), y casi 61% tenían entre 18 y 35 años.
Otro avance en políticas fue la creación del Monotributo Social (instrumento previo, vigente desde 2009, pero potenciado en la última década) y su posterior versión de monotributo inclusivo/promovido. Se trata de un régimen tributario simplificado que permitía a trabajadores de bajos ingresos de la economía popular formalizarse como pequeños contribuyentes, pagando una cuota mínima que les habilitaba a emitir facturas, aportar a la seguridad social y acceder a obra social. El Estado subsidiaba totalmente el costo de ese monotributo para los trabajadores inscriptos en la economía social, justamente para facilitar su transición a la economía formal sin perder ingresos. Gracias a este régimen, feriantes, artesanos, cartoneros organizados en cooperativas, costureras y otros emprendimientos pudieron registrarse y obtener un piso de protección (jubilación y salud).
En términos organizativos, los movimientos de la economía popular obtuvieron logros significativos en su interlocución con el Estado. La UTEP consiguió ser reconocida como entidad sindical de primer grado en 2021, ganando así voz en instancias institucionales (por ejemplo, en el Consejo del Salario y en mesas de diálogo social). Además, se avanzó en la creación de espacios de articulación como el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social (previsto en la ley 27.345) donde confluyeran representantes gubernamentales y de las organizaciones para diseñar políticas del sector. Si bien la implementación de este Consejo fue parcial, simbolizó el reconocimiento del Estado de la economía popular como “tercer sector” del mundo del trabajo, con interlocutores legítimos (los dirigentes de movimientos populares). También a nivel de algunos gobiernos locales y provinciales se desarrollaron programas innovadores: por ejemplo, apoyos a ferias francas y mercados populares para pequeños productores; convenios con cooperativas de cartoneros para el servicio de reciclado urbano; creación de registros y carnets locales para trabajadores informales (como vendedores en vía pública, cuidacoches, etc.), otorgándoles cierta formalización y capacitación.
Entre 2016 y 2023 la economía popular en Argentina logró: ser reconocida jurídicamente como sujeto de derechos (Ley de Emergencia Social); cuantificar su presencia a través del ReNaTEP, revelando una población de más de 3-4 millones de personas; acceder a programas estatales de transferencia de ingresos y promoción productiva (Potenciar Trabajo, Banco de Máquinas y Herramientas, Microcréditos, Monotributo Social, etc.); institucionalizar su representación colectiva mediante la UTEP, influyendo en la agenda pública; y expandir sus experiencias autogestivas en el territorio (cooperativas, empresas recuperadas, redes de comercialización populares).
No obstante, junto a esos logros también se han manifestado tensiones y contradicciones inherentes, así como desafíos que han quedado pendientes, aspectos que serán analizados en la siguiente sección.
Tensiones y desafíos actuales de la economía popular
A pesar de los progresos mencionados, la economía popular argentina enfrenta profundas tensiones estructurales y numerosos desafíos en su camino hacia la consolidación como sector plenamente integrado y con derechos garantizados. Uno de los problemas centrales es la precariedad e insuficiencia de los ingresos que genera el trabajo en la economía popular. Diversos estudios coinciden en que, salvo contadas excepciones, los emprendimientos de la economía popular ofrecen ingresos bajos e inestables, muchas veces por debajo de la línea de pobreza. Esto se debe a su baja productividad (son actividades intensivas en trabajo, pero con poco capital y escala reducida), la saturación de ciertos rubros y la posición débil de los productores populares en las cadenas de valor (frecuentemente subordinados a intermediarios o mercados informales donde impera la competencia). En la práctica, la mayoría de los trabajadores de la economía popular deben complementar sus ingresos con asistencia social estatal o con otras “changas” ocasionales para alcanzar a cubrir sus necesidades básicas (Funes, et al., 2025; Logiudice, 2024). Por ejemplo, el Salario Social Complementario que recibían vía Potenciar Trabajo era un paliativo indispensable dado que muchos emprendimientos autogestivos por sí solos no generaban la remuneración mínima.
