Vaca Muerta de
Exportación: Conflictos y resistencias en el avance de la frontera extractiva
en Río Negro[1]
Vaca Muerta for Export: Conflicts and resistance
in the advance of the extractive frontier in Río Negro
Paulo Eduardo Duquelsky[2] y Alan David Rocha Varsanyi[3]
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons
Atribución-NoComercial-No hay restricciones adicionales 4.0 (CC BY-NC 4.0)
Resumen
En el norte de la Patagonia
argentina, la expansión de la frontera extractiva mediante el oleoducto Vaca
Muerta Oil Sur (VMOS) y un puerto petrolero en Punta Colorada ha generado
conflictos sociales y ambientales. Estos proyectos buscan conectar la
producción de hidrocarburos no convencionales (HNC) con mercados
internacionales, intensificando el modelo extractivista en Argentina, en un
contexto de crisis económica y demanda energética global.
El artículo analiza este
conflicto desde una perspectiva diacrónica y crítica. En los años 90, una
amplia coalición social logró la sanción de la Ley 3.308, que protegía el Golfo
San Matías de actividades petroleras. Sin embargo, su derogación en 2022
reactivó las resistencias, lideradas ahora por asambleas socioambientales,
organizaciones indígenas y movimientos sociales. Estas denuncian los impactos
ambientales y culturales del fracking y la afectación de actividades como la
pesca y el turismo.
La Audiencia Pública de 2023 en Sierra Grande marcó un punto álgido, con
exclusión de voces críticas y tensiones entre sectores pro-extractivistas y
ambientalistas. Mientras gobiernos y empresas impulsan el proyecto bajo
promesas de desarrollo y empleo, las resistencias plantean una visión integral
que conecta los impactos locales con las dinámicas globales del extractivismo.
El conflicto por Vaca Muerta
refleja las tensiones que se producen por el desarrollo económico basado en la
explotación de energías extremas como los HNC y las resistencias que cuestionan
los costos sociales y ecológicos del modelo y proponen alternativas.
Palabras
clave: Vaca Muerta, Extractivismo, Conflicto Socioambiental, Patagonia
Norte, Fracking.
Abstract
In northern Argentine
Patagonia, the expansion of the extractive frontier through the Vaca Muerta Oil
Sur (VMOS) pipeline and an oil port in Punta Colorada has generated social and
environmental conflicts. These projects seek to connect the production of unconventional
hydrocarbons (HNC) with international markets, intensifying the extractivist
model in Argentina, in a context of economic crisis and global energy demand.
The article analyzes this
conflict from a diachronic and critical perspective. In the 90s, a broad social
coalition achieved the sanction of Law 3,308, which protected the San Matías
Gulf from oil activities. However, its repeal in 2022 reactivated resistance,
now led by socio-environmental assemblies, indigenous organizations and social
movements. These denounce the environmental and cultural impacts of fracking
and the impact on activities such as fishing and tourism.
The 2023 public hearing in
Sierra Grande marked a high point, with the exclusion of critical voices and
tensions between pro-extractivist and environmentalist sectors. While
governments and companies promote the project under promises of development and
employment, the resistance proposes a comprehensive vision that connects local
impacts with the global dynamics of extractivism.
The conflict over Vaca
Muerta reflects the tensions that are produced by economic development based on
the exploitation of extreme energies such as HNC and the resistance that
questions the social and ecological costs of the model and proposes alternatives.
Keywords: Vaca Muerta, Extractivism,
Socio-environmental Conflict, Northern Patagonia, Fracking.
Introducción
En el sur del mundo, pero al norte de la
Patagonia argentina, se desata un conflicto por la instalación de un oleoducto
y un puerto petrolero que va desde el corazón de Vaca Muerta, una de las
mayores formaciones de petróleo y gas no convencional del mundo, hasta la costa
atlántica rionegrina. Asambleas socioambientales, organizaciones indígenas,
ONGs, movimientos sociales y algunos sindicatos protestan en contra de la
ampliación de la frontera extractiva hacia nuevos territorios y denuncian los
impactos que la actividad petrolera tiene y ha tenido sobre las comunidades, el
ambiente y la biodiversidad. En paralelo las empresas y los gobiernos avanzan
para garantizar una salida exportadora a los hidrocarburos no convencionales
(HNC), obtenidos mediante la técnica de “fracking”. En el medio, otros
sindicatos y trabajadores desocupades depositan sus expectativas en el último
proyecto extractivo, que promete esta vez sí, y de una vez por todas, traer el
tan ansiado desarrollo.
El presente artículo analiza, desde una
perspectiva diacrónica y crítica, el conflicto asociado al avance del oleoducto
Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y el puerto petrolero de Punta Colorada que se
desarrolla en el marco del Megaproyecto Vaca Muerta. En los años 90, una amplia
coalición social logró la sanción de la Ley 3.308, que protegía el Golfo San
Matías de actividades petroleras. Sin embargo, su derogación en 2022 reactivó
las resistencias, lideradas ahora por asambleas socioambientales,
organizaciones indígenas y movimientos sociales. Estas denuncian los impactos
ambientales y culturales del fracking y la afectación de actividades como la
pesca y el turismo.
La Audiencia Pública (A.P.)[4]
de 2023 en Sierra Grande marcó un punto álgido, con exclusión de voces críticas
y tensiones entre sectores pro-extractivistas y ambientalistas. Mientras
gobiernos y empresas impulsan el proyecto bajo promesas de desarrollo y empleo,
las resistencias plantean una visión integral que conecta los impactos locales
con las dinámicas globales del extractivismo (Cabrera Christiansen y (AUTOR/A
2), 2024).
En este sentido, organizamos el artículo en
cuatro apartados. En el primero hacemos un recorrido por las categorías
conceptuales que guiaron la investigación. Allí destacamos las nociones de
metabolismo social e imperialismo ecológico en tanto nos permiten comprender la
dinámica de explotación y ampliación del Megaproyecto Vaca Muerta en el marco
de un proceso capitalista global cada vez más energívoro, y su conexión con los
conflictos ecológico-distributivos en lo local.
En el segundo apartado caracterizamos el
Megaproyecto Vaca Muerta destacando el rol de YPF y del gobierno de Río Negro
(R.N.) en la promoción de los HNC. Analizamos cómo esta región se convierte en
un nodo clave para la infraestructura exportadora, redefiniendo su dinámica
productiva y territorial.
En el tercer apartado del artículo
presentamos el análisis del caso que reconstruimos a partir de entrevistas,
comunicados de prensa, documentos oficiales, artículos periodísticos,
declaraciones públicas y observaciones participantes realizadas en las
Asambleas del Curru Leufu. Se realiza un recorrido histórico del conflicto
desde el proceso que culminó con la sanción de la Ley 3.308 en 1999 hasta su
derogación en 2022, y las tensiones actuales que generan el avance del proyecto
VMOS en el que recuperamos las posturas de los sectores en disputa.
En el cuarto y último apartado presentamos
los principales aportes del trabajo que incluyen la caracterización del
movimiento ambientalista de la década de 1990 y en la actualidad, con sus
continuidades y rupturas, así como las modificaciones en sus demandas y su
repertorio de acción. A su vez, identificamos las estrategias políticas de las
empresas y el Estado para garantizar el avance del proyecto y reflexionamos
sobre el consenso entre diferentes sectores políticos sobre Vaca Muerta.
El
crecimiento ilimitado en un mundo de recursos limitados
Según Martínez Allier (2015),
los conflictos socioambientales están vinculados al aumento del metabolismo
social dentro del capitalismo como sistema global. Este concepto, según
Infante-Amate, de Molina y Toledo (2017), se inspira en la noción biológica de
metabolismo, que refiere a los procesos físicos y químicos que transforman y
utilizan energía, adaptado para describir dinámicas colectivas. El metabolismo social aborda cómo
colectivamente las sociedades se “organizan para garantizar su subsistencia y
reproducción y extraen también materia y energía de la naturaleza por medio de
estructuras colectivas y artefactos, y excretan toda una gama de residuos o
desechos.” (Infante-Amate, de Molina & Toledo, 2017). El metabolismo social
puede ser definido entonces, como el modo en que las sociedades en distintos
momentos históricos y contextuales organizan el intercambio de energía y
materiales con el ambiente.
Esta noción, que puede rastrearse hasta el
propio Marx[5],
ha tenido distintos usos y acepciones, pero en líneas generales sirve como una
perspectiva de análisis de las relaciones de la sociedad con la naturaleza,
prestando especial atención a su base material (Infante-Amate, de Molina &
Toledo, 2017). Así, por ejemplo, permite analizar Vaca Muerta, no solo
atendiendo a los flujos de capital, sino ver en ese Megaproyecto, cómo se mueve
la materia. Es decir, analizar todos los factores materiales y ecológicos que
se ponen en juego en la producción de un barril de petróleo como el transporte
de arena o el uso de agua en contextos de crisis hídrica poniendo en evidencia
las externalidades enmascaradas por el mercado.
