Popular Economy Workers’s Confederation (CTEP in the General Confederation of Work). Between labor union and political conflict (Argentina, 2011-2017)

En el año 2011 se creó la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). En el año 2015, a los albores del cambio de gobierno, se le concedió la personería social, a pesar de que su demanda era la “gremial”. En el año 2016, en conjunto con una amplia gama de organizaciones, sumadas la CGT y las CTAs lograron proponer con éxito la Ley de Emergencia Social que los reconoce como trabajadores de la economía popular, con derecho al salario social complementario (MALDOVAN, et. Al, 2017). En el presente artículo se analizan las acciones y estructura organizativa de la CTEP, sus principales demandas y participación en el espacio público así como ciertos aspectos de las relaciones que establece con el sistema político institucional. El análisis que presentamos recoge resultados de entrevistas en profundidad y datos de carácter estadísticos, en particular, de la construcción de una base de datos realizada sobre la página oficial de la CTEP. Concluimos que como organización se encuentra tensionada entre lo corporativo y lo político, entre lo sindical y lo movimental. Pero esto no es el resultado de una falta de definición. Así como existe en el mundo una tendencia hacia el “sindicalismo de movimiento social”, en Argentina se puede observar un proceso de “movimiento social hacia el sindicalismo”.

Palabras claves: Conflicto; Sujeto Político; Organización Popular; Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)

In 2011 was born the Popular Economy Worker’s Confederation CTEP. In 2015, the changing government gives to CTEP the social legal status, despite it asks for the trade union status. In 2016, with a several social organizations, unions and the two main confederations of trade unions (CTA), the CTEP, they prompted the Social Emergency Law, which recognizes them as workers of the popular economy and the right to the “social complementary salary”. This paper analyses the actions, organization and demands as well as certain aspects of its relations with the political system. In order with that, we used deep interviews, statistical data, in particular, one data base that we construct from the official webpage of CTEP. We concluded that this is tensioned between political and corporative goals, between the unionism and the movement aspects. But this is not a problem of definitions. In the world is a tendency towards a social movement unionism, in Argentina there is a processes in which movement goes towards unionism.

Keywords: Conflict; Political Subject; Popular Organization; Popular Economy Workers Confederation (CTEP)

Introducción

Argentina tuvo durante su historia repetidas crisis económicas: 1890, 1914, 1930, 1989, 1995, 2001. En estas, el factor resultante fue una tasa de desempleo de más de dos dígitos. No obstante, fue recién en la década de los noventa donde las crisis combinaron desempleo con una informalidad sostenida arriba de un tercio de la población. En este sentido, si bien la situación de deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares es un proceso que data de mediados de la década de los setenta, se profundiza en los años noventa con la creciente desindustrialización, el aumento de la pobreza y la desigualdad, en un marco de acelerado endeudamiento externo y reconversión de las funciones del Estado (GRAÑA, 2015; PIVA, 2015). Durante todo este período, el menoscabo de los derechos políticos, sociales y, en particular, los laborales fue notable. La conjunción entre el aumento de la desocupación, las políticas flexibilizadoras, el retroceso de los derechos de los trabajadores y el desprestigio de gran parte de la dirigencia sindical, produjeron un alejamiento de ciertos grupos de trabajadores de las organizaciones que hasta ese momento los representaban. De esta manera, a fines del siglo pasado, fueron los “movimientos de trabajadores desocupados” o “piqueteros” quienes conformaron grupos movilizados que protagonizaron la escena pública “conflictiva” o “polémica” (SVAMPA y PEREYRA, 2003; MERKLEN, 2005; DINERSTEIN, 2010). En este sentido, la década se caracterizó por una impugnación a la política institucional al tiempo que por una construcción de nuevas formas de entenderla (ZIBECHI, 2003; VÁZQUEZ, 2007; VOMMARO, 2013).

A partir del año 2003, la situación económica, social y política del país pareció revertirse. Con el énfasis puesto en la construcción del empleo y con la idea de instalar nuevamente al trabajo como fuente de derechos y de inclusión social, los sucesivos gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, propusieron una revisión de las políticas sociales y laborales implementadas hasta el momento. Para el período 2003-2015, podemos destacar algunas tendencias: la recuperación del empleo “decente” como retórica y como políticas efectivas, el rol del Estado como organizador de las acciones de gobierno, la revitalización sindical y un conjunto de políticas orientadas a los trabajadores “pobres” o precarios. (MUÑOZ, 2017; NATALUCCI, 2013; HOPP, 2016). En estos años, se pueden distinguir dos momentos. El primero, desde el inicio del gobierno de Néstor Kirchner (2003) y hasta la crisis internacional de 2008-2009, y el segundo, hasta finalizar el gobierno de Cristina Fernández (2015). El primero se destacó por la reducción de la desocupación y del empleo informal, mientras que en el segundo la tendencia fue menos positiva. Durante los años 2004, 2005 y 2006 aumentó el empleo privado y formal (O’FARREL y VILLAFAÑE, 2013), y la tasa de informalidad se redujo en 7 puntos porcentuales (NOVICK, 2016). En paralelo a esta recuperación, el gobierno abordó la institucionalidad laboral y en este sentido, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) actuó como parte mediadora representante del Estado en las relaciones entre el capital y el trabajo, promocionando la negociación colectiva y la actividad sindical con un creciente número de convenios colectivos y acuerdos homologados. En este sentido, la revitalización sindical impactó más sobre la recuperación corporativa del sector formal que sobre la participación de los trabajadores como actor político (NATALUCCI, 2013). En relación a las organizaciones piqueteras, el nuevo gobierno consideraba que eran un emergente de la crisis pasada y que aparecerían las condiciones económicas, políticas y sociales para su integración y desmovilización. Bajo esta premisa el gobierno tuvo una doble estrategia para con estas organizaciones. Por un lado, profundizó la política social a través de la ampliación de programas y por otro, revirtió la política represiva, la estigmatización y la judicialización de las protestas (MUÑOZ, 2010; NATALUCCI, 2008: 118).

Con la crisis internacional del año 2009 se detiene el proceso de aumento de empleo y reducción de la informalidad para recuperarse levemente después de 2010 y volver a estancarse en el año 2012. A pesar de los esfuerzos institucionales del gobierno de Cristina Fernández contra el empleo no registrado, este alcanzó a un tercio de la PEA (NOVICK, 2016). Así, la heterogeneidad de la estructura ocupacional, la desigualdad de ingresos y la segmentación del mercado de trabajo fue una tendencia que crecía desde 1974 y pudo ser detenida pero no contrarrestada por estos gobiernos (POY, 2017). Con la intención de crear empleo digno, en el mismo año de la crisis, el Ministerio de Desarrollo Social de Nación (MDS), lanzó el Programa Ingreso Social con Trabajo Argentina Trabaja (PRIST o Argentina Trabaja). En los boletines producidos por el MDS, el programa se presentó bajo los siguientes objetivos: “promoción del empleo para la inclusión social, promoción de la producción, recuperación de la cultura del trabajo y el empleo digno para la generación de ingreso genuino para las familias” (MDS, 2010:5). El PRIST estuvo dirigido a personas pertenecientes a hogares en situación de alta vulnerabilidad socio-económica, que no contaban con otros ingresos provenientes de: trabajo registrado, prestaciones de pensiones, jubilaciones nacionales, ni planes de ingresos nacionales y provinciales. El programa se realizó a través del empleo cooperativista y supuso para los trabajadores (que debían adherirse al monotributo social) aporte jubilatorio y protección social para ellos y sus familias. Las cooperativas de trabajo del Argentina Trabaja, estaban vinculadas a proyectos de mejora de espacios públicos en el marco de convenios con Entes Ejecutores. Junto con el PRIST, se creó la Asignación Universal por Hijo (AUH). Desde el MDS se la anunció como “Protección Social, prestación monetaria no contributiva para las familias con trabajadores informales o desocupados con niños menores de 18 años” (MDS, 2010: 11). Para algunos, la AUH se convirtió en una asignación familiar para los trabajadores informales (PAUTASSI, et. Al, 2013).

