Inmigrantes en España: pobreza y exclusión a partir del mercado de trabajo^[1]

En los últimos diez años, son los ámbitos del empleo, la vivienda y la salud los que más han aportado al aumento de la fractura social en España. A pesar de que el umbral de pobreza se ha reducido respecto al periodo 2009-2014, no se observan mejoras en las condiciones de vida de la gran mayoría de las familias. Más de cuatro millones doscientas mil personas se encuentran en situación de desempleo y se contabilizan unos ochocientos mil hogares en situación de exclusión social severa. Los hogares más afectados son aquellos donde habitan las personas inmigrantes debido, principalmente, a sus dificultades para participar en el mercado de trabajo en igualdad. El mercado laboral se caracteriza por la polarización, la elevada temporalidad, la rotación, una gran economía sumergida y la estratificación. Las diferencias entre regiones, sectores de producción, grupos de población y procedencias ponen de manifiesto las desiguales oportunidades entre mujeres y hombres inmigrantes y nacionales. Las personas inmigrantes encuentran mayores obstáculos que las nacionales en el ejercicio de derechos económicos y sociales y en el acceso a bienes esenciales tales como la vivienda. Así, son más vulnerables y soportan más riesgo de pobreza y exclusión social.

In the last ten years, the employment, housing and health have contributed the most to the increase in social divide in Spain. Although poverty has been reduced as compared with the 2009-2014 period, the living condition of the majority of families has not improved yet. More than four million two hundred thousand people are unemployed and about eight hundred thousand households face severe social exclusion. Immigrant households are the most affected, mainly due to their difficulties in accessing equal opportunities in the labor market. The labor market is characterized by polarization, high temporality, rotation, a large submerged economy and stratification. The differences between regions, production sectors, population groups and origins reveal unequal gender opportunities between migrant and nationals. Immigrants encounter obstacles to economic and social rights and access to essential goods such as housing greater than nationals. Therefore, the former are more vulnerable to poverty and social exclusion.

En la actualidad no cabe discutir la exigencia de cambios sociales, económicos y políticos que permitan alcanzar niveles mínimos de bienestar para todas las personas en convivencia. En la medida en que la integración y la cohesión social no han sido alcanzadas, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social Copenhague 1995 recoge que la ampliación de las capacidades y la mejora de las condiciones de vida de todas las personas son pilares de un desarrollo social óptimo, situando la satisfacción de las necesidades básicas y como seres sociales en el centro de las políticas nacionales e internacionales.

Por su parte, la Cumbre de Ginebra 2000 propone como referentes básicos del modelo de desarrollo social los siguientes: menos pobreza, menos desempleo, más participación, más cohesión e integración social y más equidad. Y la Estrategia 2020 se propone, respecto a la integración social en España, conseguir que un millón cuatrocientas mil personas menos estén en riesgo de pobreza y/o exclusión social por motivo de baja intensidad laboral y carencia material severa. Así, los objetivos para un desarrollo que también se ocupe de lo social son la satisfacción de las necesidades fundamentales, el ejercicio de los derechos económicos y sociales y la participación en igualdad de las personas y las familias en las sociedades de establecimiento (Jaraíz Arroyo, 2009).

Para lograr el bienestar, el sistema contemporáneo español se articula a través de tres instituciones básicas: estado, mercados y familias. El estado es, fundamentalmente, el instrumento estabilizador de las otras dos esferas. Así, distribuye los bienes y servicios que se producen en los mercados, equilibra las disparidades, regula las situaciones de discriminación y puede satisfacer las necesidades de las familias, promoviendo su protección y desarrollo (Filgueira, 2001). El estado, además, formula políticas sociales, pero estas no son en sí mismas garantía de equidad ya que pueden tener efectos disfuncionales y desembocar en sistemas de provisión, asistenciales y excluyentes. Los mercados, por su parte, logran ser provisores de desarrollo mediante el trabajo; no obstante, también consiguen generar desigualdades al supeditar éste al crecimiento económico. Por último, las familias no son sólo receptoras pasivas de bienes y servicios, sino que pueden promover su propia integración, mediante la participación social, política y laboral (Esping Andersen, 1993).

Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2015, una de cada cinco personas en España vive por debajo del umbral de la pobreza (ECV, 2015). Son los ámbitos del empleo por su incidencia en los ingresos, la vivienda y la salud los que más han aportado al aumento de la fractura social (VII Informe FOESSA, 2014; Estrategia 2020). Respecto al empleo, de un lado, más de cuatro millones doscientas mil personas permanecen en situación de desempleo, lo que conlleva una disminución de los ingresos en muchos hogares (Encuesta de Población Activa, EPA 2017)^[3]. De otro lado, tener un puesto de trabajo no es garantía de bienestar en el momento actual ya que un porcentaje significativo de personas ocupadas soportan situaciones de pobreza y exclusión social (Gráfico 1), al ocuparse en trabajos precarios y de bajas retribuciones. Así pues, a pesar de que el umbral de pobreza se ha reducido respecto al periodo 2009-2014, no se observan mejoras en las condiciones de vida de la gran mayoría de las familias españolas (ECV, 2015).

Gráfico 1. Tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión según situación laboral y sexo en España. Fuente: Estrategia 2020. Instituto Nacional de Estadística, 2017 a partir de Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida (EU-SILC). Eurostat.

España es, además, el segundo país de la Unión Europea con mayor índice de exclusión social. Así, se contabilizan unos ochocientos mil hogares en situación de exclusión social severa (VII Informe FOESSA, 2014). Sólo la mitad de la población española se encuentra al margen de la vulnerabilidad, en una situación que puede ser calificada de bienestar económico y social. Las situaciones de exclusión no se concentran en un único grupo de población, ni están supeditadas a la edad o al sexo, sino que afectan a todos los miembros de las unidades familiares (Jaraíz Arroyo, 2009) (Gráfico 2).

Gráfico 2. Hogares españoles con baja intensidad laboral (BITH) y riesgo de exclusión. Fuente: Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social, 2014.

Los hogares más afectados pueden ser aquellos donde habitan personas inmigrantes^[4] con familias numerosas, debido principalmente a sus dificultades para participar en el mercado de trabajo en igualdad. Asimismo, las dificultades laborales que soportan las personas inmigrantes en España pueden estar condicionando su acceso a los bienes y recursos de las comunidades e ir en detrimento de su integración y de la cohesión social en las sociedades españolas. Ante dichas hipótesis, se formulan varias preguntas de investigación para el caso de España: ¿Cómo es el mercado de trabajo en el que participan las personas inmigrantes?, ¿Qué empleabilidad y condiciones de trabajo tienen las/os inmigrantes en España? Y, a partir de lo anterior, ¿Qué posibilidades de acceso tienen las personas inmigrantes a bienes esenciales tales como la vivienda?

Para responder a las cuestiones planteadas, en primer lugar, se analizan las características generales del mercado de trabajo español y los efectos de la crisis laboral actual. Se estudian de forma cuantitativa y cualitativa las actividades laborales y los puestos de trabajo a los que acceden las personas inmigrantes y se distingue entre tenencia de permiso de residencia y trabajo, regímenes de afiliación, sectores de ocupación, periodos de inactividad y desempleo. Asimismo, se compara la inclusión y el desempeño laboral de las mujeres y hombres inmigrantes según nacionalidad y respecto a los/as nacionales, en aquellos casos en que las diferencias son relevantes. En segundo lugar, se investigan las condiciones de trabajo de las/os inmigrantes en España, teniendo en cuenta el salario y la parcialidad laboral. Por último, en tercer lugar, se atiende a las dificultades de las personas inmigrantes para acceder a bienes esenciales tales como la vivienda, en régimen de alquiler y propiedad. La aproximación realizada permite visibilizar aspectos de interés, mostrar las diferencias y establecer interrelaciones entre las diferentes variables objeto de estudio. El resultado es un trabajo analítico y descriptivo basado en fuentes de datos secundarios, principalmente informes oficiales y apoyados en los estudios de la Comunidad Científica.

El mercado de trabajo español se caracteriza por la polarización laboral, es decir, por un lado, puestos muy cualificados y de altas productividades; y, por otro, aquellos que superan en número a los primeros y se definen por lo opuesto (Llano Ortiz, 2015). Otras características del mercado de trabajo son la elevada temporalidad y la rotación, así como la existencia de una gran economía sumergida (VII Informe FOESSA, 2014). Dichas particularidades se vienen considerando problemas enraizados en la estructura laboral española (Caparrós Ruiz y Navarro Gómez, 2008).

