Crítica y Resistencias. Revista de conflictos sociales latinoamericanos

N° 14 (junio-noviembre). Año 2022. ISSN: 2525-0841. Págs. 148-166

http://criticayresistencias.com.ar

Edita: Fundación El llano - Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL)

 

 

Construcción de sostenibilidad ambiental en Cuba:

apuestas desde el plano gubernamental y de proyectos de agricultura familiar en La Habana[1]

Construction of environmental sustainability in Cuba: bets from the government level and family farming projects in Havana

 

Anisley Morejón Ramos[2]

Rosabel Sotolongo Gutiérrez[3]

Sheila Carbonell Hernández[4]

 

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-No hay restricciones adicionales 4.0 (CC BY-NC 4.0)

 

Resumen

La construcción de sostenibilidad ambiental sobre todo en los espacios urbanos se convierte hoy en una preocupación colmada de urgencias. Su posibilidad de realización se encuentra en la apuesta por modelos de vida no hipostasiados a una realidad otra, sino en el re- conocimiento de alternativas de vida obviadas, invisibilizadas, incluso subvaloradas, por el criterio del modelo de desarrollo preestablecido por los cánones de la modernidad. En este sentido Cuba, durante la crisis generada por la covid-19 apostó, no solo por un amplio proceso legislativo en materia ambiental para enfrentar los desafíos impuestos, sino también, se dio un proceso paralelo tendiente a la proliferación de proyectos autogestionados comunitariamente, los cuales impulsaron la agricultura sobre bases agroecológicas desde la solidaridad vecinal y familiar. El siguiente artículo realiza un recorrido sobre las acciones fundamentales en materia ambiental impulsadas por el país, desde el triunfo revolucionario hasta la crisis generada por la pandemia, para en un segundo momento colocar las experiencias de agricultura familiar identificadas durante la pandemia en la capital del país.

Palabras clave: sostenibilidad ambiental, proyectos de agricultura familiar, Cuba, pandemia covid-19

 

Abstract

The construction of environmental sustainability, especially in urban spaces, today becomes a concern full of urgencies. Its possibility of realization is found in the commitment to models of life not hypostatic to another reality, but in the re-knowledge of life alternatives ignored, invisibilized, even undervalued, by the criterion of the model of development pre-established by the canons of modernity.  In this sense, Cuba during the crisis generated by covid-19 opted, not only for a broad legislative process in environmental matters to face the challenges imposed, but also, there was a parallel process tending to the proliferation of self-managed projects communally, which promoted agroecology from neighborhood and family solidarity. The following article takes a tour of the fundamental environmental actions promoted by the country, from the revolutionary triumph to the crisis generated by the pandemic, to later place the experiences of family framing identified during the pandemic in the capital of the country

Keywords: environmental sustainability, family farming projects, Cuba, pandemic covid-19

 

Introducción

La sostenibilidad ambiental, como necesidad vital, se convirtió en un tema central tanto en lo global, regional y local, por la alerta dada sobre la eclosión de la crisis ecosocial en la segunda mitad del siglo XX. Su alcance y finalidad se vieron permeadas por definiciones amplias o estrechas, que respondieron a modelos históricos, socioeconómicos, culturales, y político–ideológicos dominantes. En este sentido sentaron precedentes posturas hegemónicas que mantuvieron la esencia del sistema del capital, en un intento de enverdecer el sistema, tales como la economía verde, y en dirección contraria o contrahegemónica, se amplió su acepción y potenció su significado desde lo local/cultural encaminado a transformaciones profundas capaces de superar el modelo de desarrollo civilizatorio occidental.

Las posturas hegemónicas y contrahegemónicas en puja, apostaron por acciones y vías en pos de la sostenibilidad ambiental, que –según Gudynas (2009)- se pueden clasificar en débil, fuerte y súper-fuerte. Así, desde la primera se ponderan las mejoras técnicas e instrumentos económicos; en la segunda se apuesta por cambios radicales en el modelo económico y social, a partir de un reparto equitativo de los costos y beneficios ambientales sobre la base de la equidad intergeneracional, y no reduciendo toda la naturaleza a capital natural; y en la tercera, la valoración económica del ambiente pasa a formar parte de una amplia acepción que incluye valores culturales, ecológicos, estéticos, ancestrales, patrimoniales, entre otros, que alcanzan mayor peso que la lógica dominante del mercado.

Dentro de la clasificación de los procesos encaminados a alcanzar la sostenibilidad denota su  complejidad. Lo cual infiere que no debe solo pensarse desde las dimensiones ecológica, dirigida a adoptar un sistema de manejo de bienes comunes compatible a los procesos regenerativos, mediante transformaciones deseables a las características del hábitat; lo económico, con el fin de considerar todos los costos y beneficios, incluyendo los derivados de la reproducción de la naturaleza y los generados por el uso integral; y lo social, tendiente a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, y con ello aumentar la motivación y la participación en las distintas instancias del proceso, con cambios sustanciales en los patrones tecnológicos y de consumo (Sejenovich, 2011). Sino también, incorporar las dimensiones culturales, políticas y de relaciones de poder, que se “(…) expresan en el uso y manejo sustentable de los bienes naturales, lo que permite ubicar fracturas en la modernidad capitalista, para construir una racionalidad productiva fundada en el potencial ecológico de la biosfera y los sentidos civilizatorios de la diversidad cultural (Alimonda (2002) en Rodríguez (2018, p. 68).”

