Discurso periodístico sobre el asesinato de
Cristian Leandro Ferreyra, militante del Movimiento Campesino de Santiago del
Estero Vía Campesina en 2011. Estudio sobre la prensa de alcance nacional y
provincial: Página 12 y El Liberal[1]
Journalistic discourse on the murder of Cristian
Leandro Ferreyra, a member of the Peasant Movement of Santiago del Estero, Vía Campesina,
in 2011. Study on the national and provincial press: Página 12 and El Liberal
Daniel
Ricardo Santin[2]
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Resumen
Este artículo científico examina el
tratamiento mediático del diario Página
12 (Buenos Aires) y El Liberal (Santiago
del Estero) sobre el asesinato de Cristian Ferreyra, un activista campesino de
MOCASE Vía Campesina, ocurrido en 2011. El objetivo es analizar
comparativamente las expresiones discursivas, conceptos y la agenda setting empleados por estos
medios gráficos en la cobertura del caso.
Metodológicamente, se utiliza el
análisis crítico del discurso para examinar 32 noticias y crónicas publicadas
entre noviembre de 2011 y diciembre de 2012. A esto se suma una entrevista
semiestructurada a un periodista del diario El
Liberal. El contexto del estudio es la lucha por la tierra entre
organizaciones campesinas y empresarios del agronegocio.
El análisis revela una polarización
discursiva en la que el diario santiagueño estigmatiza al movimiento campesino
mientras legitima el accionar del agronegocio. El Liberal presenta a los campesinos como sujetos violentos y conflictivos, omite
aspectos clave del conflicto y favorece la voz
de los empresarios. Se identifica el uso de pronombres y caracterizaciones que
refuerzan la dicotomía víctima-victimario, así como la influencia de la voz del
gobierno provincial en la construcción de la noticia. Por su parte, Página 12 enfatiza rasgos identitarios
de los campesinos y responsabiliza al sojero y al gobierno de la provincia por
lo sucedido.
El estudio concluye que el
tratamiento mediático del caso Ferreyra contribuye a la deslegitimación de la lucha campesina y minimiza la
violencia estructural subyacente en el conflicto por la tierra. Se destaca la
importancia de un periodismo responsable que evite reproducir los intereses de
los sectores dominantes y fomente una mirada crítica sobre los relatos
mediáticos. Especialmente, teniendo en cuenta la perspectiva histórica y los
testimonios de los campesinos en relación con la lucha por la tierra.
Palabras
clave: Discurso periodístico,
agenda setting, newsmaking,
análisis del discurso, lucha por la tierra.
Keywords: Jornalistic
discourse, agenda setting, newsmaking, discourse analysis, struggle for land.
Introducción
En este artículo
se analiza el tratamiento periodístico que el diario El Liberal (Santiago del Estero) y el
diario Página 12 (Buenos Aires)
dieron al caso del asesinato de Cristian Ferreyra, campesino activista de
MOCASE Vía Campesina en Santiago del Estero, ocurrido en noviembre de 2011. El
objetivo es presentar comparativamente las expresiones simbólicas discursivas,
los conceptos y los criterios de agenda
setting empleados por estos medios gráficos.
Como herramienta metodológica se emplea el análisis crítico
del discurso para realizar el trabajo descriptivo y analítico de un corpus de
32 noticias y crónicas publicadas referidas al caso. El conflicto de base es la
lucha por la tierra entre las organizaciones campesinas y los empresarios del
agronegocio que pretenden sumar hectáreas para la producción de soja. Se
analizaron las noticias publicadas por El
Liberal y Página 12 entre noviembre de 2011 y diciembre de 2012 y se
realizó una entrevista en profundidad a un periodista del diario santiagueño.
En la actualidad, muchas
investigaciones indagan acerca del tratamiento mediático de los movimientos sociales
y sus respectivas luchas. Esto es relevante porque los medios
pueden encender una alarma
social frente a los movimientos como elementos de turbación o peligro y,
también pueden incidir en la esfera política para motivar la sanción de leyes
que impidan, por ejemplo, la manifestación y defensa pública de sus derechos.
A comienzos del siglo XXI, más
precisamente el periodo comprendido entre el año 2003 y 2015, Argentina fue
escenario de transformaciones importantes. Entre los sucesos más importantes se
encuentran las reformas estructurales del Estado y la crisis económica,
política y social.
Las políticas neoliberales
implementadas en la década del 90 desembocaron en una crisis social y económica
en todo el país. El aumento de la tasa de desempleo y la reforma del Estado
fueron algunas de las variables determinantes para generar los cambios
profundos a niveles macroeconómicos. Esta realidad
no era ajena a las zonas rurales.
En especial, los territorios del norte
del país fueron asediados por el avance
de un modelo de agronegocio mordaz, que utilizaba guardias blancas (cuadrillas parapoliciales) para resguardar
sus arcas y esto generó, con el paso del tiempo, diversos conflictos con los
campesinos e indígenas que habitaban esos espacios geográficos desde épocas
ancestrales.
Los conflictos por la propiedad de
la tierra fueron primero silenciosos, pero crecieron en violencia y
desigualdades. Incluso en la actualidad resuenan en tierras santiagueñas. En
estos territorios, la soja defiende su potestad como el cultivo preponderante,
al mismo tiempo que pretende desplazar a los pequeños productores campesinos de
la tierra.
Entre los años 1990 y 2000, las
comunidades campesinas e indígenas se vieron desfavorecidas e incluso
desalojadas de las tierras que habían habitado por siglos. El modelo de
producción del agronegocio arrasaba con el modo de vida campesino y esto
condujo a que la lucha por la tierra se volviera una bandera compartida por
diversos grupos de campesinos organizados.
Uno de los ejemplos de lucha campesina más emblemáticos en Santiago
del Estero fue el caso de La Simona. Este conflicto comenzó en la década del
70, cuando las empresas Los Mimbres SA, Salónica SA y Jungla SA, representadas
por el empresario Guillermo Masoni, compraron los
títulos de alrededor de 100 mil hectáreas en la zona de La Simona y Campo San
Martín que, al mismo tiempo, permanecían habitadas por diversos grupos
de familias. En el año 1998, el MOCASE instaló
una carpa negra en el ingreso
de este territorio en conflicto para protestar en contra de los intentos de
desalojo. Este símbolo de resistencia permitió alzar la voz del Movimiento
Campesino de Santiago del Estero en
los medios de comunicación nacionales, ya que la problemática permanecía ajena
a la agenda mediática de la prensa santiagueña. Se denunció que la expansión de
la frontera agropecuaria provocaba violentos desalojos del pueblo campesino y
que, además, el desmonte indiscriminado generaba un impacto ambiental negativo
para el resto de la sociedad (Jara, 2016). A partir de esta denuncia, se articularon
acciones que trascendían lo específico de este hecho puntual y que tejían redes con nuevos aliados para
la lucha contra el agronegocio; por ejemplo, con el movimiento ecologista.
