Nota Editorial

Dossier El derecho ante la conflictividad social: límites y aperturas posibles

Sabrina Villegas Guzmán

Leticia Gavernet Busqueta

Ángel Gabriel Cabrera Silva

El año que acaba quedará grabado de manera indeleble en nuestra memoria. No sólo por la irrupción de lo inesperado sino por su capacidad para recordarnos la fragilidad de la condición humana y la precariedad de nuestras existencias. El trauma global de este 2020 ha puesto en eje nuevamente la necesidad apremiante de construir nuevos horizontes a partir de experiencias concretas de resistencia, nuevos derechos y nuevas institucionalidades.

Hace sólo unos meses, apenas un tiempo antes del comienzo de la pandemia, convocamos a este dossier con plena conciencia alrededor del tiempo mórbido en el que nos toca vivir; una coyuntura histórica en la que, al decir de Gramsci, “lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer”. En este interregno, las crisis van y vienen acompañadas de todo tipo de imágenes distópicas sobre el futuro que depara a las sociedades contemporáneas. Aunque no sabemos exactamente cuándo comenzamos a atravesar este umbral, ni hasta cuándo lo haremos, llevamos ya varias décadas en este camino. Afortunadamente, cada tanto en este andar, se cuelan algunas instantáneas que nos recuerdan que un mundo -después del fin del mundo- todavía es posible.

Con más de un millón y medio de vidas humanas perdidas por el Covid-19, pocas veces nos tocó ser testigxs tan directxs de cómo las estructuras de gestión biopolítica administran las decisiones sobre quién o quiénes merecen vivir y a quién o quiénes se puede dejar morir. Sin embargo, la pandemia no fue el único evento global que este año nos recordó sobre esta situación. La vulnerabilidad de la vida y la fragilidad de los derechos humanos ante las vastas desigualdades que rigen nuestro mundo se expresaron en muchos otros planos. A mero título ejemplificativo podemos nombrar: la consolidación -al parecer definitiva- del capitalismo 4.0 y su esquema de control-vigilancia-economía de plataformas, el aumento de la pobreza y el desempleo, los desastres medioambientales, la desconfianza en la democracia y el orden institucional, las expresiones de violencia hiper-racista encarnadas en el asesinato de George Floyd en EUA y la lista, lamentablemente, continúa.

Pero, en otro orden, este año también nos deja con algunos esbozos esperanzadores: el retorno del régimen democrático en Bolivia, el ocaso -al menos momentáneo- del liderazgo de Trump en EUA, el sí a la larga y tan esperada reforma constitucional en Chile, las protestas en Perú frente a las políticas de corte económico, social y ambiental implementadas por los gobiernos y la resistencia en Colombia contra la criminalización de la lucha social que día a día se cobra la vida de dirigentes sociales. A la vez, el movimiento feminista en el cono sur insiste y resiste arremetiendo con la ansiada legalización del derecho a un aborto seguro, legal y gratuito.

Más allá de esta breve enunciación de algunas cuestiones que emergieron en este contexto inusitado, la pregunta inicial de la convocatoria del presente dossier continúa siendo relevante en la tensión entre contextos de crisis y su vinculación con las distintas dinámicas del derecho: ¿Qué tiene para decirnos, entonces, el derecho y los usos que de él realizan los colectivos y movimientos sociales en la coyuntura reciente?

En respuesta a esta convocatoria, se recibieron varios artículos que analizaron la manera en que distintos movimientos sociales han establecido su relación con el derecho. Finalmente, cinco de ellos integran esta publicación. En cada uno de ellos, lxs autores ponen en debate, al menos, dos dimensiones de especial relevancia teórica. Por un lado, varios de ellos problematizan los aspectos de representación y comunicacionales que subyacen a las demandas sociales. Adicionalmente, se analiza también la relación de estos movimientos con el sistema jurídico y el rol que el derecho juega en la búsqueda para convertir los derechos humanos en realidad.              

Un detalle sumamente significativo, es que la mayoría de los artículos presentados se refirieron al creciente auge de las luchas atinentes a géneros y sexualidades. Así pues, cuatro de los artículos de este dossier agrupan a autorxs que analizan este tipo de reclamos. Si bien cada artículo adopta sensibilidades distintas, asume una diferente perspectiva teórica e incluso estudia diversas regiones geográficas, al compartir un eje común, se vuelve posible trazar vínculos entre los argumentos esbozados, para comprender de forma más compleja las diferentes relaciones (y tensiones) que estos movimientos han generado al interactuar con el derecho.

