A partir de un recorrido por el concepto de “biopolítica” desarrollado por Foucault, que nos ayuda a comprender el control de las poblaciones y los cuerpos en el marco del capitalismo, podemos pensar los marcos actuales/históricos en los que se reconfiguran territorios en América Latina, y en especial en Argentina, bajo la impronta de los modelos extractivistas mega-minero y de “agronegocios”. Estas dinámicas del capital se anclan en territorios-cuerpos, que no pocas veces expresan resistencia a estas prácticas expropiatorias de la naturaleza, es decir, de la energía vital de las comunidades. Serán esas voces colectivas, campesinas e indígenas y de asambleas socio-ambientales, las que manifiesten y expliciten la conflictividad territorial que el extractivismo fomenta. Son los cuerpos despojados de sus elementos básicos para el desarrollo de la vida, como el agua y la tierra, los que darán cuenta de ese proceso de (re)apropiación de la vida constituido a partir de la compleja articulación entre Estado, mercado y los respectivos discursos que legitiman una especie de ‘desarrollo inevitable’ frente al ‘atraso’ que reflejarían las comunidades donde busca asentarse el capital extractivo.

From a development of the concept of 'biopolitics' developed by Foucault we can think of the current / historical context in which reconfigure the territories in Latin America, and especially in Argentina, under the imprint of the mega-mining extractive models and 'Agribusiness'. These tensions and conflicts are impacting in human bodies, which not infrequently express resistance to these expropriatory practices of the nature, that is, of the vital elements of the communities. It will be these collective peasant and indigenous voices and socio-environmental assemblies that will manifest and explain the territorial conflict that extractivism fosters. They are bodies dispossessed of their basic elements for the development of life, such as water and land, which account for this process of ecological (re) appropriation constitute from the complete articulation between the State, the market and those speech about ‘inevitable’ development in opposite to 'structural poverty' of the communities where extractive capital want to land.

Partiendo de los conceptos de biopolítica y gubernamentalidad desarrollados por Foucault, y en base a la lectura que diversos autores han realizado de éstos en torno a su pertinencia para abordar el desarrollo del ‘extractivismo’^[3] en América Latina en general, y en Argentina en particular, buscaré dejar a la vista algunas reflexiones referidas a los modelos de ‘agronegocios’ y ‘mega-minero’ en las últimas décadas. Como nos plantea Gudynas (2015), los extractivismos deben cumplir tres condiciones en simultáneo: alto volumen y/o intensidad de la extracción, ser recursos sin procesar o con escaso procesamiento, y exportarse en un 50 por ciento o más de esos recursos extraídos. A partir de esta base de definiciones, intentaré reflejar cómo a lo largo del período neoliberal la articulación, no libre de tensiones, entre mercado y Estado fue (re)configurando territorios y poblaciones amparados en el “desarrollo como gran relato” (Svampa 2016, p. 375) para despojar de suelo, agua, biodiversidad y soberanía alimentaria, entre otros aspectos centrales, que hacen a la sobrevida de la humanidad.

El análisis aplicado de estos modelos se realizará, para el caso de la megaminería, en base a la revisión documental de comunicados de diversos colectivos que resisten a este modelo extractivo publicados entre 2016 y 2017. A partir de ese registro, que busca dar cuenta de la actualidad de la problemática, se seleccionaron extractos de tres partes de difusión que en base a las indagaciones previas de la temática entendemos resultan pertinentes para ilustrar el planteo inicial. Por un lado, uno referente a la articulación de ‘organizaciones’ a lo largo de la cordillera argentina como expresión que sintetiza la resistencia a lo largo del eje territorial por el que atraviesa este modelo. Y otros dos, acotados a casos provinciales. El caso de la resistencia y denuncia a hechos de contaminación a Barrick Gold en San Juan, empresa referente del sector a nivel internacional. Y por otro, la irrupción de un frente articulador de colectivos en Catamarca, la provincia con mayor experiencia temporal sobre los impactos de la megaminería metalífera a cielo abierto, con el caso de Bajo de La Alumbrera, como hito fundante del sector a nivel nacional hace ya dos décadas.

En tanto que para el caso del ‘agronegocios’ se trabajará en base a extractos de una serie de entrevistas en profundidad realizadas a referentes de la provincia de Córdoba, vinculados desde diversos ámbitos a la resistencia y propuestas alternativas a este modelo. Las entrevistas forman parte de un trabajo previo de divulgación sobre la temática (Rossi, 2016) realizado en base a un muestreo no probabilístico orientado a la localización de informantes según la estrategia ‘bola de nieve’. Asimismo se tomarán para el análisis de ambos modelos diversas fuentes secundarias: documentos oficiales, discursos públicos de funcionarios nacionales registrados en medios de comunicación, y bibliografía referida a los escenarios de conflicto.

Al retomar la especificidad que ha adquirido el poder disciplinario en función del crecimiento de la economía capitalista, con las consecuentes acciones de los regímenes políticos y sus instituciones en busca de una “anatomía política” particular, podemos comprender cómo éste ha operado en la configuración específica de los territorios y los cuerpos útiles al actual sistema económico (Foucault, 2005, p. 204). En este contexto, y con más nitidez durante el siglo XIX, se produce una transformación del poder del Estado, ahora destinado a “producir fuerzas, a hacerlas crecer y ordenarlas más que a obstaculizarlas, doblegarlas o destruirlas” (Foucault, 1998, p. 82).

