Recovered companies in Argentina as a social movement: balance 20 years later
Natalia Bauni[2]
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Resumen
Las empresas recuperadas en la Argentina han sido estudiadas bajo diferentes dimensiones analíticas, pero es escaso el material que las observa desde la perspectiva de los movimientos sociales. El objetivo del artículo es analizar el surgimiento, desarrollo e impactos del movimiento de empresas recuperadas en la Argentina. La estrategia metodológica se basa en el estudio de un caso único y se sustenta en el recorrido investigativo de más de 20 años en el campo. La crisis de 2001 en la Argentina posibilitó el florecimiento de un movimiento con características impensadas previamente: ocupación de empresas a lo largo de todo el país, expropiación de esas unidades avaladas por la justicia y el poder legislativo. Tres cuestiones quedan pendientes en la agenda: la posibilidad de igualar las protecciones sociales de la/os trabajadora/es asociada/os a las de la/os asalariada/os, el despliegue del potencial productivo de las empresas y la creación de más puestos de trabajo.
Palabras clave: Movimiento social, empresas recuperadas, cooperativas de trabajo, ocupación de empresas.
Abstract
The recovered companies in Argentina have been studied under different analytical dimensions, but little material observes them from the perspective of social movements. The article aims to analyze the emergence, development, and impacts of the movement of recovered companies in Argentina. The methodological strategy is based on a single case study and is sustained on the author's investigative labor of more than 20 years in the field of self-management, innovation, and cooperatives managed by workers. The 2001 crisis in Argentina made possible the flourishing of a movement with characteristics previously unthinkable: the occupation of companies across the entire country, the expropriation of those units endorsed by justice power, and the legislative power. Three questions remain pending on the agenda: the possibility of increasing the social protections of workers associated with those of salaried workers, the spread of the productive potential of companies, and the creation of more jobs.
Keywords: Social movement, recovered companies, work cooperatives, taken factories.
Introducción
Las empresas recuperadas constituyen uno de los movimientos sociales de mayor envergadura ocurridos en los últimos años en algunos países de América Latina. En la Argentina el fenómeno adquirió una relevancia simbólica de gran magnitud por ciertas características particulares. Entre ellas se destacan el peso que constituye dentro del movimiento obrero contar en la caja de herramientas con la posibilidad de la toma de fábricas como un recurso posible, su sostenimiento a lo largo del tiempo y la existencia de experiencias con logros económicos y sociales destacables.
El objetivo del presente artículo es analizar el surgimiento, desarrollo y los impactos que tienen las empresas recuperadas desde la clave analítica de los movimientos sociales. La idea es poner en juego las conceptualizaciones de las diversas perspectivas teóricas que nutren el campo de los movimientos sociales, el conflicto social y la protesta, en la medida en que resulten fecundas y productivas a la luz de este particular actor social. Nos preguntamos por los precipitantes del conflicto que dieron origen a la ocupación de fábricas, intentando dar cuenta de la multicausalidad del fenómeno. En segundo lugar, realizar una descripción densa de las características que asumió el movimiento: cuando se inició, cuáles fueron sus principales demandas, qué etapas del conflicto se fueron configurando[3], las formas de lucha, los repertorios, los actores principales y secundarios del conflicto, cómo se organizan, quienes fueron y son sus promotores, cuál es el carácter de clase que repone el conflicto, cómo se va construyendo su identidad, contra quien/es se enfrentaron, qué resultados produjo no sólo en función de las demandas, sino qué elementos tuvieron lugar como resultado de la existencia del movimiento. Y, por último, en qué medida el conflicto de origen produce un cambio social significativo.
La estrategia metodológica se basa en el estudio de caso único: el movimiento social de las empresas recuperadas. El estudio de caso centra la atención en la elaboración de un diseño que tiende a optimizar la comprensión del caso en vez de hacer generalizaciones más allá del mismo. El enfoque predominante es el del análisis en profundidad. No se orienta hacia el establecimiento de regularidades empíricas sino hacia la comprensión integrada y holística del caso. Según Stake (1994) el estudio de caso intrínseco supone un estudio particular cuya finalidad es lograr un mejor entendimiento de ese caso. El objetivo no es la construcción de teorías, ni la generalización analítica hacia otros casos. Es el propio objeto el que despierta el interés del investigador. Las técnicas utilizadas se basan en la observación, entrevistas en profundidad con trabajadores y referentes de los movimientos, así como con informantes claves.
Perspectiva analítica y estado del arte
La definición de conflicto social provista por Cardoso y Pedro (2001) como un proceso de interacción contenciosa entre actores sociales que comparten orientaciones cognitivas, movilizados con distintos grados de organización y que actúan colectivamente con expectativas de mejoras, de defensa de la situación prexistente o proponiendo un contraproyecto social, nos permite pensar al movimiento de empresas recuperadas. El proceso se inicia con un conflicto vivido individualmente en cada empresa. Luego de la crisis de 2001 se produce una ampliación de los casos, y una integración contenciosa que es utilizada por personas que carecen de acceso regular a las instituciones con nuevas reivindicaciones y que significa una amenaza para otros (Tarrow, 1998). El conflicto en aumento va tomando estado público y se enfrenta a distintos actores sociales. La disputa que posibilita la unidad ideológica es por la defensa de los puestos de trabajo y el límite de la desocupación como un umbral de tolerancia (Fajn, 2003). La protesta se va configurando a partir de un repertorio de acciones que van desde la toma/ocupación de la fábrica, acampe en las inmediaciones, corte de calles, las movilizaciones, hasta las tomas de fábricas y edificios públicos. Entre los actores sociales se encuentran la/os trabajadores de las fábricas en conflicto, cuadros dirigentes, grupos de apoyo y simpatizantes. Se reclama a los empresarios dueños de la fábrica por las indemnizaciones por despido, y por los salarios adeudados y/o caídos. A la justicia, por las quiebras o procesos de vaciamientos previos. A las autoridades públicas municipales, provinciales en algunos casos nacionales, por la propiedad de los inmuebles, las marcas y las deudas, a las autoridades nacionales por la implementación de políticas para el sector. Al poder legislativo por la modificación de leyes y la sanción de expropiaciones.
Durante los tres gobiernos del kirchnerismo (2003- 2015) la recuperación económica y expansión del mercado interno posibilitaron la consolidación de las empresas existentes. Fueron años favorables para el movimiento tanto porque se habilitaron áreas específicas como una serie de políticas públicas de inclusión socio laboral para el sector, y la reforma de la ley de quiebras en 2011[4] promovida por el ejecutivo. A su vez, continuó la recuperación de nuevas unidades, aunque desde 2002 en adelante la forma que adquirió el proceso fue de amesetamiento (Fernández Álvarez y Rebón, 2022). Más adelante con el cambio de gobierno (Mauricio Macri 2015. 2019) y su política regresiva, se demanda por los aumentos de tarifas de servicios públicos y la regresividad de las políticas hacia el sector que redunda en el cierre de empresas y la disminución de la cantidad de trabajadora/es ocupados. El movimiento social con el correr del tiempo adquiere grados mayores de institucionalización y se alía a otros movimientos sindicales, partidarios, organizaciones de base, siempre con un alto grado de fragmentación en su interior.