Los campesinos evitaron el
desalojo, aunque la tensión permaneció latente por varios años. Masoni firmó la paz con el MOCASE Vía Campesina recién
quince años después, en el marco de las mesas de diálogo por la tierra, un
espacio de diálogo impulsado por la gobernadora Dra. Claudia Ledesma de Zamora
y el defensor del pueblo Adjunto, Luis Santucho.
En relación con la relevancia y actualidad de este tema es
necesario brindar un panorama histórico del surgimiento del MOCASE como actor clave en la defensa de los derechos territoriales campesinos. Este agente
social es representado mediáticamente en diversos medios de comunicación, en
particular, se analiza la presencia en la prensa local El Liberal en el marco del homicidio de Cristian Ferreyra en 2011.
La actividad investigativa para desentrañar el significado político que hay
detrás de la construcción de la noticia y, por ende, detrás de la construcción
del MOCASE como una agrupación que realiza acciones delictivas es un objeto de
estudio vigente en el campo de las ciencias sociales en general y de la
comunicación en particular.
Surgimiento del MOCASE
El 4 de agosto de 1990 un grupo de
campesinos decidió organizarse y dar forma al Movimiento Campesino de Santiago
del Estero (MOCASE) en búsqueda de brindar una respuesta organizada a los
constantes intentos de desalojo. Desde sus comienzos, se planteó como una
organización pacífica; no obstante,
fue víctima de hostigamientos, amenazas y robos constantes.
El repertorio de acciones que lleva
adelante MOCASE desde su nacimiento incluyen la defensa y lucha por la
propiedad de la tierra; las manifestaciones encabezadas para la liberación de
detenidos en contexto de conflictos; la defensa del medioambiente y la búsqueda
de justicia, por ejemplo, para resolver el asesinato de Cristian
Ferreyra, caso que nos compete en este artículo, entre otras.
Las acciones mencionadas no fueron
llevadas a cabo de manera aislada, sino que el movimiento buscó a lo largo de
su historia el apoyo y la solidaridad de organizaciones afines políticamente
como agrupaciones de desocupados, partidos de izquierda y sindicatos. En
efecto, la búsqueda de respuesta y la lucha por los derechos de los campesinos
está signada por un origen obrero y un presente trabajador.
Junto a estas intervenciones de
defensa y de protección a los derechos de los campesinos, MOCASE lleva adelante
un proyecto político-cultural radiofónico que integra
varias emisoras radiales
ubicadas en distintas regiones donde se encuentran los miembros de la
organización campesina. El objetivo de
estas radios es la transmisión de información, comentarios, música y
entretenimiento para los vecinos de la zona, sin dejar de ser una herramienta
de comunicación para la resistencia, puesto que emite comunicados actualizados de los desalojos
y de los hechos que atentan contra los campesinos. La primera emisora mocaseña fue Radio Del Monte (88.7 MHZ, Quimilí),
nacida el 17 de abril del año 2003. Actualmente, existen seis emisoras de radio
con frecuencias distribuidas en distintos puntos de la provincia.
A principios de 2002 la
organización se fracturó en dos: el MOCASE histórico y el MOCASE Vía Campesina
(VC). Esta ruptura significó la conformación de dos organizaciones con claras
diferencias en cuanto a la forma organizativa, las estrategias, los recursos y
los grupos de apoyo. El MOCASE Vía Campesina mantenía alianzas con
organizaciones internacionales como La Vía Campesina, La Cloc y el Movimiento Nacional Campesino Indígena.
Años más tarde, en 2019, el movimiento se unificó y continuó llamándose MOCASE.
Diario El Liberal
En la cartografía comunicacional de
Santiago Del Estero se destaca el diario El
Liberal, creado el 3 de noviembre de 1898 por el cordobés Juan Figueroa. No
solamente es el periódico más antiguo, sino que, además, tiene influencia en la
agenda mediática del resto de los medios de comunicación que operan en el
contexto local.
El diario tiene una orientación comercial-empresarial privada
y, a lo largo de su historia, construyó un
discurso con rasgos identitarios muy claros para los distintos actores
políticos y sociales de esta provincia. En la actualidad, existen en Santiago
del Estero ocho diarios, además de El
Liberal. No obstante, este último cuenta con gran tirada en su edición
papel y con muchas suscripciones en su edición web. Tiene canales oficiales de
difusión en redes sociales y un portal web que presenta contenido actual en un
formato multimedia (audios, videos y escritos). Su orientación original fue
nacionalista, de tendencia laica y con el claro fin de promover la defensa de
los derechos civiles.
Diario Página 12
Página 12 es un diario argentino con sede en la ciudad de
Buenos Aires, fundado en 1987 por los periodistas Jorge Lanata
y Ernesto Tiffenberg. Desde sus inicios, se consolidó
como un medio de referencia nacional, reconocido por su enfoque crítico y su
tratamiento en profundidad de la actualidad política y social del país. En
2016, pasó a formar parte del Grupo Octubre, un conglomerado mediático
gestionado por la Fundación Octubre, presidida por Víctor Santa María,
dirigente sindical y político argentino. Actualmente, Página 12 mantiene una
presencia destacada en el panorama informativo nacional, con una línea
editorial cercana al peronismo.
La elección de ambos diarios para
hacer este análisis obedece a una serie de criterios estratégicos para este
estudio, ya que estos actores comunicacionales comparten la condición de ser
medios impresos y digitales de amplio reconocimiento por parte de la opinión
pública (diario El Liberal en el
ámbito local y diario Página 12 en el
ámbito nacional). Asimismo, se los escogió por ser actores que se encuentran
ideológicamente en veredas opuestas en una gran diversidad de tópicos. Por un
lado, El Liberal se define como nacionalista y defensor de los derechos
civiles; mientras que Página 12 se define como un medio políticamente de
izquierda, progresista, centrado en la defensa de los derechos humanos y en las
minorías.
