Crítica y Resistencias. Revista de conflictos sociales latinoamericanos

N° 13 (diciembre-mayo). Año 2021. ISSN: 2525-0841. Págs.69-86

http://criticayresistencias.com.ar

Edita: Fundación El llano - Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL)

 

 

 

 “Aunar luchas”: construcción de un frente antirrepresivo en la Marcha de la Gorra[1]

“Uniting Struggles”: Construction of an Anti-Repressive Front in the Marcha de la Gorra

 

Macarena Roldán[2]

 

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-No hay restricciones adicionales 4.0 (CC BY-NC 4.0)

 

Resumen

Tras más de siete años de estudio en torno a la Marcha de la Gorra (Córdoba, Argentina), el objetivo de este trabajo es explorar las transformaciones en las demandas de esta acción colectiva juvenil, a la luz de las caracterizaciones de los propios jóvenes en torno a la cuestión represiva. Con la mirada puesta en la construcción de sentidos y significaciones compartidas, se trabajó con un enfoque cualitativo que incluyó el registro etnográfico en torno a la Marcha –especialmente, su Mesa Organizativa y la fase de movilización–, junto con la realización de entrevistas en profundidad con jóvenes que participan en ambas instancias. Los hallazgos dan cuenta de una ampliación y una complejización de la noción de represión entre las y los jóvenes que habitan la Marcha, y su motivación para construir en torno a ella un “frente antirrepresivo” capaz de unificar diversas demandas y reivindicaciones, con una perspectiva local.

Palabras clave: Acción colectiva; Juventudes; Políticas de seguridad; Violencia policial; Represión.

 

Abstract

After more than seven years of study around the Marcha de la Gorra (Córdoba, Argentina), the objective of this work is to explore transformations in demands of this collective youth action, in light of the characterizations of the young people around the issue repressive. Attending to the construction of senses and shared meanings, we worked with a qualitative approach that included the ethnographic record around the protest –and, especially, its Organizing Commission and the mobilization phase–, and in-depth interviews with young people who participate in both instances. The findings point to an expansion and complexity of the notion of repression among the youth who participate in the Marcha and their interest in building around it an "anti-repressive front" capable of unifying various claims and demands, with a local perspective.

Keywords: Collective action; Youth; Security policies; Police violence; Repression.

 

Introducción

En los últimos años, asistimos a una oleada de protestas sociales en América Latina y en el mundo, motivadas, fundamentalmente, por la violación de derechos humanos y la desigualdad estructural que caracteriza a las sociedades actuales. Particularmente, a fines de 2019, nuestro continente se vio sacudido por los alzamientos populares en Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, entre otros países. Allí observamos la eclosión colectiva en las calles, producto de la indignación y el hartazgo con los mecanismos opresores y reproductores de desigualdades, sostenidos desde políticas neoliberales que precarizan las esferas de la vida cotidiana en pro de garantizar la hegemonía del mercado. Asimismo, es notable la participación juvenil en tales estallidos, pues, las y los jóvenes se asumen como uno de los sectores más afectados por la crisis socioeconómica de la región. En efecto, encontramos autores latinoamericanos que designan la condición de precarización de la vida juvenil en términos de juvenicidio (Feixa et al., 2015, p. 212; Valenzuela, 2019, p. 60). Éste implica no sólo el potencial exterminio físico de las y los jóvenes, sino que también se traduce en operaciones de persecución y hostigamiento que limitan las condiciones para su desarrollo singular y colectivo.

La condición de exposición en que transitan sus trayectorias vitales algunas juventudes –especialmente aquellas que viven en condiciones de pobreza, afrodescendientes, activistas, mujeres y disidencias sexuales, entre otras– encuentra diferentes formas de expresión. Una de ellas es la violencia policial o formas de hostigamiento que provienen de las fuerzas de Seguridad del Estado. Estas modalidades de control y castigo, focalizadas en sectores identificados como peligrosos desde discursos hegemónicos, gozan de cierta legitimidad entre la opinión pública, producto del consenso punitivo (Otamendi, 2014, p. 155) que torna admisibles tales excesos.

En Argentina, y particularmente en Córdoba, la persecución policial dirigida a jóvenes de sectores populares ha sido insistentemente señalado por trabajos académicos (Bologna et al., 2017, p. 142; Plaza Schaefer, 2018, pp. 69-70; Bermúdez, 2019; Bonvillani, 2020). Asimismo, se destaca la profusa participación y las diferentes formas de activismo (Bonvillani, 2015; Roldán, 2019) que las y los jóvenes despliegan en el espacio público, con el propósito de visibilizar estas modalidades de violencia y resistirlas asociativamente. Se trata de acciones colectivas que, además de su carácter clásicamente caracterizado como contencioso (Tarrow, 1997), evidencian la centralidad de los cuerpos en la calle y en alianza, como ha señalado Butler (2017) en análisis recientes, y que ponen de relieve la construcción de protagonismo juvenil en el espacio social.

Una de las manifestaciones más pujantes de jóvenes en resistencia, organizados/as contra la violencia policial en Argentina se da en Córdoba: la Marcha de la Gorra. Esta movilización cuenta con catorce ediciones anuales realizadas de manera ininterrumpida, desde el año 2007, y convoca entre 15.000 y 20.000 personas cada mes de noviembre. Tanto la Marcha en sí, en su faceta más visible, como su Mesa Organizativa (que se reúne semanalmente, entre uno y dos meses antes de la movilización), están habitadas por una multiplicidad de agrupaciones y organizaciones sociales de diversa procedencia política o partidaria que presentan, en su mayoría, referentes juveniles.  

La demanda inicial de esta protesta se vinculaba con instalar un reclamo contra las políticas públicas de seguridad de Córdoba, especialmente, contra el Código de Faltas, reemplazado, en 2016, por el Código de Convivencia Ciudadana. Lerchundi y Bonvillani (2016) señalan que estas legislaciones contravencionales habilitan detenciones en la vía pública con un alto grado de discrecionalidad, por la vaguedad de sus artículos (“Merodeo”, “Conducta sospechosa”) (p. 85). Asimismo, consideran que las prácticas de interceptación policial están particularmente dirigidas a jóvenes varones de barrios populares. Esta arbitrariedad es denunciada, de inicio, en el objeto-símbolo que da nombre a la acción colectiva: la gorra. Este accesorio forma parte del vestuario característico de los jóvenes y constituye un símbolo de la etiqueta social por la cual son identificados como peligrosos y son detenidos (Bonvillani, 2015, p. 11). Así, la mostración provocadora de gorras, marchando masivamente por las calles del centro de la ciudad, configura ya un primer acto de resistencia y protesta colectiva.

Asimismo, la Marcha se caracteriza por un nutrido repertorio de intervenciones artísticas y recursos expresivos en que, una vez más, la corporalidad de las y los marchantes aparece como materialidad desde la cual se denuncia y se repudia la violencia policial. La acción colectiva se torna, así, escenario y oportunidad de expresión y celebración de la cultura juvenil y popular de Córdoba, a la vez que se rebate el hostigamiento policial cotidiano.