Diferentes teorías sociales a lo largo de la historia se han posicionado de formas distintas en su análisis del conflicto social, desde la mirada marxista las desigualdades entre la clase burguesa y la clase obrera explican su surgimiento. El concepto de explotación supone la existencia de una relación inversa en el principio de bienestar, para el capitalista se basa en el sufrimiento del obrero. El capitalista se apropia del esfuerzo laboral y material, (de los excedentes) de los obreros. De esta manera, en el modo de producción capitalista el conflicto se da entre estas dos clases unos desposeídos y otros explotadores; a través de las nociones de contradicción y antagonismo en los intereses materiales, dado por las relaciones de explotación. En síntesis, la existencia de relaciones de explotación entre la clase burguesa y obrera provoca el conflicto social que puede manifestarse colectivamente organizado, o las fuerzas institucionales pueden mantener este antagonismo inhibido (Cardoso y Pedro 2001 y Modonesi, 2016).
Para la perspectiva funcionalista desde Parsons (1976) el conflicto se produce por fallas en la comunicación como mal entendidos o la frustración de expectativas individuales, o privaciones. Desde el funcionalismo la lucha surge cuando los actores ven frustradas sus expectativas frente a un umbral indefinido. Es decir, cuando consideran que determinada situación de privación resulta intolerable.
Después de los años sesenta, la preminencia de las teorías clásicas marxista y funcionalista dio lugar a la irrupción de una diversidad de perspectivas y debates. En particular, la teoría de los movimientos sociales irrumpe y, a su vez, florecen diversas variantes analíticas. Entre ellas se pueden nombrar: la teoría de la movilización de recursos (McCarthy y Zald)[5], la teoría del proceso político o la “política contenciosa” (Tilly y Tarrow)[6], y de los nuevos movimientos sociales (Touraine, Offe, Melucci, Habermas)[7]. Todas abordan el mismo objeto de estudio, pero se posicionan desde diferentes ángulos, miradas y recortes.
Desde la perspectiva de Melucci (1994), la acción colectiva constituye el resultado de intenciones, recursos y límites. Es una orientación intencional construida a través de relaciones sociales en un sistema de oportunidades y obligaciones. Los movimientos sociales actúan colectivamente porque invierten, es decir, delimitan en términos del saber las posibilidades y límites de sus acciones, y al mismo tiempo, le otorgan un sentido a su ’estar juntos’ y a los objetivos que buscan (Melucci, 1994).
Una tercera perspectiva de los estudios de los movimientos sociales se produce al comenzar el siglo XXI, en consonancia con las etapas asociadas a los procesos de globalización neoliberal y sus resistencias, y da lugar a teorías de la alter globalización[8], entre otras.
Dentro de lo que se denominan los Nuevos Movimientos Sociales, el de las empresas recuperadas podría inscribirse en la categoría de los movimientos por la supervivencia en la medida en que se estructuran en relación con necesidades básicas insatisfechas como, vivienda, trabajo, salud, educación, en este caso, trabajo. Este tipo de movimientos, no parten de una perspectiva de cambio global, como tampoco aspiran a tomar el poder o movilizar mayorías, sino a actuar según las estructuras de oportunidades políticas (Tilly, 1978) que se les presentan. En este sentido, el movimiento de empresas recuperadas resulta de una reconfiguración del concepto de trabajo, fueron trabajadores que reinventaron su empleo con las herramientas que tenían a su alcance.
En lo relativo a las motivaciones del conflicto, en el contexto de los crecientes niveles de desintegración social presentes desde los años ´90 en la Argentina, los trabajadores enfrentaron su posible desafiliación social (Castel, 2010) mediante diversos repertorios de acción, resistieron a los embates del capitalismo y lucharon por su reinserción en el sistema social. Si en este sentido, el inicio de la acción puede ser pensada a partir de una motivación meramente individual, la toma, la ocupación y la puesta en marcha del emprendimiento, así como las estrategias desplegadas para llevarlos a cabo suponen la existencia de componentes colectivos de implicación, tanto en la lucha, en la resistencia como en la producción (Fajn, 2003).
Otro tema que refiere a los desarrollos teóricos sobre los movimientos sociales es la construcción de subjetividades y cómo cobró relevancia la dimensión simbólica del proceso en cuanto a los aspectos cognitivos que se ponen en cuestión y que resignifican las formas de pensar y actuar. La ocupación de las fábricas, por ejemplo, supone una transformación en las subjetividades para actores sin trayectoria en la lucha, poco acostumbrados a participar o desarrollar este tipo de prácticas. Implicó una transformación en las identidades y una resignificación de su situación en tanto asalariada/os. Por otra parte, la recuperación y toma de las fábricas expresó una crítica a los canales de representación políticos tradicionales: el Estado, los sindicatos, las mismas prácticas de un trabajador de la sociedad salarial.
Las consignas políticas que los movimientos explicitaron: “ocupar, producir y resistir” y “toda empresa que cierra ocuparla y ponerla a producir”, dieron cuenta de los elementos que aglutinan la heterogeneidad, ya que por sobre las diferencias entre los agrupamientos[9] del movimiento, los trabajadores afirmaron sentirse representados por el intento de recuperar y sostener sus fuentes de trabajo, así como de recibir apoyo, solidaridad y colaboración para quienes atraviesan situaciones similares. Los bachilleratos, centros de salud y centros culturales en los espacios sobrantes de las fábricas dan cuenta del enraizamiento con la comunidad (Rebón y Riero Castiñeira, 2020) que además representan un resguardo frente a posibles ataques externos, al cobijar en su interior otros actores.
Como señala Breno Brieguel (2020) la paradoja de la especialización de la teoría de los movimientos sociales posibilitó un avance en el conocimiento, pero a través de una serie de conceptos de alcance intermedio y de análisis acotados a contextos específicos, en detrimento de teorizaciones más amplias que logren relacionarlos con las transformaciones sociales. La bibliografía sobre empresas recuperadas es amplia a nivel nacional e internacional y se abordó desde diferentes ángulos teóricos y distintas aproximaciones metodológicas. Entre los antecedentes de quienes analizan el tema desde la perspectiva de los movimientos sociales debemos destacar, en primer lugar, el libro colectivo de Gabriel Fajn (2003) que, a partir de los conceptos de la teoría de los nuevos movimientos sociales analizó los inicios del fenómeno. En segundo lugar, el texto de Héctor Palomino (2000) “El movimiento de trabajadores de empresas recuperadas” que caracterizó el movimiento de empresas recuperadas en sus inicios y, por último, el libro reciente de Julián Rebón y María Inés Fernández Álvarez: “Autogestión movilizada: Empresas recuperadas y economía popular en Argentina” (2022) que analiza las empresas recuperadas y la economía popular a través de la lente analítica de los movimientos sociales.