En este proceso de cambio, el derecho de muerte del soberano -sostenido en su defensa- inicia un pasaje hacia un poder que “administra la vida”. “La vieja potencia de la muerte, en la cual se simbolizaba el poder soberano, se halla ahora cuidadosamente recubierta por la administración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida” (Foucault, 1998, p. 82). La proliferación de las escuelas, institutos y talleres, junto con la irrupción masiva de prácticas estatales vinculadas a la salud, la urbanidad, la demografía, no son sino reflejos del afán de “sujeción de los cuerpos y el control de las poblaciones”. Todo este despliegue simboliza, en palabras del autor, “el inicio del biopoder” (Foucault, 1998, p. 82).

No puede comprenderse este impulso en el desarrollo de técnicas disciplinarias centralizadas en el Estado sino es en función de la expansión capitalista. No es posible pensar las reconfiguraciones territoriales, los profundos y vertiginosos cambios en las prácticas culturales (alimentación, salud, hábitat) de vastas poblaciones si no es apuntalada por el ejercicio de este biopoder. Como expresa Foucault, el capitalismo “no pudo afirmarse sino al precio de la inserción controlada de los cuerpos en el aparato de producción y mediante un ajuste de los fenómenos de población a los procesos económicos” (Foucault, 1998, p. 82). Como señala el geógrafo marxista David Harvey (2007), el capitalismo supone un imperialismo inscrito en la geografía, anclado en los territorios mediante flujos y modos de disposición de recursos naturales y humanos como forma de resolver las cíclicas crisis de sobre-acumulación (Foucault, 1998, pp. 84-93).

Dentro de este escenario transita la gran transformación en torno al derecho de soberanía, que deja atrás la potestad de hacer morir para centrarse en el derecho de “hacer vivir y dejar morir”, no ya en una lógica individual sino en torno a la población, y ésta como problema político (Foucault, 2001, pp. 218-222). Es decir, la biopolítica nace con sus disciplinas, técnicas e instituciones para regir a la multiplicidad, aun cuando ésta se concreta en “cuerpos individuales que hay que vigilar, adiestrar, utilizar y, eventualmente, castigar” (Foucault, 2001, p. 220). La biopolítica se perfila entonces hacia los fenómenos colectivos, el nacimiento y la muerte, la producción y el trabajo, la alimentación y el hambre. Será entonces la irrupción de una nueva razón gubernamental la que dará sostén institucional y técnico a esta nueva forma de poder. Se trata ahora de la preeminencia del ‘gobierno’ como poder típico, con aparatos y saberes específicos; de un proceso de conversión del Estado administrativo en Estado gubernamental en pos de consolidar la expansión capitalista. En palabras de Foucault (2006), debemos entender por gubernamentalidad: “el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad (Foucault, 2001, p. 136).

En lo que denominamos Occidente, desde inicios de siglo XIX la razón gubernamental ya no se centra en la consolidación, crecimiento y protección del Estado en sí, sino en la utilidad que ese poder público puede aportar al desarrollo del mercado, y a estimular/limitar ciertos intereses particulares y colectivos. Dice Foucault que, más bien, esa razón “es un juego complejo entre derechos fundamentales e independencia de los gobernados”. “El gobierno en esta nueva razón gubernamental, es algo que manipula intereses” (Foucault, 2001, p. 64).

Desde una perspectiva situada en América Latina, debemos remarcar los rasgos particulares de la expansión capitalista impulsada por las metrópolis. Las tierras del llamado Nuevo Mundo, dominadas bajo la lógica de ‘enclave’ (Cardoso y Faletto, 1979), alimentaron el gran desarrollo capitalista fundado en la apropiación de los recursos naturales y cuerpos de las mayorías indígenas, y en la empresa esclavista con origen en África, apalancado por el corrimiento de la “frontera mercantil” (Moore, 2003) para abastecer los crecientes mercados europeos de azúcar, minería de la plata y oro, tabaco, granos. Este modelo extractivista no fue una etapa del capitalismo en América Latina, más bien es constitutivo y condición permanente del desarrollo de éste. La apropiación de los recursos naturales a gran escala para ser insertados como parte de los mercados internacionales (de materias primas o financieros especulativos) opera cada vez que el capital necesita fijar excedentes u externalizar costos sociales u ecológicos. Como nos plantean Teubal y Palmisano (2012), tanto en la etapa de colonización y conquista; la era liberal y la conformación de las economías primario-exportadoras (fines del siglo XIX e inicios del XX); como en la etapa neoliberal permanece la condición colonial con la explotación de materias primas como una de sus dinámicas esenciales.

Este saqueo de la naturaleza, que arrasó bosques para implantar monocultivos, contaminó como nunca cursos de agua a causa de la empresa minera, y desentramó complejos procesos socio-agro-alimentarios al interior y entre diversas comunidades fue parte constitutiva de la construcción política del hambre en los territorios incorporados a la dinámica capitalista, tal como nos explica Polanyi (1989). Previo a la colonización no había, más que excepcionalidades, como fenómenos climatológicos, como causante de hambrunas en estas poblaciones. Por el contrario, el mercado capitalista tiene en el hambre una de sus herramientas biopolíticas por excelencia, que como observaremos sigue operando hasta la actualidad.