El proceso de investigación en que se inscribe este trabajo, se apoya en una etnografía colectiva de evento de la Marcha, desde el año 2014 hasta la actualidad, acompañando también su espacio organizativo. A lo largo de este recorrido, hemos caracterizado a la Marcha de la Gorra como una instancia de politización que, desde hace años, aglutina a sectores juveniles y populares de Córdoba en un momento-espacio de enunciación colectiva en la calle. Desde la mirada que asumimos acerca de la acción colectiva, consideramos que las experiencias asociativas que emprenden los sujetos y grupos en una tónica denunciativa y contestataria, implican, además, la construcción de proyectos y horizontes comunes de acción. La germinación de lenguajes, prácticas y afectaciones compartidas que se producen en el encuentro y la organización política en la calle, da lugar a sentidos subjetivos instituyentes y transformadores acerca del estar juntos y del hacer con otras y otros. Así, los procesos subjetivos e intersubjetivos que se despliegan en torno a la instancia política y politizante de la acción colectiva tienen importantes efectos en las trayectorias singulares, grupales y comunitarias de quienes habitan el espacio de la Marcha. A partir de estas coordenadas, en trabajos anteriores hemos inscripto a la Marcha de la Gorra como una experiencia que aloja procesos de subjetivación política de las juventudes cordobesas que allí se convocan (Roldán, 2018).

Ahora bien, en los últimos años, hemos advertido cierto entrecruzamiento de los reclamos y demandas con otros movimientos vinculados al feminismo, al anticolonialismo y a grandes protestas sociales engendradas en países vecinos, como fue el caso de Chile, Ecuador y Bolivia, a fines de 2019. De acuerdo con los discursos que enarbolan las y los jóvenes que habitan la Marcha de la Gorra, ya no se interpela exclusivamente al poder político cordobés y a la institución policial. Esto, fundamentalmente, porque asistimos a una ampliación del campo represivo que desborda los ejercicios de control policial tradicionales. De inicio, es notable el recrudecimiento de la política securitaria y punitiva que alcanza actualmente altos niveles de sofisticación, empleando, incluso, técnicas de video-vigilancia (Job, 2013, p. 153).

Asimismo, en el contexto de esta expansión del campo represivo, las y los jóvenes que organizan la Marcha de la Gorra, se reunieron en noviembre de 2019 en la Plaza de la Intendencia, espacio emblemático de Córdoba por tratarse de una de las plazas más concurridas y habitadas por la ciudadanía. Allí surgieron una serie de interrogantes fundamentales: de qué modo se sienten reprimidos/as y por qué es necesario, una vez más, tomar las calles. Llamativamente, entre las respuestas que se comparten, el eje de la discusión aparece un tanto descentralizado de la policía, institución que históricamente acaparó todas las interpelaciones y demandas. Lo represivo pasa a ser (d)enunciado desde una pluralidad de prácticas. Ya no queda alojado exclusivamente en el uniforme policial y en la cachiporra. Las juventudes allí congregadas señalan que la represión habita los cuerpos de las vecinas y vecinos de Córdoba; de los agentes policiales, pero también de los jueces y de los políticos.

La represión se cataliza en diferentes instituciones sociales y del Estado e incluso en los vínculos más cotidianos. El cuerpo juvenil ya no sólo es perseguido por la policía, como chivo expiatorio en las denominadas políticas de combate al delito y al narcotráfico (Plaza; Morales y Brocca, 2018, p. 279), sino que, según advierten los propios jóvenes, la represión es también sexual, es contra quien consume sustancias, contra quienes militan. Existe una represión dirigida a quien es pobre, pero también a quien lucha y se organiza, una criminalización de la protesta (Job, 2013). Represión a las disidencias sexo-genéricas, a los cuerpos trans, represión a quien no desea dentro de los confines de la norma (Mattio, 2017).

A compás de esta promiscuidad represiva que impregna discursos y prácticas sociales, las demandas y los procesos de construcción de la acción colectiva Marcha de la Gorra han ido incorporando consignas cada vez más plurales, en la tónica del anti-patriarcado y el anti-colonialismo. Así, la gramática de interpelación parece no estar dirigida sólo al poder político y a las fuerzas del orden, sino que buscaría poner en cuestión los modos de relación cotidianos y la propia producción del lazo social; a la vez que, en un horizonte propositivo, comienzan a delinearse nuevas formas de organización posibles. Este trabajo cultiva una aproximación descriptiva, pero también atenta a la génesis de sentidos políticos en la antesala de la acción. Con ello, pretendemos contribuir a la comprensión de los procesos de organización que emprenden las y los jóvenes en orden a transformar el entramado social, así como destacar los aportes de las miradas juveniles en la complejización de lo que entendemos por represión.

Nos preguntamos cómo conciben el escenario represivo las y los jóvenes que forman parte de la Marcha, con el propósito de dar respuesta a nuestro interrogante central: de qué modo esta acción colectiva juvenil se transforma a la luz de la situación represiva actual en Córdoba[3]. De este modo, teniendo en cuenta que la represión exhibe rostros cada vez más heterogéneos y mecanismos más sofisticados, el objetivo del trabajo es reflexionar acerca de las innovaciones en la Marcha de la Gorra, en la que han comenzado a gestarse vecindades con otras reivindicaciones, ampliando el espectro de lo antirrepresivo en Córdoba. Puesto que se trata de interrogantes de investigación que involucran los modos en que los sujetos dotan de sentido al mundo que los rodea y a sus prácticas, se emplea una metodología de tipo cualitativa que se detalla a continuación.

 

Método

La investigación parte de un enfoque cualitativo y etnográfico puesto que da prioridad a la construcción de sentidos que llevan a cabo las y los protagonistas de los procesos políticos analizados. Desde la actitud cualitativa que asumimos, se piensa a la realidad como un universo simbólico construido a partir de negociaciones intersubjetivas en que los sujetos revisten de sentido sus experiencias (Bonvillani, 2018, p. 164).

Entre 2014 y 2019, hemos estudiado la Marcha de la Gorra, apoyándonos en la “etnografía de evento” (Borges, 2017) como principal estrategia de exploración. La noción de lugar-evento se refiere al entrelazamiento entre tiempo, espacio y política. Esto es importante atendiendo a la fugacidad e intensidad que caracterizan a la Marcha, pues, su brevedad y el constante dislocamiento espacial la tornan un objeto etnográfico caracterizado por el movimiento.

A su vez, se llevaron a cabo las denominadas conversaciones en marcha (Bonvillani, 2018, p. 177). Se trata de diálogos informales con manifestantes, por lo que tienen lugar en unas atmósferas subjetivas y colectivas típicas de una movilización de protesta. Se realizaron con el objetivo de conocer las sensaciones y las construcciones de sentido de las y los marchantes acerca de la experiencia que está siendo. Este instrumento no presentó criterios muestrales predefinidos, dado que el contacto se estableció de manera espontánea en el contexto de la Marcha.

El trabajo etnográfico permitió dar cuenta de la diversidad de tiempos y territorios que supone la acción colectiva. Esto implica atender a sus distintas temporalidades: lo fugaz, lo histórico, lo actual, lo que está dejando de ser, lo que está comenzando a ser y lo que va siendo; así como transitar sus múltiples territorialidades, tales como los espacios de reunión, las actividades previas, la calle, la vereda, la plaza y los propios cuerpos que marchan.