En 2017, la tasa de temporalidad estatal se sitúa en el veintiséis por ciento, un tres coma dos por ciento superior al año anterior (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2017) (Gráfico 3). Es causada por la incapacidad para estimular la contratación de carácter indefinido y la constante pérdida de empleo, especialmente en los sectores de mayor precariedad laboral (Ceinos Suárez, 2006; Pitxer i Campos et al. 2014). Las acciones emprendidas en las sucesivas reformas legislativas no han logrado atenuar el arraigo de la temporalidad en el mercado de trabajo español. Tras la permisividad normativa introducida con la reforma de 1984, la temporalidad ha alcanzado índices del noventa y uno por ciento en el periodo 1984-1992 (Toharia, 2005). Así, se desprende que la temporalidad en España tiene carácter estructural y de ninguna manera está relacionada con los movimientos migratorios experimentados desde el año 2000.

Gráfico 3. Evolución en la ocupación (eje izdo) y tasa de temporalidad (eje dcho). Fuente: Gabinete Técnico Confederal de UGT a partir de datos de la EPA, INE, 2015.

En cuanto a la rotación, la duración media de los contratos ha descendido. En 2009 era de setenta y siete días, en 2011 de sesenta y un días y en 2014 de cincuenta y siete días (UGT, 2015). Lo anterior permite relacionar la temporalidad y la precariedad de los contratos que se celebran, en especial en determinadas ramas de actividad tales como la construcción, la hostelería, los servicios de proximidad y la agricultura (Aysa-Lastra y Cachón 2011; 2012). En dichos sectores, la proporción de población activa inmigrante está sobrerrepresentada, respecto a otras ramas que soportan menor rotación (Aysa-Lastra y Cachón 2013).

El mercado laboral español, al igual que el italiano y el griego, se caracteriza por tener una economía sumergida de gran volumen (Giulia Ingellis y Calvo, 2015). Las actividades lucrativas que se desarrollan en dicha economía ocupan a gran parte de la mano de obra inmigrante desde el año 2000 (VII Informe FOESSA, 2014). Si bien es cierto que la inmigración y la irregularidad no condicionan su aparición ya que los empleos sumergidos tienen un origen anterior, en torno a 1973, con la Crisis del petróleo (Martínez Verdú, 2007).

El Sistema económico español, además, reproduce un mercado de trabajo estratificado donde las diferencias entre regiones, sectores de producción, grupos de población y procedencias ponen de manifiesto las desiguales oportunidades entre hombres y mujeres inmigrantes y nacionales (Cachón Rodríguez, 2003). A nivel regional, las comunidades autónomas con mayores tasas de paro son por este orden: Andalucía, Extremadura y Murcia; mientras que las regiones con mayor población activa son Baleares, Cataluña y Madrid (EPA, 2017)^[5]. Estas últimas atraen a más personas inmigrantes, quienes presentan mayor disponibilidad para la movilidad, en busca de mejores oportunidades laborales (Aysa Lastra y Cachón Rodríguez, 2013; VII Informe FOESSA, 2014).

Respecto a los sectores de producción, la economía española está definida en el siglo XXI como una economía de servicios (Carrasco Carpio y Riesco Sanz, 2011). Éstos representan cerca del sesenta y cinco por ciento del empleo total, tendencia que se ha visto acentuada a partir del año 1985^[6] (Ceinos Suárez, 2006). A pesar de lo anterior, la economía española se encuentra por debajo de las economías europeas más avanzadas (Pitxer i Campos et al. 2014). Se debe, en parte, a las crisis a las que ha estado sometida. Así, en 1993, todos los sectores de producción experimentaron descensos inusuales, teniendo ese año el peor registro desde que existen datos de empleo (Toharia Cortés, 2004). La recuperación iniciada a partir del año siguiente se concentró en la construcción, los servicios avanzados y colectivos y, en menor medida, en la industria. La agricultura se ha mantenido en un tercer lugar hasta la actualidad, a pesar de los esfuerzos económicos aportados desde la Unión Europea (Pajares, 2009a). En la organización de la economía española por sectores de producción y en la importancia dada a cada uno de dichos sectores se encuentran los motivos del denominado efecto llamada de personas inmigrantes con fines laborales hacia España (Pajares, 2009b).

De otro lado, se considera que el español es un mercado de trabajo singular donde la posición de determinados grupos de población, mujeres, jóvenes e inmigrantes, es especialmente conflictiva (Pajares, 2009b, VII Informe FOESSA, 2014). En primer lugar, según sexo y desempeño laboral, existe más estabilidad en los puestos de trabajo de la población inmigrante trabajadora respecto de la autóctona (Estadística de Migraciones, 2016; EPA, 2017). Lo anterior podría ser debido a que las mujeres inmigrantes es España son más productivas que las autóctonas en determinados sectores de producción, tales como el servicio doméstico, mientras que hay otros sectores a los que no tienen acceso.