Machado Aráoz sostiene que “la conquista y producción colonial de la ‘Naturaleza’ constituye la más fundamental de todas las fabricaciones coloniales” (2011, p. 146). Es a partir de ese sustrato ideológico, que se funda en la separación entre hombre y medio de vida, que se sentarán las bases epistémico-políticas de la “economía-mundo-europea” (Wallerstein, 2014) para la cíclica apropiación de cuerpos y territorios a través de toda la geografía mundial vigente al día de hoy.

La apropiación de la naturaleza en las colonias tuvo como condición inescindible el sometimiento a las comunidades locales, primero incorporadas a la empresa colonial bajo la explotación forzada, para con el paso del tiempo ser parte de la masa de potenciales asalariados dentro del mercado de trabajo, institución central en la regulación de la vida dentro del sistema económico del capital. Esta colonialidad en el control de las diversas formas existentes de trabajo --medio por el que cual el hombre se vincula con la naturaleza-- “decidió la geografía social del capitalismo” (Quijano, 2000).

La historia neoliberal, nos pone otra vez en escena, con nitidez, cómo el Estado sostenido en ese basamento colonial, “tenderá a privilegiar un clima óptimo para las empresas frente a los derechos colectivos (y la calidad de vida) de la fuerza de trabajo o frente a la capacidad del medio ambiente para regenerarse” (Harvey, 2007, p. 80). Estas tensiones entre intereses se materializan, como a lo largo de los últimos 500 años, en geografías e individuos que quedan en disputa entre la razón moderna occidental y formas de pensamiento otras. La utilización de la tierra para producir alimentos locales o como recurso para la acumulación de divisas; la apropiación del agua como bien común o como insumo dentro de una cadena de economía extractivista; la ocupación de territorios por comunidades ancestrales o el ‘sacrificio’ de pueblos en pos de la exportación de commodities son ejemplos que reactualizan la vocación del capitalismo por domesticar o anular la materialidad y espiritualidad de otras vidas posibles.

Como nos plantea Foucault, para ser efectiva, “la disciplina tiene que hacer jugar las relaciones de poder no por encima, sino en el tejido mismo de la multiplicidad, de la manera más discreta que se pueda” (2002, p. 203), de forma de ir obturando la posibilidad de la guerra abierta, del exterminio físico, como opción dominante frente a los diversos conflictos que suponen la implantación de formas de producción, relaciones sociales, económicas y culturales capitalistas. Castro Gómez nos dice que ya no son rígidas estructuras institucionales las que modelarán los cuerpos, el tiempo y a fin de cuentas el territorio sino que será “la producción de bienes simbólicos y por la seducción irresistible que éstos ejercen sobre el imaginario” que se redefinirán los valores que guían el devenir social (2011, p. 174). En esta etapa cobra centralidad la dinámica de estos bienes-valores asociados al desarrollo, y su capacidad de sujeción del ciudadano-consumidor. “El poder libidinal de la posmodernidad pretende modelar la totalidad de la psicología de los individuos, de tal manera que cada cual pueda construir reflexivamente su propia subjetividad sin necesidad de oponerse al sistema” (Castro Gómez, 2011, p. 174).

Si la acumulación primitiva capitalista fue expresamente violenta en la anexión de territorios y cuerpos, la nueva fase de acumulación por desposesión, en su etapa neoliberal incorpora mecanismos, menos explícitos, para promover la acumulación por despojo: privatización de la naturaleza en todas sus formas, escasos o nulos controles en torno a la contaminación, proletarización marginal del campesinado, políticas sociales compensatorias, gestión política de la pobreza. Y su contracara: promoción fiscal de actividades extractivistas orientadas al mercado internacional, decidido apoyo a políticas científicas dedicadas a expandir el modelo económico centrado en los commodities, legislación y regulaciones acorde con los intereses del capital extractivo. Tal como ocurrió en la fase inicial del capitalismo, “se vuelve a utilizar el poder del Estado para impulsar estos procesos contra la voluntad popular” (Harvey, 2007, p. 118), pero esta vez con un abanico más amplio y sutil de dispositivos.

En el marco de lo que Svampa (2013) ha denominado ‘consenso de los commodities’ o Machado Araoz (2014) ‘consenso de Beijing’, América Latina manifiesta en la actualidad diversas conflictividades en materia social y ambiental. El orden económico político-ideológico impulsado por el ‘boom’ de los precios internacionales de las materias primas se cimentó sobre la base del andamiaje legal e institucional nacido al calor del ‘Consenso de Washington’, pero que encuentra en los últimos quince años un decidido impulso político más allá de las diversas expresiones políticas que gobernaron y gobiernan en la región (neoliberales, progresistas, nacionales-populares, socialistas del siglo XXI).

Como otro sostén fundamental de esta razón gubernamental se trazan narrativas que apuntan a legitimar estas lógicas expropiatorias. Se construyen verdades que amparan estas transformaciones; asistimos a un necesario proceso de ‘veridicción’. “Estamos igualmente sometidos a la verdad, en el sentido de que ésta es ley; el que decide, al menos en parte, es el discurso verdadero; él mismo vehiculiza, propulsa efectos de poder”, decía Foucault (2001, p. 34). A fin de cuentas, “somos juzgados, condenados, clasificados, obligados a cumplir tareas, destinados a cierta manera de vivir o a cierta manera de morir, en función de discursos verdaderos que llevan consigo efectos específicos de poder” (Foucault, 2001, p. 34.) En esta línea de planteo observaremos cómo en América Latina atraviesa un “consenso sobre el carácter irresistible de la inflexión extractivista” (Svampa, 2016, p. 371), que ha operado como llave para una profunda transformación eco-territorial en las últimas décadas. Al adscribir al planteo de que no hay una respuesta a priori que pueda definir los límites de una categoría, buscaré asumir el carácter estratégico en el uso de la biopolítica como tal, con sus límites y posibilidades, en pos de “una apuesta política” asumiendo que el pensamiento político debe recorrer ese camino (Biset, 2016, p. 220). Desde ese posicionamiento, propongo retomar las derivaciones del concepto foucaultiano de biopolítica que han abordado diversos autores desde la ecología política, la economía ecológica, la sociología y la semiología críticas para hacer foco en la actualidad del impacto socio-territorial del extractivismo en Argentina.