Antecedentes del movimiento social
En diferentes etapas de la historia argentina la toma y ocupación de fábricas fueron herramientas de lucha y protesta en manos de la clase obrera. Al mismo tiempo, el desarrollo de asociaciones laborales autogestionadas no ha sido especialmente fomentado desde las organizaciones sindicales ni impulsadas por el Estado.
En 1904 una fábrica de cigarrillos consiguió estar totalmente administrada por obreros, fue una de las primeras experiencias de participación de los trabajadores en las ganancias y la gestión de una empresa. El proyecto nació como iniciativa de los miembros del Consejo Nacional de la Unión General de Trabajadores (UGT), de orientación socialista que logró llevarlo adelante con el sindicato de maquinistas de Bonsach de la fábrica de cigarrillos “La Popular”. La propiedad era colectiva y la experiencia duró dos años, cerró entre otras cuestiones debido a una campaña de descrédito de la gestión obrera (Wyczykier, 2010).
Por su parte, a fines de los años sesenta hasta entrados los años setenta, los obreros de las grandes corporaciones económicas, como la Fiat en Córdoba protagonizaron resistencias frente a la intensificación del trabajo, los nuevos ritmos de la producción y de las nuevas técnicas de producción. Este proletariado joven, que contaba con alta estabilidad laboral y elevados salarios, fue el germen de un sindicalismo que se transformó en un sujeto político fundamental de aquella etapa. En este sentido, el Cordobazo puede considerarse un antecedente de lucha por la recuperación de empresas (Wyczykier, 2009).
También a fines de los años sesenta el gobierno nacional privatizó un grupo de empresas estatales entre las que se encontraba IMPA, y otras dos empresas que igualmente se convirtieron en cooperativas[10]. Algo similar sucedió con empresas privadas en crisis que se convirtieron en cooperativas como Campo Herrera en Tucumán con 119 asociada/os que fue interrumpido por el inicio de la dictadura (Wyczykier, 2009).
En la década de los noventa se destacaron los casos de FERROGRAF y Lozadur. La primera surgió en 1977, a partir de la iniciativa de obreros gráficos y ferroviarios que se reunieron en La Plata y con apoyo del sindicato gráfico formaron primero una Sociedad de responsabilidad limitada y luego, en 1985, una cooperativa de trabajo. En ese mismo año los trabajadores junto al sindicato recuperaron de la quiebra una empresa dedicada a la producción de vajilla de loza y porcelana. Lozadur fue una experiencia de cogestión entre el sindicato, el personal jerárquico y los accionistas, logrando incorporar al personal despedido y restablecer los niveles de producción (Wyczykier 2009). Se logró incrementar la cantidad de trabajadores y se implementaron cuerpos de delegados técnicos por sector que analizaron los problemas cotidianos de producción (Proietti Bocco, 1986).
Son también rescatables las experiencias de COGTAL (Cooperativa Obrera Gráfica Talleres Argentinos) en la que el sindicato gráfico fue clave para la conformación de la cooperativa. Asimismo, resultó fundamental el papel de la seccional Quilmes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)[11] en la recuperación de una serie de empresas del rubro en el sur del conurbano a fines de los años ochenta que continúan funcionando (Perelman y Dávalos, 2003). En este marco fue conocido el caso de CIAM (ex SIAM[12]) que se convirtió en cooperativa en 1997, el proyecto se inició con 260 asociada/os que producían cocinas y heladeras (Vuotto y Acosta, 2002), finalmente luego de varias crisis volvió a manos privadas.
Esta revisión de casos históricos en tanto antecedentes del movimiento de recuperación de empresas, nos permiten plantear que, no hubo una política pública explícita destinada a la creación y el fomento de las cooperativas, por lo menos hasta el año 2003 (Vuotto, 2011; Wyczykier, 2009). Las experiencias que existieron no recibieron un apoyo explícito del Estado, ni del movimiento sindical en su conjunto. Sin embargo, los casos particulares reseñan que algunos gremios plantearon estrategias de resolución de conflictos que incluían la salida cooperativa o autogestiva mientras que otros lo propusieron para empresas estatales. Asimismo, cabe destacar el desconocimiento generalizado sobre las prácticas cooperativas y autogestivas de las experiencias. Los casos reseñados configuraron proyectos aislados que no eran conocidos por la/os trabajadora/es al momento de la toma o recuperación de empresas (Wyczykier, 2009). En el comienzo de las recuperaciones, la toma de fábricas y el cooperativismo no formaban parte de la caja de herramientas de la clase obrera argentina de un modo generalizado, aunque ciertos dirigentes históricos llevaban la bandera de la defensa del derecho al trabajo, la autogestión o el modelo cooperativo como salida de la crisis.
Surgimiento del Movimiento Social: Ocupar
Durante los años noventa el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) puso en marcha una serie de reformas estructurales con el objetivo de estabilizar la economía. El Plan de Convertibilidad se basó en tres estrategias: la apertura de la economía, la privatización de empresas y la desregulación de los mercados en favor de ciertos sectores financieros. El efecto fue el cierre masivo de pequeñas y medianas empresas y la consecuente generalización del desempleo, cuestión que redundó en un aumento de la desigualdad social y la precariedad laboral (Fajn, 2003; Rebón, 2004, 2007).
La cantidad de quiebras fraudulentas que se registraron durante la década expresó la forma en que el ámbito jurídico-legal fue un punto de apoyo para la concreción de estas prácticas, especialmente si se toman en cuenta las modificaciones que se realizaron a la Ley de Quiebras[13] cuya consecuencia fue eximir de la calificación a la conducta del empresario y con la incorporación de la figura del crowndown[14] se facilitó la proliferación de “empresas fantasmas”. En este sentido, el objetivo de los empresarios fue circunscribir la resolución del conflicto al marco de lo judicial, para encontrar los vericuetos que les permitieran evadir la ley y desentenderse de la empresa con los menores costos económicos, aunque esto significara la destrucción y el cierre de su fábrica (Fajn, 2003).
Lo que estaba en juego era la supervivencia de la empresa, la/os trabajadores fueron empujados a confrontar en ese marco, por lo que la prioridad fue estar dentro de las fábricas. El territorio en donde se dirimía el conflicto era la fábrica y sus máquinas. Por eso, las primeras medidas de fuerza se concentraron en la ocupación o el control de las empresas o el acampe en la puerta para evitar el saqueo de maquinarias y mercaderías (Fajn, 2003).
Se podría afirmar que fue en este marco de inicio de un ciclo de protesta[15]. Durante la crisis del año 2001 la Argentina fue el escenario de intensas luchas sociales que produjeron la irrupción de actores sociales novedosos y formas originales de expresión del conflicto. La envergadura de la crisis advertida por cifras de desempleo y pobreza siderales y en consecuencia un estallido social, político y cultural, dio lugar a la conformación de un movimiento sobre la base de una alianza estructurada en la resistencia de diversos actores a la mercantilización de múltiples esferas de la vida social (Rebón, Kasparian y Hernández, 2016). Montado sobre tradiciones de lucha de la clase obrera la recuperación de empresas se instaló rápidamente en la caja de herramientas de los trabajadores (Fajn, 2003; Hudson, 2016; Kasparian, 2017; Rebón, 2004; 2007; Riero, 2014 y Salgado, 2012; Vieitez y Dal Ri, 2001).