En segundo lugar, las personas inmigrantes están en mayor medida sometidas a la irregularidad laboral. Así, más de un millón y medio de personas inmigrantes están afiliadas a la Seguridad Social mientras que, para el mismo año, más de tres millones setecientas mil se encuentran en activo y casi dos millones setecientas mil están ocupadas (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2017).

Respecto a la crisis laboral, durante los últimos años se han alcanzado cifras de desempleo muy elevadas y en la actualidad se sitúa en cuatro millones doscientas treinta y siete mil ochocientas (EPA, 2017). Por su parte, el número de ocupados/as disminuye en diecinueve mil cuatrocientas personas (EPA, 2017) y se sitúa en dieciocho millones quinientas ocho mil cien (EPA, 2014). La disminución del número de parados/as y el aumento del número de ocupados/as no ha conllevando un incremento del bienestar de las familias inmigrantes. Ello se debe a que, en general, el incremento de la ocupación se ha producido en trabajos temporales, precarios y de bajos salarios (UGT, 2015). De dichos puestos de trabajo, trescientos cuarenta y cuatro mil ochocientos son unipersonales. Además, el empleo a tiempo completo baja en ciento cincuenta y cinco mil trescientas personas, el número de ocupados/as a tiempo parcial aumenta en ciento treinta y cinco mil novecientas y el porcentaje de ocupadas que trabaja a tiempo parcial se agranda (15,31%). El número de asalariados/as se reduce en diecinueve mil doscientos y la tasa de temporalidad se mantiene en el cuarenta y siete por ciento. Además, los hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro son un total de un millón trescientas ochenta y siete mil setecientas (EPA, 2017).

Entre los sectores de producción, durante el año 2017 la ocupación crece en los sectores servicios, industria y agricultura debido, en gran medida, a factores coyunturales a partir de la recogida de las cosechas y el aumento del turismo durante la época estival (EPA, 2017). Por el contrario, se mantiene la tendencia de descenso, respecto a años anteriores, en la construcción y en el sector industria. Esto último indica que la apuesta por dichos sectores desde el primer semestre del año 2013 ha sido escasa y breve en el tiempo (Tabla 1).

Tabla 1. Personas paradas en España, 2017: sexo, grupo de edad y sector económico. Fuente: Elaboración propia. Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística (INE), 2017.

Durante el año 2016, las mayores bajadas del paro se han producido en Cataluña, Andalucía y Comunidad de Madrid y han estado relacionadas con el desempeño en actividades temporales, sobre todo en el sector servicios y en la agricultura. En el primer trimestre de 2017, las mayores reducciones se han dado en Comunitat Valenciana (veintitrés mil cien parados/as menos), Comunidad de Madrid (dieciocho mil trescientas) y Principado de Asturias (trece mil setecientas) y han sido debidas a puestos de trabajo temporales y de baja calidad, en comparación con los puestos desarrollados antes de la crisis.

Las personas que migran encuentran más o menos dificultades para participar en las ofertas del mercado laboral dependiendo del tiempo de residencia en España, de la situación regular o irregular, de la nacionalidad, del sexo, de la edad y de la comunidad autónoma donde se establezcan (Estadística de Migraciones, 2016).

En cuanto al tiempo de residencia y la situación administrativa, en el año 2016 se han concedido casi cien mil autorizaciones de trabajo a inmigrantes en España (Tabla 2), la mitad a mujeres y la mitad a hombres. De los anteriores, el ochenta y cinco por ciento trabajan por cuenta ajena y el cuatro por ciento lo hace por cuenta propia, mientras que el resto podría estar empleado/a en la economía sumergida (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2017). Las mujeres inmigrantes son, sin embargo, más vulnerables a la irregularidad administrativa ya que encuentran más dificultades para superar los meses de cotización exigidos para renovar sus permisos de trabajo y residencia. Lo anterior es debido a que se ocupan mayoritariamente en el servicio doméstico y a que participan, en mayor medida, en la economía informal.

Tabla 2. Inmigrantes con tarjeta de residencia en vigor. Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2017.

Los datos relativos a las procedencias principales, sexo, edad, comunidad autónoma de residencia, tasa de actividad y ocupación de las personas inmigrantes son ilustrados en la Tabla 3 y en los Gráficos 4, 5 y 6 respectivamente.