Esta dependencia de transferencias públicas deriva en otra tensión: la sostenibilidad financiera de la economía popular frente a cambios en las políticas públicas. Mientras los gobiernos con orientación inclusiva expandieron el apoyo estatal, las administraciones de corte neoliberal tienden a recortar estos programas, dejando expuestos a millones de personas. La inestabilidad de las políticas (planes que se crean y se eliminan según el signo político) dificulta planificar a largo plazo los proyectos productivos de la economía popular, que requieren continuidad de subsidios, capacitación y acompañamiento técnico para madurar (Tomatis & Vélez, 2022; Logiudice, 2023; Funes et al., 2025). Así, un desafío es lograr que los emprendimientos populares sean viables económicamente por sus propios medios, evitando tanto la precarización extrema como la completa dependencia de planes sociales.
Ligado a lo anterior, está el desafío de la formalización y protección social de este vasto universo laboral. Como se mencionó, alrededor del 42% del empleo total en Argentina es informal (Indec, 2025), “Alrededor de 5,7 millones de personas trabajan sin regulación. Jóvenes, mujeres y trabajadores independientes, los más perjudicados” (El resaltador, abril 2025), lo que incluye prácticamente a todos los trabajadores de la economía popular. Esto implica que no gozan de las protecciones laborales básicas: vacaciones, aguinaldo, indemnización por despido, licencias pagas, ni aportes jubilatorios (salvo cuando están en el monotributo social) ni cobertura de salud adecuada. La ausencia de derechos laborales y seguridad social coloca a estas personas en una situación de alta vulnerabilidad ante contingencias de enfermedad, vejez o accidentes de trabajo. Un gran reto para las políticas públicas es diseñar mecanismos innovadores de extensión de la protección social al trabajo independiente y comunitario. Experiencias como el monotributo social (antes de su desmantelamiento reciente) apuntaban en esa dirección.
Otra tensión es la relación con los mercados y la cadena de valor. Muchos emprendimientos de la economía popular enfrentan dificultades para comercializar sus productos o servicios en condiciones justas. Por un lado, tienen problemas de acceso a insumos, crédito y tecnología, lo que limita su productividad y calidad. Por otro lado, al vender, suelen hacerlo de manera atomizada, sin poder negociador, recibiendo precios bajos. En el caso de quienes trabajan por encargo o en el último eslabón (ej. costureras en talleres informales, agricultores familiares entregando a intermediarios), la apropiación del valor por parte de intermediarios deja márgenes muy estrechos para el productor. Iniciativas como las ferias populares y los mercados de la economía social buscan justamente sortear esos obstáculos, creando circuitos cortos de comercialización del productor al consumidor a precios justos. Sin embargo, escalarlos para que tengan un impacto masivo es complejo. El desafío es fortalecer las redes cooperativas, cadenas solidarias y el comercio justo, de modo que la economía popular no quede confinada a nichos marginales, sino que pueda disputar espacios en el mercado interno. Esto requiere apoyo en logística, formación emprendedora, asociatividad y quizás cuotas de compras públicas reservadas para cooperativas y unidades de la economía popular, estrategias que se han explorado tímidamente.
La estigmatización social y falta de reconocimiento cultural es otro obstáculo. Tradicionalmente, el imaginario social ha asociado el trabajo informal y la economía popular con términos peyorativos: “changas”, “cartoneros” vistos como marginales, “vendedores callejeros” acusados de competencia desleal, o directamente se les tilda de “planeros” que viven de subsidios (Semán & Welschinger, 2023; Avalle, 2024). Esta estigmatización erosiona la autoestima de los trabajadores populares y debilita la solidaridad social hacia sus reclamos. Aunque en los últimos años, gracias a la visibilidad otorgada por las organizaciones (MTE, UTEP, etc.), hubo avances en revalorizar estos oficios (por ejemplo, se instaló la idea de que un cartonero es un “recuperador urbano” que presta un servicio ambiental esencial, o que las cocineras de comedores son “trabajadoras sociocomunitarias” luchando contra el hambre), persisten prejuicios fuertes. Combatir la estigmatización implica dar valor simbólico al trabajo popular, difundir sus aportes a la sociedad (alimento, cuidado, reciclaje, arte, etc.) y reconocer la dignidad de quienes lo realizan. También requiere desmontar la idea de la mera asistencia, mostrando que los programas sociales no son “regalos” sino una forma de remunerar trabajos que el mercado no reconoce pero son socialmente necesarios.