En este sentido, y desde su complejidad inherente, la sostenibilidad ambiental se comprende como:

toda acción destinada a mantener las condiciones energéticas, informacionales y físico- químicas que sustentan a todos los seres, en especial la Tierra viva, la comunidad de vida y la vida humana, en orden a su continuidad, además de atender a las necesidades de la generación actual y de las generaciones futuras, así como de la comunidad de vida que las acompaña, de tal forma que el capital natural sea mantenido y enriquecido en su capacidad de regeneración, reproducción y coevolución (Boff, 2012,p.94) .

De esta acepción, los procesos y acciones en pos de la sostenibilidad ambiental no alcanzan la misma connotación para regiones y países donde prime un modelo neoliberal que tiende a la privatización y capitalización de la naturaleza en su totalidad, y los conflictos generados con las apuestas que se tejen desde lo local a favor de una sostenibilidad súper fuerte, que para países que apuestan por un modelo social en clave no capitalista, donde, no solo se trazan políticas públicas que tienen como eje transversal la sostenibilidad ambiental, sino también se ponderan acciones y proyectos autogestionados desde la sociedad civil en pos de descentralizar y democratizar procesos y temas tan sensibles y vitales como son: el alcance de la soberanía energética, y la seguridad y soberanía alimentaria sobre bases agroecológicas, por mencionar algunos.

 Dichos procesos y temas, desde la autogestión local/comunitaria, se presentan como alternativas a modelos convencionales y hegemónicos, dentro de un mundo dominado por una matriz energética asentada en los combustibles fósiles; y una agricultura industrial tendiente a la concentración de tierras, la expansión del monocultivo e introducción de organismos modificados genéticamente, y el uso intensivo de agroquímicos. Por lo que alternativas a favor de la democratización de la energía, y la ponderación de una agricultura alternativa, que fomente la agroecología que utiliza “conceptos y principios ecológicos para el diseño y manejo e agroecosistemas sostenibles (Altiere y Nicholls, 2013, p.202)”, resultan vitales.

 A ello se adiciona, que los procesos de construcción de sostenibilidad ambiental, no solo se encuentran interpelados por el modelo socioeconómico y político vigente, y las apuestas locales a favor de la descentralización y autonomía, sino además por condiciones externas, por citar un ejemplo: el impacto de la pandemia generado por la Covid-19 en la región de América Latina, la cual con un 30% de las muertes en todo el mundo, a pesar de tener solamente el 8,4% de la población mundial, experimentó a inicios de la pandemia la mayor contracción económica en los últimos 120 años, sumando a la pobreza a 22 millones de personas, con un efecto importante en niñas y niños, así como en personas en condiciones de vulnerabilidad, como trabajadores informales, mujeres, jóvenes, migrantes y personas con discapacidad (CEPAL-OPS, 2021). Además, en materia ambiental, implicó una caída de un 35% en el presupuesto o gasto de protección ambiental durante el periodo 2019-2020 (Giraldo, 2021). Así como la proliferación de legislaciones a favor de empresas extractivas priorizando la inversión extranjera y los controles ambientales ex post (Isch y Zambrano, 2021), con la justificante de mantener las ganancias, y con ello el recrudecimiento de los conflictos ecoterritoriales.

Frente a esta situación emergieron alternativas y se gestaron procesos desde lo local/comunitario a favor de la creación redes, organizaciones y grupos de trabajo, así como su articulación con otras redes y organizaciones para colocar horizontes políticos de cambio (Salomone, 2021), se impulsó el aseguramiento de alimentos, productos de higiene, y máscaras de protección a las poblaciones de las periferias urbanas (Zibechi, 2021), y se dio el fomento de la agricultura familiar, la salud alternativa, la soberanía alimentaria y la defensa de la economía comunitaria, desde la premisa de cultivar la tierra conectados a ella, y con el empeño por ruralizar la ciudad mediante el cultivo de huertas (Corredor, 2020).

 El contexto desencadenado por la covid-19, demostró una vez más, la significación de las experiencias comunitarias dentro de la construcción de sostenibilidad ambiental, su gestión, democratización y autonomía, permitió el sustento familiar y comunal desde alternativas contrahegemónicas, asentadas en los valores de la solidaridad y cooperación, como alternativa al modelo civilizatorio vigente.

Desde estas pautas y contexto, el siguiente artículo abordará el caso cubano, a partir de un análisis  cuantitativo y cualitativo en materia de acciones a favor de la sostenibilidad ambiental, en el plano gubernamental y la sociedad civil, a partir del triunfo revolucionario hasta el escenario pandémico, para por último, mostrar el mapeo de experiencias de agricultura familiar sobre bases agroecológicas, identificadas durante la pandemia en la capital: La Habana, mediante entrevistas realizadas a los precursores de los proyectos. Las cuales fueron de vital importancia para sostener los requerimientos alimentarios de las familias cubanas urbanas, debido a la paralización de sectores estratégicos para la economía del país, y las restricciones de movilidad dentro de la ciudad y entre las demás provincias.