En este contexto socioeconómico, el 20 de diciembre de 2011, diversas organizaciones sociales algunas más afines que otras a los gobiernos kirchneristas, crearon la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)^[2]. Esta se autoproclamó como entidad gremial vinculada a la Confederación General del Trabajo (CGT), en defensa de la tradición sindical argentina y con la pretensión de representar a trabajadores sin derechos, sin patrón (visible o no) y sin salario. En aquel momento, las principales demandas de la organización eran: ser reconocidos en el marco de paritarias como entidad gremial y la promulgación de un convenio colectivo de trabajo para los trabajadores autogestionados, la regulación de sus condiciones de trabajo y, la igualación de derechos con los trabajadores formales. En ese encuadre, la CTEP definía los reclamos bajo la consigna “Somos lo que falta”, “No queremos ser objeto de asistencia sino trabajadores con derechos”. En este sentido y como señala ABAL MEDINA (2017), se puede trazar una línea de acumulación política desde la soledad del desocupado pasando por la acción directa y disruptiva de puebladas y de los piqueteros, hasta una incipiente institucionalización del trabajador de la economía popular.

En el año 2015, Mauricio Macri, ganó las elecciones presidenciales. Las políticas económicas implementadas por este gobierno dieron un giro regresivo en materia de distribución del ingreso, empleo y trabajo. Desde ese momento y hasta la actualidad, hubo despidos masivos en el sector público, se devaluó la moneda un 40%, hubo una inflación (sobre todo en alimentos de igual % que la devaluación), se le retiraron los impuestos al sector agroexportador y minero y las reformas propuestas de carácter laboral, previsional e impositiva mantienen un espíritu regresivo que implica la desprotección de los trabajadores, el debilitamiento de la responsabilidad de los empleadores y flexibilización de la contratación y uso de la fuerza de trabajo (CTA, ISDESBA Stella Maldonado, 2017). Sin embargo, en ese contexto adverso para los trabajadores en general, las políticas dirigidas a la economía popular no mermaron. En 2016, por ejemplo, se sancionó la Ley de Emergencia Social donde, en letra de ley, se reconoce a los trabajadores de la economía popular y a sus organizaciones.

La CTEP actualmente y en su aspecto formal es una Asociación Civil denominada de los Trabajadores de la Economía Popular (ACTEP), inscripta en el Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas creado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por Resolución 32/2016. (BRUNO, et. Al, 2017). Como señala GRABOIS (2016), la CTEP supone una nueva forma de organización laboral.

Como arriba mencionamos, desde su formación, la CTEP se planteó como objetivo auto-configurarse como una organización sindical de representación de los trabajadores de la economía popular. En pos de ello, se dedicó a crear, instalar y vehiculizar en el espacio público demandas específicas o corporativas pero también generales, asociadas al mundo del trabajo precario, informal, o como la organización misma define, de “la economía popular” (GRABOIS y PÉRSICO, 2017). Siguiendo parte de la tradición sindical argentina, no se presentó como un enemigo del Estado. Entabló una relación de conflicto-negociación con las instituciones públicas (nacionales, provinciales y locales) y con el sector privado, recuperando cierta modalidad de acción que regresó su mirada hacia el Estado como aquel que debe garantizar derechos^[3].

Si bien durante los últimos años^[4], la CTEP comenzó a ser cada vez más reconocida socialmente, muchas veces se la confunde con una organización piquetera o de carácter meramente reivindicativo^[5]. Con mayor o menor precisión académica, se la describe -las más de las veces- como un tipo de acción colectiva compleja dedicada a la persecución de demandas de carácter corporativo y con un interés funcional, es decir, de representación de un sector específico o concreto que solo combate a la pobreza. Aquí consideraremos que ésta caracterización es demasiado simplista y no da cuenta de algo más que está contenido en la formación de la CTEP. En tanto organización, declara la intención de representar a los intereses de los trabajadores de la economía popular y devenir en sindicato. No obstante, el conjunto de sus acciones y el contexto en el cual se inserta la pone en una serie de dilemas y tensiones.

Como señalan algunos estudios (ZAPATA, 1993; 2010), de la formación de los sindicatos a principio del siglo XX (antes de la formación del corporativismo como conquista especifica del movimiento obrero en la segunda mitad del siglo) la inexistencia de protecciones y derechos hacían de las demandas por salario, vacaciones y jornada laboral, demandas de carácter político y popular. Esto es, era necesario transformar la estructura estatal para que aquellas reivindicaciones sean cumplidas, además de que tenían un impacto, incluso, sobre la estructura productiva. Ahora bien, el primer problema al que se somete a la CTEP es similar al de la secretaría general del Self-Employed Women’s Association (Sindicato de Trabajadoras Autoempeladas de la India). Refiriéndose a éste, BHATT (2012) mencionaba la ausencia de categorías para pensar en esta población^[6]. Ella señalaba que no existía una cualidad propia (la de la informalidad no alcanzaba) para estas personas que trabajaban. Ni socialmente, ni legalmente se los reconocía como “trabajadores”. Y esto se repite en Argentina. ABAL MEDINA (2017), en relación con unas entrevistas realizadas a dirigentes de la CGT, señala “en muchos casos se los llamaba hermanos pero no los representaban como trabajadores en el sentido estricto; eran grupos a los que la CGT debía ayudar pero que no integraban el mismo nosotros” (2017:43).

En este sentido, esta nueva forma de “sindicatos” no solamente pelea por el reconocimiento gremial sino por la constitución de su objeto a representar: los trabajadores de la economía popular. Por ello, analizar a la CTEP desde ciertas herramientas conceptuales típicas de los análisis sindicales, solo es útil como “medida”. Es decir, qué tanto se aleja o acercan de las formas de organización de representación funcional y de que recursos industriales y de poder disponen para negociar con el Estado y los empresarios (MURILLO, 1997; 2000). Otra forma de abordarla sería desde las teorías de la acción colectiva y los movimientos sociales que proveen conceptos en torno a los procesos de identificación y estrategias colectivas (MELUCCI, 1999).