Finalmente, existe una tensión político-institucional: la disputa por la representación y las alianzas. La economía popular se mueve en un campo de tensiones entre el Estado, el mercado y la sociedad civil organizada. Un desafío es si logrará consolidar instituciones propias (cooperativas fuertes, sindicatos, mutuales) que le den autonomía y capacidad de negociación sin quedar cooptada por las lógicas clientelares de la política tradicional. Durante los gobiernos progresistas recientes, muchas organizaciones de la EP pasaron a articularse estrechamente con el Estado (incluso con dirigentes ocupando cargos en ministerios y agencias). Esto permitió cierto avance de políticas, pero también generó dependencia y divisiones internas. Por otra parte, sectores políticos opositores han cuestionado a las organizaciones de la economía popular, acusándolas de ser “intermediarias” que manejan planes sociales.
El impacto del giro a la derecha en la región sobre la economía popular
El ascenso de gobiernos de derecha y extrema derecha en varios países de América Latina en los últimos años ha generado un contexto menos favorable para la economía popular, dada la orientación ideológica de estas fuerzas hacia políticas de ajuste fiscal, desregulación del mercado laboral y reducción del gasto social. Argentina no ha sido la excepción: tras un período (2019-2023) de gobierno de corte progresista que promovió programas de inclusión para la economía popular, a finales de 2023 asumió un gobierno de tendencia libertaria-derechista que rápidamente implementó cambios drásticos. Este giro político ha tenido implicaciones notorias en el financiamiento, el marco legal, el discurso público y las prácticas represivas en torno a la economía popular.
Un primer efecto ha sido el recorte de financiamiento y desmantelamiento de políticas de apoyo. El caso paradigmático es la eliminación del programa Potenciar Trabajo a inicios de 2024. Mediante un decreto presidencial, la nueva administración disolvió el Potenciar –que, recordemos, alcanzaba a unos 1,2 a 1,3 millones de beneficiarios– y segmentó a sus titulares en dos nuevos programas: “Volver al Trabajo” (orientado teóricamente a capacitación e inserción laboral) y “Acompañamiento Social” (para casos de mayor vulnerabilidad). Con este movimiento, se buscó “cortar a los intermediarios”, es decir, quitar a las organizaciones sociales la gestión de los planes, y cambiar el paradigma de transferencia por uno supuestamente focalizado en empleo formal. Las autoridades denunciaron que el Potenciar era ineficaz, citando que “en cuatro años solo el 1,3% de los beneficiarios logró conseguir empleo formal” (La Nación, febrero de 2024), y atribuyeron sus bajas a causas administrativas más que a verdaderos egresos por trabajo. Con ese argumento, implementaron lo que llaman un cambio de paradigma: asistencia mínima y por tiempo acotado (el plan “Volver al Trabajo” tiene un esquema de cursos y una duración limitada) y eliminación del rol de las Unidades de Gestión (cooperativas y organizaciones barriales) que articulaban las contraprestaciones.
Las consecuencias de esta reforma no se hicieron esperar. Según informes de seguimiento, el nuevo Programa Acompañamiento Social brinda una ayuda económica muy reducida, y el Volver al Trabajo ha tenido escaso éxito en vincular gente con empleos formales: apenas 152 personas lograron una inserción laboral estable a través de él, de más de un millón de transferidos al programa (Funes, et al., 2025). En otras palabras, la gran mayoría de ex-beneficiarios de Potenciar siguieron sin conseguir trabajo registrado, pero ahora con menor apoyo estatal. A esto se sumó que el gobierno congeló las altas: desde fines de 2022 ya no se incorporan nuevos titulares pese a que la pobreza creció, de modo que muchos potenciales trabajadores de la EP quedaron fuera de todo mecanismo de asistencia. Además, se eliminaron complementos que existían, como el “Plus Sociocomunitario” y el “Nexo”, que eran incentivos adicionales para quienes participaban en tareas de cuidado, comedores o reciclaje. La supresión de estos beneficios golpeó aún más a los trabajadores informales dedicados a labores sociales y ambientales, ignorando sus valiosas contribuciones (alimentar a niños, limpiar ciudades, etc.).