Pensar el metabolismo social en
el marco del capitalismo implica indagar en la apropiación desigual de materia
y energía. Nos referimos a las relaciones asimétricas entre las grandes
potencias industrializadas del Norte y los países del Sur, que ocupan el rol de
proveedores de materias primas en la división internacional del trabajo. Tal
como señalan Martínez Allier y O’Connor (1998) “La industrialización de las
“sociedades desarrolladas” del Norte fue posible, en parte, por las asimetrías
de la explotación colonial europea de materias primas y trabajo productivo de
territorios externos”[6]
(p.35). Es decir, que esta apropiación desigual, tiene asidero en un proceso
histórico vinculado con el imperialismo colonial.
Los
autores Clark y Foster (2012) llamaron la atención sobre este proceso al que
denominaron imperialismo ecológico a partir del caso de la exportación de guano
(un fertilizante natural) de Perú hacia Gran Bretaña en el siglo XIX. El guano
fue utilizado para fertilizar los campos británicos que no podían producir
alimentos al ritmo requerido por el capital para garantizar la reproducción de
la clase obrera en el marco de la revolución industrial. Es decir, Gran Bretaña
necesitaba sobrepasar sus límites ecológicos de regeneración del suelo (que
perdía nutrientes por su sobreexplotación en el campo) y para ello extrajo
desde el Sur Global, en este caso Perú, el guano, produciendo así una fractura
metabólica global desplazando territorialmente y reubicando sus impactos
ecológicos, sociales (la extracción implicaba mano de obra esclava y en
condiciones de extrema precariedad) e incluso políticos (disputas por la
apropiación de la renta exportadora en los países latinoamericanos) (Clark y
Foster, 2012).
Autores como Seoane (2012) y Svampa (2019),
vinculan a este proceso con el extractivismo y coinciden que se remonta a la
mal llamada “conquista de América”, donde toneladas de minerales
(principalmente oro y plata) fueron llevados en barcos a Europa. Este modelo
resurgió con el agroexportador de finales del siglo XIX y se intensificó en el
siglo XXI con el auge de los commodities. Este proceso implica la integración
subordinada de las economías periféricas al circuito global, profundizando la
mercantilización de la naturaleza y la dependencia, así como la subordinación
creciente de los pueblos y los territorios a las lógicas del capital. Aunque la
mayoría de los regímenes coloniales han sido erradicados, las lógicas del imperialismo
ecológico persisten.
El aumento del metabolismo social en el
marco de un sistema capitalista que consume cada vez más energía y materiales
en un mundo de recursos finitos y en un contexto de caída de las reservas de
los hidrocarburos convencionales, está llevando a las empresas y los estados a
inclinarse por la explotación de “energías extremas” (Scandizzo y Roa Avendaño,
2015). Estas consisten en el avance extractivo sobre nuevas formaciones de
difícil acceso. Para estas operaciones se utilizan paquetes tecnológicos
intensivos que implican mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales,
sanitarios y sociales además de una menor tasa de retorno energético, lo que
significa que se invierte mucha energía en la extracción en relación a lo que
se obtiene (Grosso, Di Ferdinando y OPSur, 2024).
La apuesta por estas energías extremas
tiene como objetivo, por un lado, sostener la demanda energética creciente y
por otro, mantener y ampliar los márgenes de ganancia de las empresas del
sector fósil. La maquinaria hidrocarburífera entonces, vuelca su atención hacia
“las formaciones sedimentarias compactas, los crudos pesados y extrapesados,
las arenas bituminosas e incluso la recuperación mejorada de hidrocarburos
mediante la aplicación de desarrollos biotecnológicos en pozos agotados”
(Scandizzo y Roa Avendaño, 2015, p. 5). También hacia los yacimientos en el
mar, lo que se conoce como explotaciones offshore cada vez más alejadas de las
costas, en aguas profundas.
La explotación de estas energías extremas,
en el caso de Vaca Muerta, se da en el marco de lo que se denomina como
“Megaproyecto” por una serie de cuestiones que tienen que ver con los altísimos
valores de inversión, el despliegue de recursos, la necesidad de construir
nueva infraestructura y el involucramiento de sectores empresariales y estatales.
Por lo peligroso de las técnicas, en general, también se necesita la
modificación de leyes que impiden o dificultan la explotación.
Tal como señalan Álvarez Mullally,
Arelovich, Cabrera y di Risio (2017), la noción de Megaproyecto se asemeja a la
de “proyecto a gran escala” por el “gigantismo” de la obra, los grandes montos
de inversión y la creación de economías de enclave en los lugares de
explotación. Sin embargo, Megaproyectos de HNC como Vaca Muerta se caracterizan
por tener límites mucho más difusos, ya que su extensión excede con creces el
ámbito de extracción. De hecho, “la amplitud geográfica supera en mucho los
30.000 km2 de la formación geológica y sólo en Argentina abarca seis provincias
en forma directa (Neuquén, Río Negro, Mendoza, Chubut, Buenos Aires y Entre
Ríos).” (Álvarez Mullally, et al., 2017, p. 8).
A su vez, a diferencia de los proyectos a
gran escala, los Megaproyectos se emplazan en territorios donde colisionan con
otras actividades productivas. Como Vaca Muerta en la región del Alto Valle de
Río Negro y Neuquén, en donde la extracción de HNC y la fruticultura han dado
muestras de incompatibilidad y de un desplazamiento de la segunda (Álvarez
Mullally, 2017; Álvaro et al., 2018).
Esta, es una característica inherente a los Megaproyectos que según Roa
Avendaño y Scandizzo (2017) implican “desplazamientos de población,
desaparición de saberes y culturas, así como también la muerte de economías
locales y regionales” (p. 6).
Cabe destacar, que estos procesos no se dan
de forma inevitable y homogénea, sino que los contornos del metabolismo social
y las dinámicas de sus flujos se terminan de definir en los procesos sociales
concretos situados en contextos específicos. De esta forma, las luchas, los
actores sociales, los marcos de cada una de estas disputas que se despliegan en
el derrotero histórico son por un lado producto de las dinámicas del
metabolismo social que las enmarca a la vez que son productoras de la forma
específica de ese flujo. En este sentido, el análisis busca, en un primer nivel
de naturaleza mayormente descriptiva, reconocer las especificidades del
conflicto por el VMOS, pero contextualizando este proceso en las dinámicas del
Megaproyecto Vaca Muerta a nivel regional, y, a nivel global, en el marco de un
metabolismo social caracterizado por la apropiación desigual de la energía.
La proliferación de Megaproyectos
energéticos en este contexto de aumento del metabolismo social, pero de caída
del petróleo convencional parece ser el escenario presente y futuro de los territorios
del Sur Global. Vaca Muerta, se transforma en un ejemplo paradigmático en el
continente ya que está atravesando un proceso de expansión y un viraje hacia la
exportación de crudo que amplía nuevamente su frontera extractiva. En el
siguiente apartado, nos centramos en caracterizar este Megaproyecto en
particular, su rol exportador y posteriormente, el conflicto que está generando
y que puede generar su expansión.
Vaca Muerta, en términos geológicos, es una
formación de 30 mil Km2 ubicada en el subsuelo de la Patagonia Norte. Ocupa
casi un tercio de la provincia de Neuquén, un 15% de Río Negro e incluye en
menor medida a Mendoza y la Pampa. Entendida como Megaproyecto, Vaca Muerta,
designa un proceso socioeconómico que incluye no solo otras formaciones
geológicas, sino también el paquete tecnológico del fracking y muchos
territorios e infraestructuras más allá de las zonas de extracción (Grosso, Di
Ferdinando y OPSur, 2024).
Desde 2011 este Megaproyecto ocupa un lugar
destacado en el debate energético argentino. La explotación de esta formación
de HNC ha despertado anhelos y ambiciones de sectores políticos y económicos de
diversa procedencia. En un informe del 2013 de la U.S. Energy Information Administration afirmaba, “Argentina tiene
un potencial de shale gas y shale oil de clase mundial - posiblemente el más
prospectivo fuera de Norte América- principalmente en la cuenca neuquina”[7].
En comunicaciones subsecuentes (2015) este ente ha ratificado dichas
proyecciones que encuentran un correlato en la continua expansión de Vaca
Muerta.
Actualmente, la extracción en Vaca Muerta
compensa la caída de la producción de hidrocarburos convencionales en
Argentina. En junio de 2024, este proyecto representó el 57% del petróleo y el
65% del gas del país, consolidándose como la principal formación
hidrocarburífera. En septiembre de 2024, Neuquén alcanzó un récord histórico
con 446.890 barriles diarios, un aumento interanual del 32,98%.