El ciclo de protesta que vivió la Argentina fue el más importante de todos los acontecidos desde 1983 por la cantidad de protestas, la expansión territorial de las mismas y la cantidad y variedad de sujetos involucrados (Schuster, 2001). Entre los años 2000–2001 se produjo una rápida intensificación de la protesta y un crecimiento significativo en la cantidad de empresas tomadas por los trabajadores con la finalidad de ser recuperadas. Se empezaron a compartir orientaciones con relación a formas de resistencia y estrategias legales para la supervivencia de la empresa. Irrumpieron nuevos actores y originales formas de expresión de la protesta.
El Gobierno de la Alianza (1999-2001) se mostró incapaz de ejercer su autoridad y rápidamente su poder comenzó a resquebrajarse. Los actores sociales que habían sufrido las consecuencias del modelo aprovecharon ese resquicio. El concepto de estructura de oportunidades políticas[16] (Tilly, 1978) expresa su productividad. El 19 y 20 de diciembre de 2001 la desobediencia civil y la protesta de amplios sectores de la población fueron decisivas para la renuncia del presidente De La Rúa. Emergieron nuevos repertorios de confrontación vinculados al fenómeno de la desocupación: el corte de ruta y el movimiento piquetero, mientras que la clase media utilizó el cacerolazo y los sectores populares, más desarticulados, los saqueos. Los actores que se sumaron al descontento fueron: grupos piqueteros, asambleas populares, el movimiento obrero organizado, ahorristas y deudores (Lobato y Suriano, 2003). La mecha estaba encendida y las acciones de protesta y de defensa en marcha, el futuro era indeterminado.
La intensificación del conflicto de aquellos años devino en una importante difusión sectorial de las recuperaciones: gráficas, textiles, metalúrgicas, frigoríficos, autopartistas, alimenticias, etc, y una expansión geográficamente amplia con foco en la región del central del país, pero con presencia en otros territorios (Fajn, 2003 y Facultad Abierta 2003).
En los repertorios de confrontación del movimiento, se visualizaron en los inicios múltiples estrategias de lucha y resistencia que se replicaron de unas a otras: tomas de fábricas, cortes de calles, acampes, movilizaciones. Cada acción, formaba parte del aprendizaje de modalidades que se iban probando y replicando en cada conflicto, en la medida en que resultaban exitosas. Los trabajadores de las empresas hacían acampes para visibilizar el conflicto, pero también para custodiar los bienes que a veces los empresarios querían llevarse en la quiebra fraudulenta. Esta herramienta de protesta quedó instalada en la caja de herramienta de los trabajadores. Al mismo tiempo se pusieron en juego prácticas y lógicas jurídicas similares que intentaron consolidar y darle un marco de sentido y sistemas de referencias al movimiento. Fue así como, se desplegaron la legitimación de la toma en defensa del derecho al trabajo como resultado del vaciamiento, el pedido de continuidad productiva con la aplicación de la ley de quiebras, así como la conversión en cooperativas de trabajo para la continuidad de la empresa.
En este punto es importante aclarar que esta estrategia jurídica más convencional no fue la única y algunos agrupamientos hicieron esfuerzos por instalar el control obrero de la producción[17] y unos menos le añadían la estatización o la compra de la producción del estado. Este último camino no resultó viable (porque no se dio el proceso revolucionario, ni otras fábricas se sumaron al desafío de avanzar en el control obrero) y finalmente las experiencias dejaron de lado el objetivo más disruptivo y se convirtieron en cooperativas de trabajo con diferentes destinos.
Los campos de acción en donde se desplegaron las estrategias de recuperación articularon varias lógicas de intervención, disputando en el plano de lo jurídico, en el espacio de la empresa y en las calles aledañas a la misma, espacios y confrontaciones articuladas e interdependientes[18]. La lucha en las calles incorporó, en varias ocasiones, a los vecinos del barrio, que participaron que colaboraron para los fondos de huelga, proveyendo alimentos y facilitando el reingreso a la fábrica. En algunos casos se establecieron negociaciones con los anteriores dueños sin atravesar por situaciones conflictivas. También se sumaron prácticas y lógicas jurídicas similares que intentaron consolidarse y otorgaron marcos de sentido propio y sistemas de referencias al movimiento. En este marco jurídico, el reclamo en los juzgados para la continuidad de la producción, bajo algunos artículos de la ley de quiebras, a través del formato de cooperativa de trabajo fue la de mayor efectividad.
La resolución jurídica del proceso fue en la gran mayoría de los casos la declaración de utilidad pública y expropiación de bienes e instalaciones en ocasiones la marca, mediante la sanción de leyes para obtener, en principio, la cesión en comodato de las unidades productivas con ciertos resguardos legales. Si bien este tipo de estrategia ha sido poco efectiva para avanzar hacia la propiedad real y segura en manos de los colectivos laborales, han dado una cobertura parcial y transitoria para el sostenimiento de la producción (Kasparian, 2017).
Luego de la experiencia vivida en diciembre de 2001, los actores sociales de las fábricas fueron reconocidos por otros: los jueces, los medios de comunicación, los sectores medios de la población, los actores políticos, sindicales, entre otros. Antagónico y no antagónico a ellos, este reconocimiento implica la posibilidad de asumirse como actor colectivo con una identidad particular. En este sentido, los medios de comunicación jugaron un papel importante al dar a conocer el conflicto (más allá de su mirada descontextualizada y ahistórica): brinda la posibilidad de construir identidades colectivas ya que sólo un actor se constituye en la medida en que es reconocido por los demás como tal.
El rol de los promotores[19] en esta etapa fue fundamental, no fue un hecho nacido de la espontaneidad se constituyeron en factor determinante de la resistencia. Estos cuadros promotores proveyeron estrategias para avanzar en los procesos de toma y brindaron recursos políticos que permitieron viabilizar la protesta (Rebón, 2017) y retomar la producción. La interacción entre promotores y trabajadora/es, junto al conflicto y negociación con otros actores (jueces, legisladores, síndicos, funcionarios, etc.), dio lugar a la conformación de diversas organizaciones de empresas y fábricas recuperadas (Rebón, 2007).
Luego de diciembre de 2001 se produjeron modificaciones de importancia en el movimiento, adquirió mayor visibilidad pública y apoyo social, relacionado también con la mayor difusión que encontró en los medios de comunicación masiva y en las redes alternativas de divulgación. El naciente movimiento contó con el sostén de nuevos actores sociales organizados, como las asambleas barriales, que participan activamente en las tomas y acampes de algunas fábricas y en otros casos llegaron a impulsar y proponer directamente reapropiarse de las mismas.