Otro impacto regresivo fue el desmantelamiento del Monotributo Social, mencionado antes. En octubre de 2024, el nuevo gobierno eliminó el subsidio estatal a este régimen: dispuso que los inscriptos debían comenzar a pagar de su bolsillo el 50% del aporte (antes cubierto íntegramente por el Estado. Esto provocó una baja sustantiva de inscriptos, perdiendo así su cobertura de salud y aportes jubilatorios incipientes. En la práctica, esta medida expulsó masivamente a los cuentapropistas de bajos ingresos de la incipiente formalidad que habían logrado, haciéndolos retroceder a la total informalidad.
Junto a los recortes materiales, el giro político trajo una retórica de estigmatización y confrontación hacia la economía popular y sus organizaciones. Altos funcionarios han referido a los líderes de movimientos sociales como “gerentes de la pobreza”, sosteniendo que administraban los planes en beneficio propio y “perpetuaban la dependencia” de los pobres. El presidente mismo, en discursos y redes sociales, ha celebrado acciones contra manifestantes piqueteros, tildándolos de vagos que impiden a la “gente de bien” transitar. Esta narrativa polarizante pinta a los trabajadores de la economía popular ya sea como “planeros que no quieren trabajar” o directamente como delincuentes callejeros (en el caso de manteros, vendedores ambulantes, etc.). Lejos de reconocer el aporte del sector, el relato oficial ha reinstalado la idea de que la solución es que “consigan un empleo de verdad en el sector privado”, desconociendo la realidad de la exclusión estructural. Asimismo, se ha criminalizado la protesta social vinculada a estos movimientos: por ejemplo, cuando en abril de 2024 la UTEP y otras organizaciones realizaron un corte pacífico en la Avenida 9 de Julio reclamando contra despidos y ajuste alimentario, fueron reprimidos con balas de goma y camiones hidrantes por fuerzas policiales, con un saldo de varios heridos y detenidos. En lugar de condenar la violencia, el primer mandatario aplaudió públicamente la represión, difundiendo videos del operativo con comentarios burlones hacia los manifestantes (Diagonales, abril de 2024). Este episodio marca un punto de inflexión en el tratamiento estatal: la represión directa de la protesta de la economía popular, algo que no se veía de manera tan abierta desde la crisis de 2001 o algunos momentos del gobierno 2015-2019.
El contexto regional refuerza estas tendencias. Si bien algunos países mantienen gobiernos progresistas, existe una oleada de administraciones de derecha que han impulsado recetas de austeridad. En Brasil (bajo el gobierno Bolsonaro 2019-2022) se redujeron presupuestos para la economía solidaria; en Ecuador, las políticas de Lenín Moreno y Guillermo Lasso descontinuaron programas de la economía popular heredados del correísmo; en Chile, la represión a vendedores informales y migrantes aumentó bajo la presión de discursos anti-“comercio ambulante”. Estos ejemplos indican que el clima político regional menos solidario conlleva menores espacios para las propuestas de economía popular: se prioriza la “mano dura” y el ajuste fiscal sobre la protección social y la economía social.
En Argentina en particular, el impacto socioeconómico del ajuste de 2024-2025 ha sido devastador para los sectores populares. La devaluación y la inflación de tres dígitos en 2024 llevaron la pobreza a niveles récord: más de 50% de la población debajo de la línea de pobreza para fines de 2024, cuando había sido algo más del 40% en 2023. Este aumento de la pobreza obviamente ensanchó el universo de la economía popular, con decenas de miles de nuevos desocupados y trabajadores precarios forzados a cartonear, hacer changas o vender en la calle para sobrevivir. De hecho, la Federación de Cartoneros (FACCyR) reportó que sólo en los primeros 5 meses de 2023 se sumaron 35.000 nuevos cartoneros, alcanzando 205.000 personas en todo el país que viven del reciclaje de residuos, un 20% más que a fines de 2022 (La Nación, junio de 2023). Esta cifra creció aún más en 2024 con la crisis.