Ambas posturas discursivas-periodísticas y políticas se pueden analizar
en el tratamiento periodístico
que le dieron al caso del asesinato del militante Cristian Ferreyra y a la representación
del MOCASE como organización.
Marco teórico
Para comprender el análisis del
caso del asesinato de Cristian Ferreyra que llevaremos adelante en este
artículo es necesario tomar contacto con los conceptos del enfoque
constructivista de agenda setting, teoría
del newsmaking y análisis del
discurso.
El newsmaking o construcción de la noticia tiene una “mirada
constructivista respecto al periodismo que sostiene que la realidad es el
resultado, básicamente, de rutinas informativas sujetas a limitaciones y tensiones propias
de la organización periodística” (Pena de Oliveira
en Arrueta y Brunet,
2010, p. 19).
En 1970, en Estados Unidos, se
estudiaba fervientemente cómo las emisiones de los medios de comunicación
impactaban en la sociedad y cuáles eran las dinámicas del trabajo periodístico.
Wolf (1987) explica que el newsmaking es
la perspectiva teórica que señala que los medios no asumen una postura neutra a lo que sucede, sino
que colaboran en un proceso de construcción que combina las normas, valores y
criterios de noticiabilidad que guían la tarea periodística; y las limitaciones
y presiones económicas o políticas que condicionan qué noticias toman estado
público y cuáles no. Martini (2000) sostiene que este enfoque teórico permite
elaborar noticias, evitando caer en una interpretación simplista de una tarea que es más bien compleja.
En otras palabras,
es una teoría que sirve para comprender cómo se
relacionan la imagen de la realidad social construida por los medios, las
rutinas organizativas del trabajo periodístico y los significados sociales que
emergen de allí.
A partir de esta definición del
autor podemos ver la complejidad de la tarea periodística, desde la búsqueda de
la información, hasta el resultado del producto informativo (noticia). Esta
corriente revela un papel activo de los periodistas y el producto noticia se
muestra como el resultado de una construcción.
Existe un gran caudal de hechos
potencialmente noticiables y, para elaborar la noticia, se deben cumplir una
serie de requisitos:
1. Deben hacer posible reconocer un acontecimiento (incluidos
los excepcionales) como hecho noticiable; 2. Deben
elaborar formas de producir los acontecimientos que no tengan
en cuenta la pretensión de cada acontecimiento a un tratamiento idiosincrático; 3. Deben organizar el trabajo
temporal y espacialmente de tal manera que los acontecimientos noticiables
puedan afluir y ser elaborados de forma planificada. Estos requisitos están
relacionados entre sí. (Tuchman como se citó en Wolf,
1987, pp. 214-215)
Cabe destacar que el estudio
de la fabricación de la noticia se asienta en una noción de noticiabilidad (newsworthiness)
que es “el conjunto de elementos a través de los cuales el aparato informativo
controla y gestiona la cantidad y el tipo de acontecimientos de los que
seleccionar las noticias” (Wolf,
1987, p. 222). Desde esta perspectiva, los valores-noticia constituyen
elementos fundamentales que determinan qué hechos tienen el potencial de
convertirse en noticias. Se entienden como criterios de relevancia que guían
tanto la selección de los acontecimientos como su tratamiento dentro de la
redacción. Por un lado, estos valores permiten elegir, entre todo el material disponible, aquello que merece
ser incluido en el producto periodístico final. Por otro, orientan la forma en
que se presenta la información: qué aspectos destacar, cuáles dejar de lado y en qué orden jerarquizar los contenidos.
En este sentido, los valores-noticia funcionan como reglas prácticas
sustentadas en saberes profesionales que estructuran, de manera explícita o
implícita, los procesos cotidianos del trabajo periodístico (Wolf, 1987).
Otro concepto que ayuda a analizar
la relevancia que un medio de comunicación masivo le otorga a un acontecimiento
es si este se encuentra incluido dentro de su agenda de temas prioritarios.
Wolf (1991) denomina este proceso tematización. Para este autor, tematizar un
suceso significa colocarlo en el orden del día de la atención del público.
Por otro lado, el análisis del
discurso es una disciplina que se origina en la década del 60 y se ha
transformado con el paso del tiempo. Se pueden identificar tres etapas: la década de 1960 se conoce
como la primera generación de esta disciplina, influenciada por la sociología y abocada al estudio del impacto de los mensajes generados por
el emisor. En esta perspectiva se presume un receptor pasivo. La etapa
posterior o segunda generación (década del 70), centra su inquietud en el
análisis de los contenidos que se incluyen
en los mensajes y su vínculo con la ideología. Por último, la tercera
etapa (década del 80), trabaja fundamentalmente con diversas formas de
comunicación y diseño en el plan de elaboración de mensajes. En este último
periodo se ahondó y expandió el estudio del discurso, cuyo principal referente
es Teun Van Dijk (Van Dijk,
2003) y su instrumento de análisis crítico del discurso (ACD). Este es el
enfoque adoptado en este artículo para analizar los discursos en las noticias y
crónicas emitidas por El Liberal acerca
del asesinato de Cristian Ferreyra.
El discurso es una construcción
lingüística compuesta por una serie de enunciados formulados por un enunciador con la intención de ser
interpretados por distintos receptores. En su elaboración, el enunciador
incorpora una multiplicidad de elementos culturales, sociales, históricos e
ideológicos que reflejan su postura y sus intereses dentro de un determinado
contexto. Desde la perspectiva de Van Dijk (1997), el análisis crítico del
discurso se centra en examinar las relaciones de poder presentes en los discursos
que se emiten dentro de una sociedad. Este autor analizó las estrategias
discursivas utilizadas por los sectores dominantes y sus implicancias en los
entornos donde operan. Además, este enfoque estudia las repercusiones
cognitivas y sociales del discurso al analizar la manera en que su construcción
y circulación dan lugar a narrativas de resistencia frente a estructuras de opresión.
El análisis del discurso desnuda la
interconexión entre ideología y discurso, revelando las representaciones
subyacentes en la producción y recepción de los mensajes. En este sentido, los
medios de comunicación desempeñan un rol central en la reproducción de
discursos hegemónicos, ya que no solo seleccionan y jerarquizan los temas de la
agenda pública, sino que también ejercen una influencia estructural al difundir
determinados puntos de vista sobre los hechos. Las representaciones y valores
que difunden respecto a distintos actores sociales, especialmente aquellos
vinculados a movimientos de resistencia, pueden ser estudiados de manera
crítica para revelar sus sentidos profundos.