Al referirnos al caso específico de la mega-minería en América Latina, impulsada con fuerza durante el Consenso de Washington, debemos pensar en un “complejo modelo biopolítico” que ingresa en el escenario extractivista, primeramente, como Estado de derecho (Antonelli, 2011, p. 4). En este sentido, nos dice Machado Aráoz (2011) que fueron tres los pilares centrales que apuntalaron este modelo: Plena seguridad jurídica sobre la propiedad de las concesiones mineras (total garantía legal y judicial de las inversiones extranjeras); Grandes beneficios fiscales y comerciales (estabilidad jurídica por períodos de entre 25 y 30 años; eliminación de tasas de importación y exportación; desgravación de impuestos internos y de regalías mineras o su limitación a tasas insignificantes; libre disponibilidad de divisas y desregulación total sobre la remisión de utilidades); Legislación y sistema de controles ambientales extremadamente laxos . Argentina materializó esta guía bajo la sanción del Régimen de Inversiones Mineras en 1993. Este tipo de legislación redefinió la matriz neoliberal del Estado. “Se iniciaba con ellas una incesante institucionalidad en nuestros países para el traspaso y control de territorio, y aparato público a las transnacionales del negocio minero” (Antonelli, 2011, p. 5).

A partir de estos marcos regulatorios, y el sucesivo acompañamiento del Estado argentino a la megaminería, se habilitan casos paradigmáticos como el de La Alumbrera en Catamarca, autorizada a utilizar 1.200 litros de agua por segundo en una zona semi-árida, o los de Barrick Gold en San Juan, situados dentro de la reserva de la biosfera de San Guillermo, y se multiplican exponencialmente los proyectos. Por ejemplo, en una década (2002-2012) se pasó de 18 a 614 proyectos^[4] . En paralelo, se despliega su reverso: una diversidad de colectivos comienzan sucesivamente a frenar emprendimientos a lo largo de la geografía cordillerana (Esquel, Famatina, Andalgalá, Loncopué, Mendoza, entre otros) con el uso inconmensurable y la contaminación del agua con sustancias químicas como eje de disputa. Asimismo son la defensa del territorio como espacio común, la soberanía alimentaria, y la protección del ambiente otros aspectos ligados a la historia local-comunitaria otros nudos que estructuran estos relatos de resistencia. Como definió Svampa (2011, 2013, 2016) es un “giro ecoterritorial” lo que expresan estas estructuras de significación contestatarias que instalan un nuevo lenguaje, una fisura al extractivismo como pilar indiscutible de un modo socio-político de entender la vida.

-“Las comunidades afectadas por el modelo extractivista repudiamos esta reorganización del Estado Minero con la noticia del lanzamiento del nuevo Pacto Federal Minero. Una vez más elevamos nuestra voz con fundamento, experiencia y bronca, ante la constante negación de todos los gobiernos, a enfrentar al pueblo que exige el cumplimiento de leyes vigentes, que exige ser partícipe de las decisiones que atañen a su territorio, a su presente y su futuro, que exige sean reconocidos los recursos humanos y culturales preexistentes al extractivismo (…)estamos enamorados de la vida, de nuestro territorio de nuestras culturas y que a fuerza de represión, contaminación, destrucción de las economías regionales y saqueo de los recursos naturales, hemos aprendido, nos hemos informado y estamos unidos y de pie para defender nuestro derecho a decidir cómo queremos vivir” (Pronunciamiento de los Pueblos Cordilleranos y Patagónicos afectados por el extractivismo en repudio al Acuerdo Federal Minero, enero de 2016).

-“Este derrame es “sólo uno más” de los que la empresa está provocando con su accionar irresponsable; está comprobado que las faenas de Barrick se realizan en zona glaciar (…); está comprobado que los efectos de la actividad de la megaminería son perjudiciales para el medio ambiente, comprometiendo el futuro de la región (…) Cierre, remediación y prohibición. Hoy, mañana será tarde” (Comunicado Asamblea Jáchal No se Toca, 13de enero de 2017).

-“Esta iniciativa surge ante el avance extractivista sobre nuestros territorios que está tomando un cariz más salvaje en la acción y mentes perversas de nuestros gobernantes, quienes sostienen a la megaminería como única actividad de supuesto desarrollo para nuestros pueblos. La realidad demuestra que es lo opuesto, ya que es común a todas nuestras comunidades las carencias en salud, educación, trabajo, desaparición de economías regionales, deterioro de calidad de vida, sanidad y disponibilidad del agua, avizorando un futuro cada vez peor (…)” (Pronunciamiento de Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación –PUCARA-, 18 de febrero de 2017).