Asimismo, se desarrolló una tarea etnográfica en la Mesa Organizativa que antecede a cada edición de la Marcha, apoyándose en el registro de campo y la observación participante. Esta inserción en el escenario organizativo se da a partir de la incorporación de la investigadora en una de las comisiones de trabajo de la Mesa (comisión de seguridad), desde 2014 hasta 2019. En este punto, cabe un esclarecimiento importante: las tareas de investigación y registro que se desarrollan en estos espacios son conocidas por todas y todos los miembros de la Mesa Organizativa. Esta presencia doblemente implicada –como investigadora y como miembro activa de una comisión organizativa–[4], es siempre refrescada en la presentación de cada reunión. En estas instancias, además, se procede con la obtención del consentimiento informado de las y los jóvenes presentes, contemplando aspectos éticos de la producción de datos.

Por otra parte, el trabajo etnográfico se complementa con la realización de entrevistas en profundidad con jóvenes participantes y, en ocasiones, organizadoras/es de la Marcha. Las entrevistas están orientadas por guiones temáticos y se realizan con anterioridad a la movilización o posteriormente. En ocasiones, se llevaron a cabo en el propio contexto de la Mesa Organizativa. El muestreo empleado para la realización de entrevistas fue de tipo teórico, intencional. Participaron del estudio, diecisiete varones, catorce mujeres y dos jóvenes que se identificaron como género no binario, de entre 16 y 30 años. El contacto se dio a partir de la permanencia sostenida en las actividades relacionadas con la Marcha de la Gorra, especialmente, en la Mesa Organizativa. De este modo, se conocía a las fuentes de primera mano. En otros casos, fue propiciado por la inscripción de la investigadora en espacios territoriales o culturales de los que formaban parte jóvenes que participan de la Marcha pero que no asisten a la Mesa. Por último, en algunos casos se tomó contacto a partir de acercamientos espontáneos en el marco de la Marcha, pautándose la entrevista para días posteriores.

A lo largo de más de seis años estudiando esta acción colectiva, se cuenta con más de cien registros entre notas de campo, entrevistas y conversaciones en marcha. En este caso, atendiendo al propósito del artículo, se realizó un recorte estratégico de ese corpus empírico. Puesto que el objetivo es reflexionar acerca de las transformaciones recientes de las demandas, relacionadas con los modos en que se concibe la represión, y explorar la constitución de un frente antirrepresivo más amplio, tomaremos como objeto de análisis una de las últimas ediciones de la Marcha, correspondiente al año 2019. Esto implica trabajar con los registros etnográficos producidos tanto de la Mesa Organizativa como en la movilización, cuatro conversaciones en marcha y cinco entrevistas en profundidad realizadas durante el último año. En todos los casos, cada vez que se presente un fragmento del trabajo de campo, se emplearán nombres de ficción para resguardar la identidad de las y los jóvenes.

Por último, en relación con el proceso de análisis de datos, especialmente en la instancia de codificación, se empleó el software de análisis cualitativo Atlas.ti, en su versión 6.2. A partir del proceso de categorización de los datos se construyeron los códigos que orientaron el análisis, en el cual intervinieron dos tipos de categorías. Por un lado, aquellas que se desprendieron del contexto conceptual, tales como: “acción colectiva” u “organización juvenil”. Por el otro, categorías que emergieron directamente de los datos, es decir, locuciones de los participantes: “gatillo fácil”, “criminalización de la lucha”, “policía moral”, “poder popular”, entre otras. A partir de la puesta en diálogo de estas categorías se identificaron relaciones entre el corpus empírico y las dimensiones conceptuales que recupera el estudio. Finalmente, es importante mencionar que, a lo largo de todo el proceso de investigación, se produjeron memos y notas para registrar las impresiones y conjeturas de la investigadora que fueron cardinales para la producción de análisis.

 

Resultados

A continuación, se presentan los resultados del estudio organizados en torno a dos ejes temáticos. En primer lugar, se recoge la pregunta que se invitaron a responder colectivamente las y los jóvenes congregados en las primeras reuniones organizativas de la 13° edición de la Marcha de la Gorra, correspondiente al año 2019. Este interrogante reza: Y a vos… ¿cómo te reprimen?, y fue discutido en el espacio público, específicamente, en una plaza, en el marco de los preparativos de la Marcha.

En segundo lugar, se presenta un recorrido que recoge el testimonio de las y los jóvenes acerca de la ampliación del núcleo de demandas que moviliza esta acción colectiva. La complejización en los modos de concebir lo represivo da lugar a la construcción incipiente de aquello que los propios jóvenes han denominado un frente antirrepresivo en Córdoba.

 

Y a vos… ¿cómo te reprimen?

Las primeras reuniones organizativas de la 13° edición de la Marcha de la Gorra (2019) estuvieron atravesadas por un hilo conductor expresado en el interrogante que da título a este apartado. La consigna fue propuesta por un grupo de jóvenes que convocaron este primer encuentro y se tradujo en varias horas de conversación, intercambios, elaboración de afiches y aplausos. Quienes formaron parte de estas reuniones fueron aproximadamente ochenta representantes –en su gran mayoría, jóvenes– de diferentes organizaciones sociales, territoriales y políticas, incluso autoconvocados/as. El contenido de las respuestas compartidas y los testimonios ofrecidos delinean un amplio abanico de situaciones, descriptas en primera persona, que exceden ampliamente los relatos del hostigamiento policial y avanza en la consideración de múltiples formas de manifestación de lo represivo.

En primer lugar, aparecen narrativas vinculadas a las demandas más tradicionales o históricas –si se admite– de la Marcha de la Gorra: la represión policial concebida como el hostigamiento dirigido a jóvenes de sectores populares de Córdoba. Esto se manifiesta en diferentes modalidades: entre las más denunciadas se encuentran las detenciones arbitrarias en la vía pública, requisas, persecución sistemática y dificultades para acceder al centro y circular libremente en la ciudad por los insistentes y abusivos controles policiales. En palabras de un joven cantante de rap, esto aparece expresado de la siguiente manera:

“Por cuestiones de que nos paraba la yuta[5] siempre, de que la gente te mira así con desprecio, bueno, un montón de prejuicios de la sociedad, de la policía. […] Entonces, por eso no salíamos. Teníamos que cruzar todo el centro para llegar hasta los talleres. Entonces ahí fue, también, conocer el camino donde no había tanto movimiento policial, entonces llegar sanos y salvos hasta los talleres y volver a la casa.” (Jonás, 25 años, artista. Junio, 2020)

Asimismo, existen casos más extremos en que la violencia policial avanza hacia insultos, golpizas, amenazas, pudiendo alcanzar su manifestación más cruenta en lo que se conoce como casos de gatillo fácil. Se trata de hechos en que se produce un uso abusivo del arma de fuego por parte de los agentes policiales. La categoría hace referencia a la liviandad con que la policía mata o hiere, en situaciones que van desde lo que se nombra como “uso desmedido de la fuerza” hasta “ejecuciones extrajudiciales” y “falsos enfrentamientos” (Pita, 2010, p. 4). Desde hace al menos cinco años, la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil de Córdoba integra la Mesa Organizativa de la Marcha de la Gorra, ocupando allí un papel muy importante en el sostenimiento de los reclamos de justicia para estos casos:

“En el caso nuestro, el asesinato de mi sobrino… la primera Marcha que nosotras asistimos fue en el año 2015. Y fue algo muy triste para nosotros porque no sabíamos qué hacíamos ahí, ni qué nos estaba pasando, no entendíamos. Y desde ahí aprendimos y supimos que no estábamos solas y que había un montón de gente que nos estaba acompañando y que hasta el día de hoy nos acompaña. […] Creemos que el gatillo fácil es el último eslabón del Estado de una represión que los pibes[6] vienen sufriendo desde muy chicos, hasta cuando crecen y terminan, muchos de ellos, en un gatillo fácil.” (Silvia, joven familiar de una víctima de gatillo fácil. Noviembre, 2019)

Estos testimonios remiten a demandas centrales en la Marcha de la Gorra que han estado presentes en sus banderas y consignas en todas sus ediciones.