En términos generales, el análisis
crítico del discurso busca comprender cómo el lenguaje contribuye a la
reproducción de las estructuras de poder (incluso puede perpetuar situaciones
de abuso de poder). Dentro de este marco, cobra especial relevancia la
exploración de problemáticas sociales como la desigualdad, la dominación y los
conflictos que emergen de ellas y analizar el papel fundamental que desempeña
el discurso en la configuración de estas dinámicas. El énfasis está puesto en
los componentes del discurso “asociados a la expresión, confirmación,
reproducción o impugnación del poder social de los oradores o escritores, en su
condición de miembros de los grupos dominantes” (Van Dijk, 2009, p. 24). En
este sentido, el autor propone que el discurso ideológico de los integrantes
del endogrupo, “. . . pone énfasis en las características positivas de nuestro
propio grupo y de sus miembros y en las características negativas de los otros,
el exogrupo” (Van Dijk, 2009, p. 24). Por consiguiente, el análisis crítico del
discurso busca indagar en las distintas formas en que el lenguaje puede ser
utilizado como instrumento de abuso, prestando especial atención a prácticas
como la manipulación del contenido, la distorsión informativa, la difusión de
falsedades, la difamación y la propaganda. Estas estrategias discursivas buscan influir de una manera ilegítima en la percepción y el
comportamiento de los destinatarios de los mensajes, con el objetivo de
sostener y reproducir estructuras de poder establecidas (Van Dijk, 2009).
Como podemos ver, el discurso es fundamentalmente ideológico,
ya que su propósito es reproducir el poder. Específicamente, a este tipo de
estudio le interesa el poder social como “el control sobre las acciones de otros” (Van Dijk, 2009, p.
29). Este lingüista, afirma que, además, ese control se despliega “en beneficio
de aquellos que lo poseen y en detrimento de los sujetos controlados, se puede
hablar de abuso de poder” (Van Dijk, 2009, p. 29). En este sentido, el control
se administra en el discurso, en las mentes de los hablantes controlados y en
sus opiniones e ideologías. Esta vigilancia mental por medio del discurso
es el resultado que se pretende, y ya que el accionar
de los sujetos está influenciado por esta intervención mental,
indirectamente hay un control sobre la acción
que ejecutan.
Por lo tanto, el estudio crítico de
los discursos permite evidenciar cómo ciertos sectores de la sociedad o
instituciones hegemónicas ejercen su poder social al influir y controlar a
otros actores dentro del entramado social. En este sentido, el dominio de un
grupo sobre otro se sustenta en su capacidad para imponer y regular los
discursos que circulan en la sociedad. Así, el análisis crítico del discurso se
centra en examinar las múltiples maneras en que el control sobre el lenguaje se convierte en un mecanismo de dominación,
utilizado para moldear ideas, pensamientos y comportamientos en función de los
intereses de las élites.
Este análisis, como proceso de la
reproducción del poder discursivo, se puede entender desde dos elementos (Van
Dijk, 2009):
●
¿Cómo
los grupos dominantes controlan el discurso?
●
¿Cómo tal discurso controla
la mente y las acciones
de los sectores más desfavorecidos y menos poderosos, y cuáles son los efectos sociales de este
control?
Las personas suelen tener un
control activo sobre la comunicación en el ámbito familiar, pero cuando reciben información de los medios
masivos, asumen un rol más pasivo y son influenciadas por estos grandes emisores.
El poder sobre el discurso depende del contexto, la coyuntura y la estructura
del mensaje. El contexto, entendido como el marco que da sentido al discurso,
incluye factores clave como la situación social, los participantes, sus roles y
objetivos, así como las ideas e ideologías que influyen en la comunicación
tanto en el ámbito social como institucional (Duranti
y Goodwin, 1992; Van Dijk, 1998).
El conflicto en 2011 y el asesinato
de Cristian Ferreyra
La comunidad Lule Vilela se asienta
en el noroeste del país, principalmente en las provincias de Tucumán, Salta y
Santiago del Estero. Los miembros de esta comunidad son habitantes originarios de las tierras y trabajan en forma
conjunta con el MOCASE Vía Campesina en la lucha y defensa por la propiedad de las tierras.
En 2009 se produjo un fuerte avance
y expansión de la frontera agropecuaria en Santiago del Estero y la lucha por los derechos
de los campesinos originarios se intensificó. Concretamente, en dicho año había 2000 hectáreas en pugna en la
zona norte de la provincia: el empresario Jorge Ciccioli,
oriundo de Santa Fe, buscaba explotar estas tierras para el cultivo de soja y
los campesinos, miembros de MOCASE Vía Campesina, querían continuar habitando y
trabajando la tierra por su cuenta. Frente a esta situación, el empresario
pretendió desalojar a los campesinos utilizando medios violentos y los miembros
de la comunidad respondieron que ellos son los verdaderos dueños de la tierra y
que las mismas habían sido vendidas ilegalmente. En réplica a los hechos
violentos, los campesinos denuncian a los empresarios por acoso, hostigamiento
y diversas amenazas.
En
el año 2011 mataron a Cristian Ferreyra,
campesino de 23 años y miembro activo del MOCASE Vía
Campesina. La comunidad de San Antonio comunicó de forma oficial que el
miércoles 16 de noviembre del 2011, en la casa de la familia de Cristian
Ferreyra, se apersonaron Javier y Arturo Juárez, sicarios contratados por el empresario Jorge Ciccioli y dispararon a sangre fría contra dos
campesinos. Darío Godoy y Cristian Ferreyra fueron trasladados al hospital de
Monte Quemado Dr. Antonio F. David con heridas leves y graves, pero Cristian no
sobrevivió. Tres días después de lo sucedido, quedó detenido Javier Francisco
Juárez como presunto autor del crimen de Ferreyra. Este último era encargado
del campo y tío de la viuda de Cristian Ferreyra.
A medida que transcurría la investigación policial para buscar
y detener a los agresores, la viuda de Ferreyra, Beatriz Juárez, brindó
testimonios dramáticos que fueron publicados en el diario El Liberal. Los testimonios de la viuda de Ferreyra, apuntaban a
que la raíz del problema estaba en los antiguos rencores y odios familiares
entre su tío y ella. En la crónica, el medio gráfico dejó entrever que el
crimen tenía su origen en conflictos personales y emocionales entre los
protagonistas.