La CTEP pareciera estar tensionada entre aspectos corporativos que pujan por buscar el beneficio de un sector social (modelo histórico argentino de presión y negociación frente al Estado) y una fuerte innovación en materia de representación, una complejidad en el nivel de las demandas y un quiebre en las formas de intervención en el espacio público. Por esto, en este trabajo nos interesa describir cómo se organiza, qué demandas presenta, cuáles son las formas de participación en el espacio público y qué relaciones entabla con el Estado, las instituciones públicas y otros actores.

Para esto, el análisis que presentamos, por un lado, recoge resultados de un Proyecto de Extensión denominado “Los derechos como estrategias para la inclusión; promoción de viejo y nuevos derechos al trabajo digno y la organización laboral” y un Proyecto de Investigación denominado “Identidades, discursos y prácticas políticas de los sectores populares en la argentina post 2003: perspectivas teóricas, enfoques analísticos y estudios de casos”. Ambos proyectos fueron radicados en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Plata (FaHCE-UNLP) y desarrollados entre los años 2014 y 2015. En este trabajo nos centramos en el análisis de entrevistas a referentes nacionales de la CTEP, registros de coloquios y de encuentros de discusión, y observaciones participantes. Normativas como leyes y programas sociales también son parte del análisis. Por otro lado, analizamos datos estadísticos a partir de la elaboración de una base de datos propia realizada sobre la página oficial de la CTEP^[7]. Concretamente para esta presentación, tomamos como unidad de análisis a las acciones puntuales coordinadas entre dos o más personas auto-identificadas como parte de la CTEP (o de una de sus organizaciones). Entre los años 2011 (orígenes de la CTEP) y julio de 2017, registramos un total de 389 acciones que clasificamos como: acciones contenciosas (AC)^[8] y acciones no contenciosas (ANC). Entre las AC registramos: protestas, marchas, movilizaciones, tomas, petitorios, denuncias, repudios y comunicados. Nos pareció importante distinguir las acciones contenciosas con repertorios “tradicionales” (ACCT) como protesta, marcha, movilización, tomas y petitorios, de las acciones de “carácter simbólico” (ACCS) como las denuncias, repudios y comunicados. En otras palabras, pensamos que las acciones en las que los miembros de la organización “tienen que poner el cuerpo”, implican un tipo de compromiso y un costo diferente de las que no. Además, como se trata de la página oficial de la CTEP se hace evidente la existencia de información sobre convocatorias a acciones contenciosas tradicionales. A estas las denominamos acciones “expresivas” (AE) que incluyen: producción de información, notas, congresos, formación laboral y política, encuentros internos y comunicaciones en tono al desarrollo de las unidades productiva, etc.^[9].

Específicamente, aquí nos interesó el análisis del perfil contencioso de la CTEP. Para abordarlo, creemos que no alcanza con incluir la intencionalidad de la organización sino se la inserta en un contexto complejo de oportunidades y obligaciones donde las relaciones de determinación y el juego de estrategias de “el otro” siempre está presente (MELUCCI, 1999). La pura existencia de población en situación de vulnerabilidad social es un fenómeno mundial. Y caracterizar a los mercados laborales como fragmentados y expulsores no otorga más que un “contexto” al análisis de las organizaciones. Pero la pobreza y la informalidad no alcanzan para explicar la acción colectiva. No obstante, un mero análisis voluntarista en torno a la radicalidad del colectivo que estamos analizando, sin tener en cuenta las condiciones de posibilidad y las acciones de los contrarios, ocultaría la red de relaciones de fuerza específica en la cual emerge. Así, para explicar la existencia de la CTEP como forma de representación novedosa de los trabajadores de la economía popular y como expresión de un emergente social polémico, deberíamos atender a esos aspectos nombrados. Por motivos de extensión y como una primera aproximación aquí elegimos analizar sus “acciones”, observando la dimensión de las alianzas y enemistades con los gobiernos y otras organizaciones, las formas en que expresa discursivamente los antagonismos, el modo en que presenta demandas y las diferentes maneras en que se manifiesta en el espacio público. Dicho de otro modo, abordaremos a la CTEP “desde adentro” hacia afuera, desde su creación hasta el 2017, bajo la idea de que se encuentra en tensión entre perseguir una forma de organización sindical, con recursos asociados al movimiento social, como forma específica de acción colectiva.

Recursos de organización: debilidad o innovación

El modelo sindical argentino fue estructurado por vía legal en el marco de la creación de la identidad peronista y de un conjunto de conquistas simbólicas y materiales que reconocieron a los trabajadores asalariados como sujetos de derechos. Entre otras cosas, el modelo se caracterizó por tender a la unidad producto de la institución del monopolio de la personería gremial en una sola organización por actividad o rama. Es el Estado, vía Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien otorga la facultad de inscribir y crear la personería gremial. Esta credencial es la que permite a las organizaciones representar a los trabajadores, en la mesa de negociación colectiva, frente a los empleadores. Solo los sindicatos con más afiliados y por rama pueden “representarlos” (NATALUCCI, 2017).

De esta manera, la reivindicación del modelo sindical argentino para la CTEP es de carácter simbólico pero también organizativo^[10]. Es decir, se reivindica el modelo como estrategia para reconocerse y que se los reconozca como trabajadores (el Estado, la CGT, el resto de las organizaciones sindicales y las sociales) pero también, como “espejo” para buscar formas de organización. En este sentido, desde su creación, la CTEP organizó “las ramas de actividad” de acuerdo a la retórica presente en la CGT. Por ejemplo, las ramas que estuvieron en incipiente organización hasta el 2015 fueron: Cartoneros, Campesina, Motoqueros, Programas Sociales (Argentina Trabaja, Ellas Hacen), Espacio Público (artesanos, cuidacoches, feriantes, tarjeteros, etc.) e Indumentaria. Actualmente, en el marco de la creación de la Ley de Emergencia Social (Ley N° 27.345, de 2016), existe desde el Estado el reconocimiento público de ciertas ramas y actividades para que se les pueda ofertar a estos trabajadores el “salario social complementario” (rama de construcción, infraestructura social y mejoramiento ambiental, servicios sociocomunitarios, producción popular, agricultura familiar y campesina, actividades de promotoras ambientales, servicios de merenderos, etc.). De esta manera, el proceso podría ser similar (aunque está por verse) al de mediados del siglo XX, momento en que el Estado condicionó la organización sindical^[11]. Aunque, cabe aclarar, no existe todavía de manera institucionalizada (pero si en la letra de la ley) un Consejo que permita o no, la representación monopólica por rama. Así, es sugestivo señalar que el porcentaje de las acciones relacionadas con las ramas trabajadores de los espacios públicos, empresas recuperadas y agricultura (organizaciones como MOCASE, pero también otros grupos, movimientos o incluso cooperativas familiares) tienen una importante presencia como convocantes de las acciones que se realizan.

Gráfico N° 1. Acciones contenciosas convocadas según ramas y organismos de la CTEP, 2011 - 2017.