Sin embargo, a partir de la pregunta disparadora, comienzan a aflorar nuevos sentidos asociados a prácticas represivas que exceden el accionar policial discrecional focalizado en los jóvenes de los barrios populares. Se incorporan narrativas vinculadas con la represión a las jóvenes mujeres, a las disidencias sexo-genéricas y a los procesos de criminalización y judicialización de la organización y la protesta. En los testimonios de los jóvenes, esto se inscribe en una tónica de transversalidad donde lo represivo se desenvuelve articuladamente en diferentes esferas de la vida cotidiana, como puede verse en el siguiente fragmento: [La policía] “nunca habla de lo que está pasando en realidad, de cómo ellos matan a los pibes, los meten en procesos judiciales, los mandan a la cárcel, los matan en las cárceles, matan a las pibas. O sea, entender la represión como algo que es transversal a todas las demás luchas era un poco la idea.” (Juan, joven moderador de la reunión organizativa. Noviembre, 2019)

Asimismo, encontramos referencias a las condiciones materiales de existencia que imponen los procesos de pauperización, tanto a nivel regional como en Argentina. En este sentido, el contexto económico y político del país se vuelve texto de las denuncias expresadas por las y los jóvenes. Es importante recordar que el año 2019 cierra el ciclo de gobierno de Mauricio Macri en Argentina, período en que se introdujeron políticas económicas de corte profundamente neoliberal. En este marco, no sólo creció la desocupación, sino que, además, se redujo significativamente la generación de empleo de calidad (Medina, 2019), acompañando un fuerte proceso de endeudamiento con organismos internacionales, como el FMI, y un marcado aumento de la pobreza.

Una de las participantes de la Mesa Organizativa señala el papel de la clase trabajadora en este escenario sociopolítico y sopesa el avance sobre los derechos laborales como una de las tantas modalidades que asume la represión. Expresa su posicionamiento respecto de la postura que considera debería tener “el lado de la resistencia” frente a esta situación y hace un llamado a la unidad:

“Nos parece importante tomar el eje de la represión porque en este momento vemos que las condiciones económicas y de vida de las y los trabajadores van a empeorar cada vez más. La situación financiera del país explota, la plata para pagar deudas va a salir, como hasta ahora, de nuestros bolsillos, con lo cual nos esperamos años de mucho conflicto y donde vamos a tener que estar muy unidos los y las que quedamos del lado de la resistencia.” (Marta, sindicalista docente. Noviembre, 2019)

Del mismo modo, se introducen reclamos específicos que pasan a nutrir el pliego de reivindicaciones de la Marcha. Aparecen referencias a problemáticas ambientales, judiciales y sindicales que, una vez más, colaboran en un proceso de complejización y ampliación de la cuestión represiva. A continuación, presentamos algunos ejemplos:

“Yo vengo de Punilla y desde las asambleas a partir de la lucha por la autovía[7] se decidió hacer un mapeo de todos los conflictos ambientales, más allá de la autovía, y en uno de los ítems se mencionó a los hechos represivos […] y lo que padecieron los vecinos en base a las fuerzas policiales lo tomaron como algo grave.” (Gabriel, joven autoconvocado. Noviembre, 2020)

“Un Poder Judicial que judicializa, que persigue, como en el caso de los 27 estudiantes [lee un titular de noticia: “Procesan a 27 estudiantes en el Pabellón Argentina”[8]]. (Juan, moderador de la reunión, leyendo en el micrófono una de las respuestas que le acercó otro compañero en forma escrita. Noviembre, 2019)

“A nosotras, como clase trabajadora, nos reprimen en nuestro trabajo todo el tiempo. Por ejemplo, con el abuso de autoridad, con los bajos salarios, con los descuentos por día de paro y por un montón de otras sanciones que sufrimos por ser parte de la clase trabajadora. Así que nos reprimen ahí y nos reprimen también cuando salimos a luchar en las marchas.” (Marta, sindicalista docente. Noviembre, 2019)

Así, a los sentidos ya consolidados en torno a la represión policial se agrega la criminalización de la protesta, con una referencia particular a las y los estudiantes procesados por sus acciones en defensa de la educación pública en Argentina. Del mismo modo, instancias de organización popular, como es el caso de la Asamblea de Punilla conformada en torno al conflicto de la autovía de montaña, pasan a incorporar en sus discusiones y demandas la cuestión de la represión policial, especialmente durante su proceso organizativo.

Otra veta represiva se vincula con las restricciones a la práctica y el despliegue del arte callejero en la vía pública. Esto ya ha sido señalado anteriormente como un frente de conflicto con la policía por parte de jóvenes que realizan prácticas culturales en el espacio público, pero en el último año ha adquirido un formato legal que lo torna aún más problemático[9]. Transitando la Marcha, encontramos un joven malabarista que marchaba vestido de payaso, con un cartel colgando de su cuerpo que versaba: “Mi gorra da alegría, la tuya da tristeza. El arte callejero no es delito”. Al ser consultado sobre sus motivos para marchar, expresó lo siguiente:  

“Soy artista circense, vengo para pedir por la lucha de los artistas callejeros, que hace poco salió una ley de prohibición. Y bueno, aprovechando la Marcha para pedir el derecho de que el arte en las calles se pueda ejercer, es algo que no le hace daño a nadie. […] Me ha pasado que me han llevado, te frenan, te llevan. A veces te quitan los instrumentos.” (Fabio, artista callejero entrevistado en la Marcha. Noviembre, 2019)

Este testimonio permite visualizar cómo los discursos punitivistas, incluso en materia legislativa, habilitan en la práctica nuevas justificaciones que amplifican el alcance del hostigamiento policial. Una vez más, el sujeto-objeto de la represión se expande como consecuencia de una ampliación de las prácticas que quedan circunscriptas dentro de lo prohibido, aun cuando se trata de una expresión cultural o artística.