Desde una perspectiva diferente, en su versión digital del 18
de noviembre, el diario Página 12 tituló
“Otra víctima por defender su territorio” (Aranda, 18 de noviembre de 2011). El
artículo enfatizó en una serie de aspectos relacionados con el militante
asesinado como defensor de la tierra, su trayectoria de resistencia al desalojo
y su pertenencia al MOCASE VC. También alude al conflicto histórico que la
organización campesina tenía con el referente del agronegocio
Jorge Ciccioli. Datos invisibilizados en las primeras
versiones que circulaban en la prensa santiagueña.
En simultáneo, los campesinos
miembros del MOCASE Vía Campesina buscaban hacer oír su voz. Se movilizaban en
distintos parajes del interior de la provincia y en ciudades importantes como
la capital provincial, frente al Tribunal Superior de Justicia de Santiago del
Estero y en la ciudad de Buenos Aires. Estos reclamos fueron difundidos por el
diario El Liberal en la jornada del
19 de noviembre del 2011 en un pequeño recuadro que no buscaba llamar demasiado
la atención de los lectores.
Por otro lado, la red de Radios del
MOCASE Vía Campesina, como así también otras estaciones aliadas a la
organización campesina, por ejemplo, FM La Tribu (Almagro, Buenos Aires)
informaban permanentemente cada una de las manifestaciones y protestas para que
la opinión pública nacional tomara conocimiento y condenara el crimen. Al mismo
tiempo, estos medios eran canales de reclamo para solicitar la pronta
resolución del caso por parte de la justicia de Santiago del Estero.
Del otro lado del conflicto, los
abogados de los empresarios Jorge Ciccioli y Hugo
Juárez, señalados como autores intelectuales del crimen de Ferreyra,
prometieron presentarse el 20 de noviembre ante la justicia. No obstante, no
cumplieron con este paso. El conflicto y el malestar social incrementaba a
medida que el caso Ferreyra tomaba estado público. Entre otras organizaciones
que se hicieron eco de lo sucedido, la Iglesia Católica emitió un comunicado el
21 de noviembre en rechazo y repudio de los actos violentos y la Central de
Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) también se expidió en el
mismo sentido.
El 22 de noviembre, el gobierno de
la provincia anunció la suspensión de los desmontes por 180 días en toda la provincia para apaciguar el malestar creciente debido al conflicto por la tierra.
Además, se creó una comisión
especial que trabajó desde esa fecha en cada lugar de conflicto. Este comité
estaba presidido por el director de la Dirección de Bosques, Dr. Publio Araujo,
y trabajó en conjunto con el Comité de Emergencias.
Sumado a las medidas mencionadas,
el Poder Ejecutivo provincial gestionó una audiencia para las organizaciones
campesinas con los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para que
los campesinos expongan su mirada sobre la problemática del sector. Este era un
intento más del ejecutivo provincial por agilizar los acuerdos entre las partes para tranquilizar el conflicto. Ese mismo 22 de noviembre trasladaron a Juárez,
el principal acusado, a la dependencia policial de la ciudad de Monte Quemado,
Departamento Copo, pero se negó a declarar.
El empresario Ciccioli
prometió y no cumplió con su palabra de presentarse ante las autoridades
judiciales de la provincia, por lo que el 23 de noviembre quedó detenido por el
asesinato de Cristian Ferreyra a disposición del juez de la causa para ser
interrogado. Más allá de la detención del empresario, sus abogados insistieron
públicamente en los medios de comunicación que Ciccioli había adquirido de buena fe el campo en
Departamento Pellegrini y en Departamento Copo. En paralelo, los abogados de
los hermanos Abregú y de Juárez pidieron la liberación de los imputados.
Por su parte, la legislatura
provincial hizo un reclamo a la justicia por el esclarecimiento del hecho y el
entonces gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, dijo en los medios
locales que “No debe morir nadie por conflictos con las tierras en Santiago” (El Liberal, miércoles 23 de noviembre
del 2011). Por otro lado, el presidente del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI), Daniel Fernández, estuvo de acuerdo con la resolución del gobierno de suspender el desmonte y se sumó al
pedido público de justicia para esclarecer el caso Ferreyra.
Al día siguiente de las
declaraciones públicas del gobernador Zamora, este mandatario recibió a los
familiares del joven asesinado en la casa de gobierno y continuó con su postura
de mostrar una preocupación desde el Estado para el cese de los conflictos por
la tierra en el interior de la provincia.
Por otro lado, el empresario Ciccioli se descompensó el día miércoles 23 de noviembre por complicaciones de las enfermedades que
padece (diabetes, hipertensión y celiaquía) y a raíz del intenso calor que se vivía en la provincia. Estuvo internado en el Hospital
Regional hasta el jueves 24. Hasta este momento, el autor material
del crimen, Javier Francisco Juárez, continuaba detenido.
El 25 de noviembre, los miembros
del MOCASE Vía Campesina marcharon por distintos puntos del país, entre estos
las calles de la ciudad de Monte Quemado, cabecera del Departamento Copo, en
repudio del crimen de Cristian Ferreyra. La agrupación realizó cortes en la
Ruta Nacional 16 por intervalos de media hora, pintó mensajes de protesta en
contra de las empresas forestales de la zona
y difundió un documento en el que solicitaban juicio y castigo para los
responsables de la muerte del activista.
Ante la pronunciación y condena pública de distintos actores
sobre el asesinato, el ministro de justicia
de la provincia, Ricardo Daives, afirmó
“se tomaron medidas
para que no vuelva a pasar lo de
Ferreyra” (El Liberal, 26 de noviembre
del 2011). Entre estas medidas, el funcionario destacó un “trabajo intensivo” (El Liberal, 26 de noviembre del 2011)
desde el área de seguridad para identificar y capturar a los responsables del
crimen. Este trabajo se llevó adelante con colaboración de otras dependencias
del mismo gobierno provincial para evitar y prevenir futuros conflictos por la
tierra. El Liberal publicó
declaraciones de testigos del crimen el 26 de noviembre, entre ellas, la de
Iván Landriel, y la de una anciana que señaló “le
sacó la pierna” (El Liberal, 26 de
noviembre del 2011) en alusión al disparo de Javier Juárez contra Cristian
Ferreyra.