Este
aumento de la producción se volcó al exterior como se observa en el informe de
Intercambio Comercial Argentino (ICA)[8] en el que
se registra una variación interanual de 52,4% en las exportaciones de petróleo
crudo. En paralelo disminuye la brecha entre el precio interno y el precio
internacional del petróleo. De esta forma, se profundiza una orientación
exportadora que ya se exhibía en 2023 (EJES, 2024). Los aceites crudos de
petróleo son hoy el tercer producto de exportación más importante de Argentina
en millones de dólares representando un 6,8%.
El sector hidrocarburífero muestra una
sólida autonomía frente a la recesión económica nacional, favorecida por su
vinculación con mercados internacionales. Estos niveles de producción sustentan
las proyecciones del sector que prevén un salto que aún no se concreta
cabalmente. El crecimiento acelerado proyectado para el corto y mediano plazo
requiere grandes inversiones en infraestructura para superar las limitaciones
de evacuación, lo que ampliaría la extensión de Vaca Muerta hacia nuevos
territorios.
En este contexto YPF, “principal operadora
del sector y coordinadora del conjunto de compañías” (Álvarez Mullaly, et al.
2017) en febrero de 2024 presentó el plan 4X4, una iniciativa de Horacio Marín[9],
su actual presidente. Este plan se basa en:
1. Priorizar
Vaca Muerta y acelerar la producción de HNC para obtener altas tasas de retorno
y resiliencia frente a precios bajos.
2. Desinvertir
en activos convencionales, vendiendo áreas maduras de producción en varias
provincias.
3. Mejorar
la eficiencia en exploración, producción, refinación y comercialización.
4. Agilizar
proyectos de Gas Natural Licuado (GNL) para diversificar ingresos y posicionar
a Argentina como exportador de hidrocarburos.
Este plan según comunicaciones de la
empresa “apunta a cuadriplicar el valor de YPF en los próximos 4 años”[10].
Para ello se proyecta avanzar en un proceso orientado a la exportación que
habilitaría, según las proyecciones de los ejecutivos de YPF realizadas en
diversas actividades y charlas públicas, convertir a Vaca Muerta en un
generador estructural de flujo positivo de divisas al exportar por el valor de
30.000 millones de dólares para 2030. Un esquivo anhelo que se persigue desde
hace más de una década.
Uno de los atractivos con los que Vaca
Muerta, en sus inicios, intentaba captar inversiones y destacarse frente a
otras formaciones era que al asentarse en una región con historia petrolera
estaba disponible una nutrida infraestructura hidrocarburífera ya instalada.
Sin embargo, a fines de 2022 las rutas de evacuación de crudo de la cuenca
neuquina llegaron a su techo inaugurando un cuello de botella que aún no se
resuelve[11].
En este sentido YPF planteó una estrategia de debottlenecking, es decir de eliminación de los cuellos de botella
abriendo vías de evacuación hacía el Pacífico y el Atlántico. Esto se configura
en torno a una serie de proyectos de infraestructura entre los que se destacan
la rehabilitación del oleoducto trasandino, el proyecto duplicar de Oldelval,
la construcción del Vaca Muerta Oil Sur aquí analizada y los proyectos de GNL
en la costa rionegrina.
Río Negro como puerta de entrada y de salida de Vaca Muerta
En este contexto Río Negro pasa a tener un
rol de mayor importancia, ya que los tres principales proyectos de
infraestructura de transporte la atraviesan. Si bien una porción de su territorio
es parte de la formación geológica no convencional, la provincia durante estos
más de 10 años no ha definido un perfil claro respecto a su inserción en el
Megaproyecto. Sus cifras de producción son ínfimas[12]
comparadas con las de su contraparte neuquina y no han sido suficientes para
asentar los pilares de una provincia productora. Sin embargo, en este nuevo
marco el gobierno provincial esbozó los trazos de un plan que intenta atar a
Río Negro al salto de escala productiva que proyectan algunos sectores para los
próximos años.
“Nosotros somos la puerta de entrada y
salida de todo lo que sucede en la provincia de Neuquén (...) hay que empezar a
planificar la provincia de la misma manera que, uno está planificando, que las
empresas están planificando poder evacuar sea el petróleo sea el gas” Andrea
Confini, Secretaría de Energía y ambiente de RN[13]
Las autoridades provinciales han
manifestado públicamente la orientación de planificar una provincia en función
de las necesidades de producción y exportación de no convencionales. La
relación de Río Negro con Vaca Muerta para el gobierno provincial tiene tres
dimensiones centrales: la infraestructura de transporte y exportación, la
provisión de insumos y servicios y la producción.
La vocación exportadora y la necesidad de
infraestructura para transporte y evacuación otorgan a Río Negro un papel
central en el Megaproyecto, lo que ha generado definiciones político-económicas
que impactan en las dinámicas sociales y ecológicas de sus territorios. Una de
las zonas más afectadas será la región del Golfo San Matías, en la costa
atlántica, ubicada a menos de 100 kilómetros de la Península Valdés. Este área,
que alberga parques nacionales y zonas naturales protegidas con alta
biodiversidad, fue elegida para la instalación de la terminal de exportación
del proyecto Vaca Muerta Oil Sur y para iniciativas como "Argentina
GNL" de YPF, que podría convertirse en una de las mayores proyectos
exportadores de GNL de Latinoamérica.[14].
En este mismo Golfo, 35 km al sur de la
localidad de Las Grutas, se plantea la instalación de una unidad flotante de
licuefacción de gas natural (FLNG) capaz de producir 2,4 millones de toneladas
de GNL al año. El gas del Gasoducto General San Martin será transportado
mediante un ducto terrestre y uno submarino al buque licuefactor “Hilli
Episeyo”, donde será procesado y cargado en buques transportadores de GNL. Con
el rápido avance de este proyecto se abre una nueva etapa de la industria
hidrocarburífera argentina. De esta forma el Golfo San Matías se incorpora como
un nuevo territorio dentro de los márgenes de Vaca Muerta posiblemente
configurándose como una nueva “zona de sacrificio” (Lerner, 2012)[15].
El proyecto VMOS, una de las principales
iniciativas de YPF, busca solucionar las limitaciones actuales en el transporte
de crudo desde la cuenca Neuquina. Este plan comprende la construcción de un
oleoducto de aproximadamente 600 kilómetros, conectando Loma Campana, cerca de
Añelo, con el puerto de Punta Colorada en Río Negro, y culmina con una terminal
de exportación apta para buques de gran calado.
El oleoducto, con una capacidad operativa
de hasta 62.300 m3 diarios (392.000 barriles de crudo por día), promete
alcanzar su volumen máximo de manera progresiva. Podría expandirse a 800.000 barriles
diarios mediante la incorporación de tres estaciones de bombeo adicionales,
según destacó Marín, de YPF.
El trazado del oleoducto se divide en dos
tramos principales. El primero, de 127 kilómetros, une la planta de tratamiento
de crudo de Loma Campana con la Estación de Bombeo Allen y requiere una
inversión de 200 millones de dólares, hoy se encuentra en 50% de avance[16].
El segundo tramo, de 437 kilómetros, conecta Allen con Punta Colorada mediante
una cañería de acero de 30 pulgadas. Este segmento, que incluye el
soterramiento bajo el Río Negro y estaciones de bombeo, supone una inversión de
2.500 millones de dólares. Su construcción está prevista para iniciar en enero
de 2025[17]
y concluir en el primer cuatrimestre de 2028.
El proyecto contempla además una terminal
de exportación con dos monoboyas, ubicadas a 7 kilómetros mar adentro en el
Golfo San Matías, y un parque de almacenamiento. Esta infraestructura permitirá
cargar buques VLCC (Very Large Crude Carrier) en 48 horas, reduciendo los costos
logísticos. Este sistema implica la instalación de ductos y mangueras
submarinas y flotantes.
La selección de Punta Colorada como sede
para la terminal se fundamentó en una serie de criterios estratégicos. Entre
los factores evaluados se destacaron la proximidad a Vaca Muerta, condiciones
climáticas y de oleaje favorables, bajo tráfico marítimo y profundidad natural
de la zona costera, lo que facilita la operación de los grandes buques. Aunque
otras localidades como Quequén, Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia fueron
consideradas, Punta Colorada sobresalió por su combinación de ventajas
logísticas, a pesar de la limitada infraestructura existente y la sensibilidad
ambiental por su cercanía a zonas turísticas y áreas naturales protegidas.
El complejo en tierra abarcará 250
hectáreas e incluirá una terminal de almacenamiento compuesta por 20 tanques
con capacidad de hasta 1.000.000 m³ de crudo, lo que representa más de
6.000.000 de barriles. Esta infraestructura albergará también bombas de carga,
una sala de control, laboratorios y oficinas técnicas y administrativas. Se
proyecta que, una vez en funcionamiento, el VMOS alcance una capacidad de
exportación anual superior a los 150 millones de barriles de petróleo,
consolidando a Punta Colorada como el principal puerto de exportación de crudo
de Argentina y uno de los más destacados de Sudamérica, lo que generaría
significativas ventajas logísticas y comerciales para la industria
hidrocarburífera.