Finalmente, otra dimensión de la represión–más larvada, si se quiere, pero no por ello inofensiva– es la que las propias juventudes denominan “policía moral”. En la caracterización de este atributo, el ejercicio policíaco no queda anclado exclusivamente en la agencia policial, sino que puede ser puesto en práctica por cualquier ciudadano/a o vecino/a que señala, disciplina o reprime determinados gestos, estéticas, repertorios corporales, etcétera. En palabras de unx joven artista:

“Y hay como gente que cree, no sé, el estándar de normalidad ese que tienen en la cabeza, como el que tiene mi mamá porque ve la televisión. Todo el tiempo una mirada normalizadora, esa es la cabeza de yuta para mí. Todo el tiempo creer que vos deberías ser de otra forma, más normal, verte más tranquilo, verte más callado, verte más… hablar más correctamente, como dice la RAE. Ser heterosexual, porque el otro es rarito y diferente. No sé… la mirada correctora es la coartadora de libertad, como la yuta, la policía en nivel general, digo, no solamente la institución, sino como la policía moral.” (Titx, 27 años, artista transfeminista. Junio, 2019)

Expresiones como “policía moral” o “cabeza de yuta” constituyen una condensación de sentidos que se emplea para nominar cierta actitud policial o de control de los cuerpos que excede las fronteras de la institución y el campo de lo legal, y que se hace extensivo a aquello que los estudios canónicos de la sociología han caracterizado ampliamente en términos de control social (Sumner, 2003). Lo interesante de la categoría moral aplicada al control policíaco es que también la hallamos en otra joven, meses después, en las reuniones de la Mesa Organizativa. Así, la “policía de la moral” haría referencia a las diversas prácticas de control y disciplinamiento que ejerce el cuerpo social en general, más allá de la institución policial y de sus agentes. Al estar orientada hacia los cuerpos y las prácticas estéticas, implica dimensiones de género, la presentación fenoménica ante el mundo de cada sujeto, los modos de habitar los espacios, entre otras prácticas corporales que, sin ingresar en el campo de la ilegalidad, pueden poner en cuestión la moralidad construida como aceptada y deseable.

Cerramos este apartado con el testimonio de una activista de una organización feminista que sintetiza en su discurso buena parte del prisma represivo señalado:

“Porque nos matan, porque nos persiguen, porque nos intimidan, porque nos procesan. […] ¿Quién es la gente que se pone la gorra[10]? Porque no es la institución, no son les policías ni la institución policial sino la policía de la moral, la que no nos deja besarnos en la calle con la gente que queremos, la que no nos deja salir a la calle cuando queremos, la que nos persigue, la que nos intimida. Entonces es por eso que necesitamos salir a la calle. […] que la gente criminaliza las marchas, nos ven marchando y nos quieren meter los autos y meter el pecho [“enfrentar”]. Bueno, acá no solamente estamos marchando, sino que estamos visibilizando. […] ¿Que a nosotras cómo nos reprimen? Bueno, teniendo compañeras procesadas. Teniendo compañeras criminalizadas. Las pibas de los barrios no pudiendo entrar en el centro, teniendo todo el tiempo que correr porque a alguna de nosotras nos mataron o a cualquiera de los pibes.” (Laura, 25 años, activista de organización feminista. Noviembre, 2019)

 

De la represión netamente policial al entrelazamiento de luchas

A instancias de la Marcha de la Gorra en Córdoba, el conjunto de denuncias en torno a lo represivo desde diferentes espacios, territorios, organizaciones o colectivos de enunciación, da lugar a una perspectiva colectiva que evidencia la importancia de construir –en palabra de las y los jóvenes– un “frente antirrepresivo” que permita unificar la resistencia.

Las voces que se alzan en la Marcha insisten en la necesidad de emprender un proceso de “unificación de las luchas” y de los reclamos. Esto va de la mano con la constatación de que la represión “viene de todos lados” y que, ante ello, es necesario avanzar en una resistencia plural, coordinada y capaz de interpelar a una multiplicidad de sectores, como bien plantea esta joven: “Las organizaciones sociales, cada una en sus barrios, todas sufren la represión. Entonces invitarles desde este lugar, la Marcha de la Gorra… es el lugar para que piensen ese frente antirrepresivo. ¿Cómo hacemos, también, para interpelar a todos los sectores?” (Dana, joven activista de una organización antirrepresiva. Noviembre, 2019)

Al discutir colectivamente y comprender la expansión de los discursos y prácticas represivas en la coyuntura sociopolítica actual, comienza a delinearse una mirada más amplia y abarcativa, tanto de lo represivo como de lo antirrepresivo. Sin correr el foco de la responsabilidad estatal, cuestión que conforma prácticamente un consenso construido en las últimas cuatro ediciones de la Marcha, se agregan, por ejemplo, denuncias vinculadas a la violencia de género. Así, la elaboración de un pliego de reivindicaciones más nutrido y plural, se presenta bajo la lógica del encuentro de los cuerpos y los colectivos en la calle:

“¿Para qué salir a las calles? Para sostener justicia por las causas de abuso policial, conocernos y organizarnos. Es la mayor expresión antiyuta [antipolicía] que tenemos. Para frenar la violencia del Estado estando en movimiento. Para decirle basta al Estado represor, para sacarle una revancha a la yuta. Para denunciar que a las pibas las desaparecen con una complicidad con la yuta. Para denunciar el carácter represivo del Estado y lograr fortalecer la unidad y la lucha. Para demostrarle a la policía, al Estado y a la clase dominante que no les tenemos miedo y que les vamos a hacer caer. Poder popular para terminar con la represión, la injusticia y la discriminación hacia los pibes. Para que el Estado entienda que no vamos a descansar hasta que nos dejen de reprimir con todas sus políticas de opresión hacia el pueblo. Para seguir encontrándonos. Para exigir nuestro derecho a transitar libremente desde los barrios. Para fortalecer la organización antirrepresiva. Para aunar diversas luchas. Para marcarle la cancha al Estado represor por todes les que faltan y todes les que quedan. Porque la salida es colectiva.” (Juan, moderador de la reunión, leyendo en el micrófono una de las respuestas que le acercó otro compañero en forma escrita. Noviembre, 2019)

En las entrevistas realizadas, encontramos repetidamente la idea de que existe un tejido que conecta distintas modalidades de represión, incluso en diferentes momentos históricos y que, a su vez, eso permite comprender la importancia de la unificación de las demandas y los colectivos. Al respecto, uno de los entrevistados manifestó:

“Y se reclama porque realmente ningún ser humano se merece que lo estén hostigando y siendo amedrentado por las fuerzas de seguridad que realmente, supuestamente, están para cuidarnos ¿Entendés? Y entendí todo el miedo histórico que hay sobre las fuerzas de seguridad. Y eso me llevó a conectar con la marcha del 24 de marzo[11], y las causas, bueno, y así se van tejiendo más las luchas” (Jonás, 25 años, artista. Junio, 2020)

Como puede verse en los testimonios, la Marcha de la Gorra constituye, además, una instancia de formación política para muchos jóvenes. Uno de los aspectos destacados se refiere a cierta continuidad o vecindad que puede leerse en las demandas enarboladas contra los abusos de las fuerzas de seguridad y las diferentes modalidades de represión estatal. Asimismo, se destaca el papel central de las juventudes en los procesos de resistencia, haciéndose extensivo a lo que ocurre en países vecinos. En el contexto organizativo de la 13° edición de la Marcha (2019), existe una mención constante a lo ocurrido en Chile y a la importancia de apoyar y visibilizar esa lucha en el marco de esta acción colectiva: “Tenemos que tomar las calles. Por ejemplo, lo que está pasando en Chile, ¿quiénes son los que están protagonizando todo eso? Es la juventud.” (Lorena, Comité por los Presos Políticos y Luchadores Sociales. Noviembre, 2020)

Esta concepción de la juventud como protagonista de los movimientos de resistencia y, a su vez, la importancia de denunciar la transversalidad de lo represivo, se discuten en el momento-espacio organizativo, pero luego se trasladan al momento más álgido de movilización: el tiempo-lugar de la calle. Si se toma como objeto de análisis la gráfica oficial producida para la 13° edición de la Marcha[12], es notable cómo el conjunto de elementos que la componen remite a diferentes demandas discutidas en la Mesa Organizativa e identificadas como modalidades de represión o de resistencia frente a ello.