En el plano legal, el cambio de gobierno también implicó un freno (o retroceso) a iniciativas legislativas que buscaban dar mayor estabilidad al sector. Proyectos de ley para instituir un piso de “salario básico universal” para trabajadores informales, o para crear un estatuto legal de la economía popular, han quedado archivados. Incluso, se observan intentos de desarticular la organización colectiva: por ejemplo, no se reconoció más la interlocución de la UTEP, se la excluyó de mesas de discusión y se promovió un discurso de “relación directa con cada individuo” eludiendo a las organizaciones (lo cual debilita la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores de la EP). La CTA Autónoma denunció que en los primeros 500 días del nuevo gobierno, las medidas responden a “tres ejes: precarización laboral, represión y desconocimiento de derechos”, configurando un escenario de regresión en materia de trabajo (El Resaltador, agosto de 2025).
Escenarios posibles
Podemos vislumbrar varios escenarios posibles a corto y mediano plazo, dependiendo de diversos factores económicos y políticos:
● Escenario de profundización neoliberal y ajuste prolongado: De persistir en el tiempo las políticas de austeridad y mercado libre actualmente impulsadas, es esperable una expansión aún mayor de la economía popular por necesidad, pero con menos apoyo estatal. Es decir, más gente volcada al rebusque y la autogestión (dado el aumento del desempleo y la pobreza), pero con el Estado ausente o restrictivo. En tal caso, podríamos ver un crecimiento cuantitativo del sector (más cartoneros, más vendedores ambulantes, etc.), acompañado de un empeoramiento en la calidad de vida de sus integrantes, al perderse las redes de protección existentes (planes, monotributo social, etc.). Este escenario conlleva el riesgo de mayor conflictividad social: con millones de personas sin contención, es probable el incremento de protestas, ollas populares, asentamientos, etc., y a su vez la respuesta estatal puede ser más represiva, como ya se ha insinuado. En el plano organizativo, las agrupaciones de la economía popular podrían radicalizar sus métodos de lucha o articular con otros sectores (sindicatos, movimientos de derechos humanos) para resistir el embate. Se trata, sin duda, de un escenario de agudización de tensiones, donde la economía popular sería más indispensable para la supervivencia, pero paradójicamente más precaria y perseguida.
● Escenario de reorganización e innovación desde abajo: Otra posibilidad es que, ante el vacío dejado por el Estado, las propias organizaciones de la economía popular desarrollen estrategias autónomas más sólidas. Esto podría implicar la creación de nuevas instancias de financiamiento solidario, el fortalecimiento de sus estructuras productivas (por ej., consorcios de cooperativas que ganen escala), alianzas con el sector de economía social internacional (ONGs, redes globales) o con gobiernos locales progresistas que aún las apoyen. En este escenario, la economía popular apostaría a una especie de “institucionalidad alternativa” al margen del Estado nacional: ferias autogestionadas crecientes, circuitos de comercio digital entre cooperativas, monedas sociales en algunas localidades, etc. Si bien esto ya ocurre en pequeña escala, la presión del contexto podría acelerarlo. Sería un camino de resiliencia y autosuficiencia relativa, aunque siempre limitado por la falta de recursos. Un éxito parcial aquí podría sentar las bases de un paradigma de lo común más desarrollado: comunidades organizadas supliendo cooperativamente las fallas del mercado y las ausencias del Estado, demostrando en los hechos la viabilidad de otra economía. No obstante, para consolidarse necesitaría al menos un entorno político que tolere o facilite estas innovaciones, y no las vea como amenazas.
● Escenario de giro político progresista o acuerdo social: Dado que la política argentina es pendular, no se descarta que en el mediano plazo (próximos ciclos electorales) resurja un gobierno más afín a la inclusión social, o bien que la presión social obligue al actual a moderar sus posturas. En tal caso, podría retomarse una agenda de reconocimiento y fortalecimiento de la economía popular. Esto incluiría reinstaurar (y mejorar) programas, reconstruir el régimen de seguridad social para informales, e incluso avanzar con propuestas que habían quedado pendientes. Un gobierno de tinte progresista podría también darle rango ministerial a la economía popular (por ejemplo, recreando un Ministerio/Secretaría de Economía Social robusto) y motorizar leyes de fondo: una Ley de Economía Popular que establezca derechos laborales básicos para el sector, un régimen especial de obra social para cooperativas, etc. Este escenario, más optimista, permitiría consolidar institucionalmente lo que hasta ahora han sido políticas más bien coyunturales. También sería deseable que se articulen políticas activas para la creación de empleo protegido: cooperativas en obras públicas, plantas sociales de reciclaje, manufacturas para el Estado (indumentaria, mobiliario escolar hecho por cooperativas, etc.), de modo de transitar de la informalidad a un sector productivo social con mercados asegurados. Esto alinearía la economía popular con un proyecto de desarrollo inclusivo, en contraposición al modelo de exclusión neoliberal.