Este proyecto, sin embargo, no sólo genera
expectativas para el sector petrolero y parte de la sociedad, sino que también
despierta la resistencia de un sector de la comunidad que habita la región y
advierte de los riesgos socioambientales y las afectaciones a otras actividades
productivas de la zona, como la pesca y el turismo. En el siguiente apartado
nos proponemos caracterizar a esos actores que se oponen a la actividad y
reconstruir los principales nudos de este conflicto.
El
conflicto y las disputas por el Golfo San Matías.
Para
analizar el conflicto por el avance de Vaca Muerta hacia el Golfo San Matías en
la costa de Río Negro realizamos, en primer lugar, un proceso de observación
participante entre marzo y agosto de 2023 con la organización Asambleas del
Curru Leufu. En este período asistimos al 2° Encuentro Plurinacional por un Mar
Libre de Petroleras y al 5° Plenario de las Asambleas del Curru Leufu en Las
Grutas. En este mismo marco también concurrimos a la Audiencia Pública por el
proyecto VMOS que se realizó en Sierra Grande.
En
segundo lugar, realizamos cinco entrevistas semiestructuradas a integrantes de
distintas organizaciones, entre ellas, la Multisectorial por el Golfo San
Matías, la Asamblea por el Agua y la Tierra de Fiske Menuco, Las Asambleas del
Curru Leufu, el Observatorio Petrolero Sur y el Parlamento Mapuche-Tehuelche de
Río Negro. Las mismas se realizaron a partir de preguntas flexibles con un guion
inicial y repreguntas en base a las contestaciones de les entrevistades. Estes
fueron seleccionades a partir de la observación participante por su lugar de
relevancia en el conflicto y mediante la técnica “bola de nieve”.[18]
En
tercer y último lugar, también analizamos comunicados de prensa de las
Asambleas del Curru Leufu, de la empresa YPF y del gobierno de Río Negro,
documentos oficiales, artículos de prensa sobre el caso y declaraciones
públicas de les actores involucrades.
A partir de este proceso destacamos la AP[19]
que se realizó en agosto de 2023 en Sierra Grande, Río Negro, como el momento
de mayor tensión del conflicto. A su vez, distinguimos 2 antecedentes
fundamentales del caso vinculados a la ley provincial de Río Negro 3.308: Su
sanción en 1999 con gran apoyo popular y de distintos sectores de la provincia
que prohibía cualquier tipo de actividad petrolera en el Golfo San Matías y su
derogación en el año 2022, lo que habilitó la construcción del oleoducto y el
puerto petrolero.
Este apartado no busca resultados
concluyentes sobre el conflicto, sino caracterizar un proceso abierto y
complejo que articula múltiples dimensiones, temporalidades y actores. Para
ello, se abordan cuatro aspectos:[20]
Primero, la identificación de las demandas
políticas, reivindicativas y, en particular, las demandas
ecológico-distributivas que han construido y sostenido los movimientos de la
sociedad civil de Río Negro entorno a la relación entre industria
hidrocarburífera y costa atlántica. El movimiento social es una lógica política
caracterizada por la producción de una demanda que cuestiona algún aspecto del
orden social considerado injusto, a través de acciones colectivas no
constituidas formalmente, enmarcadas en procesos de reconocimiento,
identificación y organización sostenidos en el tiempo (Retamozo y Di Bastiano,
2017). En este sentido las demandas son un elemento clave para entender la
emergencia de los procesos de organización y acción colectiva.[21]
Segundo, el registro del repertorio de
acción colectiva del movimiento socioambiental de la región identificando sus
sentidos, orientación, frecuencia e intensidad. Encontramos en la forma de
protestar, “un conjunto limitado de rutinas que son aprendidas, compartidas y
ejercitadas mediante un proceso de selección relativamente deliberado” (Tilly,
2008) mediante las cuales grupos sociales formulan colectivamente reclamos al Estado.
Las formas en las que los colectivos reclaman en situaciones de la vida real
están históricamente condicionadas. Estos repertorios, culturalmente
codificados, son invariablemente más limitados que la totalidad de formas de
acción que hipotéticamente podrían desplegarse o que efectivamente en otras
circunstancias y tiempos históricos fueron desarrolladas (McAdam, Tarrow y
Tilly, 2004).[22]
De manera complementaria registramos
algunos de los mecanismos y dispositivos que despliegan el Estado y las empresas
en pos de avanzar en sus objetivos, específicamente aquellos que se despliegan
en el marco del conflicto por la instalación del Oleoducto.
Tercero y en ese mismo sentido,
caracterizamos la dinámica entre los actores, las formas de vinculación y la
construcción de sentidos asociados a cada uno. Buscamos reconocer cómo estas
interacciones generan estructuras de oportunidades políticas más favorables al
desarrollo del movimiento socioambiental o como por el contrario pueden generar
constricciones que tienen que afrontar. McAdam, McCarthy y Zald (1999) han
prestado especial atención a la interacción entre movimientos sociales
concretos y política institucionalizada buscando las dimensiones del entorno
político que ofrecen incentivos para la acción colectiva. En algunas instancias
del análisis estas condiciones de apertura y clausura parecen ser determinantes
en el derrotero del conflicto.
Cuarto y último, la historicidad del
proceso, para ello recuperamos, por un lado, la etapa de la sanción de la ley
3.308 desde mediados de la década de 1990 y, por otro lado, el proceso que
inicia en 2022 con la derogación de dicha ley y que continúa con la propuesta
de diversos proyectos destinados a la exportación de hidrocarburos en la
actualidad. De esta manera indagamos en un nivel interpretativo, de corte
sincrónico, que permite evidenciar en cada momento la simultaneidad y la
sobreposición de elementos. Esto lo complementamos con un segundo nivel de
corte diacrónico. Un análisis que al ubicarse en el plano de la articulación
diacrónica permite analizar lo procesual y realzar las continuidades y las
rupturas. Esta mirada en dos temporalidades permite reconocer algunas
continuidades, pero también cambios importantes tanto en el movimiento
socioambiental como en el Estado y las empresas.
La movilización popular y la sanción de la ley 3.308.
En 1995, durante el proceso de
privatización de YPF, la empresa planteó construir un oleoducto que conectara
el norte de Neuquén con San Antonio Este (SAE) en Río Negro. Este proyecto buscaba
transportar 200.000 barriles diarios desde Rincón de los Sauces, una zona de
creciente producción petrolera, hasta el Puerto de SAE para su exportación, con
una inversión estimada de 300 millones de dólares.
La propuesta generó un amplio rechazo social,
encabezado por vecinas y vecinos de SAE, San Antonio Oeste (SAO) y Las Grutas,
junto con organizaciones civiles, sectores académicos y empresarios turísticos.
Con el lema "No al Golfo Negro, Sí al Golfo Azul", la comunidad
articuló una demanda colectiva contra la explotación petrolera, destacando al
mar como un símbolo central de identidad y resistencia.
El mar se constituye en esta etapa como un
significante central del proceso que sirvió tanto para construir un colectivo
propio como para antagonizar con quienes promovieron el avance de los
proyectos. Esta centralidad del mar además hacía hincapié en una zona
geográfica delimitada, el Golfo San Matías.
Según cuenta RP, integrante de la
Multisectorial por el Golfo San Matías, residente de Las Grutas y quién fue
activista tanto en este primer avance del oleoducto como en el actual, el
rechazo en ese entonces al proyecto fue amplio e incluyó a diversos sectores de
la comunidad:
“La población de San Antonio Oeste (SAO) y
la incipiente del balneario Las Grutas volcó todo su esfuerzo en pos de la no
instalación del oleoducto. La comunidad científica de SAO a través del
Instituto de Biología Marina y Pesquera (IBMP) “Alte Storni”, institución de la
provincia de Río Negro y de la Universidad Nacional del Comahue, los
empresarios, los emprendedores turísticos, los agentes inmobiliarios, apoyaron
esa defensa. Las cámaras, los sindicatos, las asociaciones civiles, el
instituto de enseñanza de lengua inglesa “Cambridge”, la ONG “Fundación
Inalafquen”, las asociaciones eclesiásticas y los clubes, aunaron fuerzas.”
(Las Grutas, 10 de octubre de 2024).
El apoyo que recibió el rechazo a la
explotación petrolera en el Golfo se trasladó incluso a la legislatura y a
todos los sectores políticos de la provincia:
“Los partidos políticos en general también
lo hicieron a través de la participación de la legislatura, de sus
representantes en el senado de la nación y el gobierno de la provincia, sin
excepción, acompañó esta movida, de características únicas en la provincia, que
logró su cometido.” (RP, Las Grutas, 10 de octubre de 2024).