Estos discursos se contraponen a la ‘verdad’ que el aparato mega-minero construyó, habilitado por las políticas de Estado y legitimado en voceros científicos y mediáticos. Las principales corporaciones transnacionales interesadas en América del Sur montan su avanzada sobre la ‘minería responsable’ como idea-fuerza a futuro (Antonelli, 2009, p. 68). Mientras que en este presente, del que no pueden negar los gravosos impactos ecológicos de la actividad, utilizan la idea de ‘transición para el desarrollo sustentable’ como operatoria discursiva (Antonelli, 2009, p. 68) La utilización indiscriminada de agua para el proceso de extracción de metales destinados a la exportación, el uso de sustancias contaminantes en las cuencas que abastecen los pueblos andinos, y la destrucción sistemática de modelos de producción local de alimentos son aspectos omitidos, deslegitimados o en el mejor de los casos minimizados, a través de este andamiaje discursivo. Como asevera Antonelli, este tipo de mecanismos asentado sobre un aparato de difusión masivo (público-privado) del relato corporativo, “inhiben la construcción social de la verdad o veridicción” (2011, p. 11). Queda así erosionada toda posibilidad de desarrollar procesos verdaderamente democráticos.

Es frente al imaginario que insiste en un desarrollo inevitable sostenido en la mega-minería que “se ha producido ya un inocultable archivo socio-discursivo, donde el género del testimonio y el de la carta abierta en nombre de poblaciones y redes de organizaciones están dejando de ser cuerpo/corpus de palabras devaluadas” (Antonelli, 2011, p. 17). Por el contrario, es a partir de esas trazas, junto a los datos surgidos de archivos judiciales y de los aportes de investigadores comprometidos con estas luchas colectivas que se construyen otras ‘veridicciones’ que evidencian las modalidades mediante las cuales se viene implantando este modelo y sus consecuentes “emanaciones de la muerte difusa” (Antonelli, 2011, p. 17). Es justamente esa matanza silenciosa, como mecanismo clave de la biopolítica, el que opera desplazando prácticas culturales a través de la apropiación del agua, la contaminación del ambiente, la reconfiguración del territorio, entre otros dispositivos, que condenan al sacrificio de estas poblaciones.

Para adentrarnos en las especificidades del ‘agronegocios’ como dispositivo dentro de un modelo biopolítico, debemos remarcar antes sus especificidades económico-productivas: implica un patrón especializados de producción (tendencia al monocultivo), desplazando otros usos del suelo; tiene escasas articulaciones a las dinámicas territoriales locales; se asienta en grandes escalas productivas, capitalizadas, que pueden mantener un alto ritmo de incorporación tecnológica que tienden a reducir especificidades biológicas y climáticas del agro; prioriza el consumidor global por sobre el local; estimula el acaparamiento de tierras en gran escala; se basa en una fuerte integración vertical y horizontal de los procesos productivos valorados por el capital (Gras y Hernández, 2013).

Bajo esta dinámica ubicamos el actual escenario argentino bajo el llamado ‘modelo sojero’: más de un 50 por ciento (más de 20 millones de hectáreas) de la superficie cultivada está sembrada con soja transgénica destinada casi en su totalidad a la exportación. Es bajo el sistema de ‘siembra directa’, que promueve el uso masivo de herbicidas como alternativa a la rotulación del suelo, que el uso de plaguicidas aumentó 858 por ciento en las dos últimas décadas con los consecuentes impactos para la salud colectiva de los ‘pueblos fumigados’ (aumento en tasas de cáncer, multiplicación de casos de abortos espontáneos, mayor registro de malformaciones y alergias), señaladas por diversos investigadores y médicos como Carrasco, Mañas y Ávila Vázquez (Rossi, 2016). Esta commoditie ha presionado sobre montes nativos en las últimas décadas, con una pérdida de más de tres millones de hectáreas de bosques, sólo entre 2002 y 2011; y contribuyó a la conflictividad actual por la tenencia de tierras en zonas rurales: 857 situaciones conflictivas, 60.000 familias campesinas e indígenas afectadas y nueve millones de hectáreas en disputa (Rossi, 2016).

Este contexto no se comprende sin decididas políticas de Estado (aprobación de eventos transgénicos, habilitación del uso a gran escala de diversos agroquímicos, escasa presión fiscal, promoción de líneas científicas ‘estratégicas’, escasos o nulos controles de las leyes ambientales) que durante las últimas dos décadas apuntalaron este modelo bio-tecnológico a escala masiva en detrimento de otras prácticas agrícolas (Giarraca y Teubal, 2010; Gras y Hernández, 2013).

-“Da pena que se haya desmontado tanto. Pensar que antes el monte era el misterio. Y que ahora haya maíz y soja entristece. A diez kilómetros hacia el este, alrededor de la ruta 9, prácticamente no queda fauna porque no queda monte, ¡fue todo topado! (…) la gente lo aprovechaba para cazar animales y comerlos. Había corzuelas y chanchos del monte. Todas eran pequeñas parcelas, pero se fueron vendiendo. Llegó gente con plata, para sembrar soja. Sin lugar a dudas que a ellos les rentó bien, pero yo creo que a la mayoría de la gente de la zona le fue perjudicial” (Américo Bustos, Cerro Colorado, Córdoba, 2014) (Rossi, 2016, p. 23).