En cuanto a las relaciones con los diversos actores que rodearon al movimiento en los inicios, se fueron estableciendo sistemas de relaciones que se iban ampliando y esparciendo. La mayoría de las organizaciones visualizaron en el intercambio con distintos movimientos sociales la necesidad del apoyo, aunque más no sea para los momentos iniciales del conflicto. En este punto, es interesante ver cómo actuó diciembre de 2001[20] para el movimiento, ya que posibilitó la articulación entre experiencias diferentes, dio pie a la visibilización del fenómeno, y facilitó la construcción de redes con otros actores en las arenas del conflicto social, como los movimientos de piqueteros y las asambleas barriales (Fajn, 2003).
A esta altura del ciclo de protestas había una mayor articulación de las empresas que se nuclearon en diferentes agrupamientos bajo diferentes lógicas representativas: el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), la Federación Nacional de Cooperativas de Trabajo y Empresas Reconvertidas (FENCOOTER)[21] y las empresas nucleadas en torno al Control Obrero (perteneciente a partidos de izquierda). Se realizaban encuentros masivos con representantes de varias empresas, partidos políticos, asambleas, trabajadores desocupados, universitarios, entre otros. Al igual que muchos de movimientos sociales producto de 2001 rápidamente comenzaron una tendencia a la disgregación y fragmentación (Fernández Álvarez y Rebón, 2022).
En los primeros meses de 2003 mientras se observaba una disminución en la intensidad del ciclo de protesta, se produjo el desalojo y la brutal represión en la fábrica textil Brukman, que llevaba más de un año y medio bajo control obrero. Este hecho y la llegada al gobierno de Néstor Kirchner representaron el inicio de un nuevo período de mayor institucionalización del fenómeno.
Fue en aquel momento que se expresó el dilema (Lucita, 2002) sobre si el movimiento de ocupación fabril y gestión obrera era capaz de superar los límites de cada una de las fábricas en cuestión, si se afirmaba el carácter social de su producción – diferenciada por tanto de la lógica de la ganancia– y avanzaba en la coordinación y planificación de sus producciones- distinguiéndose del capitalismo. En otras palabras, la cuestión era en qué medida el movimiento planteaba o no la posibilidad de incorporar procesos de producción y planificación alternativos y otras relaciones de producción para resolver la crisis del país. Este debate fue saldado en favor de la institucionalización y la inserción de las cooperativas en el mundo capitalista. A su vez, quedó abierta la discusión sobre el carácter transformador intersticial (Wright, 2015) de experiencias autogestionadas por trabajadora/es en forma participativa, solidaria y democrática, mostrando que otra forma de producir es posible.
Sobre la caracterización de la sociogénesis, el proceso de recuperación de empresas fue en gran medida posible debido a la existencia de una cultura centrada en el trabajo como generador de identidad que permitió enfrentar el cierre patronal (Fajn, 2003; Rebón, Kasparian y Hernández, 2016). A su vez, se destaca el carácter eminentemente defensivo de los puestos de trabajo, en tanto la estrategia de recuperación no responde a una postura ideológica previa sino a la protección de los puestos de trabajo frente a la salida del cierre de la empresa y la desocupación de su plantel de trabajadora/es (Fajn, 2003; Rebón, 2007). Esta lógica originaria defensiva de los puestos de trabajo logró que el objetivo sostenido sea la reproducción de la vida de sus asociadas/os y no la maximización de las ganancias (Kasparian y Rebón, 2018).
Desarrollo y organización del Movimiento Social de Empresas Recuperadas: institucionalización y resistencia
Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015) la recuperación económica, la reconstrucción de la autoridad política (Fernández Álvarez y Rebón, 2022) y el descenso de los niveles de desempleo conformaron una nueva etapa para el movimiento que se caracterizó por el proceso de relativa institucionalización.
Se implementaron diversas políticas desde el Estado que beneficiaron al movimiento, desde el Ministerio de Trabajo se les concedió a las empresas la posibilidad de duplicar los fondos de desempleo de cada trabajador para contar con capital inicial. Más adelante se creó el Programa de Trabajo Autogestionado perteneciente a la secretaria de Empleo que contenía diferentes líneas tendientes a apoyar, fortalecer y capacitar a empresas recuperadas y otros emprendimientos autogestivos. Las políticas, en este sentido, planteaban una perspectiva diferente a la mirada meramente asistencial (Hopp, 2017), con orientaciones de inclusión socio laboral y fortalecimiento de las experiencias. Si bien no era políticas neoliberales tampoco partían de una mirada de profundo desarrollo económico, no planteaban la compra de tecnología pesada o la reconfiguración de los sistemas productivos. En este marco, crecieron también políticas locales y provinciales de apoyo al sector de la economía social y solidaria.
En 2011 el Ejecutivo promovió la reforma de la Ley de Concursos y Quiebras que fue aprobada por el congreso. La reforma incluía la posibilidad de la continuidad de la producción a través de los propios trabajadores conformados en cooperativa. La ley que había estado vigente hasta 2011 era del año 1995 y se basaba en una promulgada en 1983 por la dictadura militar. Tenía una impronta neoliberal ya que facilitaba la rápida ejecución de los activos de la quiebra y el pago a los acreedores, en especial los bancos, perjudicando al Estado y a los trabajadores. A su vez, posibilitaba las quiebras sucesivas y excluía el vaciamiento como delito económico (Facultad Abierta, 2014).
Mientras tanto, en este período se produjo un crecimiento sostenido de ocupaciones de fábricas a fines de 2015 ya eran más 367 las empresas recuperadas (Facultad Abierta, 2018) y las leyes de expropiación se extendían a otras provincias más allá de la Ciudad de Buenos Aires; dando cuenta de que la herramienta de la recuperación de empresas formaba parte de la caja de herramientas de la clase trabajadora. Las empresas se dedicaron entonces a mejorar sus performances productivas, beneficiadas por las políticas de expansión del mercado interno. Comenzaron diferentes procesos de agregación como el armado redes de comercialización sectoriales: textil[22], gráfica[23]. Paralelamente hubo un reflujo en las movilizaciones y protestas, mientras se crearon nuevos agrupamientos que daban cuenta de la fragmentación del movimiento en reclamo de mayor presencia en programas y ayudas. En este sentido, si bien la dimensión de acción directa queda más relegada y por lo tanto su carácter de movimiento social desdibujado, esto ocurre por la mayor incidencia en la política pública de sus dirigentes/activista que al institucionalizarse posibilitan la estabilización las experiencias (Fernández Álvarez y Rebón, 2022).
En muchos casos las empresas lograron aumentar la dotación de trabajadores asociada/os y la consolidación de sus proyectos económicos algunas modificaron o diversificaron sus productos[24] – al tiempo que surgieron diversos conflictos a nivel interno que pusieron en jaque proyectos económicos mientras que la mayoría consiguió consolidarse. Los clivajes nuevos socios – socios fundadores o socios – no socios fueron algunos de los conflictos que se instalaron en la dinámica interna (Salgado, 2012, Kasparian, 2017).
Durante los años 2016 y 2019 retornó al gobierno un proyecto de carácter neoliberal que significó un retroceso en las políticas dirigidas a las cooperativas, en particular, y a los sectores populares y medios en general. Las políticas macroeconómicas de apertura de importaciones, aumento de tarifas de los servicios públicos y la disminución de los apoyos del estado a sectores desfavorecidos redundaron en la pérdida del poder adquisitivo del salario que impactó en una baja del consumo y, consecuentemente, de la producción, el aumento de la pobreza y la desigualdad social. A su vez, desde 2018, luego de una fuerte devaluación, se aceleró el proceso inflacionario.