El primero de estos artículos corresponde a Laura Judith Sánchez, quien aborda la dinámica del castigo a partir de las pre-concepciones, imaginarios y representaciones que recaen específicamente sobre los cuerpos y la sexualidad de las mujeres de manera diferencial. En un análisis situado, se advierte la manera en que las normativas regulan, reproducen y refuerzan un “orden jerárquico, material y simbólico, por dentro y fuera de la prisión” vinculado al régimen patriarcal. En particular, la reforma del régimen penitenciario y su secularización habría configurado el desplazamiento del estatus de la mujer privada de la libertad: de “mujer transgresora” a “mujer delincuente”, lo que produce una serie de transformaciones significativas (no necesariamente “positivas”).

La problemática que sigue atravesando los dilemas del castigo penal y la necesidad de una perspectiva feminista para su análisis, es que se somete a los cuerpos de las mujeres a un régimen pensado y articulado para el caso de los varones. Como evidencia la autora, la excepción es la maternidad, mientras que los derechos sexuales y no reproductivos y las desatenciones a la cuestión de género ponen en evidencia que “el sujeto ingresa al campo del derecho de la mano de las disposiciones normativas, devenidas en leyes, que le permiten acceder al universo de los derechos y que lo instituyen ciudadana/o. En ese marco, “las mujeres” ingresan al campo del derecho desventajadas. El reconocimiento de éstas requiere de una reformulación de sus términos, por fuera de la universalidad y la abstracción”.

Por su parte, Raúl Anthony Olmedo Neri estudia al movimiento de la diversidad sexual en México (con su pluralidad y divergencias) y vincula su lucha por la consolidación del matrimonio igualitario con las nociones habermasianas de “mundo subjetivo”, “mundo social” y “mundo objetivo”.  En este sentido, el autor considera que el modelo de interacción-comunicación implica una disputa entre las demandas identitarias del movimiento, que se insertan en el espacio público alterando el ámbito cultural, político y social; frente al contramovimiento y sus discursos excluyentes de índole religioso y/o de control de los cuerpos como conflicto de intereses.

El autor da cuenta del proceso de reconocimientos y rechazos normativos en cada estado de México. Sugiriendo que esta perspectiva teórica es aplicable a otras demandas del movimiento LGBTTTIQA y a quienes las combaten (como el Frente Nacional por la Familia y grupos religiosos y conservadores), se sostiene que el carácter comunicativo es de vital importancia para “desmantelar estereotipos, fragmentar discursos de odio y encontrar aliados en diferentes esferas”. En opinión de Olmedo, existiría un punto de inflexión en la interacción entre “los tres mundos” y en particular en la dimensión comunicacional para generar una legislación a favor o en contra de las demandas, estableciendo que: “para que la modificación se dé en el ámbito jurídico, debe existir un proceso de concientización e incidencia social en la población, con la finalidad de sensibilizarla sobre dicha demanda y convencerla de la injusticia que se da al no poder garantizar ese derecho a otras personas”. 

En el siguiente artículo del dossier, Florencia Clara Mazzola analiza la compleja relación que se teje entre Estado y sociedad. Su contribución analiza las interpelaciones que las nuevas generaciones de estudiantes realizan en torno a la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral Nº 26150 en Argentina. Como en otras situaciones donde la sexualidad está en juego, las posiciones oscilan entre quienes se oponen a que la ley sea implementada y, por otro lado, quienes reclaman por su obligatoriedad, exigiendo la incorporación de la perspectiva de género y un cuestionamiento al binarismo.

De acuerdo a la autora, si atendemos a la trayectoria de las luchas feministas, una de las particularidades de este momento estaría dada por el relevo generacional ante el ingreso de “las pibas” y de identidades diversas a la discusión política. La incorporación de estas voces se expresa en la ampliación de demandas específicas que buscan correr el eje desde una idea de sexualidad adultocentrada hacia una mirada que incorpore la subjetividad de lxs jóvenes. Si uno de los desafíos del feminismo -en consonancia con la tarea de otros movimientos sociales y expresiones políticas- es quebrar la hegemonía del neoliberalismo, el artículo plantea que un posible camino para lograr este objetivo consiste en tensionar y promover puntos de fuga a la regulación dominante para ampliar derechos y democratizar la soberanía sobre los cuerpos.

El cuarto artículo dedicado a cuestiones relativas al género y la sexualidad es el de Lucía Giudice quien, desde Uruguay, nos invita a pensar sobre los debates que se abren alrededor del uso de las redes sociales para visibilizar y denunciar distintas situaciones de violencia machista. En los últimos tiempos, ante la inoperancia demostrada por los mecanismos institucionales para dar una respuesta a esta problemática, se ha generalizado la utilización de hashtags como estrategia para escrachar a los presuntos victimarios.