Fuente: elaboración propia en base a las acciones declaradas en la página http://ctepargentina.org/

De esta manera, la incipiente organización por rama va adquiriendo peso sobre todo en el último tiempo. No obstante, siguen siendo las organizaciones las protagonistas de la vida interna de la CTEP (no sólo las que se sumaron desde el principio, sino también las que se incorporaron de manera precipitosa en el último tiempo). En este sentido, la CTEP adquiere la característica de “organización de organizaciones” lo que le dará una especificidad en materia de coordinación de las acciones y naturaleza de este actor (VILLAR y MUÑOZ, 2016). Cabe aclarar que cuando hacemos el análisis de las acciones, observamos que la CTEP se destaca como aquella que convoca a la mayoría de las mismas (159 representa el 53% de las acciones convocadas). Esto indica que es la organización central la que impulsa las acciones en general. No obstante, le siguen las organizaciones de cartoneros y recicladores urbanos, nucleadas en su mayoría alrededor del MTE. Es importante destacar que, en los últimos años, aumenta el registro de las actividades de la CTEP por sobre las de las organizaciones particulares. Esto puede indicar una mayor coordinación o una mayor concentración de las iniciativas desde la Mesa Directiva. Es decir, en el último tiempo, encontramos mayor convocatoria a las acciones por parte de la CTEP que de las organizaciones o ramas. Al tiempo, y en un contexto de crecimiento de las ramas, las organizaciones cuentan con mayor fuerza convocante que las primeras.

Si pensamos en términos sindicales, los responsables de las ramas son quienes deberían representar a los trabajadores de la actividad económica correspondiente (cartoneros, campesinos, vendedores, etc.) en las instancias de negociación específicas. No obstante, aquí la representación está organizada local y nacionalmente. En lo local, porque los municipios, durante el periodo del 2011 al 2015, fueron en gran parte los distribuidores de recursos. En lo nacional, porque el Ministerio de Desarrollo Nacional fue el que impulsó las negociaciones con las organizaciones y los recursos orientados hacia las mismas.

Ahora bien, si bien hay referentes destacados a nivel nacional^[12], como por ejemplo, en la rama cartoneros, espacio público, empresas recuperadas, no se registra un proceso formal de selección de estos responsables. Sí sucede en el caso de algunas localidades^[13], donde existen delegados de base, elegidos por los trabajadores de las unidades productivas. Estos delegados negocian con el municipio y generan las transacciones con la organización nacional en las cuestiones específicas de esa unidad y en distintas instancias de la vida interna de la organización (por ejemplo, como se distribuyen los salarios sociales complementarios). En algunas unidades productivas, se ha generado un estatuto y selección de delgados de base. Es importante que tengamos en cuenta que este no es un proceso generalizado. Sobre todo, no existe un estatuto nacional que consolide a la CTEP como organización sindical consolidada a pesar de la conquista de la personería social en el año 2015.

Los sindicatos son organizaciones altamente estructuradas, jerárquicas y que representan a sus afiliados a través de sus demandas corporativas. La CTEP no corresponde con este tipo ideal, aunque declare su intención de serlo. También esto se nota en las demandas, en general dispersas, mostrando la heterogeneidad del sector y de las organizaciones que integran a la CTEP (VILLAR y MUÑOZ, 2016). En este sentido, se asemeja a la formación de los sindicatos de principio de siglo XX, pero no necesariamente tiene como horizonte a los sindicatos como los conocemos actualmente.

Representación, demandas y participación en el espacio público

Señalamos en la introducción que uno de los elementos contextuales que colaboraron a entender la emergencia de la CTEP es la revitalización sindical después del 2003. La bibliografía sostiene que la forma sindical local tuvo algunos componentes claves, a saber: el aumento de la afiliación, el crecimiento del conflicto sindical y la negociación colectiva (SENÉN GONZALEZ y DEL BONO, 2013; VARELA, 2016, NATALUCCI, 2013). Podría decirse que si bien esto fue limitado a un conjunto de organizaciones sindicales relacionadas con el sector formal y privado (ETCHEMENDY y COLLIER, 2007), la innovación organizativa se produjo con más intensidad entre otro tipo de trabajadores. La formación de los programas públicos orientados a la “economía social” (como denominaban los gobiernos después del 2003) así como las declaradas intenciones de no reprimir la “protesta social”, representaron oportunidades políticas para que la “revitalización” alcanzara a este sector de los trabajadores. El clima de época fue favorable para que la CTEP buscara el reconocimiento del sector, organizarse como sindicato “dentro de la CGT” y reflejarse en el modelo sindical argentino. Uno de los elementos claves para ello era orientarse hacia el Estado para que se generaran políticas que favorecieran al sector.

Como señala MURILLO (1997), los sindicatos en Argentina poseen una serie de recursos entre los cuáles se encuentran los industriales, en particular, la afiliación sindical y la capacidad de movilización y el despliegue en la escena pública. Todos estos, son factores para controlar y permitir dirigir una demanda y presionar sobre aquellas instituciones o actores capaces de hacerla efectiva. No obstante, tanto la estrategia de afiliación como la de formación de una mutual dependen del grado de institucionalidad que les pueda dar el Estado. Veamos: en principio, para la CTEP, la formación de un padrón de afiliados supone un ejercicio en constante modificación por las características de los trabajadores que representa, los que se encuentran en relaciones altamente heterogéneas, no concentrados en un espacio (como la fábrica o las unidades productivas), sin acceso a la información, etc. Por lo tanto, la afiliación la realizan las organizaciones y se concentra principalmente (aunque no de manera única) en aquellos que reciben un ingreso del sector público a cambio o no de una contraprestación (Programa Argentina Trabaja, Salario Social Complementario, Ellas Hacen, etc.). En este sentido, la demanda de generar un registro nacional de los trabajadores de la economía popular se sostiene desde esta lógica. La inscripción colaboraría no solo a entender el peso específico de estos en el mercado laboral y en la economía nacional, sino también a saber promocionar y a conocer con certeza los niveles de afiliación de estos trabajadores. Este registro debería haberse implementado según la letra de la Ley de Emergencia Social pero a mediados del 2017 todavía no existía. El proceso de afiliación a la CTEP se activa y se desactiva según los momentos políticos y no es compulsivo. De esta manera, la existencia de afiliados ha sido perseguida a través de incentivos selectivos, como por ejemplo, la existe de una mutual y más recientemente el acceso a derechos como el salario social complementario. La mutual “Senderos” y las prestaciones que ofrecían sindicatos como la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (que también tiene trabajadores de la economía popular entre sus filas) constituyen formas de atracción de afiliados entre sectores que carecen de obra social debido a estar marginados del mercado laboral formal. No se trata de formas de acumulación monetaria sino de incentivos selectivos: es un servicio ofrecido al participar de la organización sindical.