El diario líder de la prensa local se hizo eco de la
información proporcionada por los funcionarios judiciales y, el martes 29 de
noviembre, aseveró que se comenzaba a definir la situación procesal de los
imputados. Asimismo, el medio gráfico destacó que el abogado defensor de Ciccioli solicitó a la justicia la incorporación de un
expediente a la causa que relata un incidente de junio del 2011, en el que el
empresario fue víctima del corte de 17 kilómetros de alambrado y de daño a su
maquinaria.
Finalmente, el 4 de noviembre de 2014, tres años más tarde de
la tragedia, comenzó el juicio por el crimen de Cristian Ferreyra y el 9 de
diciembre, la justicia dictó la sentencia. Javier Juárez, quien confesó durante
el juicio haber disparado contra Ferreyra, fue condenado a 10 años de prisión y
a pagar 900 mil pesos en concepto de indemnización por los daños causados. El
empresario Ciccioli, señalado como el autor
intelectual del hecho, junto a otros integrantes de la banda parapolicial,
resultaron absueltos por la Cámara Criminal de Santiago del Estero y
recuperaron su libertad.
Cabe aclarar que el asesinato de
Cristian Ferreyra no fue el único hecho violento que tuvo como protagonistas a
empresarios del agronegocio y a miembros de MOCASE VC. Entre 2011 y 2015
sucedieron otros episodios que, si bien exceden el análisis que se propone
este artículo, es menester
mencionar, por ejemplo, el asesinato del militante campesino Miguel Galván el
10 de octubre del 2012 en el paraje El Simbol, ubicado al norte de la
provincia.
Análisis del discurso comparativo
del caso Ferreyra: Diario El Liberal y el Diario Página 12
En las noticias publicadas por el
diario El Liberal sobre el asesinato
de Cristian Ferreryra se identifica una polarización
entre victimarios bajo los
pronombres gramaticales “el /ellos” (Jorge Ciccioli,
Javier Francisco Juárez) y víctimas bajo
el pronombre plural “nosotros” (Beatriz Juárez y Darío Godoy). Igualmente, la
asociación entre homónimos (los Juárez) muestra la intención política del medio
gráfico de presentar el crimen del activista del MOCASE VC como un dilema
doméstico en el que la mayoría de los implicados eran familiares entre sí.
Si bien se analizaron 32 noticias,
se incluyen en este artículo dos ejemplos que dan cuenta con claridad de esta
polarización discursiva. A continuación, se presenta el primero de ellos:
La joven madre, de 26 años de edad, contó a la Agencia Pelota
de Trapo lo sucedido entre el victimario y la víctima en la tarde del pasado
miércoles, en el paraje San Antonio, Departamento Copo.
“Mi marido sale y estaban discutiendo porque él (Javier
Juárez) era empleado de (Jorge) Ciccioli, el
empresario que nos quiere sacar de nuestra casa. Y entonces ahí es cuando mi
marido le dice que él no es el dueño, y que nosotros somos los que vivimos acá.
Y ahí le agarra y le mete un tiro en la pierna izquierda a mi marido”, relató
la mujer, cuyo tío es el presunto homicida.
“Como no podían cargar de nuevo el arma por falta de tiempo,
la mujer de Darío (el compañero herido que está hospitalizado) sale corriendo
para sacarle fotos con el celular. Y luego la empiezan a correr y a golpearla,
hasta le tira un tiro en los pies. Ahí la mujer le pegó en la cara y se metió
en la casa de nuevo” agregó Beatriz que ingresó con su hijo a su vivienda, ya
que “siempre lo amenazó que lo iba a matar”.
Después de los disparos, la mujer comentó que Juárez se subió
a su moto y, tanto Cristian como Darío, quedaron tirados en el suelo. Ahí yo me
voy corriendo a buscar ayuda a los vecinos. Pero Cristian se desangraba. Antes
de llegar a la ciudad de Monte Quemado, falleció”, agregó.
Finalmente, reveló que “(su tío) siempre me ha tenido odio y
rencor, desde niña quiso abusar de mí”. (El
Liberal, 19 de noviembre de 2011, p.38)
El análisis del discurso en el fragmento noticioso revela una
marcada polarización entre un endogrupo,
representado por las víctimas campesinas, y un exogrupo, conformado por el empresario y sus empleados. Desde la
perspectiva de Van Dijk (2009), esta estructura discursiva no solo delimita
grupos opuestos, sino que también refuerza la legitimidad del endogrupo
mientras deslegitima al exogrupo.
En
el relato periodístico, el endogrupo
campesino se construye a partir de la reiteración de pronombres personales
como “nosotros”, “nos”, y “mi”, los cuales
enfatizan su arraigo territorial y su
condición de víctimas del agronegocio. Ejemplos como “nosotros somos los que vivimos acá” (Juárez, como se citó en El Liberal, 2011, p.38) refuerzan la
idea de que los campesinos son los legítimos poseedores de la tierra, apelando
a un sentido de pertenencia ancestral. En contraposición,
el exogrupo empresarial es
caracterizado con rasgos negativos, asociado a términos como usurpación, despojo y violencia. El
uso de “él” para referirse al
empresario y “ellos” para designar a sus empleados refuerza la idea de un enemigo externo,
generando una dicotomía víctima- victimario que estructura toda la narración.
Este esquema discursivo define roles opuestos que sustenta la
teoría y busca simplificar la mirada del
lector con una polarización de términos. El endogrupo campesino se asocia con
valores positivos como la resistencia y la justicia, mientras el exogrupo es
presentado como el empresario que amenaza la estabilidad de la comunidad. Sin
embargo, esta construcción discursiva omite aspectos clave del conflicto, como
la disputa legal por la tierra y el comunicado oficial del MOCASE VC tras el
homicidio. La omisión de estos elementos evidencia un sesgo en la cobertura
periodística, que busca posicionar la noticia como un conflicto interpersonal y
no como un problema histórico y social más amplio.
A diferencia de este esquema
simplificador entre víctima y victimarios, el diario Página 12, en su primera publicación respecto al asesinato, pone el
énfasis en atributos identitarios del militante campesino. Ejemplo de esto
encontramos en el siguiente extracto textual: “Quería mantener una forma de
vida que implica trabajar la tierra, criar animales, sembrar y cosechar su
comida” (Aranda, 2011, S/P).
