Crítica y Resistencias. Revista de conflictos sociales latinoamericanos
N° 12 (junio-noviembre). Año 2021. ISSN: 2525-0841. Págs.162-171
http://criticayresistencias.com.ar
Edita: Fundación El llano - Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL)
Dossier neoliberalismo
Articulaciones anti-neoliberales del movimiento de la diversidad y de la disidencia sexual argentino por la inclusión laboral travesti/trans
Anti-neoliberal articulations of the Argentinian diversity movement and sexual dissidence for travesti / transgender labor inclusion
Fidel Azarian[1]
Resumen
En el marco de una lucha contra-hegemónica frente al neoliberalismo, desde el año 2015 el movimiento de la diversidad y de la disidencia sexual argentino se enredó en una articulación populista con otras organizaciones sociales y políticas –feministas, territoriales, de la economía popular, organismos de derechos humanos, agrupaciones juveniles y estudiantiles, gremios y sindicatos- demandando derechos humanos fundamentales como lo son el acceso al trabajo, a la salud, a una vida libre de violencias, etc. Inscriptas en un contexto de politización expansiva a partir de las cuestiones sexogenéricas, las actuales demandas de inclusión laboral travesti/trans suponen una reparación histórica basada en los valores de igualdad real y justicia social que, formuladas en un discurso de derechos sociales, tensionan las racionalidades políticas neoliberales hegemónicas.
Palabras clave: Diversidad sexual; Sisidencia sexual; Inclusión laboral travesti/trans; Articulaciones anti-neoliberales.
Abstract
Within the framework of a counter-hegemonic struggle against neoliberalism, since 2015 the Argentine LGBTTTIQ + movement has been entangled in a populist articulation with other social and political organizations - feminist, territorial, popular economy, human rights organizations, youth and student groups, unions- demanding fundamental human rights such as access to work, health, a life free of violence, etc. Inscribed in a context of expansive politicization based on gender issues, the current demands for travesti/trans labor inclusion represent a historical reparation based on the values of real equality and social justice that, formulated in a discourse of social rights, dispute the hegemonic neoliberal political rationalities.
Keywords: Sexual diversity; Sexual dissent; Travesti/trans labor inclusion; Anti-neoliberal articulation.
En los últimos años, tuvieron lugar una serie de corrimientos ideológicos, políticos y estratégicos en el seno del activismo LGBTTTIQ+[2] argentino, frente a la nueva hegemonía neoliberal implantada con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia del país en el año 2015, en un contexto regional de sucesivos golpes infligidos a los gobiernos populistas[3] de América Latina[4]. Los movimientos sociales en general se vieron afectados por un discurso individualista, meritocrático y “anti-política”[5], deslegitimador del rol del Estado como reparador de la desigualdad social e incluso de cualquier demanda igualitaria formulada desde un discurso de derechos (Martínez, 2016).
En el marco de una lucha contra-hegemónica frente al neoliberalismo, el movimiento LGBTTTIQ+ argentino se enredó en una articulación anti-neoliberal con otras organizaciones sociales y políticas –feministas, territoriales, de la economía popular, organismos de derechos humanos, agrupaciones juveniles y estudiantiles, gremios y sindicatos- demandando derechos humanos fundamentales como lo son el acceso al trabajo, a la salud, a una vida libre de violencias, etc. Tal como sostienen Mercedes Barros y Natalia Martínez Prado (2019) respecto a la marea feminista verde-violeta que se expandió en los últimos años, la superficie de inscripción de estas luchas fue un sentido común igualitario que se había construido bajo la hegemonía populista (2003-2015). El discurso de los derechos humanos -fuerte interpelación ideológica del kirchnerismo, que tuvo sus efectos performativos en la constitución de una militancia popular a lo largo y a lo ancho del territorio nacional- fue el blanco de la embestida conservadora que arremetió contra el Estado y los movimientos sociales desde el triunfo de la Alianza “Juntos por el Cambio”, conducida por el empresario Mauricio Macri. Durante aquel período de gobierno (2015-2019), se desplegó un formidable dispositivo político-mediático volcado a la construcción de un nuevo sentido común neoliberal, que exaltaba el valor del mérito individual y naturalizaba las desigualdades sociales, entendidas como diferencias legítimas entre grupos e individuos. El enlace neoliberal-conservador buscó producir una ruptura de los lazos de solidaridad, desvalorizando la militancia política popular, que había permeado al activismo LGBTTTIQ+ durante el kirchnerismo, especialmente a partir de la sanción de las leyes de matrimonio igualitario (2010)[6] e identidad de género (2012)[7] bajo el nombre de la igualdad y la justicia social.