Tabla 3. Inmigrantes en España: nacionalidades principales, sexo y edad. Fuente: Elaboración propia. Observatorio Permanente de la Inmigración, España, 2016.

Gráfico 4. Inmigrantes en España: comunidad autónoma de residencia. Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración, España, 2016.

La tasa de actividad en el año 2017 se sitúa en el cincuenta y nueve por ciento, el sesenta y cuatro coma ocho por ciento para los hombres y el cincuenta y tres coma cuatro por ciento para las mujeres (Gráfico 5). Las/os inmigrantes tienen una tasa de actividad superior a los/as nacionales, sin embargo, enfrentan más obstáculos en su inserción laboral (Martínez, 2010). Se deduce que la mano de obra inmigrante desempeña con más frecuencia su actividad en la economía no formal.

Gráfico 5. Evolución de la actividad intertrimestral en España. Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), 2017.

Respecto a la ocupación, la economía española ha destruido empleo inmigrante desde el año 2009 hasta la actualidad (Angoitia y Tobes, 2013) (Gráfico 6). La tasa de los hombres inmigrantes es más elevada que la de las mujeres inmigrantes de todas las nacionalidades (Martínez, 2010). Asimismo, la tasa de ocupación de la población inmigrante masculina se ha reducido en 28 puntos porcentuales desde el año 2007 por lo que se ha igualado a la de los españoles en 2013 (Angoitia y Tobes, 2013).

Gráfico 6. Evolución de la ocupación en España: en tasa de variación trimestral. Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), 2017.

Respecto a las variables que impulsan las contrataciones son determinantes la procedencia y la edad de quienes migran, el nivel educativo, la experiencia laboral y el conocimiento acumulado durante los años anteriores al inicio de los proyectos. Además, el sexo, la clase social, el tiempo de residencia y la nacionalidad actúan como excluyentes y ralentizadores de las oportunidades laborales (UNDP, 2010).

Cuando se analiza la relación que existe entre la nacionalidad y las categorías profesionales a las que tienen acceso las personas inmigrantes se detectan correlaciones significativas. Las personas procedentes de Argentina y Cuba tienen acceso a más sectores (Actis y Esteban, 2008). Asimismo, en términos comparativos con el resto de los grupos inmigrados, en mayor número de ocasiones desarrollan puestos de trabajo similares a los que desempeñan las personas españolas (Pajares, 2009b). El motivo es que Argentina y Cuba tienen con España una tradición de flujos migratorios que ha generado vínculos familiares y de amistad que se mantienen en el tiempo^[7]. A dichos vínculos se une el hecho de que la opinión pública entiende que culturalmente son grupos similares a los nacionales (Actis y Esteban, 2008). Se considera que la aceptación generalizada de estas dos procedencias, por parte de los/as empresarias y las economías domésticas, favorece su promoción en el ámbito social y laboral.

La tasa de paro de la población inmigrante es del dieciocho coma seis por ciento (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2017) (Gráfico 7). El avance del desempleo entre los/as inmigrantes es un fenómeno que se revela particularmente preocupante a partir de 2008 (Angoitia y Tobes, 2013). Las personas inmigrantes de ambos sexos y en todos los sectores de producción están perdiendo empleo. Especialmente, desde el año 2007 el sector construcción representa más de la mitad del total de los puestos de trabajo destruidos (EPA, 2017).

Gráfico 7. Evolución del paro en España: en tasa de variación trimestral. Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), 2017.

Por tipo de contrato, la crisis afecta especialmente a los trabajadores/as con contratos de trabajo precarios y, en mayor medida, a los contratos temporales que a los de carácter indefinido (Pitxer i Campos et al. 2014). Al comparar mujeres y hombres de similares características profesionales, las mujeres soportan mayores pérdidas de empleo (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2017). Por último, la tabla 4 ilustra las principales nacionalidades de las personas desempleadas.

Tabla 4. Beneficiarios/as de prestaciones por desempleo: principales procedencias. Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2017.

A raíz de la reforma laboral del año 2012^[8] ha ascendido el porcentaje de contratos a tiempo parcial, hasta el treinta y tres coma cuatro por ciento. Así, el sesenta y tres coma dos por ciento de las personas ocupadas trabajaba a tiempo parcial porque no encuentran un trabajo a tiempo completo (parcialidad involuntaria), frente al treinta y cinco coma cinco por ciento del año 2008. Por tanto, en nueve años se ha duplicado el tiempo parcial involuntario (EPA, 2017).