● Escenario de transformación estructural a largo plazo: En un horizonte más lejano y como ideal regulativo, algunos autores plantean la necesidad de superar la dicotomía formal/informal hacia un sistema económico plural donde la economía popular, social y solidaria tenga un lugar equivalente al sector estatal y privado. En este escenario utópico, las fronteras entre trabajo formal e informal se desdibujarían porque todo trabajo socialmente necesario tendría protección y reconocimiento, independientemente de su forma jurídica. Implicaría repensar la distribución del trabajo (reduciendo la jornada formal para que más gente acceda, combinando empleo clásico con trabajo comunitario remunerado), así como nuevas formas de valorar el trabajo de cuidados, el ambiental y el comunitario dentro del cálculo económico. Alcanzar algo así requeriría transformaciones profundas en las relaciones de poder y en la cultura, pero la economía popular aparece en esas visiones como la punta de lanza de un paradigma donde el trabajo deja de ser mercancía para volver a ser un derecho y un servicio a la comunidad.
Por supuesto, los escenarios mencionados no son excluyentes y la realidad podría combinar elementos de varios. Lo cierto es que, en el corto plazo, la tendencia indica una agudización de los problemas para la economía popular en Argentina: aumento de la pobreza, retirada del Estado de su rol de amortiguador, y mayor exigencia sobre las espaldas de la organización comunitaria. Este “ajuste desde arriba” está siendo enfrentado con un “ajuste desde abajo” donde los hogares populares recortan consumo, multiplican estrategias de supervivencia y las organizaciones tratan de tapar agujeros con recursos escasos. Es una situación límite que difícilmente sea sostenible sin estallidos o sin un replanteo de las políticas actuales.
Conclusiones: escenarios futuros y reflexiones finales
La economía popular en Argentina se ha convertido en un actor socioeconómico ineludible, en un contexto nacional marcado por la persistencia de la informalidad laboral y la fragilidad de la inclusión social. A través de este artículo hemos visto cómo este sector ha cobrado creciente visibilidad, articulación y reconocimiento en la última década, al mismo tiempo que enfrenta serias tensiones estructurales y coyunturales. En la actualidad, tras un cambio de clima político hacia gobiernos de derecha, la economía popular se halla en una encrucijada: sus conquistas recientes están siendo puestas a prueba, cuando no directamente revertidas, lo que plantea interrogantes sobre su futuro.
Cabe enfatizar que la economía popular no es un fenómeno pasajero ni exclusivamente argentino; forma parte de una realidad latinoamericana (y global) de informalización del trabajo en la era contemporánea. Sin embargo, la forma específica que toma en Argentina –con fuertes movimientos reivindicativos, con cierto reconocimiento legal, y con un discurso que la presenta incluso como “nuevo paradigma emergente”– la convierte en una experiencia social singular. La interacción entre políticas de Estado y autoorganización popular ha marcado su derrotero hasta ahora. Cuando ambos caminaron en la misma dirección (por ejemplo, 2014-2015 con la ley de economía social, o 2020 con el Potenciar Trabajo manejado en coordinación con movimientos), la economía popular avanzó en mejoras. Cuando entraron en conflicto (2018, con intentos de recorte que derivaron en la Ley de Emergencia Social tras movilizaciones, o actualmente con la confrontación abierta), el futuro del sector quedó en suspenso y sujeto a la correlación de fuerzas.