Durante la hegemonía kirchnerista, el significante “diversidad sexual” había permitido aglutinar las demandas igualitarias del colectivo LGBTTTIQ+ por la ampliación de derechos ciudadanos (Deangeli, 2018; Figari, 2017). Si bien aquel significante mantuvo un fuerte poder de nominación e interpelación ideológica durante la hegemonía populista, siempre fue resistido por un sector del activismo autodenominado “disidencia sexual” que miraba con recelo el vínculo que el movimiento había entablado con el Estado en dicho contexto. Las voces disidentes se hicieron oír particularmente durante el debate por el matrimonio igualitario, evento crucial para la constitución identitaria del movimiento de la diversidad sexual argentino. Aquella fue una de las demandas más cuestionadas por el activismo de la disidencia sexual debido a las implicancias que tiene en términos de integración social, fácil de ejemplificar con la consigna “el mismo amor, los mismos derechos”, lanzada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans en aquellos años.
Desde aquel entonces, cada vez se volvió más resonante una crítica radicalizada al discurso de los derechos del movimiento de la diversidad sexual. En nombre de la “disidencia sexual” se advertían los peligros de asimilación y normalización que implicaban las leyes igualitarias y las políticas de inclusión social conquistadas durante la hegemonía populista[8]. En palabras de val flores (2015), referente del activismo cuir[9] local y de la disidencia sexual Sur-Sur, esta noción no remite a ninguna identidad sexogenérica específica, sino a un modo de hacer política que cuestiona la (cis)heteronormatividad sistémica, inextricablemente ligada a las desigualdades clasistas, racistas y capacitistas profundizadas en un contexto neoliberal.
A la luz de esta oposición coyuntural entre los significantes “diversidad” y “disidencia” sexual, podemos discernir una histórica diferencia político-ideológica que atraviesa al colectivo LGBTTTIQ+. Según Juan Marco Vaggione (2011), encontramos, por un lado, una postura “reformista”, que tiende a priorizar el reconocimiento de derechos para las minorías sexuales como una estrategia central para lograr la igualdad ciudadana y por el otro, una posición más “transgresora”, influenciada por la teoría queer, que busca romper con la naturalización de ciertas identidades sexuales y de género. Desde este costado, la lucha no debe orientarse tanto a obtener derechos y ocupar lugares en el Estado sino más bien a hacer estallar –queering– esas definiciones identitarias arraigadas a la cultura (cis) heterosexista. Ahora bien, si coincidimos con Vaggione (2012) cuando afirma que la estrategia de la “reforma legal” posee -a nivel global- dos caras: por un lado, la sanción de leyes anti-discriminatorias protectoras de las personas LGBTTTIQ+ de las múltiples formas de discriminación y por el otro, reclamos de derechos que persiguen la igualdad como horizonte normativo para horadar la (cis) heteronormatividad institucionalizada, sostenemos que el movimiento de la diversidad sexual argentino se ha identificado con esta segunda corriente desde que se volvió parte de la articulación populista que hegemonizó el kirchnerismo (desde nuestro punto de vista, como dijimos anteriormente, dicho proceso de constitución identitaria se vislumbró con claridad a partir del año 2010, con la sanción de la ley de matrimonio igualitario).