-“Pasaban los aviones fumigando, acá, a menos de cien metros, a las diez de la mañana (…) ha cambiado muchísimo el patrón de enfermedades. No soy profesional en eso, pero uno puede intuir porque se notan enfermedades raras. Debemos estar afectados por esto de las fumigaciones (…) que alguien me demuestre lo contrario y voy a ser el primero en decir que me equivoqué” (Héctor González, director del Instituto de Enseñanza Agropecuaria 230 Los Cerrillos, Córdoba, 2013) (Rossi, 2016, p. 64).

-“(a mi tía) la engañaron (…) vinieron, se metieron y tomaron posesión. (…) Yo les fui a decir que salgan que tenía mis vacas, mis animales. (…) Usaba todo el monte este. (…) Ahora produzco chanchos para autoconsumo y algo queda para la venta. Pero con lo que nos quedó (de monte) no alcanza como antes y tengo que hacer changas: limpieza de alambrados, albañil, tractorista” (René Olivera --afectado por un conflicto de tierras con empresarios en 2003 perdió más de 350 hectáreas con monte--, Sebastián Elcano, Córdoba, 2012) (Rossi, 2016, pp. 74-76).

Deforestación a gran escala, fumigaciones descontroladas, desalojos campesinos. Tres aspectos clave del corrimiento de la frontera del agronegocios. Los promotores de este sistema citan a la expansión del área sembrada y los rindes de las cosechas de soja como una forma de medir el éxito del modelo, mientras que ese desarrollo lleva implícito a estas voces silenciadas, testimonios de las múltiples “externalidades negativas” (Pengue, 2010) de este tipo de producción: sobreexplotación, destrucción de hábitats, pérdida de biodiversidad, acumulación de contaminantes que afectan el ambiente y la sociedad.

Dentro de las externalidades promovidas por este modelo, debemos poner central atención en el vaciamiento de la fertilidad de la tierra, factor clave del desarrollo capitalista desde sus orígenes. El suelo y sus nutrientes naturales no son otra cosa que la base energética para producir alimento generación tras generación, es decir, para sostener la vida. Como recupera Belamy Foster (2004), ya en Marx había una profunda preocupación acerca de la extracción irracional de nutrientes por parte del sistema capitalista, que su misión industrializadora había cercado los campos, desplazado campesinos a las ciudades, arrasado bosques, y modificado las prácticas agrícolas que hacían de la producción de alimentos una actividad ecológicamente sustentable. Había en el autor de El Capital la hipótesis de que todo avance técnico en la agricultura capitalista no era otra cosa que un robo al suelo, y que el aumento de la fertilidad vía introducción de insumos externos durante un periodo significaría ocultar temporariamente el vaciamiento de las fuentes naturales de la fertilidad (Belamy Foster, 2004, p. 241). Al observar el devenir de la agricultura que comenzaba a estar atada a variaciones en precios de mercados, por ende enfocada en los beneficios monetarios inmediatos más que en aspectos ecológicos y alimentarios, Marx ya destacaba la ‘contradicción’ de una actividad que debía centrarse en sostener las condiciones naturales que permitiesen la sobrevida de las futuras generaciones (Belamy Foster, 2004, p. 253).

Lejos de revertirse, ese proceso ha ido en un permanente espiral expansivo, uniformizando la actividad agrícola a niveles como el que hallamos en la actualidad en Argentina. Para Walter Pengue “la agricultura se ha convertido en un proceso ‘minero’ de extracción” de nutrientes, poniendo en riesgo la reproducción de la fertilidad de los suelos, es decir, de la producción agrícola que debiera satisfacer al conjunto de la población (2010, p. 5). La uniformización del agro centrada en la siembra de soja sobre soja, con escasa o nula rotación de cultivos, han convertido a los suelos de Las Pampas argentinas en un recurso en peligro de extinción (Pengue, 2010).

Desde sus orígenes, la economía convencional entendió al suelo como un ‘recurso renovable’, que “bajo ciertas condiciones puede ser gestionado y por tanto explotado a perpetuidad” (Pengue, 2010, p. 5). Por el contrario, estudios científicos señalan que bajo las condiciones de explotación actual el suelo es un recurso agotable o tal vez renovable a una escala inalcanzable ya para la especie humana. El suelo fértil tiene un carácter desde el punto de vista biológico y químico vital. Y aunque la racionalidad moderna-occidental lo haya obviado, también es un recurso relativamente escaso. Como señala Leff, las prácticas capitalistas, con sus tasas de explotación de la naturaleza, “han llegado a sobrepasar la capacidad de carga y dilución de los ecosistemas, llevando a formas y ritmos sin precedentes de degradación ecológica, de extinción biológica, de erosión de suelos y destrucción de biodiversidad” (2013, p. 138).

¿Qué sentidos operaron a lo largo de las últimas décadas para que este modelo predatorio se extendiera casi silencioso a gran velocidad por el territorio argentino? “Ninguna lógica o modelo socio-productivo, como es el agronegocios, alcanza su extensión hegemónica sin combinar los mecanismos de concentración y centralización típicamente económicos con un conjunto de consignas (articuladas en un régimen de signos) que los expliquen, sedimenten e incluso prefiguren” (Palmisano, 2015, p. 43). Fue principalmente bajo la consigna “cuidado del suelo” que se promocionó la masiva extensión del paquete transgénico y el uso de plaguicidas a gran escala como opción productiva casi inevitable para miles de grandes y medianos productores, empresarios e inversores (Palmisano, 2015, p. 43). Es decir, para los sujetos potencialmente portadores de esa capacidad de incorporarse a la modernidad agrícola.