A pesar de que en ese momento no se
consideraban un “movimiento ambientalista” ni compartían una ideología común,
para RP fue fundamental reaccionar de forma conjunta “contra la idea de un
oleoducto y de la contaminación del golfo con hidrocarburos” (RP, Las Grutas,
10 de octubre de 2024). Para MC, vecina de Las Grutas, también tuvo que ver las
diferencias políticas entre la provincia, gobernada por el radicalismo con la
fórmula Massaccesi - Verani, y el gobierno nacional liderado por Carlos Menem,
del Partido Justicialista. Si bien en un principio la provincia acompañaba el
proyecto, el “aluvión de gente en contra” y la capacidad de movilización
popular, lograron que el ejecutivo provincial desista de la construcción del
oleoducto y se solidarice con el reclamo.[23]
Hay dos elementos que se constituyeron como
oportunidades políticas relevantes para favorecer tanto el desarrollo del
movimiento en defensa del golfo como para lograr en gran medida las demandas
planteadas. Por un lado, la construcción de una red de colectivos y actores de
la sociedad civil especialmente amplia. Esta involucró a espacios con diversos
grados de institucionalización, desde sectores empresariales hasta clubes de barrio
pasando por espacios académico-universitarios, sindicatos y asociaciones.
Por otro lado, las luchas internas entre
quienes poseían el ejercicio del poder del Estado en sus diversos niveles
habilitó una ventana de oportunidad particular. Específicamente la disputa
entre el gobierno provincial a cargo de Horacio Massaccesi de la UCR (1988-1991
y 1991-1995) y el gobierno nacional presidido por Carlos Menen del PJ
(1989-1995 y 1995-1999). De hecho, en las elecciones presidenciales de 1995
Massaccesi y Menem fueron ambos candidatos a presidente de la nación.
Posteriormente en el periodo 1995-1999
asumió el gobierno provincial el ex vicegobernador Pablo Verani, que también
formaba parte de la UCR. “Verani trataría de quitarse responsabilidades de los
grandes ajustes estatales de los años 1996, 1997, 1998, trasladando esa
responsabilidad al gobierno nacional y concretamente a Carlos Saúl Menem”
(Sartino, 2023, p. 83). De esta forma esta estructura de oportunidades que
emerge de la disputa entre el radicalismo provincial y el justicialismo a nivel
nacional se sostuvo, con matices, durante toda esta primera etapa analizada que
incluye desde el rechazo a los proyectos de exportación de hidrocarburos vía
costa rionegrina hasta la sanción de la ley provincial 3.308.
En 1995, activistas reunieron 21.000 firmas
contra el proyecto, entregándolas al presidente Menem en un acto público. Tras
esta acción, YPF desistió temporalmente de la iniciativa. Sin embargo, en 1999
resurgieron rumores sobre la reactivación del proyecto, lo que reanimó las
redes de movilización previas. La comunidad en movimiento volvió a revitalizar
la demanda por un “Golfo sin petroleras” y fue más allá al insistir en la
necesidad de plasmar en una ley esta defensa y lograr así un amparo legal sostenido
en el tiempo.[24]
A pesar de los 4 años transcurridos entre
1995, el inicio del proceso de resistencia a la instalación del oleoducto, y
1999, momento en que YPF reflota la iniciativa, las redes de interacción que se
habían forjado inicialmente rápidamente volvieron a emerger. No sólo
sostuvieron la demanda en defensa del Golfo, sino que tradujeron esa demanda
general en una demanda reivindicativa concreta, la sanción de una ley que
sostuviese en el tiempo la prohibición del avance de la frontera hidrocarburífera
en las costas rionegrinas. De esta forma en el mismo proceso y como respuesta a
las insistencias de YPF el movimiento demostró la capacidad de aprovechar las
oportunidades que ofrecía la fragmentación de los sectores que ejercían el
poder estatal provincial (UCR) y nacional (PJ) para re-configurar y lograr sus
demandas. Además, manifestaron la construcción de una red de interacción, de
demandas y de ciertos sentidos vinculados a la defensa del Golfo que se
sostuvieron en el tiempo.
Fue así, que en el 1999 a partir de la
presión popular y el rechazo generalizado a la explotación petrolera en el
Golfo, se sancionó por unanimidad la ley 3.308 en la Legislatura Provincial de
Río Negro. Esta ley prohibió, hasta su derogación en 2022, tal como señala su artículo
1, las tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera,
la construcción de oleoductos, gasoductos y terminales para los buques en el
Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino (Ley Provincial 3.308).
Una derogación a pedido de las petroleras
A principios de 2022, YPF hizo pública su
intención de avanzar con el proyecto VMOS. En un marco que se asemejaba al de
la década de 1990 por los récords de la producción y la necesidad de exportar
el crudo de forma rápida, pero que se diferencia en relación a los puntos de
extracción, el tipo de hidrocarburos, la distribución y las locaciones de la
nueva terminal petrolera, hoy proyectada en Punta Colorada.
La ley 3.308 que 25 años antes había sido
una expresión de una comunidad que buscaba proteger el territorio del Golfo,
ahora constituía un impedimento al avance del VMOS. Sectores ambientalistas y
medios denunciaron que YPF gestionó la derogación de esa ley con representantes
del legislativo provincial[25].
Según Diario AR, legisladores admitieron que fue YPF la que redactó el proyecto
de modificación de la Ley y que este les fue enviado la noche anterior para que
lo firmaran y se pudiera tratar en el recinto el 22 de agosto de 2022.
El nuevo proyecto fue tratado y votado en
tiempo récord el 25 de agosto de 2022 y promulgada como Ley N° 5594. El
proyecto en un lapso de solo 3 hs ingresó y se aprobó en tres comisiones. Dos
días más tarde se trató y aprobó en primera vuelta con 42 votos afirmativos, 1
negativo y sin abstenciones.[26]
Así se derogó el artículo 1 de la Ley 3.308
y se le otorgó a la provincia las facultades “de control y fiscalización del
transporte de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos por ductos, así como su
infraestructura de captación, acondicionamiento y tratamiento, almacenamiento y
terminales para la carga y descarga a los medios de transporte” (Ley Provincial
N° 5.594). Se allanó así el camino para la construcción del oleoducto y el
puerto petrolero y se eliminó el principal obstáculo normativo.
Distintas agrupaciones, como la Asamblea
Territorial de Las Grutas (colectivo que forma parte de las Asambleas del Curru
Leufu), la Multisectorial por el Golfo San Matías (una red de organizaciones
que posteriormente se configuró como asamblea socioambiental de Las Grutas, San
Antonio Oeste y San Antonio Este) se movilizaron hacia la legislatura para
pedir que no se derogue la Ley 3.308. Organizaciones indígenas como el
Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro y el Consejo de Desarrollo de
Comunidades Indígenas (CODECI) acompañaron el reclamo. Se denunció que se
violaban acuerdos constitucionales, no se respetaba la consulta previa, libre e
informada a las comunidades (a pesar de que el oleoducto atraviesa territorios
indígenas) y se avanzaba en una
regresión en materia ambiental.[27]
Según RP, la sanción de esta ley constituyó a su vez, una regresión
democrática: “nos cercenaron, en términos de ejercicio efectivo, los derechos
que tenemos como ciudadanos, de convertirnos en partícipes de la construcción
de la política ambiental de nuestro territorio” (RP, 16 de octubre de 2024)
En esta segunda etapa del proceso de
movilización social en defensa del Golfo San Matías y la ley 3.308 el abanico
de sectores sociales de la sociedad civil de las localidades de Las Grutas, SAO
y SAE que participan del reclamo se reduce. La acción política pasa a ser
dinamizada por redes militantes y activistas previamente organizadas y/o
movilizadas en torno a la temática socioambiental y de los pueblos originarios.
A diferencia de la década de 1990 las cámaras de comercio y turismo, los
sindicatos pesqueros y otros actores institucionales no formaron parte del
reclamo. En muchos casos apoyaron de forma directa o indirecta el proyecto y en
otros casos no se pronunciaron al respecto.
Algunas de las características que
presentan las organizaciones que encabezan el proceso de movilización en esta
etapa las diferencias del proceso anterior. Estas son; en primer lugar, que
tanto las Asambleas del Curru Leufu, como la Coordinadora del Parlamento
Mapuche - Tehuelche y otras organizaciones sociales que participaron
activamente tenían un desarrollo territorial más amplio. Hasta aquellas de
arraigo más local como la Multisectorial por el Golfo San Matías o la asamblea
de Las Grutas, por ejemplo, construyeron articulaciones con espacios de
referencia más extensos, en este caso con la red de Comunidades Costeras y con
las Asambleas del Curru Leufu.
En segundo lugar, la mayoría de los
colectivos que participaron eran espacios que venían sosteniendo distintos
grados de organización en torno a cuestiones ambientales y/o de pueblos
originarios. Los mismos se constituyeron tanto como espacios de debate y acción
política, como en redes militantes, algunes con experiencia en el proceso
anterior.