Ahora bien, en los últimos años, frente a la nueva hegemonía neoliberal, el significante “disidencia sexual” se desplazó de la periferia al centro del discurso militante en tanto tuvo mayor elasticidad para fijar los sentidos de las luchas que se oponían al nuevo orden de exclusión social que se estaba cristalizando. Esto significa que operó un corrimiento de la frontera política al definir al proyecto neoliberal como antagonista del movimiento de la diversidad y disidencia sexual argentino. El problema es que “neoliberalismo” no significa lo mismo para las diversas facciones del activismo LGBTTTIQ+: para las militancias afines al kirchnerismo, el proyecto neoliberal se condensa en las políticas de ajuste y precarización implementadas por el macrismo; en cambio para las tendencias más anárquicas, izquierdistas y/o autonomistas, el significante “neoliberalismo” remite también las figuraciones subjetivas que se desprenden de la promoción a la producción, al trabajo y el consumo que atraviesa a la discursividad kirchnerista (cuyos efectos de sentido pueden rastrearse antes de la llegada de Juntos por el Cambio al gobierno).
No obstante, y a pesar de las diferencias ideológico-políticas señaladas -que siempre existieron en la historia de este activismo-, la coyuntura política propició instancias concretas de articulación que dispararon nuevas identificaciones populares capaces de disputar la nueva hegemonía neoliberal. En este marco, cobró relevancia y visibilidad pública la demanda de inclusión/cupo laboral/reparación integral travesti/trans[10]. En un contexto de creciente precariedad generalizada -precarización inducida por las políticas neoliberales implementadas-, las militancias LGBTTTIQ+ convergieron en demandar medidas de reparación histórica para la población travesti/trans, atravesada por una situación de emergencia laboral, habitacional, alimentaria, sanitaria, educativa, etc. (Allione, Azarian, Commeres Benejam, Fiol y DeAngeli, 2020). En particular, la demanda de cupo/inclusión laboral travesti/trans[11] pudo ser un punto nodal para la articulación del movimiento de la diversidad y de la disidencia sexual en tanto pivotea sobre un discurso de derechos que puja por la inclusión social de un grupo históricamente excluido de la ciudadanía y a su vez contiene una crítica radical al Estado y a la sociedad en su conjunto –binaria, cisheterosexual-.
En los últimos años, las estrategias del movimiento de la diversidad y de la disidencia sexual estuvieron marcadas por las dificultades que aparecieron con la nueva hegemonía neoliberal, cuando el Estado dejó de ser un lugar institucional privilegiado para la articulación y ante la dificultad para acceder a los recursos públicos, los activismos desarrollaron estrategias autónomas y autogestivas, esparciéndose por distintos ámbitos sociales, culturales, artísticos, educativos, científicos y formando cadenas de solidaridad frente al deterioro de las condiciones de vida impuestas por el neoliberalismo. En esta verdadera lucha contra-hegemónica, los activismos y las militancias de la diversidad y de la disidencia sexual se articularon equivalencialmente con los feminismos populares, con gremios y sindicatos, organizaciones cooperativistas y de la economía popular, organismos de derechos humanos, agrupaciones estudiantiles y juveniles, etc. En este contexto, la demanda de inclusión/cupo laboral/reparación travesti/trans permitió visibilizar y politizar la exclusión y precariedad extrema en la que se encontraba la población travesti/trans.