Otro rasgo principal de los cambios sucedidos en la parcialidad es su incidencia, tanto en los empleos temporales como en los indefinidos (UGT, 2015). La sujeción a jornadas parciales condiciona la carrera profesional de las personas inmigrantes y, por tanto, su derecho a percibir determinadas prestaciones sociales tales como maternidad, desempleo, jubilación, invalidez e incapacidad (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2017).

Respecto al salario, los contratos que se celebran en la actualidad se sustentan en peores remuneraciones y una parte considerable de los salarios vigentes o no se han actualizado o han sufrido retrocesos. Además, el salario de reserva, aquel por el cual los trabajadores/as están dispuestos a aceptar un empleo, ha descendido. El resultado es un descenso de los salarios medios en el mercado de trabajo (UGT, 2015) y el incremento de la privación material severa, que se ha convertido en la nueva forma de medir la pobreza y la exclusión social (Martínez López y Navarro Ruiz, 2016).

Las personas inmigrantes perciben salarios inferiores respecto de la población autóctona. Este hecho es debido a limitaciones estructurales - las características del mercado laboral y la segregación por sectores – y a variables personales- la edad, el sexo, el estado de salud física, el nivel formativo alcanzado ya sea académico o empresarial, la nacionalidad, el tiempo de residencia, la experiencia laboral, las responsabilidades familiares, la concurrencia de rentas adicionales a las laborales e, incluso, el grado de satisfacción con el empleo (Angoitia y Tobes, 2013; Estadística de Migraciones, 2016).

De otro lado, considerando la modalidad contractual, los hombres inmigrantes tienen un salario superior en un veinticinco coma nueve por ciento o inferior en un veinte coma seis por ciento de la media anual, según tengan contratos de duración indefinida o determinada, respectivamente. El salario de las mujeres inmigrantes es inferior a la media, con independencia del tipo de contrato. Al distinguir por ocupación y sexo, el patrón anterior se repite. Las ocupaciones con remuneraciones más altas y bajas son para hombres y mujeres inmigrantes, por este orden. Por tanto, tal y como ocurre en las diferentes categorías profesionales y en todas las ocupaciones, las mujeres inmigrantes obtienen salarios inferiores a los hombres inmigrantes (ECV, 2015).

Por último, el nivel de renta de las personas inmigrantes está fuertemente condicionado por la posición laboral y los salarios percibidos en el mercado de trabajo. Estos constituyen casi siempre la principal y, en la mayoría de los casos, la única fuente de renta. Además, las/os trabajadores procedentes de países no comunitarios se están viendo más duramente afectadas/os por el aumento del desempleo, asociado a la crisis económica (Martínez López, 2010). Por lo anterior, encuentran más obstáculos para acceder a prestaciones sociales y a bienes de primera necesidad tales como la vivienda (VII Informe FOESSA, 2016).

El sistema residencial español se caracteriza por la mercantilización, la estratificación social y un sistema de provisión en el que las familias tienen una posición determinante (Mazkiaran, 2015). La vivienda no está protegida como un bien social. Su precio no atiende a una lógica concreta y el acceso a la misma está, sobre todo, supeditado a la capacidad económica de los/as compradoras (Algaba, 2003).

La forma más extendida de tenencia es la propiedad, mientras que el alquiler privado (aunque al alza) es muy reducido, en comparación a otros países europeos y el alquiler social es prácticamente inexistente (García Almirall, 2008). Antes de la crisis actual, el aumento del precio de las viviendas en propiedad provocó un aumento en el precio de las viviendas en alquiler, que son cada vez más inaccesibles a la población en general y a las personas inmigrantes en particular (CeiM, 2007; CEAR, 2016).

La población inmigrante es un grupo especialmente vulnerable a los obstáculos que impiden el acceso a la vivienda debido a que presentan niveles de renta bajos junto con barreras legales, de idioma y de desconocimiento de las normas y procedimientos que rigen el alquiler y la compraventa (Algaba, 2003; CeiM, 2007). De forma mayoritaria, para hacer frente a los precios de las viviendas en alquiler, las personas inmigrantes se concentran en las zonas urbanas y en los barrios más degradados donde las viviendas tienen peores condiciones habitacionales (Colectivo IOÉ, Pereda, Actis, De Prada, 2005, CEAR, 2016).