“Tu Estado no da miedo, en mi barrio no me encierro” es la consigna oficial que enarbola la gráfica de convocatoria. Este enunciado recoge las demandas tradicionales y características de esta acción colectiva, vinculadas con el hostigamiento policial dirigido a los jóvenes de sectores populares y a las dificultades para circular en la ciudad y salir de sus barrios. Asimismo, retiene la figura del Estado como antagonista principal que se interpela políticamente. La composición gráfica apunta a sostener como imagen central a un niño/joven de gorra con una inscripción en su espalda que versa: “Debajo de cada gorra hay un pibe con su historia”. A su vez, aparecen otros elementos contextuales: grandes llamas de fuego rodean el espacio urbano que hace las veces de fondo en la imagen. De ese fuego, elemento característico de las protestas, tanto en Argentina como en países vecinos, brotan las banderas Wiphala y Mapuche, remitiendo a las luchas de los países vecinos, los pueblos originarios y, específicamente, el conflicto mapuche al Sur de Argentina.

Compone la imagen, además, un ícono con la inscripción “Fuera Porta” que remite a un conflicto socioambiental local con una planta productiva contaminante en la ciudad de Córdoba. Aparece, también, un cartel de cartón que expresa: “Soy un varón trans. Existo”, una vez más, retomando demandas vinculadas con el reconocimiento de la identidad de género y de las disidencias sexo-genéricas. Se agrega, a un lado, el pañuelo verde, símbolo de la lucha feminista por la legalización del aborto. Tales elementos se vinculan con la incorporación de nuevos reclamos y reivindicaciones desde una tónica antirrepresiva. En efecto, los últimos objetos-símbolos mencionados, dan cuenta del carácter interseccional (Viveros Vigoya, 2016) con que las actrices y actores de la Marcha significan tanto los procesos represivos como las estrategias de resistencia que emprenden.

La gráfica oficial, empleada para la difusión y convocatoria de la Marcha, opera como un producto que sintetiza el proceso complejo, plural y extenso de debate colectivo que tiene lugar en la Mesa Organizativa. En este caso, le otorgó un lugar significativo a la multiplicidad de reivindicaciones que se trenzan en el campo antirrepresivo local y regional, y la necesidad de postular un espacio común para esas luchas.

Por último, pocos días después de realizada la Marcha, entrevistamos a un joven que agrega una dimensión novedosa: vincula la organización antirrepresiva con el cuidado de las energías y de los cuerpos que se exponen a la ardua tarea de sostener espacios de resistencia:

“Y que Marcha de la Gorra pueda estar ahí acompañando los procesos antirrepresivos porque, justamente, lo que se necesita es aunar luchas para fortalecerlas. Pero también para cuidar los cuerpos y curar las energías y construir una militancia antirrepresiva y poder cuestionar y debatir qué es lo represivo […] Creo que año a año la idea de Marcha de la Gorra fue ir ampliando la idea represiva e ir aunando cada vez más voces, más luchas, más procesos, sin sacarle el foco a que la yuta mata a los pibes, los estigmatiza, los reprime y les quita los sueños, las oportunidades y la sociedad presenta completa indiferencia frente a eso, pero con la necesidad de que la Marcha de la Gorra sean procesos aunados, procesos de encuentro y de fortalecimiento de los lazos, de las redes generadas.” (Beto, 25 años, activista en la cobertura colaborativa de la Marcha de la Gorra. Diciembre, 2019)

 

Discusión

En respuesta a nuestra pregunta de investigación, fue posible identificar nuevas configuraciones de sentido en torno a la idea de represión y, en consecuencia, en los modos de concebir lo antirrepresivo que expresan las y los jóvenes hacedores de esta acción colectiva. Esto abre paso a una veta más propositiva en la historia de la Marcha de la Gorra que ha conquistado 13 años de realización ininterrumpida. Hasta el momento, las demandas y consignas presentaban un tinte profundamente denunciativo y de interpelación directa a la institución policial y a los gobiernos provincial y nacional. En los años sucesivos, el eje de la protesta continuaría siendo la represión policial hacia los jóvenes de sectores populares, pero comenzaría a incorporar nuevos reclamos vinculados con los modos en que el accionar policial afecta a las trabajadoras sexuales, a las disidencias sexo-genéricas y a quienes se organizan para luchar y protestar (Roldán, 2019). No obstante, a instancias de la organización de la 13° edición, por primera vez, de modo abierto y en el espacio público, se habilitó una instancia de discusión en torno a la pregunta-consigna acerca de las diferentes modalidades de represión. Allí los diferentes colectivos tuvieron oportunidad de inscribir y caracterizar las condiciones en que se sienten reprimidos en cada uno de sus territorios y en las tramas cotidianas que habitan.

Los resultados presentados son consonantes con lo planteado por otros estudios cualitativos, especialmente aquellos desarrollados en el ámbito cordobés (Plaza, 2018; Bonvillani, 2020; Bologna et al., 2017). Entre las experiencias denunciadas, el hostigamiento policial dirigido a jóvenes de sectores populares continúa siendo una preocupación suprema. Los modos de represión y de obliteración de derechos tienen efectos subjetivantes para estos jóvenes, por ser abordados sistemáticamente desde el estigma y la desacreditación. Esto último coincide con los hallazgos relatados por Bonvillani (2020) y va en la línea de lo que Feixa et al. (2015) han definido como juvenicidio moral o simbólico (Feixa et al., 2015). Sin embargo, esto constituye apenas el primer eslabón de la violencia policial. Son procesos que se inscriben en una espiral ascendente de violencia ejercida por las fuerzas de seguridad que luego puede traducirse en amenazas, insultos, golpizas e incluso prácticas de tortura, como también se relata en el estudio de Bologna et al. (2017). En su extremo de letalidad, encontramos los casos de “gatillo fácil” en los que se avanza sobre la integridad física y vital. Esto configura una experiencia ominosa entre las juventudes de sectores populares de Córdoba, tal como señala en su investigación Bermúdez (2019). En estos casos se consagra el juvenicidio en su expresión más trágica e irreparable (Valenzuela, 2019).

A su vez, existe un imaginario social cordobés (Roldán, Alonso y Farías-Íten, 2016) que excede las fronteras de la institución policial y sostiene un discurso del orden acerca de los cuerpos, las prácticas y expresiones sexuales, incluso, acerca de los usos del espacio público, en definitiva, de lo moralmente correcto y esperable. Con una propiedad y precisión propias de una categoría teórica, las y los jóvenes han denominado a estas actitudes y prácticas disciplinantes “policía moral” o “policía de la moral”.