En resumen, “diversidad” y “disidencia” pueden leerse como dos formaciones discursivas que hegemonizaron las prácticas estratégicas del movimiento LGBTTTIQ+ argentino en distintos momentos políticos (kirchnerismo y macrismo) y es por eso que responden a diferentes urgencias históricas (conquistar derechos y diseñar políticas públicas a partir de la apertura estatal a los movimientos sociales durante el kirchnerismo, resistir la avanzada neoliberal y desarrollar estrategias políticas alternativas durante el macrismo). La formación discursiva de la “diversidad” alojó sentidos igualitarios en el marco de una hegemonía populista que logró articular una pluralidad de demandas en un discurso de derechos. Por su parte, la formación discursiva de la “disidencia” articuló al movimiento en oposición a una hegemonía neoliberal, haciendo inteligibles las estrategias de resistencia desplegadas desde la llegada al gobierno de la Alianza “Juntos por el Cambio”. En este nuevo escenario, comenzó a hacerse cada vez más audible la crítica a la estrategia de la reforma legal, privilegiada por el movimiento durante tantos años. Esta táctica de lucha se ligó a la primacía de una concepción identitaria de la política, impugnada por la disidencia sexual. Así fue como el significante “diversidad” fue leído en clave de “asimilación” e “integración” a una sociedad capitalista, machista, capacitista, cisheteropatriarcal, mientras el significante “disidencia” permitió dar cuenta del antagonismo con el proyecto neoliberal. Por supuesto que los límites de ambas formaciones discursivas son móviles e inestables, en tanto nos referimos a dos discursividades que se reconfiguran permanentemente y se implican mutuamente, coexistiendo como formas alternativas de comprender lo político[12]. Ahora bien, nuestra hipótesis es que las alianzas estratégicas que se han producido en la lucha por la inclusión/cupo laboral/reparación integral travesti/trans suspendieron momentáneamente las diferencias entre ambas facciones permitiendo la rearticulación del movimiento en oposición al neoliberalismo.
Si miramos de cerca los procesos de politización en los cuales se implicaron los activismos LGBTTTIQ+ desde que las demandas de inclusión travesti/trans se volvieron prioritarias en sus agendas, veremos que la dicotomía diversidad versus disidencia se desestabiliza, queda expuesta su precariedad, la porosidad de sus fronteras. Por un lado, es innegable la radicalidad y potencia transgresora que tienen estas luchas, cuyo exterior constitutivo es la sociedad toda –machista, patriarcal, cisheterosexual-. El espíritu disidente, rebelde e insumiso de los colectivos travestis/trans se revela cuando reivindican su autonomía en la toma de decisiones, denunciando el sojuzgamiento padecido por parte de históricxs representantes del activismo LGBTTTIQ+, en particular referentxs gays y/o lesbianas que asumieron desde siempre la conducción del movimiento.
Por otro lado, encontramos cierta singularidad en el lenguaje político de estas luchas, afín a la formación discursiva de la diversidad. La identificación popular que disparó la demanda de inclusión travesti/trans en el mundo del trabajo -con la adquisición de derechos sociales y políticos que esto supone- se produjo en un contexto sobredeterminado[13] por un discurso populista que hegemonizó la política argentina del 2003 al 2015. Sobre ese suelo común y en defensa de sus propios intereses, distintos movimientos sociales pudieron formar una cadena de solidaridad que redefinió los límites del “Pueblo”, entendido como sujeto político que pudo erigirse como tal en el marco de una disputa vis a vis con un proyecto neoliberal, oligárquico y excluyente, que asedia las condiciones de vida de las mayorías populares. Interpeladxs como parte de ese Pueblo -y pujando por ser reconocidxs como ciudadanxs-, el movimiento de la diversidad y de la disidencia sexual en general y los colectivos travestis/trans en particular, lograron articular un discurso de derechos, estructurado sobre los ideales de igualdad y justicia social.
Inscriptas en un contexto de politización expansiva a partir de las cuestiones sexogenéricas, las actuales demandas de inclusión/cupo laboral/ley integral travesti/trans suponen una reparación histórica fundamentada en la igualdad de oportunidades y el acceso efectivo a la educación, al trabajo, a la salud y a todos los derechos que hacen a una vida digna. La reparación histórica que suponen estas demandas de inclusión travesti/trans conllevan tal grado de impugnación a la sociedad machista/cis/hetero/patriarcal -a la cual hacen responsable de la exclusión y vulnerabilidad estructural que la comunidad trans/travesti afronta desde siempre- que en este caso se vuelve dificultoso percibir los tintes asimilacionistas que se le adjudican a las políticas inclusivas en general desde los activismos de la disidencia sexual inspirados en la teoría queer/cuir.