Con base en una perspectiva jurídica crítica feminista, la autora reflexiona sobre algunos de los aspectos virtuosos de esta práctica de activismo, aunque también alerta sobre los riesgos y contradicciones que instala al interior del movimiento feminista señalando que, de no resolverse esta encrucijada, el feminismo podría acabar reproduciendo algunas desigualdades que desde sus orígenes busca combatir.

Finalmente, el último artículo que integra el dossier se refiere a otro tipo de lucha social: Luis Alejandro Pérez Ortiz y Maribel Rosas García realizan un análisis sobre las luchas contemporáneas de los pueblos indígenas de México. Si bien la relación entre feminismo y movimientos indígenas despierta importantes tensiones, este artículo aborda una perspectiva distinta. Partiendo del caso concreto de la comunidad de Teremendo de los Reyes, lxs autores contribuyen a este dossier con una reflexión sobre los diversos retos que permanecen cuando un movimiento social se enfrenta a un gobierno identificado con “la izquierda” (en el caso de México, la llamada “Cuarta Transformación”). Gracias a su enfoque etnográfico e interdisciplinario, el artículo trae a flote diferentes ejes de reflexión que revelan la necesidad de comprender mejor las complejas redes y contextos que enmarcan las luchas sociales contemporáneas.

Al ser una comunidad indígena ubicada dentro de un municipio preponderantemente urbano, pero gobernado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, el caso de Teremendo de los Reyes revela las tensiones que existen entre diferentes formas de entender la desigualdad. Además, al realizar un análisis histórico y finamente contextualizado, el artículo demuestra la necesidad de estudiar los movimientos sociales, en correlación con las estructuras de gobernanza local que definen la actividad política de una región específica (en este caso, del Estado de Michoacán). Dado que el artículo gira entorno al concepto jurídico de “usos y costumbres”, el análisis también ayuda a comprender mejor la importancia del derecho en los largos procesos de movilización social de Teremendo de los Reyes.

Por último, hacen parte también de este número un conjunto de entrevistas vinculadas al ejercicio crítico del derecho en trabajo conjunto con organizaciones y movimientos sociales de distintas regiones de América Latina y en diferentes contextos históricos.

Desde Buenos Aires, Ángel G. Cabrera Silva entrevista a Gastón Chillier y Diego Morales quienes nos comparten varias reflexiones que emanan de su largo trabajo en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Al haber sido fundada en 1979, el CELS es una de las organizaciones de derechos humanos con más historia tanto en la Argentina como en la región Latinoamericana. Como es de esperarse, durante todas estas décadas, la agenda, los métodos y las estrategias del CELS han tenido que evolucionar y adaptarse conforme los tiempos y contextos socio-políticos cambian (tanto a nivel nacional como global).

En este dossier, Chiller y Morales entretejen vívidas anécdotas con reflexiones profundas para guiarnos, no sólo a través de la historia propia del CELS, sino a través de las formas en que su equipo de trabajo ha ido construyendo sinergias con diversos movimientos sociales. Así pues, la entrevista ofrece una ventana para entender cómo el equipo de trabajo del CELS ha hecho frente a los retos actuales. Pero no sólo eso; en el marco de este dossier, estas páginas constituyen sobre todo una enérgica invitación para seguir reflexionando, de forma crítica pero constructiva, sobre el futuro del trabajo en derechos humanos y sobre el rol que las estrategias jurídicas cumplen dentro de las luchas sociales.

Desde Montevideo, Uruguay, Leticia Gavernet Busqueta conversa con Cecilia Beatriz Blanco Fresco quien nos trae la experiencia propia de un estudio y ejercicio profesional de décadas en causas atinentes al Terrorismo de Estado, la desaparición forzada de personas y otras graves violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente de la región. Allí, nos propone reflexionar cómo las dinámicas institucionales y jurisdiccionales condicionan los recorridos de las luchas por Memoria, Verdad y Justicia y la agenda del debate, la necesidad de un análisis historicista y contextual, los condicionamientos de la justicia y la tensión entre el derecho local e internacional.

En particular, La Ley de Caducidad en Uruguay y los dos plebiscitos que implicaron una “renuncia a la pretensión punitiva del Estado”, con la contradicción que esto engendra para el Estado de Derecho y para la construcción de la concepción de la democracia y los derechos humanos, se vinculan como establece la entrevistada con prácticas de impunidad que son más que una “cultura”: devienen en la consolidación de un fenómeno multidimensional y estructural. Sin embargo, su análisis pone énfasis en el imprescindible rol de las organizaciones de familiares, derechos humanos y la legitimidad en la sociedad civil de estas causas para romper con los discursos hegemónicos, aún en el mero hecho de persistir en el tiempo, insistir en las demandas, entender al derecho como herramienta estratégica sin perder de vista que las conquistas pueden perderse y están condicionadas.