En muchos casos, las personas inmigrantes no pueden disponer de una vivienda por unidad familiar y tienen que compartirla, con la consiguiente reducción del espacio vital (Human Rights Watch, 2014). Dicha circunstancia provoca el hacinamiento de personas que viven en condiciones insalubres (CeiM, 2005, p. 5; Gutiérrez Sanz y Jarabo Torrijos, 2013).

En los barrios donde las viviendas son más asequibles, porque están muy deterioradas y alejadas de los servicios públicos esenciales, se concentran personas de escasos recursos, inmigrantes y de étnia gitana. La actividad económica se retira, aparecen guetos y las condiciones de vida se tornan infrahumanas (CeiM, 2007:6; Gutiérrez Sanz y Jarabo Torrijos, 2013).

En los casos en que los proyectos inmigratorios son consensuados, las familias eligen vivir en barrios residenciales y en regímenes de alquiler. Las viviendas se alquilan, con frecuencia, antes de iniciar los viajes (Pedone, 2004; Human Rights Watch, 2014). En muchas menos ocasiones, las familias acceden a viviendas en propiedad después de su llegada a España. Dichas viviendas son, por regla general, inalcanzables para la mayoría de las personas que inician proyectos inmigratorios individuales (ENI, 2008; CEAR, 2016). La imposibilidad es aún mayor para aquellas incluidas en el perfil de trabajador/a de bajos salarios, esto es: mujeres, jóvenes, personas con bajo nivel educativo, trabajadores/as de industrias manufactureras tradicionales, como la textil y la de confección y las empleadas/os en algunas ramas del sector servicios, tales como el comercio y la hostelería. También para quienes se ocupan en servicios personales y para las que trabajan en ocupaciones de baja cualificación, con contratos temporales y a tiempo parcial (VII Informe FOESSA, 2014).

Para concluir, las personas inmigrantes en España acceden sobre todo a viviendas en alquiler porque los precios de las viviendas en propiedad son muy elevados y a su llegada tienen niveles de renta bajos e incertidumbre respecto a sus ingresos. Con el tiempo, lo anterior no suele solucionarse y, una vez establecidos/as, la mayoría sigue teniendo niveles de renta más bajos que los/as nacionales debido a su desigual participación en el mercado de trabajo.

En España, los hogares más afectados por exclusión social severa son aquellos donde habitan las personas inmigrantes, debido principalmente a sus dificultades para participar en el mercado de trabajo en igualdad. El incremento de la ocupación se produce en trabajos temporales, precarios y de bajos salarios, por lo que no ha traído consigo un acrecentamiento del bienestar de las familias inmigrantes. La elevada temporalidad está causada por la incapacidad para estimular la contratación de carácter indefinido y la constante pérdida de empleo, especialmente en los sectores de mayor precariedad laboral. La rotación entre puestos de trabajo pone de manifiesto la menor duración de los contratos y su precariedad, sobre todo, en determinadas ramas de actividad en las que la población activa inmigrante está sobrerrepresentada.

El mercado de trabajo español no atiende a la satisfacción de las necesidades básicas y como seres sociales de las personas inmigrantes. Éstas encuentran mayores obstáculos que las nacionales en el ejercicio de los derechos económicos y sociales y, por ello, soportan más vulnerabilidad y riesgo de pobreza y exclusión social. Las diferencias entre regiones, sectores de producción, grupos de población y procedencias ponen de manifiesto las desiguales oportunidades laborales entre, mujeres y hombres, inmigrantes y nacionales.

Las personas que inmigran hacia España encuentran más o menos dificultades para participar en las ofertas del mercado de trabajo dependiendo del tiempo de residencia, de su situación regular o irregular, del sexo, la nacionalidad, la edad y la provincia de establecimiento. La inserción laboral y la estabilidad legal están muy relacionadas con el tiempo de residencia. Así, las personas inmigrantes están en mayor medida sometidas a la irregularidad laboral, a la inactividad y al desempleo, respecto de la población autóctona.

Los/as inmigrantes tienen una tasa de actividad superior a los/as nacionales, sin embargo, enfrentan más obstáculos en su inserción laboral. La mano de obra inmigrante, a pesar de ser laboralmente más activa que la nacional, desempeña con más frecuencia su actividad en la economía no formal. Las mujeres, en mayor medida que los hombres inmigrantes, son susceptibles de soportar situaciones administrativas irregulares ya que encuentran más dificultades laborales lo que conlleva que no puedan superar los meses de cotización exigidos para renovar sus permisos de trabajo y residencia.