La capacidad de movilización de la CTEP es central a la hora de presionar por sus demandas, pero no depende de los niveles de afiliación formal sino de las capacidades de convocar, disponer de recursos monetarios para la movilización y el tipo de petición presentado en cada acción pública^[14]. En materia de demandas, en el periodo que va de 2011 a 2017, a nivel nacional, la CTEP desplegó un conjunto de peticiones que fue dirigido al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Ministerio de Desarrollo Social. Como el principal objetivo de la CTEP tenía que ver con el reconocimiento de los trabajadores de la economía popular como sujetos de derechos, a diferencia del resto de las organizaciones sociales, el Ministerio de Trabajo adquirió cada vez mayor importancia en sus reclamos. Además, la sanción de la Ley de Emergencia Social y el salario social complementario, dio un impulso a este como sede de reclamos (MUÑOZ, 2017).

Como ejemplo, podemos ver en el siguiente pliego de peticiones del año 2014 la existencia de demandas corporativas (es decir, propias de la dimensión sindical) y las políticas (propias de su dimensión movimental):

“Reconocimiento de los trabajadores de la economía popular como sujetos de derechos. Apertura de paritarias populares (salario social): en relación al Programa Argentina Trabaja, el pedido de paritarias populares, propone discutir con los trabajadores gremialmente organizados en vez de arreglar con cada movimiento social por separado. Aumento en los programas sociales con contraprestación laboral. Creación de mercados populares. Reconocimiento sindical de la CTEP. PROCREAR (programa de vivienda social) para los excluidos. Creación de un Ministerio de Economía Popular para visibilizar nuestro enorme sector, planificar y coordinar todas las políticas de producción popular hoy feudalizadas, regular las llamadas actividades informales de manera inclusiva y garantizar el bienestar de sus trabajadores sin patrón” ^[15]

En la reconstrucción que hicimos de las demandas presentes en las acciones conflictivas se observa que las mismas varían en el período que va de 2011 a 2015 (Gráfico N°2). Las protestas son más dispersas si se analiza en comparación con los sindicatos formales. Las demandas son heterogéneas pero además, la que mayor peso tiene es la relacionada con pedidos de esclarecimiento en materia judicial, denuncias de criminalización de la protesta o del trabajo. Estas, además, suben notoriamente durante el gobierno de Macri.

Como estos trabajadores no tienen propiamente un salario, se puede observar que las acciones orientadas a conquistar mayores ingresos para estos trabajadores son diversas pero también importantes. Así mismo, asociado a la realidad del sector, la demanda de puestos de trabajo y las demandas asociadas al reconocimiento de la organización como gremio y al sector como trabajadores también son muy importantes para la organización.

Grafico N° 2. Distribución porcentual del tipo de demanda en las acciones realizadas según periodos presidenciales 2011 - 2017.

Fuente: elaboración propia en base a las acciones declaradas en la página http://ctepargentina.org/

Las demandas que se pueden observar dan cuenta de varios fenómenos asociados a los trabajadores que intenta representar la CTEP. En primer lugar, la heterogeneidad de las mismas nos permite referir a la variedad de los problemas y del sector. En segundo lugar, la novedad de las demandas es notoria. En otras palabras, la CTEP se estructuró con la intención de representar a un sector que ni siquiera era considerado de “trabajadores”, lo que implicaba no la representación sino la creación del mismo como colectivo con una entidad en el espacio público institucional. Es decir, en el ejercicio de la representación es cuando crean al sujeto que quieren representar. Con los años, como se verá a continuación, este proceso fue haciéndose posible aunque, paradójicamente, en un contexto cada vez más adverso a estos trabajadores.

Cuestión de Estado: entre la reivindicación sectorial, negociación institucional y la dimensión antagonista

Los sindicatos en Argentina se han caracterizado por tener una relación de baja autonomía respecto al Estado, por lo tanto, los recursos de los cuales disponen no solo provienen de la sociedad civil sino de aquel. No obstante, a pesar de la tendencia a la negociación y el pragmatismo en la relación con diferentes gobiernos, no desaparecieron las resistencias más generales a los proyectos políticos caracterizados como antipopulares o antiperonistas (JAMES, 1999). Pero el problema que se presenta en contextos adversos no es menor. Si antagonizan con los gobiernos a causa de los proyectos políticos que cada uno sostienen, pueden perder determinados recursos que son vitales para los trabajadores que representan y para su supervivencia organizativa. Si negocian con aquellos, no solo existe un problema ético o moral, desvirtuando la lucha corporativa y política que les da origen y la construcción de su identidad. También pueden minar las bases sociales que los sostienen. En el caso de la CTEP, la dependencia frente al Estado y la vulnerabilidad frente a programas de ajuste son aún mayores que en el caso de los sindicatos tradicionales.

Grafico N° 3. Instancias públicas de “negociación” de las acciones según período presidenciales. 2011-2017.

Fuente: elaboración propia en base a las acciones declaradas en la página http://ctepargentina.org/

En el gráfico anterior se presenta, según los gobiernos, hacia donde fueron dirigidas las acciones colectivas con demandas específicas (no donde son resueltas, ya que de este dato no disponemos específicamente para estas acciones). Esto genera un mapa interesante de la CTEP como entidad que tiene que diseñar herramientas de negociación mucho más complejas que los sindicatos tradicionales. En primera instancia, el hecho de que no existe un empleador y/o la ausencia de un patrón visible, puede dar cuenta de que las principales demandas no incluyen la negociación con el sector privado. Se trata de un conjunto de trabajadores que si bien sus referentes responsabilizan en el nivel de la retórica a las empresas multinacionales, al sector financiero o al capitalismo “de descarte” como principal antagonista, consideran que es el Estado el que debe dar respuestas a sus demandas. Por eso, las principales demandas que organizan sus acciones colectivas se orientan hacia éste y no hacia el sector privado. El Estado además, se presenta (como en el caso de los empleados públicos) muchas veces como empleador más que como garante de una justa negociación o tercera parte en el sistema neo corporativista. En segunda instancia, es de destacar que existen numerosos casos donde la demanda se despliega en el espacio público pero no contiene entidad o institución con quien negociarla. De allí, se puede entender lo que se repite en varias de las entrevistas, el reclamo de que se generen instancias públicas u organismos del Estado que den cuenta de estos trabajadores. Nótese en este sentido que el gobierno nacional y los locales son los principales entes a los cuáles se dirige las demandas^[16]. En particular, la demanda de participar en el Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil fue denegada recientemente. Tanto la CTEP, como Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa marcharon hacia el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con más de 100.000 trabajadores reclamando que sea esta institución las que les permita negociar las condiciones de los trabajadores (actualmente sin representación en el Estado a pesar de ser éste uno de los principales creadores de este tipo de fuentes de trabajo además del responsable de laudar en materia de relaciones laborales).

Es interesante señalar como se fueron desplazando las demandas desde un ministerio a otro. Si con el programa Trabajar I, II y II las acciones colectivas de los “piqueteros” se orientaron hacia el Ministerio de Trabajo, en la actualidad la emergencia del Salario Social Complementario también organiza las acciones colectivas hacia esta institución. No obstante, la creación del “PRIST” entre otros en el Ministerio de Desarrollo Social, hizo que este también fuera objeto de reclamos. Pero además, en coherencia con la búsqueda de reconocimiento como trabajadores con plenos derechos y no subsidiarios de un “plan social”, el peso del Ministerio de Trabajo en las acciones colectivas es mayor.