En tercer y último lugar, esta peculiaridad
vinculada a una práctica política más sostenida implicó que estos colectivos
fuesen parte de procesos de lucha en otras regiones y momentos. Expresaban así
un abanico de demandas más amplio que no se circunscribía al Golfo San Matías,
lo que había sido un aspecto distintivo de la etapa anterior.
Consideramos que esta nueva configuración
del movimiento representa un estrechamiento del abanico de sectores políticos y
sociales que a nivel local impulsaron el reclamo. En comparación con el proceso
anterior no solo se redujo la heterogeneidad de los sectores de la sociedad
civil que se manifestaron, sino que hasta algunos sectores que en la década de
1990 habían rechazado los proyectos hidrocarburíferos comenzaron a promover la
iniciativa. Sin embargo, la participación de sectores con bases territoriales
más amplias y prácticas políticas sistemáticas en la conflictividad
socioambiental de la región permitió la construcción de demandas asentadas en
una perspectiva más holística e integral. Cuestión que se vio reflejada en la
construcción de demandas que buscaban incorporar otras territorialidades,
colectivos y eslabones de la cadena productiva de los hidrocarburos.
Estas organizaciones, desde mediados de
2022, cuando se hizo pública la intención de avanzar en el VMOS, comenzaron a
trabajar de forma conjunta con otras instituciones y movimientos sociales
buscando “alertar” a la población de las implicancias que los proyectos
petroleros podían tener en la región. A partir de la derogación de la Ley 3.308
se reconstruyó un repertorio de acción que replicó muchas de las acciones
políticas implementadas previamente pero que también se renovó incorporando
nuevas dinámicas de manifestación estrechamente vinculadas a la composición del
movimiento.
Las actividades de difusión se llevaron a
cabo con regularidad e incluyeron la realización de festivales artísticos,
paneles de expertos, volanteadas, movilizaciones, acciones judiciales, campañas
mediáticas y diversas publicaciones en plataformas digitales y redes sociales,
entre otras. De esta forma se dinamizó un nutrido repertorio de acción con
fuerte peso de lo pedagógico, lo artístico y los nuevos formatos de las redes
sociales pero que también buscaba interpelar desde el saber académico y desde
lo judicial.
La Multisectorial por el Golfo San Matías,
“Defendamos nuestro Golfo” en redes sociales, es uno de los actores clave en
este proceso. Surgió en el 2022 a partir de los rumores de la construcción del
oleoducto y el puerto petrolero y tomó fuerza luego de la derogación de la Ley
3.308. Algunes de sus integrantes, como RP, habían sido parte del movimiento
que rechazó los proyectos hidrocarburíferos en la década de 1990. Desde el
comienzo buscó articular con otras organizaciones, como la Asamblea Territorial
de Las Grutas, fundaciones ambientalistas, ONG’s e institutos científicos que
mostraron su preocupación por el avance del proyecto. También se sumaron y
activaron distintas redes en defensa del mar que surgieron en esos años
producto del avance de proyectos de explotación de petróleo offshore, como Comunidades Costeras y Mar Libre de Petroleras.[28]
Además de la capacidad de articulación, la multisectorial se caracterizó desde
un comienzo por generar una gran cantidad de contenido multimedia para redes
sociales, con equipos profesionales y participación de actrices e influencers.[29]
Esto implica un cambio en la forma de generar adhesiones con respecto al
movimiento de la década de 1990 lo cual aprovechan de forma estratégica para
buscar apoyo a su reclamo principal: la defensa del Golfo San Matías.
La Asamblea Territorial de las Grutas, es
otro de los actores clave de este proceso. Surgió en la ciudad homónima en 2020
en defensa de la naturaleza y en contra del avance del extractivismo.[30]
Esta asamblea forma parte del colectivo de Asambleas del Curru leufú que
aglutina asambleas socioambientales de la provincia de Río Negro. Esta red
nació a finales de 2019 ante la necesidad de realizar acciones coordinadas para
frenar el extractivismo minero y petrolero en la provincia. Las asambleas que
la componen corresponden a Cipolletti, Fiske Menuco (General Roca), Barda del
medio, Valle Medio, Las Grutas, Viedma, Bariloche, Ing. Jacobacci, Valcheta y
Conesa.
La emergencia por la derogación de la Ley
3.308 y el avance del proyecto VMOS se transformó en una prioridad de estas
organizaciones, por lo que se encontraron en Las Grutas en el marco del “5°
Plenario de las Asambleas del Curru Leufu” y el “2° Encuentro Plurinacional por
un Mar Libre de Petroleras” el 4 de marzo de 2023[31] donde realizamos
parte del proceso de observación participante. En estos encuentros se realizó
un balance de la situación del extractivismo en la provincia y se diagramaron
las estrategias colectivas a tomar, con especial énfasis en la defensa del
Golfo San Matías en la costa y el rechazo al fracking en los territorios de
extracción.[32]
En el marco del encuentro se realizó
también un festival artístico y distintas intervenciones públicas en las playas
de Las Grutas que incluyeron movilización y volanteada junto con organizaciones
sociales y vecines de la ciudad, de la región y de otras provincias que
asistieron al encuentro. Las actividades se concentraron en Las Grutas y
contaron con apoyo popular en especial durante la temporada de verano donde se
intervenía en los balnearios turísticos. La adhesión se expresó mediante la
participación en las actividades propuestas como marchas y “aplausasos” que se
realizaron en las playas de la localidad.
A partir del encuentro del 4 de marzo, se
llevaron a cabo distintas acciones coordinadas de difusión de sentidos críticos
en torno a los proyectos hidrocarburíferos de la costa y de Vaca Muerta en
general. Estas fueron realizadas de forma simultánea y coordinada en las
provincias de Río Negro y Neuquén. La más destacada tuvo lugar el 4 de junio de
2023 bajo la consigna “Somos cuenca, somos mar, ni aquí ni allá: el oleoducto
no va a pasar”. En esta acción representantes de más de 20 asambleas
socioambientales, organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos,
organismos de derechos humanos, ONGs, organismos indígenas y movimientos
ecuménicos se movilizaron en 4 puntos neurálgicos del proyecto VMOS: Loma
Campana en Neuquén (lugar de extracción); “Estación Allen” de Fiske
Menuco/General Roca, Río Negro (estación de bombeo de petróleo), en Conesa
(localidad donde el oleoducto va a atravesar el cauce Río Negro) y en la costa
atlántica en la ciudad de Las Grutas, parte del Golfo San Matías, donde se
emplazará el Puerto Petrolero.[33]
Entendemos este tipo de acción como un
indicador de la lectura que el movimiento ambientalista hace del conflicto. En
la década de 1990 el reclamo había estado circunscripto al Golfo y la necesidad
de proteger la zona costera, lo que se refleja en la consigna “No al Golfo
Negro, si al Golfo Azul” de ese entonces. En 2023 esa consigna se amplía a las
zonas de extracción y de transporte de los HNC al pensar la explotación en el
Golfo como parte del Megaproyecto Vaca Muerta. La consigna “Somos cuenca, somos
mar, ni aquí ni allá: el oleoducto no va a pasar” da cuenta de este pensar el
avance extractivo en todo el territorio. A su vez, prioriza entender los bienes
comunes no sólo como una mercancía para su explotación circunscripta a límites
provinciales, sino en función de los ciclos de la naturaleza y la vida
comunitaria.
Tanto desde el gobierno de Neuquén como el
de Río Negro, se buscó que el debate del proyecto VMOS se dé de forma
fragmentada. Es por eso que las AP, de cada provincia no incluían el proyecto
completo sino solo la infraestructura que le tocaba a cada territorio. En
Neuquén, el EIA no incluyó el Puerto Petrolero y las posibles afectaciones en
el mar, mientras que, en el EIA de Río Negro, no se contemplaron los impactos del
fracking en la zona de extracción (ya sean actuales o los futuros que podrían
ocurrir con el aumento de la producción que prevé el proyecto). De forma
complementaría, en ambas audiencias públicas, se impidió la participación de
ciudadanes que no tuviesen domicilio en la provincia. De esta manera se buscó
fraccionar el EIA y el proyecto en unidades menores que no dan cuenta de la
totalidad y a la vez se dividió a la comunidad que pretendía debatir el
proyecto al limitar la participación.
Por el lado de las asambleas, el entenderse
como cuenca, les permitió pensar el Puerto Petrolero como una extensión del
Megaproyecto Vaca Muerta que desconoce límites provinciales cuando se trata de
impactos socioambientales. Esto también posibilitó la adhesión de asambleas,
algunes trabajadores de institutos de CONICET como del Centro Nacional
Patagónico (CENPAT)[34]
y sectores de activistas de otras provincias. Principalmente de Chubut, quienes
no fueron incluidos dentro de las audiencias públicas del proyecto VMOS pero
que sí son parte del Golfo San Matías y de las zonas costeras de la provincia
de Buenos Aires. Estos sectores manifestaron bajo la consigna de “el mar es uno
solo” su rechazo a cualquier proyecto petrolero en la costa atlántica.