Luego de dos décadas de experimentación, “el cuidado del suelo”, motor discursivo del modelo, “tiene para la consigna del agronegocios el sentido de una taxonomía vacía de vínculos” (Palmisano, 2015, p. 60). Como señalamos, la agricultura actual ha socavado la fertilidad orgánica del suelo, producto de complejos procesos naturales-energéticos que se han desarrollado desde tiempos inmemoriales y que han servido de sustento para la alimentación de las comunidades a lo largo de la historia humana. En base a modelos de análisis del actual sistema productivo, Pengue (2010) sostiene que “se puede pronosticar un agotamiento total de nuestros suelos en unos cincuenta años, aun considerando el aporte de fertilizantes” (Pengue, 2010, p. 8). A ese escenario de catástrofe hay que sumar la problemática hidrológica que atraviesan vastas regiones del país, derivadas del desmonte, como así también por el modelo de siembra directa de soja. Ya está documentada una relación directa entre el monocultivo sojero y el acercamiento de la napa freática a la superficie, que en zonas de la Pampa Húmeda pasó de estar a once metros de profundidad hace cuarenta años a un promedio de dos metros en la actualidad, con graves problemas de escurrimientos en los ciclos de lluvias^[5].

Podríamos pensar en otras consignas que forman parte del corpus que operó en las últimas décadas como manto promotor de este modelo surgido desde el ámbito gubernamental. Por caso, las que giran en torno a un país destinado a ‘alimentar al mundo’ mediante este modelo productivo, que de forma explícita o implícita celebran el crecimiento incesante en el uso de tecnologías y prácticas que como hemos revisado son predatorias de la naturaleza.

-“En nuestra Patria ha nacido un nuevo capitalismo nacional que apuesta a producir más y mejor (…), que adopta nuevas tecnologías, y que de la mano de la siembra directa, en este contexto, logró pasar de 68 millones a más de 100 millones de toneladas de cereales y oleaginosas. Estamos convencidos que el desafío es incrementar la productividad” [Julián Domínguez, ministro de Agricultura de la presidenta –MC- Cristina Fernández, introducción al Plan Estratégico Agroindustrial y Agroalimentario 2020, donde se proponía aumentar la superficie sembrada con soja de 18,3 a 22 millones de hectáreas] (recuperado de: https://goo.gl/FXuShn)

-“Esta exposición es una fiesta de alegría y entusiasmo (…) Estamos poniendo en marcha la inversión como nunca antes, batiendo récords de venta de maquinaria agrícola, de fertilizantes, apostando a poner más tecnología” [Presidente Mauricio Macri, Expoagro 2017, la mayor muestra agroindustrial del país. El discurso presidencial giró en torno a las medidas adoptadas por el Ejecutivo para el sector al inicio de su mandato: baja de cinco puntos a las retenciones a la exportación de soja y promesa de llevarlas a cero, y eliminación de retenciones a maíz y trigo, entre otras producciones] (recuperado de: https://goo.gl/P2gt9q )

Como se planteó anteriormente, las políticas gubernamentales prefiguraron el escenario y acompañaron el rápido y extendido desarrollo de este modelo. A su vez, como correlato apuntalaron una discursividad que, además de promover el agronegocios, insistió en la negación del campesinado, sujeto colectivo en Argentina históricamente invisibilizado por el “sentido común” (Gramsci, 2013), entendido como las concepciones del mundo que la clase dirigente logra propagar en las clases auxiliares y subalternas mediante la política como herramienta cohesiva. Marginado por este modelo de agricultura, el campesinado fue desplazado asimismo de los discursos dominantes del Estado y las academias en las últimas décadas, para en el mejor de los casos ser incluido bajo la figura del agricultor familiar, centrada en una visión económica en torno al tipo de productividad e ingresos (Barbetta, Domínguez y Sabatino, 2012). Por el contrario, reconocer la profundidad cultural del campesinado, como de los pueblos indígenas, defender sus prácticas socio-culturales significaría toparse de frente con un modelo que constitutivamente necesita desestructurar esas formas de vida otras. Reforma Agraria, Soberanía Alimentaria, Agroecología y Justicia Ambiental son conceptos nodales del lenguaje de crítica al agronegocios por parte de los colectivos campesinos (Barbetta, Domínguez y Sabatino, 2012). Su negación e invibisibilización es tarea necesaria para instituir el agronegocios en tanto parte del modelo biopolítico descripto.

En la actual fase capitalista, el nuevo paradigma que rige la agricultura es el de la conversión de los países en grandes proveedores de biomasa, bajo intensas presiones del capital internacional amparadas por políticas de Estado, configurando bajo los mecanismos institucionales y discursivos analizados una “biopolítica del territorio” (Pengue, 2010, p. 12). Mientras por un lado se celebran las cosechas récord o el crecimiento exponencial en el uso de insumos químicos, para los sujetos desplazados por este modelo, en tanto identidades que trazan otros vínculos con la ecología a partir de sus formas de producción, alimentación, desarrollo económico, el entramado biopolítico del agronegocios oferta la adaptación bajo otras lógicas socio-culturales, la invisibilización y resistencia o la desaparición lisa y llana. Como hemos observado en los testimonios de los “afectados” por el modelo sojero desde el territorio en disputa aún emergen “las respuestas a la introyección de una violencia represiva –de la palabra perdida, de la subyugación de saberes—como forma de resistencia y estrategia de emancipación frente a la racionalidad dominante” (Leff, 2013, p. 245). Estas voces son denuncia de los diversos mecanismos opresivos con los que opera el capital extractivista en clave de agronegocios, pero a su vez significan un horizonte que persiste en escribir los territorios bajo otras lógicas que transitan por los márgenes de la razón occidental-moderna- capitalista.