 

Cuba y la construcción de sostenibilidad ambiental

Las primeras décadas

Los avatares en la construcción de sostenibilidad ambiental en Cuba estuvieron marcados por los desafíos encontrados al triunfo revolucionario, en 1959, dentro de un escenario de alto índice de analfabetismo, insalubridad, monocultivo, bajo desarrollo industrial, y deforestación.

 Para enfrentar estas condiciones, en las primeras décadas, se impulsaron procesos a favor de la reforestación del país, mediante la promulgación de la Ley Forestal (1959), la creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la Campaña de Alfabetización, así como amplios procesos de nacionalización de compañías extranjeras, que permitieron el afianzamiento del poder revolucionario.

A ello se le adicionó la creación de centros de investigación para el fomento del sector agropecuario, sobre bases científicas, que acumularon resultados y experiencias, tanto en agricultura convencional como sostenible. Dentro de los que destacan: la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey (EEPFIH), en 1962; el Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar (INCA), en 1964; el Instituto Nacional de Desarrollo y Aprovechamiento Forestal (INDAF), y el Centro Nacional Fitosanitario, en 1967; el Centro de Investigación y Capacitación Forestales (CICF) en 1969; el Instituto de Investigaciones de Agroquímica y Mejoramiento de los Suelos (IIAMS), en 1970; el Sistema Estatal de Sanidad Vegetal, 1973; el Instituto de Investigaciones Fundamentales de la Agricultura Tropical (INIFAT), y el Instituto de Investigaciones Agroforestales (IIAF), en 1975. (Vázquez, Marzin y González, 2017).

Otra impronta significativa, fue el rango constitucional que alcanzó la protección de la naturaleza en 1976, recogida en el Artículo 27 de la Carta Magna, al reconocer que, “para asegurar el bienestar de los ciudadanos, el Estado y la sociedad protegen la naturaleza. Incumbe a los órganos competentes y además a cada ciudadano, velar porque sean mantenidas limpias las aguas y la atmósfera, y se proteja el suelo, la flora y la fauna (Constitución de la República de Cuba, 1976, Cap. I, art 27, p.7).”

En el propio año se creó la Comisión Nacional para la Protección del Medio Ambiente y la Conservación de los Recursos Naturales (COMARNA), con las funciones de recomendar las medidas legislativas y la tecnología apropiada para la protección y mejoramiento del medio ambiente. Para 1981 se promulga la Ley 33 Protección del Medio Ambiente y del Uso Racional de los Recursos Naturales, que constituyó la primera Ley Marco de carácter ambiental, desde donde se establecen las obligaciones de los órganos y organismos estatales con el fin de asegurar la vigilancia y control del medio ambiente (Núñez, 1998; Serrano, 2000). Desde la sociedad civil destaca la creación de la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA), 1974, y la Asociación Cubana de Técnicos Agropecuarios y Forestales (ACTAF), en 1987.

 No obstante a estos pasos en la construcción de sostenibilidad ambiental, que fueron precedentes para el despliegue de la política ambiental cubana, se puede decir que, – según Mateo, 2015- el impacto ambiental, la dependencia de un modelo y estilo de desarrollo sumergidos en la ineficiencia tecnológica, la excesiva centralización y burocratización, de estas primeras décadas, trajeron consigo una gran explotación de los recursos naturales debido, sobre todo, a la ampliación de la frontera agrícola.

 

La década de los 90: la política ambiental cubana y la sociedad civil

Las décadas precedentes marcadas por la transferencia del modelo de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), y los países socialistas de Europa del Este, se vio trunca por el derrumbe del socialismo histórico, dejando al país sumido en una profunda crisis económica, a partir – según González y García, 1998- de la caída en más de un 40 %  de su producto interno bruto.

 Ello, si bien implicó tomar medidas que repercutieron en la sociedad, en cuanto a equidad en los ingresos y diferencias sociales, a partir del trabajo por cuenta propia y el desarrollo del turismo extranjero (Fernández, O. 2016), sirvió de incentivo para impulsar acciones de transformación en pos de la sostenibilidad ambiental. Entre las que destaca los medidas para alcanzar la soberanía energética[5], como por ejemplo:          el Programa de Desarrollo de la Fuentes Nacionales de Energía, en 1993: tuvo como objetivo aumentar el consumo de petróleo nacional y desarrollar extensiva e intensivamente el uso de fuentes renovables de energías, y el Programa de Ahorro de Electricidad, en 1997: con el fin de socializar medidas  sistemáticas y prácticas de ahorro para reducir el consumo en horarios pico (Arrastía, 2015 y Urkidi, et al., 2015).

De igual forma pero en el sector agropecuario se realizaron acciones para revertir los impactos generados por un modelo agrícola de altamente degradante y contaminante en materia de suelos y agua, respectivamente, debido al uso intensivo de maquinaria, fertilizantes y otros químicos, y además, por ser uno de los sectores más afectados durante la década de los 90. En este sentido se implementaron importantes cambios dirigidos – según Fernández, A y Pérez, 2009- a la reestructuración de la tenencia de las tierras a favor de la propiedad no estatal, adopción de tecnologías de producción “orgánica”, introducción de la tecnología de cultivos protegidos y semiprotegidos, y expansión de la agricultura urbana.