En esta dinámica se observa una
configuración del conflicto con dos polos marcados. Por un lado, una tendencia
hacia la fragmentación de las afectaciones del proyecto y su debate, que fue
impulsada por las empresas y los estados provinciales. Por otro lado, una
tendencia contrapuesta y holística, alentada por el movimiento en rechazo al
proyecto, que buscó construir una perspectiva integral y entendió al conflicto
como un todo más allá de los límites jurisdiccionales.
La Audiencia Pública y el punto de mayor conflictividad
Luego de derogada la ley 3.308, se realizó
la AP del proyecto VMOS. La empresa YPF, la ex Fgobernadora de la provincia,
Arabela Carreras (JSRN)[35]
y el intendente, Renzo Tamburrini (PJ), buscaron llevar adelante la audiencia
en Sierra Grande. Esta localidad, ubicada a 30 kms de Punta Colorada, es un
pueblo de 7 mil habitantes que ya ha sufrido las consecuencias del
extractivismo minero a lo largo del siglo pasado y comienzos de este. En
particular luego de la fuerte caída del empleo posterior al cierre y la privatización
del complejo minero-fabril de hierro (Gómez Lende, 2017)[36].
Desde la empresa, y los gobiernos nacional,
provincial y municipal se realizó una campaña a favor de la construcción del
proyecto VMOS previa a la constitución de la audiencia que incluyó la promesa
de puestos de trabajo, la formación de albañiles en Sierra Grande y una campaña
publicitaria. Esta última constó de charlas informativas con les habitantes de
la localidad y cartelería oficial, como banners, carteles y panfletos con las
consignas “YPF SI”, “Oleoducto SI”, “Sierra Grande a favor del Oleoducto”,
“queremos progresar”, “que nadie impida nuestro progreso”, entre otros. Cabe
destacar, que tal como se puede observar en las fotografías, la cartelería se
imprimió con la misma letra, color y estilo característicos de YPF, y sus
consignas se centraron en enunciados en favor de la empresa y del oleoducto.
Estos carteles, se desplegaron tanto en las entradas del pueblo como en las
zonas aledañas al gimnasio donde se realizó la audiencia.
(Registro fotográfico propio, 17 de Agosto de
2023, Sierra Grande, Río Negro)
Las promesas de empleo y progreso del
ejecutivo provincial ganaron una amplia adhesión por parte de les habitantes de
la localidad. Este discurso asentado en sentidos como el trabajo y el progreso
mediante el VMOS fue enunciado de forma coherente y sin grandes diferencias por
diversos niveles estatales y procedencias partidarias. Tamburrini, el
intendente de Sierra Grande, del Partido Justicialista, trabajó
mancomunadamente con Arabela Carreras y luego con Alberto Weretilneck de Juntos
Somos Río Negro en facilitar las condiciones de desarrollo del proyecto y su
licencia social. Esta unidad en el discurso extractivista de partidos que en
otras dimensiones presentan diferencias o compiten electoralmente también se
expresó en la derogación del a ley provincial 3.308 donde los 42 votos a favor
de los 43 totales correspondieron a legisladores pertenecientes a JSRN, el
Frente de Todos, el Frente Renovador, Juntos Por el Cambio.
En esta etapa se identifican dos acuerdos
entre las fuerzas políticas con representaciones institucionales mayoritarias
que expresan un claro consenso extractivista tanto a nivel provincial como
nacional. A nivel nacional es relevante señalar que el proyecto VMOS nace bajo
la gestión de Alberto Fernández de Unión por la Patria (UP) y continuó su
desarrolló sin grandes modificaciones en la posterior gestión de Javier Milei
de La Libertad Avanza (LLA). A pesar de las diferencias políticas e
institucionales que expresan ambos partidos y de los cambios de dirección en
YPF ambos espacios han coincidido en celebrar y propiciar el avance del
oleoducto.
A nivel provincial cabe destacar que el
desarrollo de la AP fue impulsado de forma coordinada y que se observa una
coincidencia respecto al avance del proyecto y la eliminación de los obstáculos
político-institucionales que enfrenta. Es relevante identificar los consensos
generados en el marco del “Gran Acuerdo Rionegrino” impulsado por el
oficialismo provincial JSRN para las elecciones provinciales de 2023 y que
incluye diversos temas como la obra pública y el desarrollo provincial sobre
los que se buscó construir pactos con las principales fuerzas legislativas.
Con este acuerdo entre fuerzas políticas
tanto a nivel provincial como nacional se consolida una clausura de
oportunidades políticas “por arriba” para frenar el avance del proyecto.
Observamos así una nítida diferencia entre el escenario que se estableció en la
primera etapa, caracterizada por los desacuerdos entre el gobierno provincial
de la UCR y el gobierno nacional del PJ que fueron fundamentales para la
sanción de la Ley 3.308. Mientras que en la etapa actual del conflicto
identificamos un escenario de mayor consenso de las principales fuerzas
políticas en promover el avance del megaproyecto Vaca Muerta en su dimensión
exportadora. Esto implicó márgenes de acción más acotados y menor resonancia en
las instancias de debate y reclamo institucional[37].
La audiencia se llevó a cabo el 17 de
agosto de 2023 en el gimnasio Vuta Mahuida de Sierra Grande, en un marco de
tensión que venía escalando desde la derogación de la ya mencionada Ley 3.308.
Si bien la AP había sido anunciada para realizarse en marzo de ese año, a
partir de presentaciones judiciales realizadas por las Asambleas del Curru
Leufu, la Multisectorial por el Golfo San Matías y el Parlamento
Mapuche-Tehuelche de Río Negro, la provincia tuvo que posponerla para agosto.
Estos sectores caracterizaron a esta AP como “fraudulenta” y “sin validez” por
no cumplir con las normas y tiempos procesales, por ignorar la consulta previa,
libre e informada de los pueblos originarios y por no tener en cuenta la
palabra de les habitantes de Chubut, quienes son parte del Golfo San Matías.[38]
Cabe destacar que el gobierno y en particular la Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático, encargada de garantizar la AP, sólo tomaron en cuenta las
objeciones procesales, ya que no se cumplían plazos entre la fecha de anuncio
de la AP y el día pautado para su realización.
Cuando finalmente se realizó la audiencia,
distintas organizaciones socioambientales de Río Negro, Chubut, Neuquén y
Buenos Aires, organismos de pueblos originarios, sindicatos, pastorales y
partidos políticos (mayoritariamente de izquierda) se congregaron y movilizaron
hacia la localidad de Sierra Grande. El objetivo de la movilización de estos
sectores a la AP era el de impugnarla, o al menos expresarse en contra del
proyecto. Argumentaron que rechazaban la iniciativa “por constituir un grave
peligro para un ambiente sensible, atentar contra las principales fuentes de
trabajo de las que viven las comunidades costeras y tener como consecuencia,
más fracking en los territorios perforados.”[39].
Parte de las demandas de estos sectores se
vieron reflejados en las consignas que llevaron en carteles a la movilización a
Sierra Grande y en canciones que cantaron en el día de la audiencia. En ellas
encontramos demandas cuestionando la validez de la AP: “esta audiencia es un
fraude” y “Olé olé, olé olá, al golfo vamos a defender y a esta audiencia la
tienen que suspender”. Y otras referidas a la defensa del Golfo San Matías y la
Ley 3.308: “Somos un mismo mar, por un golfo sin petróleo”; “Si contamina no es
progreso”; “Mar sin Petróleo. Basta de Fracking. No al ecocidio” y “Fuera petroleras,
la 3.308 no se toca”.
Como mencionamos anteriormente, además de
la defensa del Mar y del Golfo San Matías, se suma en los reclamos demandas
históricas del movimiento ambientalista, como “No al ecocidio” y referencias a
la defensa de todo el territorio afectado por el Megaproyecto Vaca Muerta. Esto
es, incluyendo la zona de extracción petrolera, que no había sido el foco o al
menos no tenía un lugar preponderante en las consignas de la década de 1990.
Ya en la apertura de la audiencia, mientras
los sectores ambientalistas se manifestaban fuera del recinto Vuta Mahuida, la
Secretaria de Ambiente de la Provincia, Dina Migani, destacó la misma como “una
instancia democrática formidable para que los ciudadanos puedan poner sobre la
mesa sus dudas e inquietudes, pero además expresar libremente sus posturas en
relación al proyecto”[40].