Finalmente, es preciso señalar una última tensión de carácter ideológico: ¿Es la economía popular un “refugio ante la exclusión” o puede ser también una “alternativa transformadora” al modelo económico? En Argentina coexisten ambas visiones. Para algunos, debe ser transitoria, un camino hacia la formalización plena de todos en empleos asalariados clásicos; para otros, encierra semillas de un modelo distinto de desarrollo, basado en la producción local, el cooperativismo, la satisfacción de necesidades y la democratización económica. Estas visiones no son irreconciliables si se piensa en un corto y largo plazo: en lo inmediato, la prioridad es que ningún trabajador carezca de derechos por estar en la economía popular (equiparar hacia arriba con el formal); pero a la vez, a largo plazo, muchas experiencias de la EP podrían prefigurar economías más humanas y sostenibles que las puramente capitalistas.
En conclusión, la economía popular argentina se encuentra hoy en un momento crítico pero también lleno de enseñanzas acumuladas. Su balanza arroja luces (organización, visibilidad, conquistas legales) y sombras (precariedad, fragilidad ante los vaivenes políticos). Los principales desafíos –formalización, ingresos dignos, reconocimiento pleno– siguen pendientes, e incluso se han acentuado bajo el nuevo contexto derechista regional que tiende a relegar a los sectores informales. No obstante, la capacidad de respuesta de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, forjada en décadas de lucha y creatividad, es un factor de esperanza. Es de esperar que, ya sea mediante la resistencia o a través de futuros cambios políticos, las demandas de este vasto sector encuentren eco en políticas públicas que garanticen que nadie quede afuera del derecho al trabajo digno y la protección social.
Bibliografía
Avalle, G. (2024). La expresión democrática de la economía popular frente a la extrema derecha en Argentina. Question/Cuestión, 3(78), e903. https://doi.org/10.24215/16696581e903
Avalle, G., Ferrero, M. M., & Hernández Bertone, J. (2024). Explorando significados: Políticas públicas, sujetos y articulaciones de la economía popular en Argentina. En L. M. Uharte (Ed.), Economía Social y Solidaria (ESS) y Estado: Encuentros y desencuentros de experiencias de articulación. Tirant lo Blanch.
Balza, S., Sorroche, S., & Fernández Álvarez, M. I. (2024). Actualización de indicadores de la economía popular entre el 4T-22/4T-23 y 1T-23/1T-24. Citra.
Bottini, A., Boronat Pont, V., Cascardo, F., Fournier, M., Mutuberría Lazarini, V., & Sciarretta, V. (Eds.). (2021). Economía popular, social, solidaria y feminista: Aportes para el debate y la transformación. Fundación Friedrich Ebert.
Campana, J., & Rossi Lashayas, A. (2021). Cuidar la economía popular en pandemia: Un análisis desde la rama textil del Movimiento de Trabajadorxs Excluídxs en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En XIV Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
Deux Marzi, M. V. (2025). La desinstitucionalización de la Economía Popular, Social, Solidaria durante el primer año de la gestión Milei. ConCienciaSocial, 9(17), 78-94. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ConCienciaSocial/article/view/50507
El Resaltador (2025, 15 de abril). "Según INDEC el 42% de los argentinos tiene empleo informal" https://elresaltador.com.ar/segun-indec-el-42-de-los-argentinos-tiene-empleo-informal/#:~:text=Seg%C3%BAn%20un%20informe%20del%20INDEC,los%20argentinos%20tiene%20empleo%20informal
Franco, M. J., & Serra, H. R. (2023). Disputas por la institucionalización de la economía popular en Córdoba (2013-2020). Miríada: Investigación En Ciencias Sociales, 15(19), 35–64. Recuperado a partir de https://p3.usal.edu.ar/index.php/miriada/article/view/6836
Funes, M., Espinosa Sánchez, T., & Juergens-Grant, F. (2025, 6 de mayo). La destrucción de la protección social y las políticas laborales inclusivas en Argentina. Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO). https://www.wiego.org/es/blog/la-destruccion-de-la-proteccion-social-y-las-politicas-laborales-inclusivas-en-argentina/
Gago, V., & Cavallero, L. (2021). Neoliberalismo, deuda y revuelta feminista: Claves de la conflictividad actual en Argentina y América Latina. En Economía para cambiarlo todo. Feminismos, trabajo y vida digna (pp. 26–42). Quito.
Gago, V., & Quiroga Díaz, N. (2018). Los comunes en la reinvención de la ciudad: Una mirada feminista de la economía urbana. En Economía de las ciudades de América Latina hoy. Volumen I: Enfoques multidisciplinarios (pp. 307–330). Los Polvorines, Buenos Aires.