 Dentro de los programas ejecutados destacan la producción familiar de alimentos y la diversificación del uso de la tierra sobre bases agroecológicas, y su tenencia, ejemplo de ello fueron: el Programa para la producción familiar de huevo y carne, de 1990, la creación del Grupo Nacional de Agricultura Urbana y Suburbana por el Ministerio de la Agricultura (GNAU), 1994, con el propósito la coordinación con todos los sectores relacionados con la producción, el procesamiento y la distribución de alimentos en los territorios, a partir de diversificar la producción en espacios urbanos, mediante desarrolla variados sistemas de producción de base agroecológica como los organopónicos, huertos intensivos y cultivos semiprotegidos, el Programa de Agricultura Urbana y Suburbana, en 1997, con la misión de contribuir al autoabastecimiento alimentario local, a partir de impulsar la producción de alimentos y actividades de apoyo a pequeña escala, desde la apuesta por el uso de tecnologías agroecológicas y un manejo de la producción, sobre la base de máxima utilización del potencial productivo local. Así como los Decretos Leyes 259 y 300, del 2008 y 2012, respectivamente, encaminado a la entrega de tierras ociosas en usufructo a personas naturales en pos de la seguridad alimentaria, la sustitución de importaciones, el incremento de las exportaciones, y el mejoramiento del despeño económico-financiero del país desde sus territorios (Companioni, Rodríguez-Nodals, Sardiñas, 2017; Leyva y Arias, 2015 y Vázquez, Marzin y González, 2017).

Desde la sociedad civil se crearon organizaciones que promovieron la agricultura sostenible sobre bases agroecológicas, y la soberanía energética, destacan las ya mencionadas ACPA y ACTAF que alcanzan mayor protagonismo a partir de los 90 mediante la creación del Grupo de Jóvenes Agroecólogos, el auspicio de los Encuentros provinciales de Agricultura Urbana, y de Agroecología y Agricultura Orgánica Sostenible, y la publicación de la revista Agricultura Urbana. Para 1992 se creó el Grupo Gestor de la Asociación Cubana de Agricultura Orgánica (ACAO); en 1994 se crearon la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre (FANJNH) y la Sociedad Cubana para la Promoción de las Fuentes Renovables de Energía (Cubasolar); y para 1997 el Movimiento Agroecológico Campesino a Campesino (MACaC). Desde estas organizaciones se impulsaron proyectos de apoyo a la agricultura sostenible; la permacultura[6], la difusión del uso del biogás, así como las publicaciones de revistas, tales como: Se puede vivir en Ecopolis,  ILÉ Anuario de Ecología, Cultura y Sociedad, y Energía y tú. Todo ello, desde la apuesta por el empoderamiento femenino en lo rural y el enfrentamiento al cambio climático.

Otra impronta significativa, en la construcción de sostenibilidad fue el despliegue de la educación popular ambiental (EPA), de mano de centros como: Centro de Educación y Promoción para el Desarrollo Sostenible (CEPRODESO), con la finalidad de potenciar las capacidades de los actores sociales, instituciones y organizaciones para el desarrollo de procesos de gestión ambiental participativos desde la concepción teórico-metodológica de la EPA (Pérez, 2022); el Centro Félix Varela (CFV), que impulsa los proyectos Mapa Verde y Cultura de Paz, en una apuesta por vincular las temáticas ambiental y de género en pos del desarrollo de comunidades ambientalmente responsables y resilientes desde una perspectiva bioética, humanista y de justicia social (Vilaboy y Mirabal, 2020); y el Centro de Intercambio y Referencias de Iniciativa Comunitaria (CIERIC), que cuenta con proyectos que incorporan la concepción cultural, de equidad y responsabilidad ambiental dentro de la gestión del desarrollo territorial.

Todas estas acciones a favor de la sostenibilidad ambiental contaron con el respaldo de la política ambiental cubana, que se impulsó a partir de la participación en la Cumbre de La Tierra, Río, 92. Lo cual promovió la modificación del Artículo 27 de la Constitución de la República de 1976, con el objetivo de incorporar la definición de Desarrollo Sostenible, y la concepción del Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo, (PNDMA) en 1993, como propuesta cubana de la Agenda 21, que traza los objetivos y metas para lograr la transversalidad de la temática en los sectores estratégicos. Para 1994, se crea el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y la Agencia de Medio Ambiente (AMA). Además se promulga la Ley 81 del Medio Ambiente, y se conciben las Estrategia Ambiental Nacional (EAN) y  Estrategia Nacional de Educación ambiental (ENEA) en 1997. Acciones estas, decisivas para identificar los problemas ambientales, trazar acciones para mitigarlos, alcanzar una cultura ambiental, y lograr la transversalidad de la temática dentro de la planificación nacional en materia de desarrollo económico y social.

Transversalidad que quedó reflejada dentro de documentos rectores de la política del país, tales como Los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución (2011); la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de desarrollo Socialista, y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para 2030: Propuesta de visión de la Nación, ejes y sectores estratégicos, ambos del 2016. En ellos destaca la concepción y visión de la protección del medio ambiente de manera integral, así como su prioridad al ser concebido como eje estratégico del desarrollo, con marcado carácter político.