Al poner foco en los procesos de desarrollo mega-minero y del agronegocios centrado en el modelo de soja transgénica, reaparece inscripta, con nuevas especificidades, la dinámica biopolítica que acompañó la formación y cíclica reprodución capitalista. Nos recuerda Alimonda (2011) que desde sus inicios “el proyecto moderno implicó siempre el ejercicio de un biopoder sobre la naturaleza” (Alimonda, 2011, p. 52). Es decir, sobre el suelo, el agua, y todos los complejos procesos biofísicos, por lo que inevitable y decididamente operó sobre los cuerpos humanos. Esa característica, como observamos, se renueva al compás de los ciclos económicos con sus distintas variantes, insertando a partir de diversos dispositivos “cambios estructurales, institucionales y legales de gran alcance” (Harvey, 2007, p. 122) en cada territorio incorporado a la empresa capitalista.

Inscripto en la fase neoliberal de las últimas cuatro décadas, el extractivismo al que aludimos operó en el marco de la “acumulación por desposesión” que repite prácticas de la acumulación primitiva e incorpora, como hemos analizado, otros mecanismos: degradación creciente del ambiente y el hábitat, bloqueo a la agricultura no intensiva en capital, y fomento a privatizar prácticas ancestrales hasta ahora autónomas, por caso la reproducción de semillas (Harvey, 2007, p. 118). Frente a esta avanzada del capital, la hegemonía de los Estados neoliberales, con sus diversos matices, dinamizan la capacidad de acción de las empresas y el sistema financiero en detrimento de los derechos colectivos y el ambiente (Harvey, 2015, p. 80). Como nos plantea Antonelli, “en el reinado de las commodities, el Estado ahuecado sigue el ritmo del mercado” (2011, p. 8).

Las exponenciales cifras (superficie sembrada/proyectos de exploración mineros) que exhiben los modelos de agronegocios y mega-minero en Argentina deja en evidencia que “la dinámica expropiatoria del capital es, más que opresiva, propiamente productiva” (Machado Araoz, 2010, p. 40). Este ritmo incesante del capital que no puede sino basarse, como hemos observado, en toda una serie de dispositivos que tienden a construir la idea de una Naturaleza, que si bien en crisis, está ‘protegida’ por estos modelos autodenominados ‘sustentables’. Al revisar la construcción de esta urdimbre entre mercado, Estado y narrativas que insisten en un desarrollo que ha puesto al límite la capacidad de resiliencia de la naturaleza, Alimonda nos recuerda que “la biopolítica de los discursos moderno/coloniales no produce solamente subjetividades y territorialidades, produce también ‘naturalezas’” (2011, p. 52). Pareciera entonces que la Naturaleza, si bien ya inocultablemente plantea límites, aún tiene mucho para dar bajo la lógica del capital extractivista.

Entendemos así, que el actual capitalismo, ejemplificado en estos modelos extractivistas configura un “régimen eco-bio-político” (Machado Aráoz, 2010, p. 40), en tanto observamos las diversas operatorias gubernamentales y discursivas que hacen a la reconfiguración de los territorios allí donde hay la posibilidad cierta de autonomía de pensamiento y acción, bien por fuera de la lógica del capital o bien en sus márgenes, fundada básicamente en otros vínculos entre sujeto y naturaleza más allá de la racionalidad económica mercantil. En tanto que en los territorios ya apropiados para estas lógicas exhiben graves indicios de degradación ecológica en múltiples direcciones. Machado Aráoz describe con agudeza esa compleja construcción, reproducción y configuración de los mecanismos de poder capitalistas en los procesos extractivos a los que asistimos en Argentina en las últimas décadas: “La expropiación de los territorios –como expropiación de los bienes y servicios comunes de la naturaleza (agua, suelo, aire, energía) que nos hacen cuerpos– es, lisa y llanamente, expropiación de los propios cuerpos” (2011, p. 172).

Como halo fantasmal, el extractivismo resurge de la huella colonial para continuar con la perpetua desestructuración de economías, formas de producción e intercambio y alimentación que 500 años después del inicio de la Conquista aún resisten en los márgenes de la razón moderna. No es otra cosa, que un perpetuo y profundo condicionamiento a las culturas otras, a la naturaleza, y a los cuerpos. Es decir, a la vida, allí donde aún germinan semillas de esperanza eco-socio-territorial frente a los devastados suelos surcados por la lógica capitalista neoliberal.

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[2] Miembro del equipo de investigación ‘Territorios y cuerpos en el Siglo XXI’, Proyecto de Investigación Orientado UNCA-CONICET ‘Transformaciones socioterritoriales en la Provincia de Catamarca entre 1990 y 2015. Problemáticas y perspectivas frente a los desafíos del desarrollo, la democratización y la sustentabilidad’. Doctorando en Ciencia Política en el CEA-UNC, becario doctoral del Conicet y Licenciado en Comunicación Social por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ. Registra una década de trabajo como periodista realizando investigaciones en torno al impacto social, ecológico y sanitario del modelo de agronegocios. Actualmente es colaborador del diario Página12, la revista Acción (IMFC), y el portal La Tinta, entre otros medios gráficos. leo.j.rossi@live.com.ar