Grabois, J. & Pérsico, E. (2015). Trabajo y organización en la Economía Popular. Buenos Aires: CTEP.
Logiudice, A. (2023). Políticas públicas para la economía popular en la Argentina: Tensiones, avances y perspectivas. Revista de Estudios Regionales y Mercado de Trabajo, 18, e038. https://doi.org/10.24215/27969851e038
Logiudice, A. (2023). Políticas públicas para la economía popular en la Argentina: tensiones, avances y perspectivas. Revista de Estudios Regionales y Mercado de Trabajo, 18, e038. https://doi.org/10.24215/27969851e038
Logiudice, A. (2024). Transformaciones de la política social asistencial para trabajadores no asalariados de bajos ingresos en la Argentina: Luces y sombras del gobierno del Frente de Todos (2019–2023). Estado y Políticas Públicas, (22), 115–143. ISSN 2310-550X.
Maañon, M. I., Gómez, R. N., Martínez Cajal, S., & Ferreyra Monge, J. (2023). Trabajo comunitario de cuidados: análisis de experiencias en movimientos populares a partir del contexto de pandemia (Ponencia). Asociación de Economía y Sociología del Trabajo (ASET).
Maldovan Bonelli, M. (2018). La economía popular: un campo en construcción. Cuadernillo PEPTIS N°1, CITRA.
Maneiro, M. (2024). ¿Un nuevo modelo sindical? La CTEP/UTEP y la organización gremial de los trabajadores de la economía popular. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 1(6), 45–55. ISSN. Institución.
Rach, D. (2022). Genealogías políticas en la construcción sindical de la economía popular: la CTEP y la UTEP. De Prácticas Y Discursos, 11(18). https://doi.org/10.30972/dpd.11186331
Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP). (2022). Principales características de la economía popular registrada: Informe Noviembre 2022 (v. 3) (Informe). Secretaría de Economía Social, Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación Argentina.
Saidel, M. L. (2016). Los comunes en el contexto neoliberal: entre desposesión, expropiación y configuración. En Actas de las I Jornadas Nacionales de Investigación de Ciencias Sociales (25–26 de agosto de 2016). Universidad Nacional de Cuyo.
Saidel, M. L. (2017). Definiendo lo común en la era neoliberal: Entre la expropiación y la institución de comunes. Millcayac, 4(6), 225–252. Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Centro de Publicaciones.
Saidel, M. L. (2024). 6.º saber: La enseñanza de la comprensión. Lo común. En J. M. Gutiérrez Bastida & J. I. de Guzmán Alonso (Eds.), Educación ecosocial a la luz de los siete saberes de Edgar Morin (pp. 99–116). CONICET Digital.
Semán, P., & Welschinger, N. (2023). Juventudes mejoristas. La crítica al Estado, la política y la economía en la generación pandémica. Cuadernos de Antropología Social, (58), 29–52. ISSN. Institución.
Timpanaro, B. L. (2025). La CTEP/UTEP y la disputa por el reconocimiento del derecho a la protección del trabajo en el espacio público (2011–2022). Sociedad y Desigualdades, (2), 50–73. https://cientificas.unpaz.edu.ar/edunpaz/index.php/IESCODE/article/view/1646
Tóffoli, M. M. (2025). Estrategias de construcción de poder sindical en la economía popular en Argentina: Un análisis a partir del caso de la CTEP-UTEP (2016–2023). Cuadernos de Economía Crítica, 11(22), 209–230. https://cec.sociedadeconomiacritica.org/index.php/cec/article/view/386
Vélez, J. G., & Tomatis, K. L. (2022). La economía popular como concepto en disputa y como herramienta de reivindicación. ConCienciaSocial, 5(10), 62–78. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Política, Sociedad e Intervención Social.
[1] Fecha de recepción: 15/09/2025. Fecha de aceptación: 05/12/2025
Identificador persistente ARK: https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25250841/jm93ihw22
[2] IDEJUS-Conicet, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba-Unidad Asociada al Conicet. Estudiante postdoctoral del Posdoctorado en Estudios Latinoamericano, Universidad Nacional de Villa María.
https://orcid.org/0000-0002-4451-1983
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