En contraposición a lo que subraya El Liberal, el diario Página
12 destaca la labor cotidiana y los valores que pregonaba Ferreyra como
militante campesino. Destaca estas ocupaciones cómo relacionadas con una forma
de vida tradicional, ligada a la agricultura familiar y a una defensa pacífica de la tierra.
Al mismo tiempo aparece, aunque en menor medida, la faceta de Ferreyra como víctima de las guardias blancas del
empresario. El diario nacional introduce este punto con el testimonio de Marilena Santillán, militante del MOCASE VC “Esto es el
lejano Oeste, no se cumplen nuestros derechos, nos matan como animales”
(Aranda, 18 de noviembre de 2011, S/P).
Este fragmento de la noticia de Página 12 pone de relieve la polarización entre el nosotros
(campesinos) y ellos (empresarios-sicarios), puntualmente cuando incluye el
pronombre personal “nos” (Aranda, 18 de noviembre de 2011). En paralelo, se
hace visible el nivel de indefensión en el que viven los campesinos bajo el
mando de los empresarios, aún más, comparar el contexto rural con el lejano oeste y a los campesinos con
los animales, da cuenta de niveles extremos de violencia. Además, esta cita
permite dilucidar la ausencia del Estado en materia de seguridad.
Otra de las perspectivas de la que
se vale El Liberal para reforzar el
enfoque víctima y victimario de una pelea entre vecinos, es la versión del
Poder Ejecutivo provincial:
[El gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora] “Nadie
debería morir por pelear por tierras” . . . “En hechos como este se puede hacer diferentes lecturas, lo importante es lo que la justicia determine. Lo cierto
es que hubo un fallecido, ambas personas (que tuvieron el conflicto)
son gente humilde, lugareños y seguramente sus familias vivieron durante muchos
años en ese lugar”, indicó.
“Sí, es cierto, hubo un problema de tierra, es un problema que
hay en varios lugares de la provincia y nosotros para esto tenemos un Comité de
Emergencia, una mesa de diálogo y una serie de mecanismos que son del Poder
Ejecutivo y de las comunidades campesinas, que están organizadas por decreto y
pronto será ley para establecer una política de Estado para tratar estos conflictos. Una de estas
personas formaba parte
del movimiento campesino, que integra la mesa de diálogo, e incluso en el
Comité de Emergencia tiene dos integrantes”, manifestó. . . “Lo que ocurrió fue
un hecho entre dos vecinos, pero eso no quita de que la justicia determine que
puede haber alguna responsabilidad del propietario de la tierra. . . (El Liberal, 23 de noviembre de 2011, P.2)
En este segundo ejemplo de la prensa local, se evidencia una
clara prevalencia de la voz del gobernador provincial, quien enmarca el
conflicto territorial desde su propia perspectiva. En su discurso, los
campesinos son posicionados como el exogrupo,
caracterizados con una serie de atributos negativos que los presentan como
conflictivos y responsables de su propia situación. El gobernador utiliza la
expresión “pelear por tierras” (Zamora
como se citó en El Liberal, 2011), lo
que sugiere que la lucha campesina no es un reclamo legítimo, sino un acto de confrontación. Al describir la
muerte de Ferreyra como resultado de un enfrentamiento, minimiza la violencia
estructural y la desigualdad que se encuentra en las bases del conflicto y lo
reduce a un hecho aislado de disputas entre pares.
Asimismo, Zamora refuerza la representación
negativa de los campesinos al describirlos como “gente humilde, lugareños
y seguramente sus familias vivieron durante muchos años en ese lugar” (Zamora
como se citó en El Liberal, noviembre
del 2011, P.2). Con esta afirmación, los describe como un grupo precario
económicamente y que es propenso a tener acciones negativas. De esta manera, el
discurso oficial omite la lucha histórica de estas comunidades por la posesión
y permanencia en sus territorios.
En contraposición, el endogrupo, conformado por el Comité de
Emergencia y la Mesa de Diálogo del gobierno provincial, es representado como
un actor con intenciones conciliadoras. El uso del pronombre “nosotros” en su discurso refuerza la
imagen de un gobierno comprometido con la resolución pacífica de los
conflictos. El gobernador incluso se posiciona como un mediador benevolente,
destacando la participación de militantes campesinos en organismos de
negociación. Sin embargo, a pesar de esta aparente
inclusión, el discurso
del Zamora enfatiza
que la conflictividad persiste debido a la propia transgresión de los
campesinos, responsabilizándolos implícitamente por la violencia que sufren.
En los meses de noviembre y diciembre de 2011 El Liberal otorgaba extensas redacciones
al primer mandatario santiagueño para que se explaye acerca de lo sucedido en
el paraje San Antonio. Por su parte, Página
12 recurría a los testimonios de una de las líderes más experimentadas y
mentora del MOCASE VC, Deolinda Carrizo, quien responsabilizaba políticamente a
los funcionarios de gobierno de turno, ejemplo de esto lo podemos ver en el
siguiente extracto:
“Araujo (de Bosques) responde directamente al ministro de
Producción, Luis Gelid, que es un reconocido sojero
local. Y Gelid es mano derecha
del gobernador Gerardo
Zamora. Todos tienen las manos con sangre de campesinos”, denunció Deolinda Carrizo,
del Mocase-VC, a Página/12.
Carrizo afirmó que la “cadena de responsabilidades incluye a
Elías Suárez (jefe de Gabinete), Marcelo Pato (jefe de policía) y Ricardo Daives (ministro de Justicia), todos fueron advertidos de
lo que acontecía en San Antonio y no hicieron nada” (Aranda, 16 de diciembre de
2011, S/P)
La
referente de los campesinos del Mocase Vc, pone en contexto
el conflicto, recuerda
y reconstruye como trabajaba
la organización campesina para dar conocimiento a las autoridades provinciales
en general, y a la Dirección de Bosque de
la provincia en particular, sobre el conflicto que se venía gestando con el
empresario. Ante esta omisión y ausencia de la presencia de las autoridades del
gobierno provincial, Deolinda
responsabiliza directamente al Gobernador Dr. Gerardo Zamora
y a los ministros encargados de prevenir que se lleguen a estas
instancias de conflicto por tierras en el interior de Santiago del Estero.