En lo referido a las políticas públicas para el sector, si bien muchos programas continuaron, hubo recortes en los presupuestos, políticas más orientadas al asistencialismo y dificultades en la obtención de matrículas para nuevas cooperativas. En este sentido, se mantuvieron las ayudas sociales, con una mirada focalizada en la contención de los conflictos más que en la promoción del sector (Facultad Abierta, 2018). El Programa de Trabajo Autogestionado se desfinanció. Se pasó de la línea 1 que significaba un subsidio a la cooperativa para garantizar su continuidad para el colectivo de trabajadores al Salario Social Complementario establecido por la Ley de Emergencia Social que supone una transferencia individual fundada en una emergencia (Facultad Abierta, 2018; Hopp, 2017). De esta manera, la intervención estatal se traslada nuevamente a la esfera de la asistencia a la pobreza y deja de lado los debates en torno al trabajo como un medio de integración social (Hopp, 2013). Por otro lado, comenzaron a vetarse las leyes de expropiación, aumentaron los desalojos y se usó el aparato represivo en las ocupaciones de plantas o establecimientos (Rebón, 2022 y Facultad Abierta, 2018). Se bloquearon las iniciativas legislativas favorables al sector (Facultad Abierta, 2018).
El movimiento de empresas recuperadas resistió los embates planteando diversas estrategias: continuaron las tomas y ocupaciones[25], se formó una multisectorial contra los aumentos de tarifas de servicios públicos[26] y se movilizaron contra las diferentes políticas del gobierno. Algunos agrupamientos llegaron a ocupar edificios públicos en reclamo por los aumentos desorbitantes de las tarifas de servicios fundamentalmente electricidad y gas[27].
En este período las recuperaciones
aumentaron de 367 en 2015 a 384 en 2018 aunque en cantidad de trabajadores
ocupados no se compensó la situación, que pasó de
16.000 a 15.500. Las causas de esta disminución en las dotaciones se deben a
múltiples factores, pero fundamentalmente a cierres de algunas empresas que no
soportaron la crisis económica, desalojos o ventas de terrenos (Facultad
Abierta, 2018). En este sentido, es importante aclarar que durante las crisis
las empresas recuperadas no ajustan sus plantillas de asociada/os mediante
despidos, aunque sucede que algunos dejan las empresas para buscar mejores
salarios o condiciones laborales más estables.
Desde 2019 el cambio de gobierno del Frente de Todos significó una esperanza para el sector, muchos activista y dirigentes del Movimiento ocuparon lugares importantes en ministerios, institutos, programas y proyectos destinados a las empresas recuperadas.
Sin embargo, la pandemia del COVID 19 significó un retroceso, especialmente para aquellas empresas que no brindaban servicios esenciales. En un estudio que analizó diez empresas recuperadas consolidadas[28] para conocer el impacto de la pandemia de COVID 19 los resultados indicaron que, si bien fueron años difíciles sumados a los cuatro anteriores de deterioro, las empresas lograron sostener los niveles de empleo y de retiro de excedentes. En este sentido, el estudio concluye que, como producto la crisis del COVID 19, las empresas recuperadas no ajustan por empleo, lo conservar e intentan generar nuevos. Asimismo, algunas han logrado amortiguar los efectos de las crisis mediante una combinación de lógicas innovadoras y solidarias (Bauni y Echave, 2020).
Paralelamente se retomaron las políticas orientadas en favor de las cooperativas, se votaron leyes que impidieron desalojos, y las políticas de represivas hacia el sector, y en consonancia la conflictividad fue en declive. Durante 2022 y 2023, sumadas la crisis inflacionaria y cierta disminución de la protesta y aplacamiento de las demandas de los movimientos de empresas recuperadas, se produjo una disminución en las recuperaciones que no logra revertirse.
Como decíamos anteriormente, los diversos agrupamientos de las empresas recuperadas han consolidado la fragmentación interna: existen federaciones, confederaciones y movimientos. El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) fue el primero de los grupos representativos de las empresas recuperadas, introdujeron el slogan “Ocupar, resistir y producir”, reivindicando el componente fundamentalmente obrero en sus reclamos (Vuotto, 2011). Luego de una primera ruptura del MNER, surgió el Movimiento Nacional de Fabricas Recuperadas por sus Trabajadores (MNFRT). Dentro de la Central de Trabajo Argentinos (CTA) se encuentra la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados (ANTA). A su vez, existe la Federación Autogestión, Cooperativismo, Trabajo (ACTRA), surgida en 2016 con fuerte presencia en la región central del país, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA). Hay representaciones territoriales: la Federación de Cooperativas de Ciudad de Buenos Aires (FEDECABA)[29], la Mesa de Empresas Recuperadas de Mendoza entre otras. La Federación de Cooperativas de Trabajo (FECOOTRA)[30] que agrupa a gran parte de las empresas recuperadas de la provincia de Buenos Aires. FETRAES la Federación de trabajadores de la economía social. En 2015 se creó la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociado (CONARCCOP)[31] incluye 11 federaciones de todo el país. A su vez, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT)[32] una organización gremial de tercer grado que agrupa a más de 30 federaciones de todo el país. En los últimos años surgió el Grupo de empresas sociales y trabajadores autogestionados de la República Argentina Gestara[33] que toma el formato de una cámara con perspectiva gremial empresarial.
Existen relaciones fluidas entre los distintos nucleamientos y sus cuadros dirigentes o promotores que permiten plantear que ante una posible futura embestida sobre el sector se retomarían los reclamos y demandas de modo colectivo. Los vínculos que cada empresa recuperada establece constituyen soportes claves para la intercooperación que posibilita el intercambio de experiencias, abren oportunidades de comercialización y establecen relaciones con los gobiernos y agencias estatales de los diversos territorios y sectores. Sin embargo, la fragmentación frente a un gobierno favorable dificulta la articulación para plantear, reclamar y luchar por políticas públicas porque el internismo y la consecución de intereses individuales prima sobre lo general. En este sentido, lo más preocupante es la ausencia de un régimen de protección del trabajo para el sector[34]. La aparente contradicción entre articulación y fragmentación se produce en función de la afinidad de los gobiernos y las políticas públicas dirigidas al sector, cuando estas son afines aumenta la fragmentación porque los agrupamientos compiten por los mismos recursos, cuando la situación es adversa se multiplica la articulación y y las demandas logran unificarse.
La fragmentación a la que aludimos se debe a diversas cuestiones entre las cuales se destacan las características personales de sus dirigentes, algunas diferencias político-ideológicas, la instalación cultural del proceso y/o las dificultades para mantener el estado de movilización cuando lo más importante es la producción. Durante los gobiernos peronista (2003- 2015 y 2019- 2023) la institucionalización parcial del fenómeno dio lugar al acercamiento de las empresas recuperadas a diferentes organizaciones, así como a una mayor capacidad de llegada e incidencia a los funcionarios públicos (Kasparian, 2017).