La procedencia y la edad de quienes inmigran, el nivel educativo, la experiencia laboral y el conocimiento acumulado durante los años anteriores al inicio de los proyectos determinan las contrataciones en el mercado de trabajo español. Además, el sexo, la clase social, el tiempo de residencia y la nacionalidad actúan como excluyentes y ralentizadores de las oportunidades laborales.

Las personas inmigrantes en España se concentran en escasas ramas de actividad caracterizadas por malas condiciones de trabajo y bajos salarios, así como por ser actividades lucrativas menos reguladas. La condición de mujer e inmigrante condiciona negativamente la sujeción a contratos a tiempo parcial y a bajos salarios. El salario de los hombres inmigrantes está relacionado, en gran medida, con la duración de sus contratos ya sean estos de duración indefinida o determinada. El salario de las mujeres inmigrantes es siempre inferior al de los hombres inmigrantes, con independencia de la rama de actividad en la que se empleen o de la duración de su contrato.

El nivel de renta de las personas inmigrantes está fuertemente condicionado por la posición laboral y los salarios percibidos en el mercado de trabajo. Las dificultades laborales que soportan las personas inmigrantes en España condicionan su acceso a los bienes y recursos de la comunidad, van en detrimento de su integración social y de la cohesión social en las sociedades españolas.

Con carácter general, las dificultades de las personas inmigrantes en el ámbito de la vivienda están relacionadas con los altos precios de las viviendas en alquiler, así como con la segregación espacial en las zonas más desfavorables de los núcleos urbanos. La población inmigrante es un grupo especialmente vulnerable a los obstáculos que impiden el acceso a la vivienda, debido a que presentan niveles de renta inferiores y barreras legales, de idioma y de desconocimiento de las normas y procedimientos que rigen el alquiler y la compraventa.

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[2] Universidad de Cádiz, España, Adscrita a la Facultad de Ciencias del Trabajo, Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Cádiz. Es licenciada en Ciencias Políticas y en Sociología por la Universidad de Granada y por la Universidad de Limerick, Irlanda y, graduada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Ha elaborado su tesis doctoral titulada Reagrupación e Integración de mujeres inmigrantes desde la perspectiva familiar y del Trabajo Social. vanesa.hervias@uca.es

[4] La Organización Internacional de las Migraciones establece que el estatus de inmigrante se confiere a aquellas personas consideradas como tal de acuerdo con la legislación interna de los estados receptores (Glosario OIM, 2006:70). En España, los poderes públicos distinguen entre personas inmigrantes y extranjeras y dicha clasificación es ampliamente aceptada por la opinión pública. Así, la categoría de inmigrante está motivada en la procedencia, esto es, países que no forman parte de la Unión Europea. La categoría de extranjero/a incluye a las personas inmigrantes y a las que proceden de países de la Unión Europea. Sin embargo, lo anterior no siempre se cumple y una persona que ha migrado desde Argentina, por ejemplo, puede ser incluida por sus vecinos/as en la categoría de extranjera. Esto último depende de su posición económica y social, de su formación, de su apariencia física, de sus rasgos fenotípicos.

[5] Las diferencias regionales se analizan a través de la comparación de tres tasas que miden la actividad laboral en el mercado de trabajo de las personas trabajadoras potenciales, entre los 16 y 65 años: la tasa de ocupación, la tasa de paro y la tasa de actividad.

[6] A partir del año 1985, que España firmó su adhesión a la Unión Europea, la economía española se ha ido transformando desde una economía preferentemente agrícola e industrial hacía una economía también de servicios. Lo anterior ha conllevado un crecimiento constante del Producto Interior Bruto per cápita hasta el año 2007, que alcanzó su máxima con el 102,8%.

[7] Respecto a los vínculos familiares, los flujos migratorios entre España y Argentina son numerosos y extensos en el tiempo. A modo de ejemplo, entre 1857 y 1909 llegaron a Argentina ochocientas ochenta y dos mil doscientas setenta y una personas de nacionalidad española y muchas más de las anteriores al inicio de la Guerra Civil en 1936. Por su parte, Cuba tuvo un gobierno español, entre 1868 y 1899, fecha en que Cuba fue entregada a Estados Unidos.

[8] La última reforma laboral en España se aprobó mediante la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y fue ideada por el Partido Popular, liderado por Mariano Rajoy, que el año anterior había ganado las elecciones por mayoría absoluta.