Para hacer referencia a cómo los sindicatos pueden influir sobre el Estado a la hora de la toma de decisiones vinculantes, MURILLO (1997) señala que los recursos de poder son muy importantes. Estos son las relaciones que establecen las organizaciones sindicales con la arena político institucional (alianzas con partidos políticos, relación clientelar con el Estado, etc.) que favorecen sus intereses corporativos. Como se señaló anteriormente, desde el año 2011, según lo que caracteriza a cualquier organización gremial, la CTEP declaraba que las demandas debían estar sujetas a negociación con el Estado Nacional y las asociaciones empresarias nacionales. A nivel regional lo hacía con las instancias de los gobiernos provinciales, municipales y asociaciones empresarias de estos niveles.

Desde un principio se pueden observar alianzas traducidas en acciones en conjunto con la Iglesia Católica y organizaciones sociales relacionadas con el combate a la pobreza, cooperativas y federaciones de las mismas no asociadas a la CTEP, gobiernos de perfil progresista o popular (como el de Bolivia, Venezuela y Ecuador). Pero en el tiempo se intensificó la relación con la Iglesia y los sindicatos. La iglesia católica, en particular bajo el liderazgo del Papa Francisco, se convirtió en un aliado muy importante de la CTEP. Este se ha dedicado a darles lugar en su discurso a “los trabajadores” de la economía popular como víctimas de un “capitalismo de descarte”. En el encuentro que se realizó en el 2015 en Bolivia, donde fue convocado un amplio espectro de organizaciones sociales populares de América Latina, el Papa sostenía “¿Qué puedo hacer yo, cartonero, catadora, pepenador, recicladora, frente a tantos problemas si apenas gano para comer? ¿Qué puedo hacer yo artesano, vendedor ambulante, transportista, trabajador excluido si ni siquiera tengo derechos laborales? Pueden hacer mucho. Pueden hacer mucho. Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está, en gran medida, en sus manos, en su capacidad de organizarse y promover alternativas creativas, en la búsqueda cotidiana de «las tres T» ¿De acuerdo? (trabajo, techo, tierra) y también, en su participación protagónica en los grandes procesos de cambio, cambios nacionales, cambios regionales y cambios mundiales. ¡No se achiquen! Ustedes son sembradores de cambio”^[17]. Pero no solamente le dio un relato de nueva significación y legitimación de la organización. También importantes recursos fueron ofrecidos para impulsar acciones de encuentros (nacionales e internacionales), formación, etc. (DENEULIN, 2015).

Con el cambio de gobierno en el 2015, la CTEP comenzó a ser parte de la unidad en la acción en conjunto con la CGT y la CTA, ocupando un lugar central en los recursos sindicales de estas organizaciones. Esta, en conjunto con otras, proveían la posibilidad (y la efectiva) ocupación del espacio público gracias a la base de la que disponen. A mediados del 2016 las diferentes corrientes políticas de la CGT se reunieron a partir de un “triunvirato”. Como metáfora de este dispositivo, la CTEP impulsó con Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa un “triunvirato de las organizaciones de la economía popular”. Estas organizaciones comúnmente denominadas “piqueteras”, tuvieron un desplazamiento también producto de las intervenciones de la CTEP en el espacio público. Las mismas incorporaron la denominación de “economía popular” y “trabajadores de la economía popular” en sus discursos, en sus estrategias políticas y en sus intentos de representar a los sectores empobrecidos.

Distinguir con quien negociar las demandas y saber quién es el culpable de la situación de injusticia es importante a la hora de organizarse gremial y políticamente. Los sindicatos en Argentina no han perdido la dimensión “antagonista” en las formas de construir los discursos, aunque la democracia desde su dimensión institucional ha diluido o ha vuelto “agonista” las formas en que los enemigos públicos resuelven sus conflictos. Pero además, la mayoría de las acciones gremiales se han orientado principalmente al mejoramiento de salarios, como lo señala la literatura en torno a la revitalización sindical después del 2003. En este sentido, el conflicto se ha vuelto estrictamente corporativo.

Grafico N° 4: “Culpables de la situación” y “enemigos” presentes en la retórica de las acciones según gobiernos.

Fuente: elaboración propia en base a las acciones declaradas en la página http://ctepargentina.org/

Varias reflexiones se pueden sacar de este cuadro. La construcción del mismo se basó en la declaración de un “enemigo” en la acción (no la existencia de una demanda, ni a quién se orientó la misma). En principio, es evidente la existencia de una fuerte retórica antagonista en las acciones colectivas. Pero además la dispersión inicial que va desapareciendo hacia el 2017.

Como dijimos anteriormente, la presencia de las organizaciones como entes de decisión por sobre la organización por rama o unidades productivas es más importante, lo que puede explicar la existencia de un “enemigo” declarado en las acciones. Existe además la distinción entre a quién dirigir la demanda y a quién culpar de la falta. Por ejemplo, es común que mientras las demandas se orientaron al Ministerio de Desarrollo Social, se enuncia a los empresarios como el enemigo que es el que produce la falta. En este sentido, las dos dimensiones (la política y la corporativa) están presentes y conviven.

El sector privado se convirtió en el principal enemigo declarado durante el periodo del gobierno de Cristina Fernández mientras que el gobierno nacional, lo es durante el de Mauricio Macri. En el plano de la enemistad se debilita la presencia discursiva de los ministerios como es coherente con las intenciones de constituirse en organizaciones sindicales reconocidas legalmente por el Estado.

En el año 2016, se puede observar un número importante de acciones donde no se enuncia a nadie, o donde se culpan a las fuerzas de seguridad y al gobierno nacional. En estos tres casos, las acciones están asociadas al pedido de no criminalización de la protesta social pero también laboral. En particular, se realizaron acciones en demanda de la libertad de Milagro Sala^[18]. Ya en el año 2017 se observa que para la CTEP es el gobierno nacional el que ordena la escena “antagonista”. La construcción de este enemigo público, requirió del tiempo y del cambio del signo político del gobierno. Esta modificación, permitió ampliar el margen de alianzas y unificar las demandas. Tras las acciones de las organizaciones por el pedido de liberación de Sala, siguieron las marchas en contra de los despidos y debilitamiento de las condiciones de los trabajadores y, finalmente, los pedidos de sanción de la Ley de Emergencia Social. Si en un principio las marchas eran compartidas por las organizaciones sociales y las dos CTAs, hacia el final del 2016, la CGT ya unificada se sumó a la convocatoria. En noviembre de ese año, una masiva movilización conjunta llevó adelante el reclamo y la propuesta de sancionar una Ley de Emergencia Social. La misma implicaba creación de ciertos instrumentos institucionales que reconocían a los trabajadores de la economía popular. La misma se sancionó en el parlamento en el año 2016 por unanimidad y como reacción a la presión de las organizaciones sociales, los sindicatos y las centrales laborales (aunque se comenzó a implementar parcialmente durante el 2017). Actualmente está en vigencia el “salario social complementario” a aquellos trabajadores que participen de una unidad productiva de la economía popular (antes denominada “informal”) y que demuestren no alcanzar al salario mínimo. En este sentido, a pesar de dirigirse al Estado y sus instituciones con el objeto de cumplir sus demandas de carácter corporativo, también plantean un conflicto que supone la transformación del Estado y las formas en que este debe instituirse.