Estos precedentes sirvieron de base para que en la Constitución de la Republica, del 2019, en su Capítulo II, artículo 75, se reconociera que:

El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo sostenible de la economía y la sociedad para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras (Constitución de la Republica, 2019, cap. II, art.75, p.6).

Pasos estos de avances, que siguieron su desarrollo dentro del contexto pandémico, donde se concertaron esfuerzos gubernamentales de conjunto con proyectos impulsados desde la sociedad civil para mantener la sostenibilidad del proceso revolucionario y la transversalidad del ambiente dentro de la concepción política y de desarrollo económico y social.

 

Contexto pandémico: acciones en materia ambiental

Cuba dentro del contexto pandémico enfrentó desafíos, no solo sanitarios y epidemiológicos, sino también problemáticas acarreadas por la paralización de sectores claves para el desarrollo económico, como fue el cese del turismo, las inversiones, el financiamiento externo y otras variables relevantes para el desarrollo económico del país. Entre los impactos más significativos destacan –según Rodríguez y Odriozola, 2020-, la reducción de la disponibilidad de alimentos, las afectaciones en la producción del cuadro básico de medicamentos, las presiones sobre el sistema de salud pública y asistencia social y las afectaciones en el consumo por déficit de ingresos de un porciento importante de las familias. A ello se adiciona el efecto sobre los bienes de consumo por desabastecimiento, asociado a la menor disponibilidad de divisas, la paralización de las cadenas productivas globales y la restricción de oferta de los países de los cuales se importa.

La situación desatada llevó a la implementación de políticas en cinco áreas, destacándose - según Rodríguez y Odriozola, 2020- en:

Materia de salud: el fortalecimiento de los servicios médicos con materiales, insumos, reactivos, pruebas de diagnóstico, equipamiento para la atención especializada. Así como el apoyo a centros de aislamiento, control y protección en fronteras, centros de atención a grupos de riesgo, y la producción de insumos sanitarios, se aseo y de protección en pequeñas industrias locales y la industria nacional, para reducir la dependencia externa y la vulnerabilidad.

Protección social y servicios básicos, con énfasis en grupos vulnerables: encaminada al fortalecimiento y ampliación de los sistemas de cuidados y de protección social focalizados en las personas más vulnerables, a partir de alianzas público-privadas que involucren a todos los actores de la comunidad.

 Sector económico: destaca la descentralización de la gestión económica, especialmente en el sector estatal. Así como la creación de PYMES en sector estatal y no estatal y la estrategia para reiniciar un turismo internacional con un alto nivel de seguridad sanitaria.

Respuesta macroeconómica y colaboración multilateral: donde se recogieron acciones en pos del fortalecimiento de capacidades para un mayor desarrollo de la colaboración y alianzas regionales, cooperación sur-sur, triangular en ciencia, tecnología e innovación, para facilitar el flujo de conocimiento y tecnologías en ambas direcciones desde y hacia Cuba.

Cohesión social y resiliencia comunitaria: dentro de las acciones más relevantes se encuentra el  fortalecimiento de capacidades en la gestión de gobiernos locales en los procesos de recuperación post COVID-19, tomando en cuenta protocolos en las unidades productivas para la seguridad y salud de los/as trabajadores/as; y asegurando provisión de agua, ordenamiento territorial sostenible y la preservación de ecosistemas clave que prevengan la concurrencia de riesgos sistémicos como sería COVID-19 más la afectación por la temporada de huracanes, o de una sequía prolongada.

En materia ambiental, se impulsaron significativos programas dando continuidad a la implementación del modelo de desarrollo económico y social socialista cubano, desde el estímulo a nuevas formas de propiedad y gestión, en consonancia con la preservación del ambiente, y la continuidad de la transversalidad de lo ambiental dentro de los nuevos actores económicos y sociales. Ello con énfasis en deconstruir el modelo cultural civilizatorio sobre lo ambiental, y visibilizar jerarquías reconstruidas en el entretejido social, desde el vital acompañamiento de las ciencias sociales.

Desde estas pautas se re-significó la legalidad y fortalecimiento de derechos ambientales como proceso abierto y contextual, destacando el Decreto Ley no. 4 de la comisión para el uso de los organismos genéticamente modificados, publicado en la Gaceta Oficial ordinaria no. 52 del 23 de junio de 2019; el cual en conjunto con la Comisión Nacional para el Uso de los Organismos Genéticamente Modificados tienen su centro de intención-acción en el manejo de semillas y productos en la agricultura. Para el 30 de octubre de 2020 se instituye el Decreto Ley no. 9 de Inocuidad Alimentaria, el cual establece los principios, desde una mirada educativa, preventiva e integral, los alimentos nutritivos que proveen un bienestar en materia de salud física. Pasos de avances estos, desde el trabajo mancomunado entre el CITMA, y los Ministerios de Salud Pública (MINSAP) y de Industria Alimentaria de conjunto con la FAO y la OPS, en pos de prevenir, detectar y gestionar los riesgos trasmitidos por los alimentos, y contribuir de esta forma a la seguridad alimentaria.