Como se puede observar, el
principal aparato informativo santiagueño nutre diariamente a la opinión pública con una versión sesgada
del asesinato del activista campesino, Página
12 opta por dar más espacio redaccional al testimonio de los miembros
activos del MOCASE VC, por ejemplo, Marilena
Santillán aporta datos que hacen a la descripción identitaria del joven
militante asesinado. Esto queda evidenciado en el siguiente extracto noticioso:
“Mataron a Cristian porque era un joven fuerte, decidido a defender el
territorio de sus padres y de su hijo. Él hablaba, dialogaba, pero no negociaba
el territorio. Por eso lo mataron” (Aranda, 18 de noviembre del 2011, S/P).
Desde el conocimiento militante de Santillán sobre
Ferreyra, se retratan
otras cualidades alejadas
de la violencia y más cercanas al uso de la palabra y el diálogo como
instrumentos de mediación y de negociación. Acuerdo que se fracturaba cuando
estaba en juego el territorio y la vida de sus habitantes.
En la mayoría de las noticias
publicadas por El Liberal se
encuentra el mismo patrón: los miembros de
MOCASE Vía Campesina son caracterizados constantemente como violentos, ya sea
como víctimas o agresores. Se destacan hechos como heridos
por armas de fuego y enfrentamientos en los
que los campesinos son retratados portando armas blancas, como al mencionar que
habría tomado “sendos cuchillos” (El
Liberal, 17 de noviembre de 2011). Este tipo de términos refuerzan la
imagen de un movimiento campesino alejado del diálogo y propenso a la
confrontación violenta.
Para sustentar este análisis se entrevistó a un periodista de El Liberal. La identidad del
entrevistado se mantiene en confidencialidad y, en el encuentro personal,
expresó que el campesino es sereno o pasivo, pero también es capaz de tener
respuestas extremas ante situaciones que percibe como provocativas para su
seguridad o la de su entorno. Según este testimonio, el periódico considera que
los campesinos por lo general reaccionan de manera violenta, ante una ofensa
—aunque sea mínima o una broma— pueden reaccionar de manera desproporcionada,
incluso letal. La entrevista sugiere que el concepto de ofensa no es universal
y que, en contextos rurales, ciertas acciones pueden tener consecuencias graves
debido a una sensibilidad particular frente a la honra o el respeto.
En esta representación periodística
estigmatizada, los campesinos son retratados como sujetos asociados
constantemente con conductas violentas, primitivas e incivilizadas, reforzando
así una imagen negativa que los desvincula de cualquier reivindicación
legítima. En este marco, no resulta sorprendente que el medio
gráfico enfatice la supuesta agresividad con la que actúan, llegando
incluso a insinuar que su accionar tenía la intención de causar daño o atentar
contra la vida de los empleados del empresario Ciccioli.
Conclusiones
El conflicto por la tierra en
Argentina, presente desde la década de 1990, sigue vigente y expone la lucha de
las comunidades campesinas e indígenas frente al avance del agronegocio.
Mientras estas comunidades buscan hacer valer su derecho a habitar y trabajar
sus territorios, los empresarios sojeros continúan expandiendo su dominio sin
considerar los límites ambientales, los derechos humanos ni la justicia social.
Esta disputa territorial no solo se traduce en desalojos y violencia, sino
también en una batalla simbólica en el campo discursivo, donde los medios de
comunicación juegan un papel clave en la construcción de sentido y en la
legitimación de determinados actores y relatos.
El asesinato de Cristian Ferreyra
en 2011 puso en evidencia la crudeza de este conflicto y la violencia
sistemática ejercida contra el campesinado. Este artículo tuvo como objetivo
analizar comparativamente el tratamiento periodístico que El Liberal y Página 12 dieron
al caso de Cristian Ferreyra, identificando las expresiones
simbólicas-discursivas y los criterios de agenda
setting utilizados en su cobertura.
A través del análisis crítico del
discurso, se examinaron noticias y crónicas publicadas entre noviembre de 2011
y diciembre de 2012, complementadas con una entrevista en profundidad a un
periodista de El Liberal. El
tratamiento mediático del caso en el diario El
Liberal mostró cómo las narrativas periodísticas pueden contribuir a la
criminalización y estigmatización del movimiento campesino, al tiempo que
minimizan o justifican la violencia estructural del agronegocio. En su
cobertura, el medio reforzó un esquema discursivo que deslegitima la lucha
campesina, otorgando mayor espacio a la voz de los empresarios y silenciando
las demandas de MOCASE VC.
Por su parte, el discurso del
diario Página 12 expone una versión
alternativa a la prensa santiagueña al destacar los rasgos identitarios del militante Ferreyra
y su organización campesina, principalmente en la relación entre el
campesino y la tierra. Este diario recurre a otras voces militantes para
retratar la figura de la víctima y, en paralelo, enfatiza en otros atributos
como el empleo de la palabra como medio de comunicación y la paz como forma de
vida.
Además, otro rasgo distintivo en la cobertura de Página 12 es el espacio que le brinda a
las palabras de Deolinda Carrizo, testimonio que abre el espectro del conflicto
y responsabiliza política y legalmente al gobierno de la provincia, como así
también a los ministros del gabinete. Por lo tanto, el empresario, sus guardias blancas y los campesinos militantes
del MOCASE VC ya no son los únicos actores del conflicto, sino que el escenario
se complejiza al incluir las políticas que lleva adelante el gobierno
provincial en materia de conflictos por tierras.
Los medios de comunicación no solo
informan, sino que construyen la realidad al decidir qué hechos son noticia y
cómo deben ser interpretados. En este contexto, resulta fundamental un
ejercicio periodístico responsable que no reproduzca acríticamente los
intereses de los sectores dominantes como lo hace El Liberal, y que no posicione alternadamente a los campesinos como
víctimas del conflicto o como sujetos pasivos, como se observa en algunos
pasajes de las noticias de Página 12.
Si bien la objetividad absoluta es
un ideal inalcanzable, es necesario reconocer los mecanismos de selección y
omisión en la cobertura mediática y fomentar una mirada crítica sobre los
relatos que circulan en la esfera pública.
Sobre todo, si el discurso
periodístico trata problemáticas como conflictos por
la tierra, donde están implicados agentes económicamente poderosos como Jorge Ciccioli, el gobierno de la provincia, y sujetos
subalternos marginalizados como el defensor de la tierra del MOCASE VC,
Cristian Leandro Ferreyra.
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