Finalmente, al relatar algunas vivencias significativas, se percibe que lo que muchas veces analizamos como “litigio estratégico, derecho alternativo o abogacía popular” es una experiencia que, en sus palabras, conlleva advertir que “el lugar que uno tiene que ocupar desde las herramientas profesionales es al lado de la víctima, del que sufre, del desposeído, creo que es un aprendizaje que pauta una elección personal, profesional y ética”, con altos costos pero con profundas gratificaciones.

La sección de entrevistas cierra con la entrevista de Sabrina Villegas Guzmán al Colectivo Emancipaciones quienes, desde México, nos ofrecen el relato de su propia experiencia de abogacía militante y de análisis crítico del derecho, entrelazada con distintos procesos de autonomía indígena que vienen teniendo lugar desde hace algunos años en el estado de Michoacán. Críticxs de una formación jurídica que ubica a la figura del abogadx en condición de “rey”, o depositario único del conocimiento, intentan dar sentido a sus prácticas de litigio y de acompañamiento jurídico desde una perspectiva epistémica y política basada en una “ecología de saberes”.

Con un pie en la academia y otro en el activismo político, realizan una apuesta por tender puentes entre la universidad y las luchas sociales con el foco puesto en el respeto irrestricto de los derechos humanos y en la transformación de un orden social desigual, injusto y excluyente. Como otros aportes presentes en este dossier, nos recuerdan que el contenido y la forma que asume lo jurídico también se constituyen como una arena de disputa y que el desafío en todo caso consiste en “avanzar en un derecho más homogéneamente comprometido con la justicia social”.

Para concluir, queremos agradecer especialmente a todxs lxs autores por sus contribuciones y a quienes accedieron de manera desinteresada y generosa a compartir sus experiencias y saberes con nosotrxs. Asimismo, a la Revista por confiarnos la edición de este dossier.

Esperamos que su contenido sea un aporte más para comprender la compleja relación que se teje entre estado, derecho y sociedad desde una perspectiva que no renuncie a pensar la transformación social, a pesar de reconocer los riesgos, peligros y contradicciones que la institucionalidad y el derecho suponen.

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Así mismo, desde el Comité Editorial de la Revista Crítica y Resistencias tenemos el agrado de presentarles dos textos que hacen parte de la convocatoria abierta y permanente y que decidimos incluir en esta publicación. En primer lugar, el artículo de Julieta Maiarú que nos invita a reflexionar sobre la noción de identidad política trazando vasos comunicantes entre las propuestas teóricas de David Hume y de Ernesto Laclau. De esta forma, la autora nos plantea que es posible releer la noción de identidad personal de Hume en clave política a través de la conceptualización de identidad colectiva del filósofo argentino. Nos alienta así a pensar uno de los nudos problemáticos que marca el paso del pensamiento moderno al contemporáneo -el tránsito del “yo” al “nosotros”- a partir de la interrelación entre ambas propuestas teóricas. En ese sentido, se plantea una lectura crítica de la identidad personal, del yo del filósofo moderno, a la luz de los elementos teóricos del posfundacionalismo contemporáneo, entendiendo que en ambas propuestas hay una ruptura con la noción de sujeto fundante propio de la filosofía occidental y en su lugar se plantea la identidad como efecto, resultado de condiciones previas.

El segundo artículo es una propuesta de Joselito Fernández Tapia para pensar, desde una noción de ciudadanía, las transformaciones de las fronteras del Estado nacional producidas en el marco de fenómenos contemporáneos como la globalización, la utilización de las TIC y las migraciones internacionales. Así, el autor se propone, a partir de un análisis documental, indagar sobre el fenómeno denominado neo-configuración de la ciudadanía emergente en el marco de los conflictos y cambios en las fronteras de la ciudadanía nacional que genera nuevas identidades y ciudadanías que la ponen en tensión. Todo ello, explica el autor, implica repensar dicha noción en sus múltiples aspectos y dimensiones, en relación con las fronteras territoriales, culturales, identitarias y jurídicas; así como también en virtud de nuevos conceptos que emergen, como el de ciudadanía digital trasnacional en el ciberespacio. Esto nos exige a su vez cambios en las matrices conceptuales, metodológicas y epistemológicas con las que construimos las formas de pensar y nombrar el mundo actual.