En este mismo año, se instituye el Decreto Ley no. 388 de recursos fitogenéticos para la alimentación, la agricultura y las semillas, que establece las regulaciones sobre la calidad de las semillas y sus contravenciones, regulando así, la cadena de producción de las semillas, la inspección y la certificación; el Decreto Ley no. 31 de bienestar animal, que responde a las necesidades, preocupaciones planteadas por ambientalistas, animalistas y demás organizaciones de país en cuanto al cuidado y bienestar animal; el Decreto Ley 272, a partir del cual se establecieron medidas, y sus contravenciones, con el fin del embellecimiento de la ciudad, evitar que en los municipios con hacinamiento proliferen diversos tipos de infecciones, y continuar creando conciencia ambiental a favor de la conservación y preservación del medio ambiente. Por último se concibió El Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, coordinado por el Ministerio de la Agricultura (MINAG), que cuenta con cuatro temas estratégicos: disminución de la dependencia de las importaciones de alimentos e insumos; garantía de la calidad e inocuidad y disminución de las pérdidas y los desperdicios de alimentos; consolidación de sistemas alimentarios locales; procura la movilización de sistemas educacionales, de la cultura y de la comunicación para fortalecer la educación alimentaria y nutricional.  

Para el 2021 se diseña la Estrategia Económica Social para el impulso de la economía y enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la Covid 19. La cual tiene como prioridad la soberanía alimentaria, que se concibe como “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimenticio y productivo” (Declaración de Nyéléni, 2007, en Stedile y Martins, 2016, p.31). Al año consecutivo, se promulga la Ley del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, que concibe los recursos naturales y el medio ambiente como un sistema a partir de sus relaciones de interacción e interdependencia, de ahí que su protección, conservación y uso racional de recursos alcance enfoque ecosistémico desde una gestión descentralizada y territorial en una apuesta por integrar a todas las políticas públicas conceptos y prácticas relacionados con el consumo y la producción sostenibles.

 La construcción de sostenibilidad, dentro del contexto pandémico, no solo se visibilizó a partir de las acciones gubernamentales contingentes de nuevas preocupaciones ambientales, sino también desde aportes de proyectos comunitarios, dentro de los que destacan los de agricultura familiar sobre bases agroecológicas emergentes en contextos urbanos, así como la reorientaron de prácticas de experiencias consolidadas. En este sentido se pondrá el ejemplo de la capital del país, que mostró un amplio despliegue, identificado a partir del mapeo realizado entre 2020 y 2021.

 

Proyectos comunitarios de agricultura familiar sobre bases agroecológicas en La Habana

Dentro de la construcción de sostenibilidad, los asentamientos urbanos son sin dudas espacios críticos, por su dinamismo y patrones de consumo, cuyas sinergias conllevan a la degradación de los ecosistemas y el ambiente (Toledo, 2018). Actualmente se torna indispensable la transición- transformación de lo urbano y la identificación de soluciones múltiples autóctonas. Entre las principales preocupaciones se encuentran: la necesidad de re-significar el consumo a escala local y estimular el autoabastecimiento desde múltiples propuestas para contrarrestar la lógica depredadora de las ciudades. En este sentido destaca la necesidad de impulsar la agricultura familiar urbana, con el fin de desarrollarla a pequeña escala, desde la cooperación familiar, y como paradigma alternativo de desarrollo agrícola, que –según Altieri y Nicholls, 2013- sobre bases agroecológicas debe fomentar la agricultura biodiversa, resiliente, sostenible y socialmente justa, e impulsar sistemas de producción agroecológicos, donde los insumos externos se sustituyen por procesos naturales, se diversifican los cultivos, se integran los animales, se minimizan las pérdidas de energía, agua, nutrientes y recursos genéticos.

Estas preocupaciones, exacerbadas dentro contexto generado por la pandemia de la covid-19, alcanzaron amplia repercusión dentro de las formas de organizar la vida en sus múltiples dimensiones –laborales, domésticas, sociales, alimentarias, de producción y de consumo. Lo cual se tradujo en una reinvención del accionar cotidiano y los múltiples espacios habitados, a favor de procesos solidarios y de cooperación para lograr el autoabastecimiento familiar y vecinal en pequeños espacios colectivos, antes desprovistos de una utilidad vital, y exentos de una lógica de colaboración.

Sobre la necesidad de reinventar lo cotidiano, a partir del distanciamiento social y la poca o nula movilidad con el fin de preservar la vida, la urgencia de suplir necesidades básicas de alimentación, de medicamentos, de aliviar el estrés, y la ansiedad generada, dieron paso al surgimiento en la capital del país de nuevos proyectos de agricultura familiar, así como la reorientación de otros, ya existentes, a tono con la demanda de los tiempos.

 En este sentido se identificaron proyectos en disímiles municipios capitalinos, con aportes creativos en la construcción de sostenibilidad ambiental, desde la autogestión y la autoproducción de alimentos, como por ejemplo los de Altahabana, reparto casi totalmente urbanizado perteneciente al municipio Boyeros, que contaba antes de la pandemia con proyectos de agricultura urbana, tales como, organopónicos pertenecientes al Ministerio del Interior (MININT). La tipología de la vivienda, en su mayoría compuesta por edificios de apartamentos, con espacios verdes delanteros y traseros, sirvió de acicate para impulsar proyectos agroecológicos por la comunidad de vecinos, desde el aprovechamiento de las áreas comunes para el desarrollo de pequeñas parcelas agrícolas. La cooperación en torno a la gestión de recursos indispensable para la producción agrícola y los saberes acumulados permitieron una pequeña red informal de autoabastecimiento familiar y comunitario, con formas de trueque que rescata la más genuina forma de solidaridad vecinal. Desde esta apuesta se entretejieron iniciativas para la producción de alimentos y emergieron  soluciones creativas agroecológicas, tales como, la creación de barreras naturales o agentes de control de plagas, la utilización de abonos orgánicos, y la consolidación de alternativas para evitar al estrés hídrico y la degradación de los suelos.