Luego de más de 20 años de las primeras recuperaciones, si bien algunas empresas recuperadas no han podido continuar, la mayor parte se sostiene. Son más de 400 (Ruggeri y Martínez, 2020) a lo largo del país con presencia en la mayoría de las provincias. Una caracterización del fenómeno permite observar que persisten el perfil industrial (75%), con menos de un tercio de las empresas que pertenecen al sector servicios, la mayor parte fueron recuperadas en el período posterior al 2004, aunque un número considerable de las recuperadas surgieron en período de la crisis (2001- 2003) (Facultad Abierta, 2019).
Con respecto a las regiones se sostiene una sobrerrepresentación de las empresas ubicadas en área metropolitana con presencia fuerte de la región central del país, donde además se concentran la zona de producción industrial. En lo referido al tamaño hay una gran mayoría de empresas pequeñas de entre 5 y 50 asociada/os que supera el 70% del total (Facultad Abierta, 2019).
En lo referido a la caracterización del objeto de estudio, Wright (2015) plantea la idea de transformación intersticial, que hace referencia a experiencias que surgen en los márgenes de la sociedad y representan trincheras políticas, organizativas y sociales de resistencia al neoliberalismo. El movimiento social de empresas recuperadas demuestra ser un laboratorio de experimentación de situaciones imprevistas donde se llevan adelante una serie de estrategias, técnicas y modalidades de gestión alternativas de trabajo, democracia y autogestión.
Suponen cambios a nivel de las unidades productivas en mayor medida que cambios a nivel del sistema social (Rebón, 2017) y configuran formas hibridas, es decir, ya no configuran formas de explotación capitalista, creando nuevas formas de asociatividad, pero que siguen perteneciendo y dependiendo del mercado (Dicapua, 2006). Constituyen una forma de producción asociada mercantil de la/os trabajadora/es, que parte de la reconversión de una empresa, donde se da una predominancia de su poder social en la medida en que el colectivo de trabajadora/es es propietario de la unidad productiva, pero esto se ve tensionado en su articulación con el mercado capitalista ya que requiere del intercambio en su reproducción (Kasparian y Rebón, 2018). Por último, se observan limitaciones en esa apropiación social en la medida en que algunas empresas recuperadas no han alcanzado la resolución legal de esa posesión (Kasparian, 2017).
Impactos del Movimiento Social de Empresas Recuperadas: producir sociedad
Si se mide el impacto del movimiento en función de sus demandas iniciales podríamos aseverar que han logrado evitar la mayor parte del cierre de empresas que se tomaron (los índices de mortandad son bajos[35]), consiguieron niveles de producción que permiten reproducir la vida defendiendo los puestos de trabajo y en algunos casos ampliarse, consolidarse e incluso innovar.
Algunas empresas emblemáticas no han logrado sobrevivir y, esto tuvo un impacto simbólico, pero son los problemas judiciales, las sucesivas crisis económicas y algunos de índole interpersonales los que obturan el desarrollo de esos procesos. Existen otras experiencias que continúan con dificultades económicas en esos casos, sus niveles de producción no suponen la consolidación del modelo. Mientras que muchas han logrado sostenerse crecer y crear una forma alternativa de gestión que resulta exitosa en el marco de una economía compleja.
Como plantea Pleyers (2018) reducir los movimientos sociales a sus impactos en la política institucional o al ámbito electoral es un sesgo epistemológico problemático que impide entender su naturaleza y logros.
Una encuesta representativa realizada en 2015 concluyó que las cooperativas tenían una valoración positiva en la sociedad debido a que eran percibidas como formas de defender los puestos de trabajo vulnerados o de brindar trabajo a quienes se localizan en el campo de la exclusión social (Kasparian y Rebón, 2015). En este sentido, el movimiento de empresas recuperadas es un productor de significado (Pleyers, 2018) positivos en términos de representaciones sociales. Se puede decir que el conflicto de las recuperaciones produjo un cambio social de amplia magnitud, dentro del sistema capitalista. En el mismo sentido, otra encuesta que indagó sobre la valoración que la sociedad argentina tiene sobre las cooperativas y mutuales concluyó que el sector cooperativo se encuentra en tercer lugar en la consideración de entidades con mejor imagen de la Argentina (en primer lugar, aparecen las pequeñas empresas y en segundo las grandes empresas) (ANSOL, 2023).
En cuanto a los logros políticos han alcanzado el reconocimiento del tema en la agenda, se han planteado diversas políticas públicas dirigidas al sector en diferentes niveles estatales e interministeriales, se ejecutaron leyes, con diversos impactos como la previamente citada modificación de la ley de quiebras o las leyes de emergencia económica en la pandemia que suspendieron los procesos judiciales y desalojos. A su vez, se presentó en comisiones parlamentarias el proyecto de Ley de Empresas Recuperadas (2020) dirigido a que cualquier unidad productiva en estado de cesación de pagos, cierre del establecimiento, abandono de sus titulares, desmantelamiento, vaciamiento o disolución de la sociedad que pueda ser expropiada y cedida a favor de los trabajadores conformados en cooperativas, propone que la base del valor de la indemnización se determine por el remate de los bienes, y plantea que sean declaradas de utilidad pública y se ceda en comodato por parte del Ejecutivo Nacional de los inmuebles expropiados en beneficio de las cooperativas.
El gobierno nacional de Alberto Fernández y Cristina Fernández (2018-2023) le ha dado importancia al tema y cuenta entre sus funcionarios con muchos de los promotores provenientes del movimiento de empresas recuperadas en diferentes dependencias. Ejemplos de esto son la creación de la Dirección de Empresas Recuperadas en el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto de Economía Social y Solidaria que en un inicio pasó a depender del Ministerio de Desarrollo Económico y finalmente quedó bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. A su vez, en los estados provinciales y municipales se han activado una serie de políticas públicas destinadas a cooperativas, empresas recuperadas, ferias de la economía popular, entre otros.
Ahora bien, más allá de que aún no es tiempo de hacer evaluaciones definitivas sobre el impacto de las políticas del gobierno del Frente de Todos (2019-2023) resulta llamativa la ausencia de una política unificada, la fragmentación de los instrumentos y cierta mezquindad del trabajo uno a uno con aquellos que apoyan a las recuperadas sólo en función del sector al que pertenecen. Las políticas públicas diseñadas antes, durante y después de la pandemia constituyen ayudas fundamentales para el sector, sin embargo, no logran equipar los beneficios a los que acceden las empresas lucrativas y no permiten solucionar los problemas más acuciantes referidos a lo judicial, la infraestructura, las maquinarias y el acceso al financiamiento, y/o a los derechos laborales, entre otros.