Una perspectiva disidente representativa de aquel tipo de críticas es la que enuncia val flores: “El problema de erigir al estado como el único frente de acción posible es que traduce cualquier agenda de un movimiento social en un programa de inclusión que pueda asimilarse sin mucha dificultad, constituyéndose en un mecanismo de control sexual y político” (en Dabhar y Mattio, 2020: 274). Desde nuestro punto de vista, este cuestionamiento al movimiento de la diversidad sexual parte de una conceptualización errónea del Estado, sospechado de ser necesariamente y en todos los casos un aparato de control y vigilancia, desconociendo el contexto histórico local. Nos referimos a las fecundas vinculaciones entre el Estado y los movimientos sociales que habilitó la hegemonía populista con el ascenso del kirchnerismo. En el caso concreto de la colectivo LGBTTTIQ+, podemos afirmar que el Estado tuvo un rol activo en la conquista de leyes y políticas igualitarias. Esto no significa desconocer las importantes luchas políticas protagonizadas por este activismo en la historia reciente de nuestro país. Tampoco deseamos incurrir en una simplificación de las estrategias de lucha desplegadas por el colectivo LGBTTTIQ+ -ni de la diversidad ni de la disidencia- ya que nunca existió un único campo de batallas.
Si miramos de cerca las prácticas militantes del colectivo LGBTTTIQ+ expandidas durante este último decenio, veremos que la mayoría de las agrupaciones -o al menos las más reconocidas- disputan recursos e incidencia en el Estado y a su vez, simultáneamente, despliegan un intenso trabajo territorial a lo largo y a lo ancho del país, en una praxis política que desborda los cauces institucionales. En este juego a doble nivel se incrusta la principal demanda actual del activismo LGBTTTIQ+, que a pesar de las diferencias, se formula como inclusión social de las personas travestis/trans. Desde nuestro punto de vista, la demanda está formulada en clave igualitaria, de reparación histórica y de transformación de la injusticia social y no en términos de “asimilación” sexual. Este sentido común igualitario fue construido en un contexto político de ampliación de derechos para los sectores más desprotegidos socialmente que habilitó la hegemonía populista en Argentina. No sólo nos referimos a las políticas de inclusión LGBTTTIQ+ sancionadas durante los gobiernos kirchneristas, sino también a todas aquellas que se propusieron reparar injusticias sociales montadas sobre desigualdades históricamente legitimadas, como por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo, la Jubilación para las amas de casa, el plan PROGRESAR, el plan PROCREAR, el plan CONECTAR IGUALDAD, entre otros.
Aquel sentido común igualitario, construido políticamente, fue la superficie de inscripción de las demandas de derechos civiles -matrimonio e identidad- por parte del activismo LGBTTTIQ+ argentino. Si analizamos estas últimas demandas con perspectiva histórica, observamos que en su momento también fueron instancias centrales de articulación del movimiento de la diversidad sexual y las reconocemos hoy como condiciones de posibilidad para las actuales luchas por los derechos sociales y la ciudadanía plena de la comunidad travesti/trans. Sin dudas, estas demandas suponen una mayor protección jurídica y legal, bajo la definición de que sin discriminación positiva ni acciones afirmativas del Estado en defensa de un grupo social aborrecido y desprotegido, la igualación social no es posible. Para el colectivo travesti/trans específicamente, el punto de partida de estas luchas fue la sanción de la ley de identidad de género, que les reconoció el carácter formal de la ciudadanía, pero esto no significó una mejoría en sus condiciones materiales, que se resumen en el triste promedio de treinta y siete años de vida[14].