Sabemos que el control policial no se extiende sólo sobre el campo de la ilegalidad, sino que, desde sus orígenes, el poder de policía ha tenido aristas moralizantes, ocupándose especialmente del “buen orden” de la comunidad. De este modo, el control se ejerce no sólo sobre lo ilegal, sino sobre todo en el campo de lo legal e “indecente”. Esto da lugar a lo que se denomina moralidad pública, de manera que toda actividad, individual o colectiva, en tanto le interese al orden público, resulta pasible de ser limitada o sancionada por el poder policial (Daich y Sirimarco, 2014, p. 30). Sin embargo, la originalidad de las miradas juveniles radica en la identificación de esos discursos en sujetos que, sin ser la yuta, actúan como policías, controlan y sancionan policialmente los cuerpos y las prácticas, reprenden la alteridad y la subversión de las normas, siendo incluso sus propios padres o vecinos. Los juicios que se emiten sobre las estéticas o prácticas juveniles pueden inscribirse en una microfísica del poder (Foucault, 1979) que toma al cuerpo como objeto de disciplinamiento, además, desde una perspectiva adultocéntrica (Duarte, 2012).

Por otra parte, la complejización del concepto de lo represivo avanza hacia la consideración de diferentes esferas de la vida cotidiana en que se configuran escenarios de represión. Esto incluye las endebles condiciones laborales, la dificultad para acceder a salarios dignos; la insistente denuncia por las condiciones de precariedad y pobreza en que se vive en algunos territorios de Córdoba; el perjuicio ambiental; la inhibición de la expresión corporal, las libertades sexuales cercenadas por las miradas normalizantes y discriminatorias. Estos procesos son leídos en clave de ampliación y sofisticación de los mecanismos represivos que se ciñen sobre determinados sectores de la población, y se tornan letra de las demandas construidas en la Marcha de la Gorra.

Esta polifonía antirrepresiva es sostenida por una multiplicidad de organizaciones y colectivos que viven de manera particularizada la represión en sus territorios cotidianos. No obstante, hay un punto en que coinciden muchas de estas voces y que remite a la criminalización de la lucha y de la resistencia. Esto último se ha tornado un núcleo central de las demandas. Ejemplo de ello son las y los 27 estudiantes procesados por la toma del edificio de una universidad, en el marco del reclamo por la educación pública. En paralelo, las enérgicas protestas desarrolladas en países vecinos también se tornaron texto de la movilización local, incluyéndolas en el pliego de reivindicaciones de la Marcha y en su gráfica oficial.

Finalmente, un movimiento que ha permeado marcadamente la organización de esta acción colectiva es el feminismo. Esto puede percibirse tanto en aspectos discursivos y de pronunciamientos: la exigencia de respeto por las disidencias sexo-genéricas, el combate al transodio y el apoyo a la lucha por la legalización del aborto; como en aspectos más tácitos: el empleo de un lenguaje no sexista y la ocupación de roles protagónicos en la organización por parte de mujeres y/o disidencias.

En relación con este prisma ampliado de denuncias en torno a lo represivo, las y los jóvenes que dan vida a la Marcha de la Gorra destacan insistentemente la importancia de “unificar las luchas” y construir un “frente antirrepresivo”, una “militancia antirrepresiva” capaz de alojar y potenciar cada una de esas reivindicaciones. En la 13° edición nos deparamos con una ampliación y una complejización de sus demandas a partir de una reconceptualización del campo represivo. Al expandir la comprensión sobre el alcance de estos discursos y prácticas, se expande también el conjunto de sujetos alcanzados por la represión. Se inaugura, así, un espacio de posibilidad para la articulación de luchas que se han venido desplegando en procesos moleculares y que encuentran ahora un espacio que procura aglutinar sus reclamos y construir una retórica de la resistencia en clave molar. Los testimonios juveniles postulan el deseo y la necesidad de engendrar un espacio capaz de brindar contención a la intersección de luchas que confluyen en la Marcha de la Gorra. Cabe recordar que se trata de una movilización ampliamente habitada por jóvenes y algunos de ellos la presentan como “la Navidad de los pibes” (Darío, 21 años, muralista. Noviembre, 2019).

En definitiva, el anhelo de constituir un frente antirrepresivo capaz de congregar colectivos organizados contra cualquier forma de represión, da cuenta de un proyecto con tintes más bien propositivos y perennes que exceden la temporalidad acontecimental de la acción colectiva. Este proceso de complejización de la acción política juvenil presenta un carácter reticular, asociativo, que, ante la diversificación de prácticas y demandas, tiende hacia la ligazón de movimientos más que a la disgregación. Hay allí una clave de análisis interesante para pensar tanto la Marcha de la Gorra como otros movimientos juveniles de nuestro tiempo. Estas acciones, coordinadas y en constante reinvención, evidencian la necesidad de las juventudes de elucubrar espacios de encuentro más sólidos y duraderos, capaces de responder a las urgencias de lo cotidiano y de establecer agendas comunes entre movimientos.

Asimismo, la decisión de ocupar la calle como escenario del ejercicio de un derecho performativo a la aparición resulta fundamental. Echando mano de la perspectiva filosófica de Butler (2017), destacamos la radicalidad que supone la alianza viva de cuerpos juveniles que irrumpen masivamente en el espacio público. La corporeidad se ampara, así, en su función expresiva y significante para reclamar condiciones políticas, económicas y sociales que hagan la vida más digna y vivible, procurando desmarcarse de la precariedad impuesta.

Como podrá comprenderse, el estudio de los modos represivos que se ciñen sobre los cuerpos juveniles, así como los procesos asociativos y de resistencia, presenta especiales implicancias no sólo conceptuales sino fundamentalmente ético-políticas. La investigación y la producción de conocimiento en torno a estas temáticas pueden representar una contribución significativa tanto para el campo académico como para las acciones y movimientos que exploramos. 

Por último, quisiéramos señalar algunas fortalezas y limitaciones que presenta el estudio. De manera notable, el trabajo de campo desarrollado durante más de seis años resulta determinante para la producción de análisis complejos y sensibles a las transformaciones de nuestras referencias empíricas. En este caso, fue posible efectuar lecturas diacrónicas de la acción colectiva y de los procesos de politización de los sujetos juveniles. Por otra parte, los resultados podrían complejizarse aún más si se realizara trabajo en terreno durante la temporalidad extra-acontecimental de la acción colectiva. La triangulación de esos registros permitiría conocer los efectos que ésta tiene en la vida cotidiana de los jóvenes en cuestión. Éste es, precisamente, el horizonte hacia el cual se dirigen nuestras más recientes indagaciones.

 

Palabras de cierre

En este estudio, nos propusimos un trabajo de elucidación acerca del complejo proceso de articulación de una multiplicidad de demandas en torno a una misma acción colectiva. La pregunta por los sentidos con que los sujetos codifican y fabrican prácticas y discursividades nos exige una actitud cualitativa atenta a los escenarios de producción de estas usinas colectivas de enunciaciones y acciones. En este sentido, las narrativas de las y los jóvenes y los registros etnográficos producidos in situ constituyeron el anclaje fundamental de nuestra labor hermenéutica.