Sin embargo, las exposiciones de expertes, vecines y de las organizaciones solo
se limitaron a quienes estaban a favor de la iniciativa. Desde las Asambleas
del Curru Leufu denunciaron que miembros del sindicato de la construcción UOCRA
y una “patota” del municipio de Sierra Grande se sumaron al cordón policial
para impedir el ingreso de quiénes se oponían al proyecto: “Nos dejaron bajo la
lluvia, sin acceso a baños y cuando vieron que íbamos a permanecer hicieron que
las patotas de la intendencia y la UOCRA nos atacaran con golpes y empujones.
Las fuerzas policiales operaron en plena connivencia con las patotas y
permitieron que nos acorralen”.[41]
La presencia del sindicato de la construcción
se debió principalmente a la expectativa de puestos de trabajo que generaría el
proyecto VMOS, tal como señaló su Secretario General, Damián Miller, luego de
una reunión que mantuvo con el Gobernador Alberto Weretilneck. Según el
gobierno “Se prevé que se sumen a los trabajos cerca de 3 mil operarios de los
rubros de la construcción, específicamente de albañilería, auxiliar general,
carpintero para hormigón y armador.”[42]
Piovano, Pablo (2023)
Audiencia Pública en Sierra Grande, Río Negro
Mientras la AP se realizaba y exponían
todas voces a favor del proyecto, quiénes se habían movilizado no pudieron
ingresar al recinto, a pesar de estar anotades como oradores. Ni las
autoridades del pueblo mapuche, ni investigadores expertes en el tema, ni
vecines que querían expresar su preocupación por el impacto que el proyecto
VMOS tendría sobre su vida cotidiana lograron hacerlo. Desde las asambleas
denunciaron que esto se debió no solo al cordón policial y de la UOCRA, sino a
que las autoridades provinciales y locales les prohibieron deliberadamente el
ingreso[43].
Es por esto que, a pesar de la movilización
en la puerta, el acto finalmente se realizó y la audiencia y el proyecto se
aprobaron sin expresiones disidentes en lo “formal” y se dio comienzo a la
construcción del proyecto VMOS. El gobierno celebró la aprobación de la AP y
destacó la “enorme participación ciudadana”. Por su parte, las asambleas y las
organizaciones indígenas de Río Negro continuaron insistiendo por la vía
judicial[44]
y presentaron una serie de denuncias y acciones legales fundadas en los
argumentos que ya habían esgrimido y referían a la falta de consulta libre,
previa e informada de las comunidades originarias, la violación a los derechos
garantizados en el acuerdo de Escazú y las irregularidades en relación a la AP[45].
Asambleas de la provincia de Chubut, también realizaron presentaciones
esgrimiendo que les chubutenses no habían sido consultades en relación al
proyecto que se está emplazando en el Golfo San Matías y por ende, también en
territorio de esa provincia.
Conclusiones
parciales y nuevos interrogantes
En el presente artículo nos propusimos
analizar la conflictividad asociada al avance del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur
y el puerto petrolero de Punta Colorada que se desarrolla en el marco del
Megaproyecto Vaca Muerta. Para hacerlo, comenzamos por enmarcar este conflicto
emergente en la trama global/regional/local vinculada a una mayor demanda de
energía y a la necesidad de las empresas y los estados de aumentar las tasas de
ganancia de la actividad petrolera a través de la expansión de la frontera
extractiva hacia nuevos territorios. De esta forma, reconstruimos el contexto
en que se da la explotación en Megaproyectos de energías extremas y
desarrollamos las características de Vaca Muerta, en tanto ejemplo
paradigmático. Posteriormente, pusimos el foco en el rumbo exportador que las
empresas, principalmente YPF, y los distintos gobiernos le quieren otorgar al
Megaproyecto y la reconfiguración de Río Negro como “puerta de entrada y de
salida” de Vaca Muerta.
En el análisis del caso, que reconstruimos
a partir de entrevistas, noticias, comunicados y un proceso de observación
participante, presentamos las dos etapas principales del conflicto por el Golfo
San Matías en clave diacrónica. Esto nos permitió identificar las
transformaciones en la composición del movimiento, sus demandas, repertorios de
acción y las oportunidades políticas que incidieron en su derrotero.
En la primera etapa, 1995-1999, en lo que
respecta a la composición y percepción del movimiento este involucró una
confluencia amplia y diversa de la sociedad civil que incluyó a actores
locales, la comunidad científica, el empresariado turístico y de comercio,
sindicatos y políticos regionales. Hubo un amplio consenso social contra los
proyectos hidrocarburíferos, con énfasis en proteger el Golfo y sus actividades
productivas como el turismo y la pesca.
En cuanto a las demandas, estas se
centraron en impedir la instalación del oleoducto y el puerto petrolero y,
posteriormente, obtener un resguardo legal mediante la sanción de la Ley 3.308,
que prohibía la actividad petrolera en la región. Las demandas se focalizaron
en la defensa del mar y en particular del Golfo San Matías.
En esta etapa el repertorio de acción se
caracterizó por métodos tradicionales como la recolección de firmas, las
presentaciones en espacios legislativos, la intervención en actos públicos y la
movilización popular. Estas acciones lograron una fuerte presión pública que
resultó en la cancelación del proyecto y, luego, la sanción de la Ley 3.308.
Por último, destacamos las oportunidades
políticas que se abrieron en esta etapa e implicaron una apertura al avance de
la acción política del movimiento. Las tensiones entre el gobierno provincial y
el nacional facilitaron la concreción de las demandas del movimiento popular al
permitir una fragmentación del poder estatal.
En la segunda etapa, en lo que refiere a la
composición y percepción del movimiento encontramos que la acción política en
rechazo al Vaca Muerta Oil Sur estuvo impulsada principalmente por asambleas
socioambientales y organizaciones indígenas y en menor medida por
organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda. Esta etapa expresa
un menor apoyo de sectores empresariales y sindicales pero una mayor presencia
de organizaciones y redes activistas y militantes con existencia y prácticas
más sistemáticas previas al proyecto. Es en esta característica que encontramos
una de las explicaciones a por qué en esta etapa se desarrollan demandas y una
perspectiva más holística e interregional del conflicto, donde si bien el Golfo
San Matías sigue siendo un eje importante se lo enmarca en el Megaproyecto Vaca
Muerta y las afectaciones socioambientales que genera a lo largo toda su cadena
productiva y los múltiples territorios que incluye. En este sentido, las
demandas se ampliaron para incluir el rechazo al fracking y la defensa de todo
el ecosistema afectado, no solo el Golfo.
Por su parte, el repertorio de acción que
desplegaron en esta etapa se caracterizó por la inclusión de campañas
digitales, festivales artísticos, acciones judiciales y articulaciones con
organizaciones nacionales e internacionales. Este repertorio refleja un
movimiento más militante. Entendiendo a este/a como sujete que se caracteriza
por un mayor anclaje organizacional y una marcada combatividad en defensa de un
determinado proyecto político-ideológico.
Por último, en lo que respecta a las
oportunidades políticas de esta etapa es fundamental reconocer que el consenso
extractivista entre gobiernos, de distintos partidos políticos, y empresas se
consolidó. Las múltiples instancias legislativas y públicas demostraron cómo
partidos políticos, que en diversas dimensiones se consideraban opositores y
distanciados, coincidieron plenamente en lo que respecta al avance de proyectos
extractivos. La derogación en la legislatura de Río Negro de la Ley 3.308 es
una expresión de ese amplio consenso. Otro ejemplo fue la organización conjunta
de la Audiencia Pública entre el intendente Tamburrini (PJ) y los funcionarios
del oficialismo provincial de JSRN.
Esta clausura, consideramos, ha sido una de
las limitaciones más significativas para la concreción de demandas por parte
del movimiento ya que significa una reducción significativa de las oportunidades
políticas. Algo que ha dificultado la obtención de resultados comparados con
los de la etapa anterior.
En términos generales podemos destacar que
mientras que en la década de 1990 el movimiento era amplio y heterogéneo,
actualmente el movimiento en defensa del Golfo es más focalizado y cuenta con
una base de apoyo menos diversa, pero con mayor fuerza militante. Por el lado
de los hitos o resultados de los procesos de movilización podemos reconocer que
en una primera etapa el amplio apoyo social y las oportunidades políticas
facilitaron el logro de la prohibición de este tipo de proyectos en las costas
rionegrinas. En contraste, en la segunda etapa el movimiento enfrenta mayores
restricciones debido a la derogación de la ley 3.308, el despliegue de
dispositivos y mecanismos estatales y paraestatales de exclusión de las voces
críticas y de fragmentación del debate, tanto en sus formas de participación
como en su contenido.
Además, el fuerte consenso extractivo entre
empresas y gobiernos también tiñe muchos de los sentidos que en un contexto de
crisis económica y precarización laboral se arraigan en la población de
localidades como Sierra Grande. Sin embargo, la construcción de perspectivas
más integrales y de articulaciones interregionales abre una posible vía para el
mejoramiento de las correlaciones de fuerza en favor del movimiento y así
pensar otros resultados posibles para un conflicto aún abierto.
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