Fuentes bibliográficas
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[1] Lic. en Ciencia Política (Universidad Católica de Córdoba), Maestrando en Sociología (Universidad Nacional de Córdoba), Doctorando en Ciencia Política (UNC), Becario Conicet (2018-2023), Docente e investigador (UCC).
[2] Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgéneros, Intersex y Queers, como enumeración no taxativa. El signo “+” es indicativo del carácter abierto del acrónimo, contemplando a su vez la posible emergencia de toda configuración identitaria que, por un lado, produzca una ruptura con la hetero/cis/normalidad, y por el otro, politice su diferencia/disidencia, en la conformación de un colectivo que demanda políticas para sí y para el conjunto (Azarian y Scarpino, 2020).
[3] En este ensayo, estamos pensando al populismo desde la concepción de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. En La razón populista, Laclau (2005) define al “populismo” como un modo particular de constitución de lo político. En términos muy distintos a los análisis políticos tradicionales, “populismo” no remite a una ideología ni a un tipo de movilización política que protagoniza un sector preestablecido de la sociedad -como mero epifenómeno- sino a la propia forma de conformar la unidad de un grupo. Este proceso político supone articulaciones equivalenciales entre distintos tipos de demandas populares que hacen posible la constitución de una subjetividad social más amplia y traza una frontera antagónica que dicotomiza el espacio político (una polarización del tipo “pueblo” versus “oligarquía”, en el mismo sentido en que lo propone Mouffe, 2018 en Populismo de izquierda).
[4] Nos referimos a un ciclo político iniciado en los albores del siglo XXI que se identificó con los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela (1999-2013), Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina (2003-2015), Inázio Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil (2003-2016), Evo Morales en Bolivia (2006-2019) y Rafael Correa en Ecuador (2007-2017). En términos generales, estos gobiernos representaron luchas y demandas populares que emergieron en la resistencia al neoliberalismo implantado en la región desde los años setenta, primero a través de las dictaduras militares del Cono Sur y después mediante gobiernos democráticos que implementaron los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI) a costa de la exclusión de vastos sectores sociales durante toda la década del noventa.
[5] Aludimos específicamente al descrédito que sufrió el campo de la política en general y las prácticas y subjetividades militantes en particular en el discurso de los funcionarios políticos de “Juntos por el Cambio” (los sentidos peyorativos más resonantes fueron “grasa militante”, “ñoquis”, “el curro de los derechos humanos”, entre otros).
[6] Ley Nacional 26.618, según la cual, la institución matrimonial tendrá los mismos requisitos y efectos para todas las personas, con independencia de la orientación sexual e identidad de género de lxs contrayentes.
[7] Ley Nacional 26.743, que reconoce jurídicamente el género autopercibido de las personas, sin necesidad de intervenciones quirúrgicas de reasignación total o parcial de género, ni de terapias hormonales o cualquier otro tratamiento médico para ello; incluyendo todos los tratamientos médicos para la transición en el Programa Médico Obligatorio que tienen que cubrir tanto las obras sociales como las empresas de medicina prepaga.
[8] Las críticas de la disidencia sexual señalaron que las políticas inclusivas del kirchnerismo condensaron sentidos igualitarios en torno a ideales de familia, de progreso económico, de ascenso social, etc. que habilitaron configuraciones subjetivas integradas a la sociedad capitalista cis-heterosexual.
[9] “Cuir” es una categoría identitaria que remite a una apropiación local y crítica del movimiento queer, por parte de los activismos situados en el Sur Global, donde las problemáticas sexogenéricas están atravesadas también por lógicas (neo)coloniales y de subalternización específicas.