Comentarios Finales

La creación de la CTEP se da en un contexto de recuperación del empleo, del protagonismo de los sindicatos (frente a las organizaciones sociales) y, de las políticas públicas que le dieron un lugar importante a la economía popular, también denominada social y solidaria. Presentamos a la CTEP como una organización que se encuentra integrada fundamentalmente por organizaciones sociales, territoriales y políticas que tienen origen en el movimiento piquetero y otras que son posteriores a este conflicto. La novedad es que a la vez que reivindica las luchas de los trabajadores desocupados, la CTEP declara la intención de seguir el modelo sindical argentino. Como se puede concluir del análisis, esto permitió avanzar sobre ciertos aspectos organizativos del mismo como, por ejemplo, crear ramas orientadas a las “actividades”, impulsar una mutual (que haga las veces de obra social) y promover demandas corporativas propias de las problemáticas de esos trabajadores orientadas a establecer una negociación con el Estado. Pero esta recuperación de una tradición sindical hegemónica en Argentina fue sobre todas las cosas una estrategia de carácter simbólica. La CTEP, se orientó a buscar el reconocimiento hacia sus “representados”, hacia la CGT, hacia otros sindicatos y hacia el Estado, con el objeto de devenir en una organización legítima (también legal), representante de los trabajadores de la economía popular. En este proceso, se logró no solo el reconocimiento de la personería social y la construcción de instituciones públicas asociadas con el sector (se destaca la Ley de Emergencia Social, entre otras) sino también, la propia construcción de un sujeto colectivo: los trabajadores de la economía popular. Es evidente que esto no fue el éxito solo de la CTEP sino de un proceso interactivo de alianzas y enemistades que abarca a otras organizaciones, sindicatos, los gobiernos y el Estado.

La representación de la CTEP, está organizada local y nacionalmente. Esto fundamentalmente se debe a la heterogeneidad de sus organizaciones integrantes. La presencia de organizaciones políticas y la debilidad de la organización por ramas y secretarías, hacen pesar a veces aspectos pocos eficientes en relación a sus demandas gremiales. En este sentido, la CTEP adquiere la característica de “organización de organizaciones” lo que le dará una especificidad en materia de coordinación de las acciones y de naturaleza del acto a representar, pero también un fuerte componente antagonista en las declaraciones de las acciones. Esto no va en detrimento de la existencia de demandas de carácter corporativo, es decir, que representan a este conjunto específico de trabajadores (y a las actividades de sus ramas). Pero la articulación con un discurso más genérico orientado a la transformación de las injusticias producidas por una economía que produce este tipo de trabajadores (pobres, excluidos, no reconocidos) le da a la organización un aspecto “movimental”. La CTEP se estructuró con la intención de “forzar los límites del sistema” y representar a un sector que ni siquiera era considerado como “trabajadores”, lo que implica no la representación sino la creación del mismo como colectivo con una entidad en el espacio público institucional (lo que todavía está en proceso). Es en el ejercicio de devenir “organización gremial” que crea al sujeto que quieren representar, operación muy similar a las realizadas por los sindicatos antes de su reconocimiento estatal hace más de un siglo atrás.

La heterogeneidad de las demandas encontradas nos permitió referir a la variedad de los problemas del sector. Como se puede observar de la cantidad de propuestas y demandas generales, la CTEP no busca solamente dar respuesta a situaciones concretas que están relacionadas con una situación de aumento de ingresos (“aumento del plan”) sino dar derecho a un sector que no lo tiene. No obstante, estas demandas se destacan por tener un trasfondo que remite a la transformación de las relaciones sociales y no solo laborales. Las consignas “Tierra, Techo y Trabajo”, “Trabajo con Derechos”, “Trabajo Digno” se fueron construyendo en el tiempo y distanciándose de la de “Trabajo y Cambio Social”, antigua consigna que caracterizó la unidad del movimiento piquetero. En esta misma línea, también decíamos que las principales demandas hacia el Estado se dirigen actualmente en primera instancia al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en segundo término hacia el Ministerio de Desarrollo. Esto es consistente con la búsqueda de reconocimiento de sí mismos como trabajadores, con un cambio en materia de la tradición previa “piquetera” que se orientaban principalmente al Ministerio de Desarrollo Social con la emergencia del plan jefes y jefas durante el gobierno de Kirchner, con una resistencia a los relatos en torno a dividir a la población como “empleable” y no “empleable” y, con una coherencia con la tradición sindical argentina.

Además, en términos de negociaciones, antagonistas y aliados la CTEP responsabiliza a las empresas multinacionales, al sector financiero o al capitalismo “de descarte” como principal antagonista pero considera que es el Estado el que debe dar respuestas a sus demandas. Por eso, las mismas, se orientan principalmente hacia éste y no hacia el sector privado (a pesar de declararlo el causante de la situación precaria). En este sentido, distinguir con quien negociar y saber quién es el culpable de la situación de “injusticia” es importante a la hora de organizarse gremial y políticamente. Desde un principio se pueden observar alianzas traducidas en acciones en conjunto con la Iglesia Católica y organizaciones sociales relacionadas con el combate a la pobreza, gobiernos de perfil progresista o popular (como el de Bolivia, Venezuela y Ecuador), y en los últimos años, la coordinación es más sistemática con las centrales sindicales (CGT y CTAs) y con Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa que han conformado un “triunvirato” de los trabajadores de la economía popular (en relación con el triunvirato de la CGT nacido en el 2016).

Queremos, por último, señalar algunas reflexiones más generales. El actual gobierno ha dado un giro regresivo a las políticas económicas, sociales y laborales. No obstante, el desarrollo de un modelo económico mercado internista y neo desarrollista no alcanzó (en tiempo y en profundidad de sus instrumentos) para integrar a los trabajadores de la economía popular a la economía capitalista tal como la conocemos. La economía popular imprime nuevos desafíos a la sociedad actual. Se vuelve fundamental, entonces, no solo que los trabajadores adquieran conocimiento de sus derechos y de las formas de defenderlos sino que puedan construir y demandar otros que en el nuevo contexto económico, laboral y social se hacen necesario instaurar. Sin la intervención del Estado y de las organizaciones, la economía popular se acopla a la economía capitalista formal de manera flexibilizada y sin garantías ni derechos para sus trabajadores.

La dimensión de transformación más sistémica, general o estructural se hace necesaria. Por ejemplo, sin eliminar o disminuir las rentas especulativas de los grupos concentrados cada vez más determinantes del proceso de la economía global, es imposible avanzar hacia mejoras hacia estos trabajadores. Esto permitiría generar un sistema solidario que desborde una forma de entenderlos solos a través de la protección social como situaciones transitorias mientras alcanzan trabajos “tradicionales”. Una idea es creación de instituciones que coordinen la producción de riqueza que generan estos trabajadores con las necesidades sociales generales y que les reconozcan el derecho a una vida digna a ellos y a otros. Los comedores populares pueden convertirse en centros de cuidados de calidad de niños y ancianos, población ampliamente vulnerable. Las actividades territoriales como los mercados populares, pueden convertirse en centro antiinflacionarios que realicen el encuentro entre las necesidades de consumo de la población y los productores. Las unidades productivas se pueden dedicar a generar un servicio en defensa de la mujer, contra la violencia de género y centro de empoderamiento de un conjunto de ciudadanos que sufren de la violencia institucional, machista y de género. Los colectivos LGTB pueden buscar ahí sus lugares de contención pero también de desarrollo.