Consideramos importante subrayar que los momentos/escenarios que anteceden a la movilización en la calle, configuran mucho más que la antesala de la Marcha. Es una temporalidad marcadamente productiva y con potencia de generación –de sentidos, de acciones, de afectaciones, de sensibilidades que circulan y se comparten. El trabajo de construcción previa de la Marcha puede ser caracterizado como una fase de latencia de la acción colectiva que luego da lugar a una fase de visibilidad, con la irrupción masiva de estos cuerpos juveniles en la calle. En este sentido, podemos conjeturar que existen ciertas condiciones de posibilidad para la construcción, al menos incipiente, de ese frente antirrepresivo anhelado por las y los jóvenes. Por un lado, la propia trayectoria de la Marcha, que cuenta con catorce años de historia produciendo una movilización masiva en la ciudad. De este modo, forma parte de las agendas de diversas organizaciones sociales y políticas de Córdoba, especialmente entre aquellas con anclaje territorial. Esto tiene estrecha conexión con la composición extensa y múltiple que presentan tanto la Mesa Organizativa como la manifestación en sí. En muchos casos, la Marcha de la Gorra representa el momento/espacio por excelencia en que coinciden esta diversidad de agrupaciones durante el año, cuando no el único, según sostienen las y los referentes organizativos. Así, la capacidad conectiva entre organizaciones procedentes de diversos territorios y campos de acción (feminismos, antirrepresión, movimientos ecologistas), constituye una de las principales cualidades que la ubican como un potencial frente antirrepresivo local.

Finalmente, la edición que aquí analizamos –la 13° Marcha de la Gorra– realizada el 28 de noviembre de 2019, presentó un nutrido repertorio de intervenciones artísticas. En esta ocasión, se entremezclaron cuerpos semidesnudos con inscripciones en la piel tales como “soy no binarie”, “soy un varón trans, existo”; la wiphala flameando en brazos de miembros de la comunidad boliviana en Córdoba; jóvenes de barrios populares; estudiantes universitarios visibilizando su situación judicial en el micrófono oficial; artistas locales cantando en el escenario contra la represión, entre otros. ¿Qué ocurre en ese encuentro? ¿Qué efectos tiene en los procesos de lucha, por fuera de la temporalidad acontecimental de la Marcha? Con estos interrogantes no pretendemos clausurar sentidos ni arriesgar respuestas concluyentes, especialmente considerando que quizás estemos frente a procesos organizativos que se vieron revueltos o trastocados por el escenario de pandemia actual. De cualquier manera, el diálogo entre la acción colectiva y los territorios cotidianos que habitan sus hacedores configura un interrogante que orienta nuestro trabajo en el presente, a la vez que delimita un campo de complejidades en que la acción política contestataria entraña diversos formatos, temporalidades y espacios que bien vale explorar.

 

Referencias

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[1] Fecha de recepción: 27/07/2021. Fecha de aceptación: 20/10/2021.

Identificador persistente ARK: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25250841/qk8sxaj8z

[2] Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET)/Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS)

Córdoba, Argentina

https://orcid.org/0000-0003-2578-0587

macarena_roldan5@hotmail.com

[3] La situación represiva actual en Córdoba demandaría un análisis coyuntural profundo. Sin desconocer tal complejidad, tomamos como referencia aquello que Job (2013) ha descripto como la constitución de un Estado policial en Córdoba. El autor caracteriza un conjunto de dispositivos que se despliegan a partir de esferas gubernamentales, entre los que pueden incluirse el acelerado proceso de dislocación/reconfiguración del espacio urbano (con el desplazamiento de los barrios populares hacia los márgenes de la ciudad); el marcado proceso de policiamiento/militarización del territorio; los diversos mecanismos regulatorios, de control y de disciplinamiento en el espacio público; la instalación profusa de cámaras de seguridad; la aplicación abusiva y focalizada de leyes contravencionales; todas acciones emprendidas desde un discurso de la prevención en materia securitaria.

[4] Se trata de un rol doblemente implicado, principalmente apuntalado en el quehacer investigativo, pero que, además, contempla la participación en tareas operativas que colaboran con la organización de la Marcha. En este sentido, la reflexividad y la interrogación constante en torno a los papeles y lugares que asumimos –y aquellos que nos adjudican– en la práctica etnográfica constituyen ejercicios fundamentales para que la implicación opere productivamente en el proceso investigativo. En orden a preservar el foco de este artículo, no es posible extendernos cumplidamente respecto de los derroteros y vicisitudes que supone esta modalidad de inserción en el campo, nudo problemático que bien podría ser asunto de un nuevo trabajo. No obstante, podemos puntualizar sucintamente que, dada la pertenencia a un colectivo de investigación, el proceso analítico emprendido singularmente se apoya en la triangulación de perspectivas entre investigadoras/es, además de la tarea insustituible de contrastar permanentemente nuestras conjeturas con los datos que emergen del campo. A su vez, la relectura constante de herramientas teórico-conceptuales dotan de especificidad analítica nuestra comprensión de los escenarios y procesos. A partir de esta operatoria sistemática y contrastante de producción de sentidos, la reflexión académica se distingue del campo de intereses militantes, pues, la implicación de la investigadora –irrenunciable, por cierto– no desautoriza su capacidad de producir análisis rigurosos, especialmente a partir del ejercicio reflexivo sobre su propio estar allí.

 

[5] Yuta: categoría local que se emplea para referirse a la policía.

[6] Pibe: categoría local que se refiere a joven, niño.

[7] Punilla es un valle ubicado en las Sierras Chicas de Córdoba, al Oeste de la Provincia. El proyecto de autovía al que se hace referencia representa un conflicto ambiental entre pobladoras/es de Punilla y el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

[8] Se trata de un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba que fueron procesados judicialmente por tomar las instalaciones de uno de los edificios centrales de dicho establecimiento, en reclamo por la Educación Pública, el presupuesto para educación superior y una recomposición salarial docente. Muchas/os de ellas/os integraron la Mesa Organizativa de la Marcha en el año 2019.

[9] El Proyecto que buscaba modificar la Ley 1.664-J-18 en Buenos Aires, determinaba que los artistas callejeros podían ser denunciados en forma anónima y removidos por la policía de la ciudad. Proyectos similares se han impulsado en otras regiones del país. La iniciativa legislativa recibió un fuerte repudio de parte de artistas y centros culturales de Córdoba, realizando campañas de visibilización en contra de su sanción.

[10] “Ponerse la gorra”: categoría local, expresión que se refiere a ocupar el papel de la policía, ya que, en este caso, remite a la gorra que forma parte del uniforme policial.

[11] El 24 de marzo, en Argentina, se conmemora el día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en relación con las víctimas y desaparecidos/as durante la última dictadura militar (1976-1983).

[12] Puede ser consultada, en acceso abierto, a través de cualquiera de los siguientes links: https://www.anred.org/convocatoria/se-viene-la-13-marcha-de-la-gorra-con-la-consigna-tu-estado-no-da-miedo-en-mi-barrio-no-me-encierro/ o https://www.facebook.com/MarchaDeLaGorraCba/