Consideraciones finales
El movimiento de empresas recuperadas posee casi la totalidad de los componentes requeridos para conformar un movimiento social: se inicia como un proceso conflictivo entre ex -propietarios (que abandonan o cierran sus fábricas) y trabajadores. Estos últimos en tanto desposeídos, se movilizan, accionan colectivamente y proponen como contraproyecto la recuperación de las fábricas transformadas en cooperativas. Consolidan una estrategia con un repertorio de protesta variado y efectivo contra los diversos actores a los que se enfrentan. A partir de 2001 se inicia un ciclo de protesta en ascenso que tiende a consolidar una serie de tácticas de lucha y de prácticas de innovación social que se instalan en la caja de herramientas de la clase obrera.
Al mismo tiempo resulta necesario aclarar que los movimientos sociales y la construcción de identidades colectivas no deben considerarse como un hecho unitario, sino como un proceso en continuo desarrollo y negociación. En este sentido, el movimiento de empresas recuperadas no es únicamente resultado de las condiciones estructurales del capitalismo en la Argentina ni una agregación de respuestas individuales ante el peligro de la pérdida del trabajo, tampoco constituye un actor homogéneo dado que sus niveles de integración, orígenes e impacto son muy variados. Ahora bien, pensando en términos de procesos, se trata de un fenómeno colectivo, en construcción, integrado por múltiples acciones de confrontación con el orden social y con capacidad de transformación. Configura una alternativa teniendo en cuenta que la toma de fábricas supone, en parte, un cuestionamiento al sistema capitalista e implica un cambio ya que apunta a la resignificación de la vivencia de trabajadora/es asalariada/os desde una dimensión simbólica y cultural.
Dentro de las múltiples teorías que abordan los movimientos sociales, el de recuperadas se inscribe entre aquellos que luchan por la supervivencia, al mismo tiempo que se plantean como una forma de resistencia al modelo neoliberal. Esbozan una demanda que alude a un derecho básico como el del trabajo y la respuesta supone a su vez una reinvención, la resistencia al desalojo y cierre de la fábrica, a la desafiliación social, implica repensar colectivamente un derecho en cuestión. Al igual que el movimiento piquetero una demanda que puede ser percibida individualmente -como el despido- se transforma en colectiva cuando se construye el límite subjetivo de la desocupación para accionar en forma conjunta. Su carácter defensivo dificulta en muchas ocasiones la expansión del movimiento, como se observó en las etapas del ciclo de crecimiento, el movimiento pierde virulencia y las demandas se resuelven individualmente. En los momentos de políticas más regresivas se retoma la unidad y regresan al espacio público para exigir, demandar y visibilizar su descontento y así se reconstruyen como movimiento.
En términos subjetivos los trabajadores tuvieron que aprender, formarse y constituirse como un nuevo sujeto en la práctica: de asalariada/os a asociada/os, de trabajadora/es manuales a gestores de su propia empresa, de delegada/os a consejera/os de la cooperativa. Sin embargo, los impactos subjetivos del movimiento y la reconstrucción de identidades no se dan igual para toda/os la/os que participan, el pasado asalariado sigue determinando un sujeto al que aún se le adeudan derechos, es en este camino por donde se perfilan las nuevas luchas: protección social, equidad y ampliación de las dotaciones de trabajadora/es.
Otra de las características que lo constituyen como un movimiento social es la estrecha y fuerte relación que establecieron con otros actores aliados: vecina/os, otras cooperativas como las de consumo, o la instalación de espacios de uso comunitario en la propia fábrica. Ese enraizamiento con el entorno simboliza las alianzas a largo plazo del movimiento, los protegen y cobijan.
En cuanto a los precipitantes del conflicto, es decir, aquellos sucesos que originaron la ocupación de fábricas, reflejamos la multicausalidad del fenómeno. En primer lugar, la toma y ocupación de fábricas, como parte de los repertorios de acción presentes en la caja de herramientas del movimiento obrero argentino, en el conocimiento de algunos dirigentes; además, la situación que se vislumbró a partir de los noventa resumida en apertura de la economía, privatización y desregulación cuyos efectos se percibieron rápidamente con el aumento del desempleo, la precariedad laboral y la desigualdad. Finalmente, la extensión de la crisis de 2001 en la Argentina posibilitó el florecimiento de un movimiento con características impensadas previamente: ocupación de empresas a lo largo de todo el país, expropiación de esas unidades avaladas por la justicia y el poder legislativo y más tarde, el aumento numérico del sector convertido en cooperativas de trabajo y el desarrollo de procesos autogestivos innovadores.
La segunda etapa caracterizada por la institucionalización proveyó las características singulares del movimiento. Su carácter defensivo, un repertorio de acciones de protesta en torno al territorio de la fábrica en custodia de las máquinas y los edificios, de rubros diversos que incluyen desde escuelas hasta metalúrgicas y que se encuentra en casi todo el territorio argentino. Entre los actores sociales que intervienen se encuentran la/os trabajadora/es antes asalariada/os y ahora asociada/os, los cuadros promotores, grupos de apoyo y simpatizantes (asambleas, vecina/os, etc.). Se enfrentan a dueños de fábricas en demanda de indemnizaciones y salarios caídos y a la justicia por las quiebras o procesos de vaciamientos previos, a las autoridades públicas por la propiedad y las deudas, y en contextos de ofensiva para detener sus políticas o mitigarlas. El movimiento no plantea un cambio global, como tampoco aspira a tomar el poder o movilizar mayorías, sino que actúa en función de una estructura de oportunidades políticas que le permitió y permite reinventarse como trabajadora/es.
El tercer período es el del repliegue de las políticas favorables, entre 2015 y 2019, más adelante la pandemia del COVID 19 y la inflación acelerada posterior. Las empresas sobreviven a una situación económica endeble que caotiza la vida cotidiana mientras que los procesos judiciales tienden a complicarse en favor de los ex empresarios. La dinámica que se establece en este último ciclo hace peligrar su carácter de movimiento social, ya que con la estabilización del movimiento disipa su carácter rupturista. De esta manera, sucede que en contextos de políticas favorables aumenta la disputa por los recursos estatales, y entonces la fragmentación, siendo cada vez más difícil confluir en demandas unificadas porque las problemáticas tienden a ser percibidas aisladamente.
La idea de transformación intersticial como estrategia no prestablecida de resistencia al neoliberalismo, resulta fecunda para el análisis del movimiento social de empresas recuperadas; configura un modelo en proceso de prácticas de innovación social donde prima la autogestión, la democracia y diversas modalidades de gestión alternativas de trabajo.
En lo atinente a los resultados el fenómeno se ha instalado en la caja de herramientas de la clase trabajadora en general y su peso simbólico concita apoyos en amplios sectores de la población por su carácter obrero. Tres cuestiones quedan aún pendientes en la agenda desde el movimiento social de las empresas recuperadas. Por un lado, la posibilidad de igualar las protecciones sociales de la/os trabajadora/es asociada/os a las de la/os asalariada/os, cuestión que probablemente no sea resuelta por el estado. En segundo lugar, el despliegue del potencial productivo de las empresas para lo cual es necesario el acceso al financiamiento estatal y privado y, por último, la ampliación del proceso con la inclusión de más trabajadora/es asociada/os expandiendo las fronteras de la propia fábrica al replantearse un modelo integral autogestivo de trabajo y producción.
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