La CTEP se encuentra en un periodo exigente e interesante. A la vez que intenta representar a los Trabajadores de la Economía Popular debe “constituir” al colectivo como tal. Así como existe en el mundo una tendencia hacia el “sindicalismo de movimiento social” con el objeto de fortalecer los recursos de poder de los trabajadores frente a las transformaciones del capitalismo global y financiero, en Argentina se puede observar un proceso de “movimiento social hacia el sindicalismo” que intenta demostrar que existen un conjunto de trabajadores que son el resultado de ese tipo de capitalismo y que deben ser reconocidos y representados. La batalla recién comienza.

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[1] María Antonia Muñoz: Investigadora Instituto de Investigaciones Humanidades y Ciencias de la Educación - CONICET - UNLP - La Plata. Lidia Inés Villar: Investigadora Instituto de Investigaciones Humanidades y Ciencias de la Educación - UNLP - La Plata

[2] En aquel momento confluyeron en la organización: el Movimiento Evita (ME), el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNFR), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), La Alameda y la Federación de Trabajadores de Cooperativas de Infraestructura Social (FeTralCo), entre otros. En este sentido, la CTEP se conformó como una organización que agrupaba, a su vez, a otras organizaciones que venían en su mayoría, de experiencias “piqueteras” diversas. Desde la CTEP, las formas de acercarse a los gobiernos “kirchneristas” fueron desde la oposición al apoyo acrítico (PÉREZ y NATALUCCI, 2012). Al conformar y participar en la CTEP, estas organizaciones lejos de desaparecer, se transformaron.

[3]Autores como Vommaro y Vázquez (2008), Larrondo (2013) y Vommaro (2013), sostienen que desde la asunción de Néstor Kirchner en adelante, aparecieron modalidades de acción que regresaron su mirada al Estado como terreno de disputa y herramienta de cambio social, recentrando la participación política en el ámbito de la ejecución de políticas públicas y el apoyo al gobierno aunque manteniendo la dimensión territorial como base de legitimidad y sustento de la práctica.

[4] Sobre todo después del 7 de agosto del año 2016, durante la multitudinaria marcha de “San Cayetano”.

[5] Por ejemplo Bruno, et. Al. (2017), la caracterizan como “una organización sindical multitendencia y multi-rama, de cuño reciente y carácter reivindicativo, en la que convergen agrupamientos con inscripciones político-ideológicas diversas” (2017: 92).

[6] “Las mejores innovaciones son a menudo obvias. La innovación de SEWA es pensar en las mujeres pobres como trabajadoras con recursos que producen riqueza para ellas y para otros ciudadanos de la nación” (Bhatt, 2012:2).

[7] Cabe mencionar que por el tipo de fuente que utilizamos, el análisis se basa en una aproximación a las acciones (proxy). Es la propia organización la que decide qué incorporar en la página y bajo qué condiciones. Por lo tanto, analíticamente consideramos que estamos ante la producción mediática de la organización y no frente a las “acciones” mismas.

[8] Comprendemos aquí por acciones colectivas contenciosas como aquellas acciones orientadas a la transformación de las políticas públicas y del régimen político (TILLY, 2005).

[9] A partir de la lectura de la base de datos, registramos que entre el año 2011 y mediados de 2017, del total de las acciones enunciadas por la CTEP, el 37% de las mismas fueron Acciones Contenciosas Tradicionales. El 42% Acciones Expresivas y las Acciones Contenciosas Simbólicas alcanzaron al 21% del total.

[10] Para profundizar sobre el carácter organizativo de la CTEP véase Pérsico, E. y Grabois, J. (2014).

[11] Además, la CTA, la CGT, pero también organizaciones como la CCC y Barrios de Pie, representan y organizan a trabajadores (formales, informales y de la economía popular) de las mismas actividades y ramas (por ejemplo, motoqueros, merenderos, trabajadores de los espacios públicos, etc.).

[12] Como para citar algunos, Juan Grabois es el principal referente del MTE. Organización que tiene como principal actividad a los recicladores urbanos y cartoneros. El secretario general de la CTEP, Esteban “Gringo” Castro proviene del ME, organización surgida en el año 2006 que cuenta con una variedad más amplia de actividades que el MTE, pero sobre todo impulsó los “Argentina Trabaja” (PRIST), la agricultura familiar y los feriantes.

[14] Si bien el incentivo selectivo supone una acción racional orientada a brindar un beneficio concreto para estimular la participación de los individuos en la organización, la movilización de afectos y valores es un recurso vital para el sostenimiento de los “militantes”.

[15]http://ctepargentina.org/por-la-apertura-de-paritarias-populares-y-el-reconocimiento-de-los-trabajadores-independientes-informales-y-cooperativistas/

[16] Hay que resaltar que las demandas hacia el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) fueron persistentes durante todo el periodo aunque disminuyeron durante los últimos dos años en proporción a las demandas presentadas al gobierno nacional.

[17] Parte del discurso pronunciado por el Papa Francisco en el encuentro de los Movimientos Populares el 15 de julio del 2015 en Santa Cruz, Bolivia. https://www.aciprensa.com/noticias/texto-discurso-del-papa-el-encuentro-con-los-movimientos-populares-en-bolivia-80606

[18] Sala es referente nacional de una importante organización social: Túpac Amaru. Esta organización no es integrante de la CTEP pero si de la Central de Trabajadores Argentinos (la fracción de la CTA que apoyaba a Fernández de Kirchner). Además, Milagro Sala es legisladora de una banca en el Parlasur, para la cual tuvo que renunciar como diputada de la provincia de Jujuy. Su detención fue realizada durante un “acampe” y fue considerada presa política por estas organizaciones sociales, así como por organismos internacionales.

Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP en la CGT). Entre la organización sindical y el conflicto político-social (Argentina, 2011-2017)

Introducción

Recursos de organización: debilidad o innovación

Gráfico N° 1. Acciones contenciosas convocadas según ramas y organismos de la CTEP, 2011 - 2017.

Representación, demandas y participación en el espacio público

Grafico N° 2. Distribución porcentual del tipo de demanda en las acciones realizadas según periodos presidenciales 2011 - 2017.

Cuestión de Estado: entre la reivindicación sectorial, negociación institucional y la dimensión antagonista

Grafico N° 3. Instancias públicas de “negociación” de las acciones según período presidenciales. 2011-2017.

Grafico N° 4: “Culpables de la situación” y “enemigos” presentes en la retórica de las acciones según gobiernos.

Comentarios Finales

Referencias Bibliográficas