También destaca dentro de esta lógica el proyecto comunitario familiar Vida, en la localidad de Los Pinos, en el municipio de Arroyo Naranjo. El cual, desde una filosofía que apuesta por la permacultura, la agroecología, la producción de alimentos 0 km y las formas de vida resilientes, pondera el empoderamiento de mujeres, a través de la creación de una red de patios solidarios, fomenta el amor hacia la naturaleza, realiza acciones de saneamiento en la comunidad desde el trabajo con amplia composición etaria, e impulsa el agroturismo con el fin de visibilizar buenas prácticas.

 

MAPA 1. ID-E: Elaborado por las autoras

ID. Altahabana, Boyeros:

Punto Azul: Calle 1-3ª, E y G. Proyecto Comunitario Agroecológico

E. Los Pinos, Arroyo Naranjo:

Punto Verde: Calle Damuji no.79/ Sagua y Peralejo. Proyecto Comunitario Familiar Vida

 

Otros proyectos que alcanzan relevancia son: Soñarte, en la localidad las Delicias, y la finca agroecológica Alborrego, pertenecientes al municipio Cotorro - que se ubica en el extremo sur de la provincia y se dedica en su mayoría a actividades agropecuarios, principalmente la ganadería y la agricultura-: el primero, tiene como misión la formación de valores sociales, mediante el despliegue de acciones comunitarias dentro de una amplia composición etaria, aunque destaca el trabajo con niños. En materia ambiental estrecha vínculos de trabajo con escuelas ancladas en la comunidad, a partir de la promoción de talleres de artes plásticas y concursos de dibujo. Además en colaboración con la ACTAF realizó en tiempos de Covid- 19 cápsulas de rodaje semanales Por una Comunidad verde con el objetivo de fomentar la agricultura urbana, suburbana y familiar sobre bases agroecológicas  cuidado del medioambiente. Desde Alborrego, se implementa la agroecología que va desde la producción de plantas de alto valor proteico para la elaboración de pienso para la cría de animales, la fertilización orgánica de los suelos mediante el humus de lombriz, la variedad y rotación de cultivos, y la elaboración de productos naturales, a partir de la pulpa de frutales. Además, su coordinador forma parte del MACaC, con un activo accionar mediante la realización de talleres de capacitación en sistemas agroecológicos a jóvenes agricultores.

 

MAPA 2.  IF. Elaborado por las autoras

Mapa IF F.  Localidad Las Delicias, Cotorro:

Punto Rojo: Calle 36 no. 9724/97 y 99. Proyecto Comunitario Agroecológico Soñarte

 

En el municipio de Guanabacoa -de alto grado de urbanización y uno de los más antiguos de la capital-, se identificaron los proyectos: Granjita Feliz, y Mi Jardín. El primero creado en el 2013, con la máxima enseña a soñar, inicio con la cría de animales y el sembrado de plantas ornamentales, en un pequeño espacio de 25m, y pasó a convertirse en un gran proyecto comunitario con disímiles acciones, tales como, la creación de círculos de interés científico-técnicos –espacios donde participan estudiantes de diferentes niveles de enseñanza con el objetivo de recibir talleres sobre cunicultura, agroecología, zootecnia, agricultura familiar-; la promoción de talleres de artes plásticas, danza y música en escuelas primarias y secundarias; el lanzamiento de concursos nacionales sobre diversos temas, como literatura, manualidades y arte culinario; así como la entrega de una canasta de alimentos a pacientes oncopediátricos. En cuanto al segundo, se habilitó la azotea y patio de una vivienda privada para la siembra en macetas de plantas medicinales, especias y ornamentales, las cuales brindan múltiples beneficios al hogar y demás vecinos cercanos.

MAPA 3. IG. Elaborado por las autoras

IG G.      Guanabacoa:

Punto Morado: Calle Máximo Gómez/San Antonio y San Francisco. Proyecto: Granjita Feliz

Punto Amarillo: Calle Estrada Palma no.226/Romay y San Sebastián. Proyecto Familiar, Mi jardín

 

Las apuestas por la medicina tradicional también se encontraron presentes en los proyectos mapeados, tal fue el caso del Proyecto Medicina Verde, en el municipio Playa –con amplio desarrollo del turismo por poseer 12 km de costa, además de ser sede de empresas mixtas, embajadas y residencias de personal diplomático y contar con el mayor Polo Científico del país- coordinado por una octogenaria de gran vitalidad, que impulsó la siembra de plantas medicinales, como la manzanilla, el orégano, el toronjil de menta, la caña santa, el tilo, y la sábila con beneficiosos efectos para aliviar síntomas gripales, estomacales y nerviosos. Además de ser gran fuente de ayuda no solo para el hogar, sino para la vecindad,  en tiempos de marcada escasez de medicamentos, sirvió de impronta para re-significar la medicina natural.  A ello se le asuma el Proyecto Un Huerto en la Ciudad, el cual, de agricultura familiar desarrolla un sistema agroecológico, mediante la siembra de una diversidad de cultivos de conjunto con la cría de animales, utilizando técnicas naturales para el control de plagas y la fertilización de los suelos. En este destaca la siembra de hortalizas y la cría de aves para el abastecimiento familiar, lo cual hace posible no depender de mercados externos para su subsistencia.