[10] En Argentina, desde el 2015 a esta parte, las organizaciones trans/travestis de distintas ciudades del país vienen motorizando un debate público y legislativo a nivel federal sobre la necesidad de incluir laboralmente a la población travesti/trans. Dicho proceso de politización se materializa en la sanción de leyes provinciales de cupo/inclusión laboral travesti/trans en más de siete provincias y de ordenanzas municipales similares en más de sesenta ciudades. Los modos en que se formulan las demandas de reparación histórica de la población travesti/trans han sido objeto de polémicas en el seno del movimiento. En estas luchas, quienes piden “cupo laboral” buscan garantizar un porcentaje mínimo en el empleo público y quienes piden “inclusión laboral” buscan la inserción formal tanto en el sector público como privado –por ejemplo, solicitando al Estado que otorgue incentivos fiscales a las empresas que contraten personal trans/travestis en su planta–. En cambio, quienes demandan “reparación integral” exigen que se garantice por ley tanto el derecho al trabajo, como a la educación, a la salud, a la vivienda, a la gratuidad en el acceso a la justicia y una asignación monetaria a las personas trans mayores de cuarenta años a título de indemnización por los vejámenes sufridos durante tantos años en que el Estado las/os desconoció y persiguió, excluyéndolas del sistema laboral y previsional. Esta última es la posición de la mítica Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros Argentina (ATTTA), nucleada en la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).
[11] Esta demanda aglutinó a más de 200 organizaciones sociales de todo el país que se encontraron en la alianza entre el Frente Nacional Orgullo y Lucha y la Liga LGBTIQ+ de las Provincias para conquistar la “Ley Nacional de Cupo e Inclusión Laboral Travesti-Trans Diana Sacayán y Lohana Berkins”, que obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación el jueves 10 de junio de 2021 y dictamen favorable de distintas comisiones para su tratamiento en el Senado el jueves 17 de junio, contando con los votos para su inminente aprobación. Dicho proyecto de ley fue elaborado conjuntamente y a nivel federal con organizaciones LGBTTTIQ+ de todo el país y obtuvo el apoyo de casi todo el movimiento de la diversidad y de la disidencia sexual.
[12] La dominancia de una formación discursiva nunca supuso la eliminación de la otra. En ese sentido, también durante la hegemonía neoliberal coexistieron en el seno del activismo LGBTTTIQ+ diferentes concepciones sobre la política y sobre los sentidos de la acción política, que tuvieron su correlato en las estrategias de lucha desarrolladas: por un lado, los espacios políticos de la diversidad continuaron reivindicando la necesidad de incidir políticamente y disputar el Estado, insistiendo en producir los cambios “desde adentro”. Por el otro lado, quienes enarbolaron la bandera de la disidencia, tacharon esta estrategia como un lavado de cara al neoliberalismo y llamaron a profundizar el carácter crítico y autónomo característico de un movimiento político surgido en la resistencia e impugnación del sistema machista-capitalista-cis-hetero-patriarcal.
[13] La sobredeterminación, como proceso y lógica política alude a la coexistencia de una pluralidad de sentidos sociales y formas de reenvío simbólico que impiden hablar de una sola determinación de las identidades. En palabras de Mouffe (2018: 114-115): “el agente social está constituido por un conjunto de “posiciones discursivas” que nunca lograrán fijarse del todo en un sistema cerrado de diferencias. El agente social se construye mediante una diversidad de discursos entre los cuales no existe una relación necesaria sino un movimiento constante de sobredeterminación y desplazamiento. La “identidad” de este sujeto múltiple y contradictorio es, por lo tanto, siempre contingente y precaria, está fijada temporalmente en la intersección de esos discursos y depende de formas específicas de identificación” (Mouffe, 2018: 114-115).
[14] Como demuestra el informe Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en Argentina, elaborado por diversas organizaciones sociales (Akahatá, Agrupacion Nacional Putos Peronistas, Cooperativa de Trabajo La Paquito, et.al., 2016), las personas trans/travestis afrontan barreras estructurales para el acceso a los derechos básicos como educación, salud, trabajo, vivienda, acceso a la justicia, una vida libre de violencias, etc.