MAPA 4. IA. Elaborado por las autoras

Playa:

Punto Morado Calle 3ª/84 y 86 Proyecto: Medicina Verde

Punto Carmelita 5ªAvenida/86 y 88 Proyecto: Un huerto en la ciudad

 

Por último destaca, en el municipio Habana del Este – el más extenso de la provincia, ubicado en la zona norte, al este de la Bahía, con reglones económicos encaminados al desarrollo de la industria turística, la ganadera, la construcción, el transporte, y la industria ligera y de pesca-, el proyecto Mi Finca, en la zona de Alamar, el cual de reciente creación impulsa la agricultura familiar en un pequeño espacio, donde se siembra plátano, tomate, ajo, cebollino, espinacas, habichuelas, papaya, y yuca, así como la cría de animales. Labores que se realizan desde la cooperación familiar, y sobre la base de la agroecología, mediante el control biológico de plagas, la minimización de pérdida de agua médiate su recolección a través de la lluvia y la fertilización orgánica del suelo.

MAPA 5. IC. Elaborado por las autoras

Zona Alamar, Habana del Este:

Punto Azul: Calle 162/3ª y 3ªD, Zona 1. Proyecto: Mi Finca

 

Los proyectos -individuales y colectivos- mapeados, durante los casi dos años de pandemia, dieron muestra de la creatividad y las buenas practicas desatadas en tiempos de crisis, a partir de la activación del sujeto social, como actor clave dentro del tejido comunitario para el enfrentamiento de las problemáticas emergentes sobre las bases de la solidaridad, la autogestión, el autoabastecimiento y la cooperación familiar y vecinal, para el impulso de estrategias encaminadas, sobre todo, a suplir las necesidades alimentarias y de medicamentos.

 En este sentido, se corroboró, la re-significación de continuar impulsando de forma descentralizada y horizontal proyectos de agricultura familiar sobre bases agroecológicas, en pos de alcanzar el necesario abastecimiento alimentario, y con ello aliviar la dependencia de la ciudad de recibir suministros de las provincias aledañas.

 

A modo de conclusión

La construcción de sostenibilidad ambiental en Cuba estuvo marcada por procesos que incluyeron un amplio accionar gubernamental en lo referido a políticas implementadas desde los primeros años del triunfo revolucionario. En este sentido, no solo se propuso revertir las condiciones de deterioro encontrado, sino también la transversalidad de la temática dentro de los planes y documentos rectores del desarrollo del país. Condición que se exacerbó en la década de los 90 con el impulso de la política ambiental cubana, en una apuesta de conjunto con la sociedad civil hacia una sostenibilidad súper en pos de fomentar valores intrínsecos de la naturaleza dentro de procesos locales y nacionales.

Este empeño se mantuvo durante el difícil contexto generado por la pandemia de la Covid-19, donde se potenciaron temáticas, tales como el bienestar animal, la soberanía alimentaria y educación nutricional, así como la promulgación de la Ley del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.  Todo ello de la mano de la proliferación de proyectos de agricultura familiar sobre bases agroecológicas, como fue el caso de la capital del país.

Proyectos estos, en los que destacaron soluciones creativas y autogestionadas desde la cooperación familiar y vecinal, a favor de la relocalización de la Vida, como mecanismo de construcción de sostenibilidad, satisfacción de necesidades y construcción de poder desde abajo. Lo cual propició el fortalecimiento y activación del sujeto colectivo, capaz de generar alternativas frente a las crisis emergentes, desde el cúmulo de saberes tradicionales, la conexión espiritual y física con la naturaleza y el impulso de la agroecología en la agricultura familiar.

 

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[1] Fecha de recepción: 19/04/2022. Fecha de aceptación: 14/06/2022.

Identificador persistente ARK: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25250841/lin8p6iw9

[2] Instituto de Filosofía

La Habana, Cuba

https://orcid.org/0000-0001-6260-7324

anisley.morejon82@gmail.com

[3] Instituto de Filosofía

La Habana, Cuba.

https://orcid.org/0000-0002-9689-1893

sotolongogutierrez@gmail.com

[4] Instituto de Filosofía

La Habana, Cuba.

http://orcid.org/0000-0001-8639-7915

sheilasurkorea97@gmail.com

[5] Capacidad de una nación, pueblos, barrios, familias, y personas para decidir cómo se produce, para quiénes se produce, para qué se produce, y cómo se distribuye la energía. (Temazatzi et al., 2020)

[6] La permacultura es un concepto practico desarrollado por primera vez por Bill Mollison y David Holmgren en Tasmania, en 1974, que conduce a pensar cuidadosamente sobre el ambiente, el uso de los recursos y la satisfacción de necesidades, desde una filosofía de cooperación, y tomando en cuenta las necesidades de las generaciones presentes y futuras. (FANJ, 2001)